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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07280-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07280-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el municipio de Ocaña, de acuerdo con los motivos expuestos. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07280-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07280-00
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial | Relevancia constitucional y Subsidiariedad.

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició (1) el auto de segunda instancia que, al
resolver un recurso de apelación, revocó la decisión de primer grado y concedió una
medida cautelar consistente en el reintegro al servicio de un trabajador cuyo cargo se
declaró insubsistente, (2) el auto que resolvió una solicitud de aclaración y/o adición
respecto de esa orden de reintegro y (3) el auto que abrió un incidente de desacato por el
incumplimiento a una orden judicial.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por el municipio de
Ocaña en contra del Juzgado 2 Administrativo de Ocaña y el Tribunal
Administrativo de Santander.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 18 de noviembre de 2025, el municipio de Ocaña, a través de su
secretaria jurídica2, presentó una acción de tutela en contra del Juzgado 2
Administrativo de Ocaña y el Tribunal Administrativo de Santander, por la
aparente vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad, acceso
a la administración de justicia y “autonomía de las entidades territoriales”,
con ocasión de los Autos de 17 de julio de 2025 (mediante la que el tribunal
accionado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió
a una medida cautelar); de 4 de septiembre de 2025 (que resolvió una
solicitud de aclaración y/o adición del Auto de 17 de julio de 2025); y de 11
de noviembre de 2025 (mediante el cual el juzgado accionado dio apertura

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 A quien le fueron delegadas las funciones de representación judicial y extrajudicial a través del Decreto No. 22

de 12 de enero de 2024, proferido por el alcalde del municipio de Ocaña.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-007280-00
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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a un incidente de desacato), dentro del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 54498-33-33-002-2024-00091-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“1. AMPARAR el derecho fundamental al Debido Proceso (Art. 29 C.P.) y a la
Igualdad (Art. 13 C.P.) del Municipio de Ocaña, vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, por constituir una vía de hecho, las siguientes
providencias judiciales proferidas dentro del radicado 54498-33-33002-2024-
00091-00:

• El Auto del 17 de julio de 2025, mediante el cual el Tribunal accionado revocó
la negativa de la medida cautelar y ordenó el reintegro del señor Leonardo
Moreno Bonilla.

• El Auto del 4 de septiembre de 2025, que resolvió la solicitud de aclaración y
se negó a modular la orden de imposible cumplimiento.

• Auto Interlocutorio del 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Ocaña por medio del cual se abre incidente
de desacato en contra del Alcalde Municipal de Ocaña.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en un
término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva
providencia de segunda instancia en la que, respetando el debido proceso y
valorando la totalidad del acervo probatorio (en especial las pruebas de
afiliación), resuelva el recurso de apelación de manera ajustada a derecho,
esto es, remediando los defectos advertidos y respetando los derechos
fundamentales del ente territorial accionante.”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) Leonardo Moreno Bonilla fue designado para ocupar el cargo de
libre nombramiento y remoción de secretario de Movilidad y Tránsito del
municipio de Ocaña, mediante la Resolución No. 7 de 2 de enero de 2020,
expedida por el alcalde de ese municipio.

5. 2) El municipio de Ocaña declaró insubsistente el cargo que ocupaba
el señor Moreno Bonilla, mediante el Decreto No. 13 de 2 de enero de 2024,
mientras se encontraba en incapacidad médica por un diagnóstico de
insuficiencia renal crónica.

6. 3) Leonardo Moreno Bonilla presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Ocaña, con el objeto
de que se declarara la nulidad del Decreto No. 13 de 2 de enero de 2024, y,
en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba o a uno
de igual o mayor jerarquía y el pago de salarios, prestaciones y aportes a
seguridad social dejados de percibir desde la declaratoria de insubsistencia,
hasta su reintegro.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-007280-00
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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7. 4) El asunto fue conocido por el Juzgado 2 Administrativo de Ocaña3,
el cual, mediante Auto de 27 de junio de 2024, admitió la demanda
presentada.

8. 5) Mediante Auto de 31 de julio de 2024, el juzgado decretó la nulidad
de lo actuado en el proceso4, a partir del auto admisorio de la demanda,
comoquiera que se omitió la vinculación al asunto de la persona que, para
ese momento, ocupaba el cargo de secretario de Tránsito y Transporte.

9. 6) El señor Moreno Bonilla presentó una solicitud para que se decretara
una medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos
del Decreto No. 13 de 2 de enero de 2024 del municipio de Ocaña.
Mediante Auto de 28 de noviembre de 2024, el Juzgado 2 Administrativo de
Ocaña resolvió la solicitud y negó la medida cautelar pues, con base en la
Sentencia T-434 de 2020 de la Corte Constitucional, señaló que aunque el
actor padecía insuficiencia renal crónica y estaba incapacitado cuando
fue retirado, en la etapa cautelar no se acreditaba que su condición de
salud impidiera o dificultara significativamente el desempeño laboral ni la
configuración de un perjuicio irremediable, dado que se encontraba
vinculado como docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula
Santander – Seccional Ocaña, y estaba afiliado al régimen contributivo en
salud y a la ARL, por lo que no se cumplían los presupuestos de los artículos
229 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA.

10. 7) El 3 de diciembre de 2024, Leonardo Moreno Bonilla presentó
recurso de apelación contra el auto que negó la medida cautelar, en el que
cuestionó la interpretación de la sentencia T-434 de 2020 hecha por la
autoridad judicial de primer grado, sostuvo que se incumplían los requisitos
jurisprudenciales de estabilidad laboral reforzada por no haberse obtenido
autorización del Ministerio de Trabajo para el retiro, destacó que el actor
padecía insuficiencia renal crónica, tenía la condición de jefe de hogar y
padre de dos hijos menores, que registraba múltiples incapacidades
médicas y que la administración conocía su situación de salud antes de la
insubsistencia, por lo que alegó que hubo falsa motivación y discriminación,
y solicitó revocar la decisión para decretar la medida cautelar de suspensión
provisional del acto demandado y el reintegro.

11. 8) El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante Auto de
17 de julio de 2025, resolvió el recurso de apelación y revocó el Auto de 28
de noviembre de 2024, decretó la medida cautelar solicitada por Leonardo

3 Se le asignó el radicado No. 54498-33-33-002-2024-00091-00.
4 Entre los Autos que fueron objeto de dicha declaratoria de nulidad estaban el Auto de 31 de julio de 2024,

mediante el que se decretó una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del acto
administrativo cuestionado y el reintegro del demandante al cargo que ocupaba; el Auto de 29 de agosto de
2024, mediante el cual el Juzgado 2 Administrativo de Ocaña decidió no acceder a una solicitud de adición de
Auto; y el Auto de 5 de septiembre de 2024, el Juzgado 2 Administrativo de Ocaña decidió no reponer el Auto de
31 de julio de 2024 y concedió la apelación ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-007280-00
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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Moreno Bonilla consistente en la suspensión provisional de los efectos del
Decreto No. 13 de 2 de enero de 2024 y ordenó al municipio de Ocaña que
reintegrara al actor a un cargo igual, similar o superior al que desempeñaba.

12. El fundamento de esa decisión, a juicio de la autoridad judicial, lo
constituyó el hecho de que estaba acreditada la condición de sujeto de
especial protección del actor, que el decreto de insubsistencia fue
expedido mientras estaba incapacitado, que hubo una violación preliminar
de normas superiores sobre estabilidad laboral reforzada y la aparente
existencia de un riesgo de perjuicio irremediable que hacía necesaria la
medida para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.

13. 9) El municipio de Ocaña presentó una solicitud de aclaración y/o
adición ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con
fundamento en que, a su juicio, era necesario que se precisara: (1) que el
reintegro no podía materializarse en un cargo superior al de secretario de
despacho, (2) que la orden de reubicación podía efectuarse en un cargo
equivalente, siempre que subsistiera la situación de indefensión, (3) que se
debía modular el alcance temporal de la medida y (4) que se debía definir
la forma de cumplimiento de la orden, sin afectar la facultad discrecional
del nominador.

14. 10) Mediante Auto de 4 de septiembre de 2025, el tribunal accedió al
numeral 1 de la solicitud de aclaración presentada, en el sentido de indicar
que el reintegro del actor se debía realizar en un cargo igual o similar al que
desempeñaba. Las demás solicitudes fueron negadas.

15. 11) Ante el incumplimiento del municipio de Ocaña de la medida
cautelar de suspensión del decreto de declaratoria de insubsistencia y el
reintegro de Leonardo Moreno Bonilla ordenada por el Tribunal, el actor
presentó un memorial de incidente de desacato a través del que solicitó su
apertura contra el alcalde del municipio de Ocaña.

16. 12) El 11 de noviembre de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Ocaña,
mediante auto, dio apertura al trámite incidental por desacato en contra
del alcalde del municipio de Ocaña, por el aparente incumplimiento de la
providencia de 17 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander.

17. Como fundamento de la vulneración, la parte actora consideró que
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo en la
medida en que (a) hubo una indebida aplicación de los artículos 229 y 230
del CPACA, toda vez que el hecho de ordenar la suspensión provisional del
acto administrativo atacado estaba en contravía de los artículos 11, 13, 311
y 315 de la Constitución y de la Ley 909 de 2004. Adicional a ello, cuestionó
que la decisión fue proferida con fundamento en la aplicación equivocada
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-007280-00
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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de la protección establecida en la Ley 361 de 1998, pues consideró que el
actor no reunía los requisitos para ser beneficiario de la misma. Agregó que
la decisión resultaba contraria al sentido de la Sentencia T-434 de 2020 y se
realizó una interpretación contraria a la Sentencia SU-428 de 2023 de la
Corte Constitucional.

18. b) Consideró que hubo una interpretación irracional del artículo 231
del CPACA en la medida en que no estaban dados los presupuestos para
decretar la medida cautelar pues el perjuicio irremediable que fue alegado
por el actor se desvirtuó, dado que se aportaron las pruebas que
demostraban que el señor Moreno Bonilla tenía una cobertura activa en
salud en virtud de ingresos provenientes de la Universidad Francisco de Paula
Santander.

19. También consideró que se incurrió en un defecto fáctico, ya que el
tribunal realizó una valoración irracional y caprichosa de las pruebas que
demostraban que no se configuró el perjuicio irremediable, por tratarse de
un cotizante activo dada su vinculación a la Universidad Francisco de Paula
Santander.

20. Consideró que se desconocieron las Sentencias T-216 de 2013 de la
Corte Constitucional y la Sentencia de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, proferida el 12 de septiembre de 2019, en el
expediente con Rad. 11001-03-15-000-2019-01247-01, en lo relacionado con
la imposibilidad de cumplimiento de órdenes judiciales.

21. Finalmente hizo referencia a la violación del derecho al debido
proceso, ya que, a su juicio, se dio una orden de imposible cumplimiento en
la medida en que la planta de personal de nivel directivo estaba
plenamente ocupada y no existían cargos vacantes de nivel igual o similar
al que desempeñaba el señor Moreno Bonilla. Además, consideró que
vulneró su derecho a la igualdad, en la medida en que la indebida
interpretación del ordenamiento jurídico alegada, y el desconocimiento del
precedente generaban un trato desigual.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5

22. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander6 indicó que la acción
de tutela era improcedente en la medida en que este mecanismo
constitucional no era una tercera instancia con el fin de reabrir debates
probatorios o de interpretación que son propios del juez natural del asunto.
Adicional a ello, indicó que las decisiones cuestionadas fueron

5 Mediante Auto de 26 de noviembre de 2025, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,

(2) tener como demandados al Juzgado 2 Administrativo de Ocaña y al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y, (3) vincular, en calidad de terceros a Leonardo Moreno Bonilla y a Enrique Armando Noguera
(designado como Secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Ocaña con posterioridad a la declaratoria
de insubsistencia).
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Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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debidamente motivadas, con un análisis normativo y jurisprudencial acorde
con los presupuestos fácticos del asunto.

23. También indicó que el asunto fue resuelto a través de la aplicación
razonada de los artículos 229 y 231 del CPACA y de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional contenida en las Sentencias T-434 de 2020 y SU-428 de
2024.

24. Finalmente, en relación con los cargos formulados, señaló que la
valoración probatoria no fue irracional en la medida en que el tribunal
ponderó la afiliación a la EPS frente a la gravedad de la enfermedad y
condición socioeconómica del demandante. Respecto de la orden de
reintegro refirió que no fue impuesta al mismo cargo, sino a uno de igual o
similar categoría, por lo que se dejó a discreción de la administración la
forma en que habría de cumplirse la orden, e indicó que la alegada
imposibilidad no se acreditó como insuperable.

25. El Juzgado 2 Administrativo de Ocaña7 remitió el expediente ordinario
y, además, puso de presente que esa autoridad judicial no fue la que
vulneró los derechos reclamados por la parte demandante, en atención a
que adoptó una decisión que negaba la medida cautelar solicitada, pero
dicha decisión fue revocada en segunda instancia y decretada por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que era la decisión
enjuiciada.

26. En ese orden, mencionó que ese despacho solamente se limitó a
cumplir lo dispuesto por el superior jerárquico y a impulsar el cumplimiento
de lo ordenado.

27. Leonardo Moreno Bonilla8 indicó que la autoridad territorial se ha
negado a atender la orden judicial de reintegro, respecto de la que
consideró que se pretendía revivir nuevamente a través de la acción de
tutela. En esa medida indicó que el mecanismo constitucional propuesto no
superaba los requisitos generales de procedibilidad.

28. Armando Enrique Noguera, pese a haber sido notificado en debida
forma , guardó silencio.
9

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

7 Índice 12 de Samai
8 Índice 14 de Samai
9 Índice 15 de Samai

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Decisión: Declara improcedente
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2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial10

29. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, porque
no se cumplieron los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional,
como pasa a explicarse:

30. 1) En relación con el Auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander el 17 de julio de 2025, a través del que se revocó la
decisión de primer grado y, en su lugar, se accedió a la medida cautelar
consistente en la suspensión de los efectos de un acto administrativo que
declaró la insubsistencia de un cargo y ordenó el reintegro del demandante
al empleo que desempeñaba, la Sala considera que no se superó el
requisito de relevancia constitucional.

31. Se recuerda que, para la Corte Constitucional, este requisito
(relevancia constitucional) encuentra su razón de ser en el carácter residual
de esta acción, la especialidad de las competencias tanto de los jueces de
tutela como de los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que
este mecanismo se convierta en una instancia adicional para reabrir
debates de carácter legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia
constitucional han sido identificadas las de preservar las competencias
judiciales, respetar la autonomía e independencia los jueces, restringir la
acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e
impedir que esta se convierta en una instancia adicional11.

32. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto12; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario13 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad14.

10 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-066 de 2019.
11 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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33. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202315,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

34. Bajo este entendido, para la Sala, en el presente asunto no se cumplió
con el mencionado requisito, por las razones que pasan a explicarse:

35. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el accionante
pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiaran aspectos que ya fueron resueltos, es decir, utilizarla como una
instancia adicional.

36. Lo anterior obedece a que si bien la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional en razón a que (se
trascribe): “el debate trasciende la esfera de la legalidad, pues involucra la
vulneración del debido del Municipio de Ocaña, al serle impuesta una orden
basada en una valoración probatoria irracional (defecto fáctico), una
orden de imposible cumplimiento (violación del precedente constitucional)
o cuyo cumplimiento involucra desatender postulados legales (Ley 996 de
2005 y 2424 de 2024). De igual manera, los defectos advertidos, vulneran el
derecho a la igualdad que le asiste al ente territorial, aunado a ello, el asunto
pondera los límites del juez contencioso frente a los principios de la función
administrativa y la autonomía territorial”, lo cierto es que tal argumento no
resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del juez
de tutela, de cara a la decisión adoptada por el juez del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se presentó, junto con los
reparos hechos a la decisión enjuiciada, como meras diferencias o
discrepancias interpretativas respecto la decisión del juez natural de la
causa.

37. Se evidenció que, si bien la parte actora, en el escrito de tutela, alegó
la aparente configuración de los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, lo
cierto es que con sus reparos se limitó a insistir en su inconformidad respecto
de la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial, y la
interpretación de las disposiciones del CPACA y la jurisprudencia respecto
de medidas cautelares, con el fin de que se adoptara una interpretación
más adecuada a sus intereses, es decir, que negara la medida cautelar.

38. Esos reparos ya habían sido expuestos en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la oportunidad procesal para
pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar, y sobre el recurso de

15 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Decisión: Declara improcedente
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apelación, la autoridad administrativa se opuso a que se decretara la
suspensión provisional bajo los siguientes argumentos: (a) que de
conformidad con el artículo 231 del CPACA, no solo debía evidenciarse la
contradicción entre el acto demandado y el ordenamiento superior, sino
que también debía probarse la existencia sumaria de perjuicios. Así mismo,
(b) que la Ley 361 de 1997 exigía en el artículo 26 que la patología padecida
configurara un motivo de discriminación o de no selección, lo cual no
ocurría en este caso ya que ese no fue el motivo de la desvinculación.

39. c) Que no se encontraba demostrado un perjuicio irremediable en la
medida en que, independientemente de su desvinculación, y de su estado
de salud, el señor Moreno Bonilla tenía una relación laboral con la
Universidad Francisco de Paula Santander, lo cual le permitía devengar una
asignación mensual, el acceso a los servicios de salud y cubrir los gastos para
su subsistencia y la de su núcleo familiar. (d) Adicional a ello, puso de
presente que el retiro de un servidor de libre nombramiento y remoción
podía efectuarse a través de un acto no motivado, y que ese aspecto se
justificaba por el ejercicio de la facultad discrecional de nombrar y remover
empleados libremente ya que la autoridad nominadora requería de
empleados de confianza y manejo.

40. Esas inconformidades fueron objeto de análisis y estudio por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander mediante el Auto de 17 de julio de
2025, en el cual la referida autoridad judicial indicó que, conforme con lo
dispuesto en los artículos 229, 230 y 231 del CPACA, se encontraban
acreditados los requisitos para decretar la medida solicitada pues se
evidenció que resultaba necesaria para proteger y garantizar el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia en atención a que en virtud de los
padecimientos de salud del actor, lo cuales eran de gravedad, se podía
configurar un perjuicio irremediable.

41. En ese orden, hizo referencia a que de acuerdo con las Sentencias T-
434 de 2020 y SU-428 de 2023 de la Corte Constitucional, determinó que el
actor podía ser beneficiario de la medida solicitada ya que sus
padecimientos de salud podían dificultar su desempeño laboral, motivo por
el que era posible acceder al amparo por estabilidad laboral reforzada.

42. Bajo las anteriores premisas, analizó el material probatorio que obraba
en el expediente (historia clínica) y encontró demostrado que el señor
Moreno Bonilla padecía insuficiencia renal crónica en estadio 5, que ha sido
catalogada por la propia Corte Constitucional como catastrófica, y por ese
diagnóstico el demandante se encontraba en terapias. Adicional a ello, que
padecía de enfermedad glomerular, hipertensión arterial crónica,
hipertensión esencial, dorsalgia no especificada, apnea del sueño,
obesidad, hipoparatiroidismo y neumonía bacteriana.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-007280-00
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

43. Además, encontró acreditado que el acto acusado fue expedido
cuando el señor Moreno Bonilla estaba incapacitado, de lo cual, además,
tenía conocimiento la autoridad administrativa. Por lo expuesto, la autoridad
judicial concluyó que el acto administrativo trasgredió el ordenamiento
jurídico por haber sido expedido sin tener en cuenta la condición de
debilidad manifiesta que padecía el actor del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

44. Agregó que si bien estaba demostrado que Leonardo Moreno Bonilla
prestó sus servicios profesionales en la Universidad Francisco de Paula
Santander – Seccional Ocaña, lo cierto era que ello no permitía constatar
que para el momento en que se adoptó la medida, estuviera asegurado su
mínimo vital, ya que solo se aportó una certificación de octubre de 2024,
que no acreditaba la vinculación con esa entidad educativa para ese
momento.

45. En atención a lo expuesto, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por la autoridad natural, quien sustentó su decisión con base en las
pruebas decretadas y practicadas en el proceso y en el ordenamiento
jurídico, y dio las razones por las cuales consideró que se debía acceder a
la medida solicitada.

46. Así las cosas, se aclara que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional16.

47. 2) Respecto del Auto 4 de septiembre de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó una solicitud de aclaración
y/o adición del Auto de 17 de julio de 2025, basta con indicar que la parte
actora no desplegó la carga argumentativa con el fin de establecer los
defectos en que incurrió esa providencia de manera puntual, ni se
establecieron los motivos de inconformidad respecto de la negativa para
acceder a la solicitud formulada por el municipio de Ocaña. Motivo por el
que también se declarará la ausencia de relevancia constitucional sobre
ese aspecto.

16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-007280-00
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

48. 3) Finalmente, en relación con el Auto de 11 de noviembre de 2025,
proferido por el Juzgado 2 Administrativo de Ocaña, mediante el cual el
juzgado accionado dio apertura a un incidente de desacato, se declarará
la improcedencia por falta de subsidiariedad17.

49. Se advierte que, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-34 de 201818, la acción de tutela procede
contra las decisiones proferidas en un incidente de desacato, siempre y
cuando se encuentren ejecutoriadas, lo cual dicha autoridad judicial
entendió como que la acción de tutela se tornaba improcedente si se
presentaba antes de finalizado dicho trámite.

50. En el presente asunto, se observa que la tutela se dirigió contra un auto
que fue proferido antes de adoptar una decisión respecto del aparente
incumplimiento, esto es, contra el auto que dio apertura al incidente.

51. En consecuencia, el trámite de desacato no ha finalizado su curso,
pues no se ha adoptado una decisión definitiva que se encuentre
ejecutoriada motivo por el que ante la inexistencia de esa decisión, la
acción de tutela se torna en improcedente.

52. Aunado a ello, la autoridad administrativa no hizo referencia y
tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable, más allá de la
aparente vulneración de derechos que fue alegada, que permitiera realizar
un estudio al respecto con el fin de tener por superado el requisito bajo
estudio.

53. Por último debe señalarse que el escenario ante el que se debe
plantear la aparente imposibilidad de cumplir la orden, es en dicho
incidente de desacato, toda vez que es ese trámite el escenario idóneo
ante el cual la autoridad debe exponer los argumentos por los que no ha
acatado la orden judicial que le fue impuesta.

2.2. Conclusión

54. Comoquiera que los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad no se cumplieron en el presente asunto, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela y se abstendrá de emitir un
pronunciamiento sobre los demás requisitos generales y específicos de
procedibilidad y sobre el fondo del asunto.

17 obre el requisito de subsidiariedad resulta preciso recordar que el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, que

desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan otros recursos o
medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005 ha sostenido que es un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser
así, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
18 Si bien la Sentencia SU-34 de 2018 hizo referencia a los incidentes de desacato de la acción de tutela, lo cierto

es que también puede entenderse que esas reglas operan en incidente de desacato de otras órdenes judiciales,
dada la similitud en la forma en que deben ser tramitados.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-007280-00
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el
municipio de Ocaña, de acuerdo con los motivos expuestos.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 19.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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