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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07278-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07278-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 29 de enero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en los términos de la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07278-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: ISMAELINA CHANTRÉ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia de tribunal administrativo. Confirma amparo,
puesto que se verificó que se incurrió en el defecto procedimental absoluto, por
pretermitir iniciar y resolver el incidente de nulidad propuesto por la parte actora, por
el error en la notificación de la sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado, la señora Ismaelina Chantré formuló acción de tutela
contra la sentencia de 28 de abril de 2025, notificada el 4 de julio de ese año,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en segunda instancia, dentro
del proceso nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33- 011-
2019-00315-00/01. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, se
mencionarán los del proceso ordinario y posteriormente los fundamentos de tutela.

Antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el
radicado 08001-33-33- 011-2019-00315-00/01

2. El 25 de noviembre de 2019, Colpensiones S.A. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Ismaelina Chantré. Las pretensiones buscaban
la nulidad de la resolución GNR 295917 del 25 de septiembre de 2015 en la cual se
reconoció la pensión de sobreviviente a la tutelante y se ordenó incluirla en la
nómina de las personas que reciben prestaciones sociales.

3. El caso llegó al Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito de Barranquilla.
Cuando respondió la demanda, el abogado de la señora Ismaelina presentó una
demanda de reconversión. En ella pidió anular la Resolución SUB 150384 del 12 de
junio de 2019, que revocó la Resolución GNR 295917 del 25 de septiembre de 2015,
la cual había negado la pensión de sobreviviente a la señora Ismaelina Chantré.
También pidió anular la Resolución SUB 177738 del 9 de julio de 2019, por medio
de la cual Colpensiones ordenó devolver el dinero del retroactivo pensional, por
valor de $42.513.758.

4. El 11 de octubre de 2024, el Juzgado mencionado profirió sentencia, sin embargo,
“muy a pesar de que se surtieron las notificaciones de la sentencia a los correos

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

electrónicos, el suscrito como apoderado de la señora Ismaelina Chantre no le fue
notificada la mencionada sentencia”1.

5. Argumentó que la providencia de primera instancia fue dirigida a un correo
electrónico mal escrito. Afirmó: “El correo que tengo registrado en el SIRNA
corresponde a judicialeshernandezeulidio@gmail.com, pero la notificación fue
remitida al correo electrónico judicialeshernandezeuridio@gmail.com, por tal motivo
nunca fui notificado”2.

6. Informó que puso en conocimiento del Juzgado Once (11) Administrativo de
Barranquilla esa situación. No obstante, sus argumentos fueron ignorados. Motivo
por el cual, el proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del Atlántico, pues
Colpensiones presentó recurso de apelación. Ante esa autoridad judicial, presentó
solicitud de nulidad por inadecuada notificación de la sentencia de primera instancia.
Sin embargo, la actora señaló que: “no existió pronunciamiento por parte del
Tribunal de tal hecho”3.

7. El 28 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la
sentencia del 11 de octubre de 2024. El fallo de segunda instancia se notificó el 4
de julio de 2025.

Fundamentos del escrito de amparo

8. El apoderado sostuvo que la providencia incurrió en violación al artículo 29
superior, y a los artículos 198 y 203 de la Ley 1437 de 2011 motivo por el cual se
configura el defecto de violación directa de la Constitución, recordando el concepto
de esta causal especifica de procedencia de tutela contra providencia, e indicando
que la actuación de las autoridades judiciales impidieron el ejercicio del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, y en todo caso, se abstuvo de
pronunciarse sobre la petición de nulidad que promovió en segunda instancia.

9. Solicitó amparar el derecho de su poderdante y dejar sin efecto lo actuado a partir
de la notificación de la sentencia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo
del Circuito de Barranquilla proferida el 11 de octubre de 2024 dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Trámite del amparo

10. La demanda de tutela fue repartida en primera instancia a la Sección Cuarta de
esta Corporación. En auto del 26 de noviembre de 2025, el ponente admitió y vinculó
a las autoridades judiciales accionadas y a Colpensiones como tercero con interés.

11. A través del magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia, el
Tribunal Administrativo del Atlántico indicó que es cierto que no se pronunció
sobre la petición de nulidad solicitada por el apoderado de la parte tutelante; sin
embargo, indicó que la acción de amparo no era procedente, pues el apoderado

1
Folio 2 de la demanda.
2
Ibidem.
3
Folio 3 de la demanda de tutela.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

tenía el deber de recurrir el auto que concedió el recurso de apelación interpuesto
por Colpensiones contra la sentencia de primera instancia.

12. El Juzgado Once (11) Administrativo de Barranquilla argumentó que el
apoderado de la parte tutelante no fue diligente durante el desarrollo de la primera
instancia, toda vez que se le informó que podía consultar esa providencia en el
sistema de gestión judicial Samai y pese a ello, no presentó el respectivo recurso
de apelación contra esa determinación judicial. Adujó que no se cumple el requisito
de inmediatez.

13. El apoderado de Colpensiones solicitó negar el amparo, pues los argumentos
contenidos en el amparo debieron ser presentados dentro del proceso ordinario, y
la sentencia de segunda instancia hizo tránsito a cosa juzgada.

Sentencia de primera instancia

14. En sentencia de 29 de enero de 2026, la Sección Cuarta de la Corporación
amparó el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante y, en
consecuencia, dejó sin efecto el fallo de 28 de abril de 2025 con el que el Tribunal
Administrativo del Atlántico decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33011-2019-00315-00/01.
Además, ordenó al magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico que antes
de proferir sentencia de reemplazo, resuelvan el incidente de nulidad promovido por
la parte actora.

15. La providencia de primera instancia verificó que, en efecto, se produjeron los
yerros alegados por la parte tutelante, primero con la inadecuada notificación de la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo de
Barranquilla, y un segundo yerro, pues el Tribunal impugnado se abstuvo de
pronunciarse sobre el incidente de nulidad que promovió la parte actora en sede de
segunda instancia.

Recurso de impugnación4

16. Por conducto de la directora de acciones constitucionales, Colpensiones
impugnó la providencia de primera instancia, pues consideró que la sentencia
atacada se profirió en cumplimiento de los mandatos legales. Indicó que la sentencia
de segunda instancia hizo tránsito a cosa juzgada, motivo por el cual, no es
procedente modificar las órdenes ejecutoriadas. Afirmó que la sentencia de amparó
desbordó la órbita de competencias del juez constitucional, en la medida en que no
se probó vulneración a los derechos fundamentales.

17. Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y se declare
improcedente el amparo, por cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o
vulneración por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico.

4
Índice samai 21

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

CONSIDERACIONES
Competencia

18. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

19. El 8 de abril de 2025, el despacho sustanciador presentó proyecto de decisión
a la Sala Dual de la Subsección5. Sin embargo, puesto que no se alcanzó mayoría
mínima, el 20 de ese mes y año, se sorteó conjuez, en el que quedó designado el
consejero Alberto Montaña Plata.

Determinación del problema jurídico

20. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de tutela contra providencia.
Esto, en atención a que se trata de una acción de tutela contra una sentencia judicial
proferida en segunda instancia, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, y en la que, la
parte actora afirma que no se produjo la notificación de la sentencia de primera
instancia, y adicionalmente no se resolvió una petición de nulidad propuesta en sede
de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

21. En caso de superar este análisis, como problema jurídico de fondo, la
Subsección debe determinar si la manera en la que se surtió la segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la actora
implicó la vulneración del derecho al debido proceso de ella que afecte la validez de
la decisión cuestionada.

22. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se reiterará el precedente
sobre causales de procedencia generales y específicas de tutela contra providencia.
Posteriormente se resolverá el caso concreto.

Causales genéricas de procedencia de procedencia de tutela contra
providencia.

23. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20056,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

24. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela

5 Índice samai 04.
6
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

debe verificar7; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela8, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional9 o el Consejo de Estado10, ni
una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP11; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

25. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por
un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas
de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la
valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y
contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban

7
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
8
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
10
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
12
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a
la garantía de los derechos fundamentales.

v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por
factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de
una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con
los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos
por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos
mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma
suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.

Caso Concreto.

26. Examinado lo anterior, corresponde resolver el primer problema jurídico.

27. En el sublite, como lo hizo la Sección Cuarta en sede de juez del amparo en
primera instancia, la Subsección encuentra que se satisfacen los requisitos de
procedencia general de la acción de tutela, como se explica a continuación.

Requisito Razones
1 Relevancia El asunto reviste relevancia constitucional, pues se presentan
constitucional como argumentos los eventuales yerros en el desarrollo del
proceso que impactan de manera concreta y precisa el ejercicio
del derecho al debido proceso, en su dimensión de derecho a la
defensa y contradicción, así como a obtener una respuesta a las
peticiones que se presentan ante las autoridades judiciales. En
particular, la parte actora alegó una dimensión fundamental de
dicha potestad subjetiva, como la posibilidad de conocer las
decisiones e impugnarlas13. En efecto, el reparo del escrito de
amparo es preciso en indicar la manera en la que los supuestos
yerros impidieron el ejercicio de dimensiones fundamentales del
derecho al debido proceso. Aunado a lo anterior, esta infracción

13
En la Sentencia T-244 de 2007, recogido por la Sentencia SU-103 de 2022, la faceta constitucional
del debido proceso se relaciona con el desconocimiento de sus elementos esenciales, tales como el
derecho al juez natural, el derecho a presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la decisión judicial, el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o el derecho de defensa. Por su parte, la faceta del derecho
fundamental a la administración de justicia se concreta en la infracción de las siguientes garantías:
el acceso de toda persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal desarrollo del
proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que se adopta dentro del proceso y su capacidad
de ser ejecutada.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
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Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

también interfiere el derecho al acceso a la administración de
justicia en sus ámbitos de esa naturaleza constitucional.
2 Legitimación Se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa,
en la causa pues la acción de tutela la ejerce Ismaelina Chantré, persona que
fue la parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 08001-33-33- 011-2019-00315-00/01
proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico y a quien la
decisión le fue adversa. De igual manera se verifica que el escrito
de amparo fue acompañado de poder especial otorgado al
profesional en derecho Eulidio Hernández Meza.

Respecto al requisito de legitimación en la causa por pasiva,
igualmente, se satisface pues la acción de tutela se ejerce contra
la autoridad judicial que profirió el fallo cuestionado.

3 Subsidiariedad En el caso concreto no existe un mecanismo judicial pendiente de
agotar ordinario o extraordinario de revisión ni de unificación de
jurisprudencia, motivo por el cual se cumple el requisito de
subsidiariedad. Resulta relevante indicar que las causales del
recurso extraordinario de revisión son por definición taxativas, y
en relación con la situación concreta invocada por el tutelante, la
misma no se adecua a la descripción, verbigracia del numeral 5°
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. El defecto alegado por la
parte demandante no puede ser subsanado en la causal, pues no
corresponde a la falta de congruencia de la sentencia atacada, los
vicios o irregularidades probatorias, la comisión de un hecho
punible que haya hecho inducido en error al juez, los defectos
procesales, la existencia de mejor derecho de un tercero o la
contradicción con la cosa juzgada. Adicionalmente, en sentencia
T-400 de 2025, la Corte Constitucional indicó que, el recurso
extraordinario de revisión no es procedente para debatir la
indebida notificación, puesto que el error que se cuestiona no se
originó en la sentencia, sino antes de ella, y en los exigentes y
taxativos términos de la causal de revisión, el medio no resulta
idóneo.

4 Inmediatez La sentencia cuestionada fue proferida el 28 de abril de 2025,
notificada el 4 de julio de 2025, y la acción de tutela se ejerció el
18 de noviembre de 2025, es decir, dentro del plazo razonable
que existe para cuestionar las providencias judiciales por medio
de la solicitud de amparo.

5 Identificación El escrito identifica la decisión objeto de censura constitucional,
de los hechos concretamente los supuestos yerros en la notificación de la
sentencia de primera instancia, y la omisión en segunda instancia
en atender el incidente de nulidad propuesto. En particular, la
parte actora atribuye al trámite impugnado dos yerros precisos
durante el desarrollo del proceso, y la manera en la que afectaron
el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

6 Cuando se La tutelante sostiene que la decisión de 28 de abril de 2025
trate de una vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues no solo
irregularidad le impidió presentar recurso de apelación contra la sentencia de
procesal, que primera instancia, sino que, además, la providencia de segunda
esta tenga un instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
efecto decisivo derecho se profirió sin antes haber resuelto un incidente de
en la decisión nulidad que había promovido. Si bien, el apoderado indicó que se
judicial incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución, la
cuestionada Sala verifica, tal como lo hizo el juez de tutela de primera instancia
que14, el defecto que se adecua a la situación constitucional de la
actora es el defecto procedimental, pues se alega que se
pretermitieron etapas del desarrollo del proceso: la adecuada
notificación de la sentencia de primera instancia, y la solución de
una petición de nulidad ejercida en sede de segunda instancia.
Dentro de las facultades del juez de tutela, se encuentra el poder
de adecuar los defectos que propone el demandante a los que
define la jurisprudencia de la Corte Constitucional15.

Este defecto fue alegado dentro del proceso ordinario, y además
tiene un efecto decisivo en la providencia cuestionada, ya que
implica que la parte tutelante esté en condiciones de atacar o no
la sentencia de primera instancia. Si se resuelve positivamente el
incidente de nulidad, podría ejercer el recurso de apelación contra
la sentencia del Juez Once (11) administrativo de Barranquilla, lo
cual puede cambiar el sentido del fallo atacado.
7 Que no se trata La acción de tutela se dirige contra una providencia que resuelve,
de tutela en segunda instancia, una demanda de nulidad y restablecimiento
contra tutela del derecho. En esa medida no es una acción de tutela dirigida
contra un fallo de tutela16, ni contra una providencia que hace
control abstracto17 o interpretativa de la sección de apelación de
la JEP18.

28. Por las anteriores razones, se concluye que la acción de tutela satisface las
causales generales de procedencia de tutela contra providencia.

29. Respecto al examen de fondo, se verifica que, en el año 2019, Colpensiones
inició demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos
administrativos propios, concretamente las resoluciones GNR 295917 del 25 de
septiembre de 2025 y SUB 154431 del 15 de junio de 2018, a través de las cuales
sustituyó la pensión de Javier Enrique Quiroz Vásquez a la señora Ismaelina
Chantré, en su condición de compañera permanente. Además, solicitó que se

14 Se lee en el fallo de primera instancia: “En cuanto el fondo del asunto, aunque la demandante

sostuvo que la sentencia del 11 de octubre de 2024, con la que el Juzgado 11 Administrativo de
Barranquilla decidió en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
08001-33-33- 011-2019-00315-00/01, incurrió en violación directa de la Constitución Política, lo
cierto es que los argumentos se encuentran relacionados con la configuración de un defecto
procedimental.” Folio 3 de la sentencia de amparo de primera instancia. Índice samai 16.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-244 de 2023 y T-082 de 2023.
16 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

ordenara reintegrar lo recibido como mesada. Al momento de responder la
demanda, la tutelante promovió demanda de reconvención para que se anularan las
resoluciones SUB 177738 de julio de 2019, SUB 212159 de agosto de 2019 y DPE
9037 de septiembre de 2019, en las que Colpensiones revocó los actos
administrativos que habían reconocido la pensión de sobrevivientes y ordenaba
reintegrar lo recibido, además solicitó que se declarara que la tutelante era titular de
la prestación.

30. En efecto, examinado el expediente ordinario, el Juzgado Once (11)
Administrativo de Barranquilla, en providencia de 11 de octubre de 2024, falló de
manera adversa a las pretensiones de la peticionaria, pues determinó que la señora
Ismaelina no había convivido con el causante en los últimos cinco años. No
obstante, decidió no ordenar que la tutelante reintegrara los dineros que habían sido
pagados.

31. En este contexto, la Subsección reconoce que la Corte identifica varios
escenarios en los cuales se puede configurar un defecto procedimental. En primer
lugar, existe el defecto procedimental absoluto que ocurre cuando el funcionario
judicial actúa por fuera de los postulados procesales aplicables al caso y profiere
una decisión arbitraria lesiva de derechos fundamentales19. En segundo lugar, se
puede presentar el exceso ritual manifiesto que ocurre cuando “un funcionario utiliza
o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”20.
En tercer lugar, está el desconocimiento del principio de congruencia o consonancia
que se configura en aquellos eventos en los que hay una falta de conexión entre la
decisión y los hechos o las pretensiones de la demanda21 o en los que las partes de
la providencia son incoherentes entre sí22. En cuarto lugar, esta Corte estima que el
defecto procedimental se configura en las ocasiones en las que el funcionario
judicial omite etapas o fases sustanciales del procedimiento establecido, lo que
apareja la infracción de los derechos de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso23. En quinto lugar, dicho defecto también ocurre cuando en el proceso
existe una demora injustificada que obstaculiza emitir una decisión que resuelva la
causa de forma definitiva24. En sexto lugar, también se produce un defecto
procedimental cuando el juez desconoce “los derechos fundamentales al debido
proceso, al derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento del
principio de legalidad”25.

32. Como lo indicó el apoderado de la parte actora, la sentencia de primera instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue notificada al correo
judicialeshernandezeuridio@gmail.com, cuando, la dirección correcta era
judicialeshernandezeulidio@gmail.com , es decir, cambió una “r” por una “l”. Dicho
error implicó que la parte actora no conociera esa decisión y no logrará apelarla.

19
Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2013 y T-391 de 2014.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2014.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2012
22
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007
23
Corte Constitucional, Sentencias SU-388 de 2021 y SU-418 de 2020.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2021 y SU-061 de 2018.
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Corte Constitucional, Sentencias SU-388 de 2021, SU-108 de 2020, SU-573 de 2017

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

Este yerro se presentó, por lo que, en efecto, la sentencia de primera instancia no
fue notificada al apoderado de la señora Ismaelina.

33. Sin embargo, las consecuencias de ese yerro debían ser resueltas por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, pues, el apoderado, ante la remisión del
expediente a dicha autoridad judicial al conceder el recurso de apelación promovido
por Colpensiones, presentó solicitud de incidente de nulidad por ese yerro. El 18 de
febrero de 2025 se presentó el mencionado incidente de nulidad, no obstante, como
lo indicó el magistrado sustanciador de la sentencia atacada, omitió resolverlo antes
de proferir sentencia. Se lee en el memorial de contestación suscrito por la
magistrada sustanciadora de la decisión cuestionada:

“Revisadas las constancias de notificación obrantes en el expediente virtual –
archivo – “54NotificaciónSentencia” se advierte que fue notificada el 22 de
octubre de 2024, al correo de la demandada Ismaelina chantre, sin embargo,
no se observa constancia de notificación a la dirección de correo
electrónica aportada por su apoderado judicial
judicialeshernandezeulidio@gmail.com

(…)

Correspondiendo el proceso en segunda instancia a este despacho, para
resolver la apelación contra la sentencia de primera instancia, en auto de 21 de
febrero de 2025, el Tribunal resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada, y en providencia de 28 de abril de 2025 se confirmó la
sentencia de primera instancia, en dicha providencia, el Tribunal solo efectuó
pronunciamiento sobre el recurso de apelación de Colpensiones, con lo cual es
claro, que en segunda instancia no existió pronunciamiento sobre la nulidad
promovida por la parte demandada Ismaelina Chantre”

34. Ello se verifica en el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho26, es decir, se produjo un error en la digitación del correo electrónico
del apoderado de la señora Ismaela y, además, antes de proferir sentencia de
segunda instancia, no se resolvió la petición de nulidad solicitada el 18 de febrero
de 2025. Estas dos actuaciones o acciones, verificadas en el desarrollo del proceso
judicial impugnado, y reconocido por la directora del proceso en sede de segunda
instancia constituyen un defecto procedimental absoluto, pues implicó pretermitir
una etapa procesal sustancial, concretamente, la solución de un incidente de
nulidad relacionado con la inadecuada notificación de la sentencia de primera
instancia.

35. La petición de abrir un incidente de nulidad exigía que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, antes de proferir sentencia, debía pronunciarse sobre la misma, esto
como medio para sanear el desarrollo del proceso en los términos del artículo 210
de la ley 1437 de 2011, en consecuencia, se pretermitió una etapa necesaria dentro
del proceso contencioso administrativo, configurándose así, el defecto
procedimental absoluto al omitir un pronunciamiento necesario respecto de la
petición de nulidad.

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Radicado 08001333301120190031501

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

36. La Sala insiste, compartiendo el criterio del juez de tutela de primera instancia,
que el defecto procedimental absoluto se configuró cuando el Tribunal
Administrativo del Atlántico omitió resolver el incidente de nulidad propuesto por el
apoderado de la parte tutelante. Era necesario proferir un auto interlocutorio previo
a expedir la sentencia que puso fin a la segunda instancia. Tal como concluyó la
sentencia de amparo de primera instancia, se verifica que, al momento de notificar
la providencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, se remitió a la dirección de correo electrónico de notificaciones equivocada
del apoderado de la señora Ismaelina Chantré. Sin embargo, en este error no
consiste el defecto procedimental absoluto, dado que el apoderado de la tutelante
informó dicha situación irregular al superior funcional del Juzgado Once (11)
Administrativo de Barranquilla. En efecto, la causal de procedencia específica de
tutela contra sentencia se concreta en que el apoderado solicitó la declaratoria de
nulidad de la concesión del recurso de apelación, y dicho incidente no se tramitó,
siendo este procedimiento el medio procesal idóneo para resolver sobre la eventual
indebida notificación.

37. Incluso, en gracia de discusión, podría considerarse que la actuación procesal
del apoderado encuadraba en una notificación por conducta concluyente. No
obstante, el inciso final del artículo 301 del Código General del Proceso27 establece
de manera precisa las condiciones en que opera esta forma de notificación cuando
ha existido una indebida notificación de una providencia. De esa disposición se
desprende que, en los eventos de indebida notificación, esta modalidad presupone
que la nulidad haya sido decretada, pues solo a partir de esa decisión puede
entenderse surtida la notificación por conducta concluyente en la fecha en que se
promovió la solicitud correspondiente. En el caso sub judice, ni la falta de
notificación de la sentencia de primera instancia ni la petición de nulidad formulada
con fundamento en esa irregularidad fueron resueltas. En esa medida, no se
advierte la configuración del supuesto normativo que permitiría concluir que la
notificación se surtió por conducta concluyente.

38. Por lo anterior, se confirmará en su integridad la sentencia de tutela de primera
instancia proferida el 29 de enero de 2026 por la Sección Cuarta de la Corporación,
la cual, además de amparar los derechos fundamentales invocados, dejó sin efecto
la sentencia de 28 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico dentro del proceso con radicado 08001-33-33-011-2019-00315-00/01.
Ordenó a la corporación judicial accionada que dentro de los veinte (20) días
siguientes decidiera el incidente de nulidad promovido por el apoderado de la parte
tutelante el 18 de febrero de 2025.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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“Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se entenderá
surtida por conducta concluyente el día en que se solicitó la nulidad, pero los términos de ejecutoria
o traslado, según fuere el caso, solo empezarán a correr a partir del día siguiente al de la ejecutoria
del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07278-01
Accionante: Ismaelina Chantre
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Referencia: Segunda Instancia de acción de tutela

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia del 29 de enero de 2026,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en los términos de la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Conjuez

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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