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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07280-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07280-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el municipio de Ocaña, Norte de Santander, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07280-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

30 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07280-01
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 30 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07280-01
Demandante: MUNICIPIO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Auto que decretó medida cautelar.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de
subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 12
de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
que declaró improcedente la presente acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 18 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y actuando a través de su
secretaría jurídica, el municipio de Ocaña pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 17 de
julio de 2025, 4 de septiembre de 2025 y 11 de noviembre de 2025, dictados por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con los que decretó la medida cautelar
de reintegro al servicio de un trabajador cuyo cargo se declaró insubsistente, resolvió una
solicitud de aclaración y/o adición respecto de la orden de reintegro y abrió un incidente
de desacato por el incumplimiento de la orden judicial, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54498-33-33-002-2024-00091-
00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. AMPARAR el derecho fundamental al Debido Proceso (Art. 29 C.P.) y a la Igualdad (Art. 13 C.P.) del
Municipio de Ocaña, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS, por constituir una vía de hecho, las siguientes providencias
judiciales proferidas dentro del radicado 54498-33-33002-2024-00091-00.
• El Auto del 17 de julio de 2025, mediante el cual el Tribunal accionado revocó la negativa de la medida
cautelar y ordenó el reintegro del señor Leonardo Moreno Bonilla.
• El Auto del 4 de septiembre de 2025, que resolvió́ la solicitud de aclaración y se negó a modular la
orden de imposible cumplimiento.
• Auto Interlocutorio del 11 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
de Ocaña por medio del cual se abre incidente de desacato en contra del Alcalde Municipal de Ocaña.

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Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en un término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva providencia de segunda instancia en la que, respetando
el debido proceso y valorando la totalidad del acervo probatorio (en especial las pruebas de afiliación),
resuelva el recurso de apelación de manera ajustada a derecho, esto es, remediando los defectos
advertidos y respetando los derechos fundamentales del ente territorial accionante.” (Sic a toda la cita).

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Mediante Resolución No. 7 de 2 de enero de 2020 expedida por el alcalde del municipio
de Ocaña, se designó al señor Leonardo Moreno Bonilla como secretario de Movilidad y
Tránsito del Municipio de Ocaña, cargo de libre nombramiento y remoción.

A través del Decreto No. 13 del 2 de enero de 2024, el municipio de Ocaña declaró
insubsistente el cargo que ocupaba el señor Leonardo Moreno Bonilla, pese a que se
encontraba con incapacidad médica por un diagnóstico de insuficiencia renal crónica.

Por lo anterior, el señor Moreno Bonilla presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el municipio de Ocaña con el fin de obtener la nulidad del Decreto No.
13 de 2 de enero de 2024 y, a título de restablecimiento, que se ordenara su reintegro al
cargo que ocupaba o a uno de igual o mayor jerarquía, además del pago de salarios,
prestaciones y aportes a seguridad social dejados de percibir desde la declaratoria de
insubsistencia hasta su reintegro.

La demanda se adelanta bajo el radicado No. 54498-33-33-002-2024-00091-00 y
correspondió por reparto al Juzgado 2 Administrativo de Ocaña, que por auto de 27 de
junio de 2024 admitió la demanda y en proveído de 2 de enero de 2024 denegó la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto No. 13 de 2 de enero de
2024, al considerar que no se cumplieron los requisitos previstos por los artículos 229 y
231 del CPACA., comoquiera que no se había acreditado que la condición de salud del
demandante le impidiera o dificultara su desempeño laboral ni la existencia de un perjuicio
irremediable dado que el accionante se encontraba vinculado como docente catedrático
de la Universidad Francisco de Paula Santander -Seccional Ocaña y se encontraba
afiliado al régimen contributivo en salud.

Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelación en contra del auto que denegó
la medida cautelar al argumentar que la decisión del juzgado de instancia desconoció los
requisitos de estabilidad laboral reforzada al no haberse obtenido autorización del
Ministerio del Trabajo para su retiro; además, destacó que padecía de insuficiencia renal
crónica y tenía la condición de jefe de hogar y padre de dos hijos menores.

Mediante auto del 17 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
revocó el auto recurrido y, en su lugar, accedió a la medida cautelar solicitada, por lo que
suspendió los efectos del Decreto 13 de 2 de enero de 2024 y ordenó al municipio de
Ocaña reintegrar al señor Leonardo Moreno Bonilla a un cargo igual, similar o superior al
que desempeñaba.

Lo anterior, luego de considerar que en la desvinculación del accionante no medió
autorización del Ministerio del Trabajo o alguna causa objetiva, pues, pese a que el cargo
que ostentaba el demandante era de libre nombramiento y remoción, la entidad debió
considerar no solo que el señor Leonardo Moreno Bonilla se encontraba incapacitado
para el momento en que se expidió el acto demandado, sino que, además, desde el año
2021 fue diagnosticado con una enfermedad crónica.

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Adujo que, si bien se encontraba acreditado que el demandante prestó sus servicios
profesionales como docente de cátedra en la Universidad Francisco de Paula Santander,
Seccional Ocaña, no era posible asegurar que con ello se garantizaba su mínimo vital y
móvil, dado que para el momento en que se profirió la decisión no se tenía certeza sobre
la vinculación del accionante con dicha institución, dado que la certificación que obra
dentro del expediente fue expedida en octubre de 2024, aunado al hecho de que estaba
acreditada la condición de salud del demandante y que tenía a cargo dos menores de
edad.

El municipio de Ocaña presentó solicitud de aclaración y/o adición del auto dictado el 17
de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que precisara
que el reintegro no podía materializarse en un cargo superior al que venía desempeñando
el accionante, que la orden de reubicación podía efectuarse en un cargo equivalente,
siempre que subsistiera la situación de indefensión, que se debía modular el alcance
temporal de la medida y se debía definir la forma de cumplimiento de la orden, sin afectar
la facultad discrecional del nominador.

Por auto de 4 de septiembre de 2025, el Tribunal accionado accedió a la aclaración
señalada en el numeral 1 de la solicitud, en el sentido de indicar que el reintegro del
demandante se debía realizar en un cargo igual o similar al que desempeñaba, y denegó
los demás aspectos de la solicitud.

Ante el incumplimiento de la orden de reintegro, el señor Leonardo Moreno Bonilla solicitó
al Juzgado 2 de Ocaña que abriera incidente de desacato en contra del alcalde del
municipio de Ocaña, autoridad que, mediante auto dictado el 11 de noviembre de 2025,
dio apertura al trámite incidental por desacato.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo por indebida aplicación de los artículos 229 y 230 (sic) del CPACA.,
dado que al ordenar la suspensión provisional del acto acusado se desconoció el
ordenamiento superior y por contera, el precedente del Consejo de Estado al referirse al
concepto de estabilidad laboral reforzada en empleos de libre nombramiento y remoción.

Afirmó que la decisión de suspender el acto demandado contrarió los artículos 11, 13,
311 y 315 de la Constitución Política y los artículos 1, literal b, 5, numeral 2, 23, 41
parágrafo 2 y 47 numeral 2 de la Ley 909 de 2004.

Adujo que la decisión cuestionada se fundamentó en una aplicación equivocada de la
protección que emana la Ley 361 de 1998 que no es aplicable en el caso del demandante
toda vez que no cumple con los requisitos para ser destinatario de la misma.

Señaló que la decisión del Tribunal accionado es contraria a las sentencias T-434 de
2020 y SU-428 de 2023 que exigen presupuestos para la procedencia de la estabilidad
reforzada, los cuales no estudió de fondo el tribunal accionado.

Afirmó que el tribunal accionado hizo una interpretación <<irrazonable>> del artículo 231
de la Ley 1437 de 2011, dado que no estaban dados los presupuestos para decretar la
medida cautelar solicitada, por cuanto el perjuicio irremediable alegado por el
demandante se desvirtuó con las pruebas que demostraban que tenía cobertura en salud
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e ingresos provenientes de su trabajo en la Universidad Francisco de Paula Santander,
por lo que el tribunal carecía de fundamento legal para decretar la medida anticipatoria
de reintegro y la decisión de hacerlo, constituye una aplicación indebida y violación directa
del artículo 231 del CPACA.

Defecto fáctico por cuanto el tribunal desestimó una prueba objetiva como la afiliación
activa a una EPS, por una valoración subjetiva como la precariedad del empleo, y en esa
medida incurrió en un defecto fáctico que fue determinante para conceder una medida
excepcionalísima sin el sustento fáctico requerido por la ley.

Afirmó que la valoración del tribunal es irracional porque desestima el valor probatorio
objetivo de un certificado de EPS frente a un alegato subjetivo de <<precariedad>>, pues
si se hubiera valorado racionalmente la prueba, la conclusión hubiera sido la negativa de
decretar la medida cautelar.

Desconocimiento del precedente judicial de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B expediente No. 11001-03-15-000-2019-01247-
01, que afirma, se refiere a la imposibilidad de cumplimiento de órdenes judiciales, así
como de la sentencia T-216 de 2013.

Violación directa de la Constitución frente a los artículos 29 y 13, dado que la
certificación de la planta del personal el municipio de Ocaña demostró la imposibilidad
material de reintegro, por lo que el tribunal debía modular la orden y aplicar una vía
alterna, y agregó que la consecuencia directa de los yerros en que incurrió la autoridad
accionada constituye una vulneración al derecho fundamental a la igualdad.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través del magistrado
sustanciador, señaló que la acción de tutela resulta improcedente al no ser una tercera
instancia para replantear debates probatorios o de interpretación propios del juez natural.

Luego de hacer un recuento de las razones que fundamentaron el auto que accedió a la
solicitud de medida provisional, destacó que no se advierte la existencia de una vía de
hecho ni desconocimiento del precedente, sino la aplicación razonada de los artículos
229 y 231 del CPACA. y de la jurisprudencia contenida en las sentencias T- 434 de 2020
y SU- 428 de 2023.

Adujo que no existió la valoración irracional aludida en la medida en que el tribunal
ponderó la afiliación a la EPS frente a la gravedad de la enfermedad y la condición
socioeconómica del demandante, concluyendo que la protección era necesaria para
evitar un perjuicio irremediable, y agregó que la interpretación del artículo 231 de la ley
1437 de 2011 fue ajustada a derecho, toda vez que la medida cautelar se decretó para
garantizar la efectividad de la sentencia y proteger los derechos fundamentales del
demandante en el proceso ordinario.

Frente a la manifestación de cumplimiento, afirmó que no impuso el reintegro al mismo
cargo, sino a uno igual o similar, dejando a la administración la forma en que habría de
darse el cumplimiento.

Por último, afirmó que la medida cautelar no desconoce la autonomía administrativa, sino
que se enmarca en la función jurisdiccional de garantizar los derechos fundamentales y
la efectividad de las decisiones judiciales y, en caso de superarse la improcedencia,
solicitó negar el amparo por no configurarse los defectos alegados ni vulneración alguna
de derechos fundamentales.
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El Juzgado Segundo Administrativo de Ocaña realizó un recuento de las actuaciones
surtidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para señalar que
garantizó el debido proceso en sus tres ejes fundamentales y destacó que la decisión que
adoptó estuvo fundamentada en las pruebas aportadas al proceso respecto de la
vinculación laboral que mantenía el accionante; no obstante, para el ad quem estaba
demostrado que el demandante era beneficiario de la garantía de estabilidad laboral
reforzada, en la medida en que estaba acreditado que padece de insuficiencia renal
crónica en estado 5.

Señaló que no vulneró los derechos fundamentales deprecados, toda vez que la decisión
frente a la medida cautelar fue revocada y decretada por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, frente a lo que obedeció y cumplió lo dispuesto por el superior
jerárquico, dando impulso al cumplimiento de lo ordenado.

El señor Leonardo Moreno Bonilla solicitó despachar desfavorablemente la solicitud del
accionante por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad e indicó que el
municipio de Ocaña se ha negado a dar cumplimiento a la orden judicial de reintegro.

El señor Armando Enrique Noguera no rindió informe pese a haber sido notificado en
debida forma de la acción de tutela 1.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 12 de febrero
de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.

Respecto del auto dictado el 17 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, a través del cual se revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, se
accedió a la medida cautelar solicitada, adujo que no se superó el requisito de relevancia
constitucional en la medida en que el accionante pretende revivir un debate propio del
juez natural sobre una situación definida y consolidada.

Frente al auto del 4 de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que negó la solicitud de aclaración y/o adición del auto de 17 de julio de 2025,
señaló que la parte actora no desplegó una carga argumentativa con el fin de establecer
de manera puntual los defectos en que se incurrió en dicha providencia, ni se
establecieron los motivos de inconformidad respecto de la negativa para acceder a la
solicitud formulada por el municipio de Ocaña.

En relación con el auto de 11 de noviembre de 2025, dictado por el Juzgado 2
Administrativo de Ocaña, mediante el cual el juzgado accionado dio apertura a un
incidente de desacato, afirmó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad en la
medida en que el trámite de incidente de desacato no ha finalizado su curso, por cuanto
no se ha adoptado una decisión definitiva que se encuentre debidamente ejecutoriada.

Afirmó que la autoridad administrativa no hizo referencia ni demostró la existencia de un
perjuicio irremediable más allá de la aparente vulneración de los derechos que fue
alegada.

1
A través de comunicación enviada el 4 de diciembre de 2025 al correo noguera.meza.penalista@hotmail.com.

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7. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó revocarla para,
en su lugar, acceder a las pretensiones del escrito de amparo.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela e indicó que en el fallo de primera
instancia se erró al asumir que el tribunal accionado había agotado su deber jurisdiccional
al valorar la situación fáctica bajo los parámetros de la sana crítica y aplicar
presuntamente el derecho aplicable al caso, dado que la providencia accedió a la medida
cautelar deprecada, incurrió en un defecto fáctico ostensible por valoración <<irracional,
caprichosa y omisiva>> de la prueba y en un defecto sustantivo palmario por aplicación
indebida de los requisitos concurrentes para el decreto de medidas cautelares, así como
en un desconocimiento flagrante del precedente constitucional.

Afirmó que frente a la contundencia de la prueba objetiva obrante en el proceso ordinario,
el tribunal accionado y el juzgador de primera instancia procedieron a convalidar y
legitimar una valoración profundamente <<subjetiva e irracional>> de dicho acervo
probatorio, pues el tribunal optó por adoptar la narrativa del demandante, quien desestimó
la relevancia de su propio empleo alterno tildándolo de <<precario>>, por comprender
una carga académica reducida de 8 horas semanales por lo que con base en una
calificación puramente subjetiva de la calidad del empleo alterno, el tribunal concluyó que
la prueba documental aportada por el municipio no poseía la idoneidad suficiente para
desvirtuar el riesgo inminente alegado.

Reiteró que la decisión del tribunal incurrió en defecto sustantivo originado en el
desconocimiento directo del precedente constitucional unificado en lo relativo a la
naturaleza intrínseca de los empleos calificados como de nombramiento y remoción,
además de omitir realizar cualquier tipo de ponderación jurídica seria entre la supuesta
debilidad manifiesta invocada por el demandante y la exigencia constitucional de
confianza estricta requerida para el ejercicio del cargo directivo en cuestión.

Respecto al auto dictado el 4 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, adujo que, contrario a lo manifestado por el juzgador de primera
instancia en el capítulo 3 de la tutela, se explicó con meridiana claridad jurídica y fáctica
que la orden inamovible emanada por el tribunal creaba para la administración municipal
una imposibilidad material jurídica de carácter absoluto e insubsanable y que la negativa
de plano de modular la orden constituye un desconocimiento directo del precedente
constitucional fijado en la sentencia T-216 de 2013.

Por último, afirmó que la omisión sistemática del juez de tutela de primera instancia <<al
no advertir, no leer y no valorar>> esta detallada carga argumentativa constituye en sí
misma un acercamiento inaceptable del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia material y las exigencias coactivas a las entidades territoriales
descentralizadas de someterse incondicionalmente a mandatos jurisdiccionales
físicamente inejecutables, ostenta una innegable relevancia constitucional de primer
orden.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el municipio de Ocaña.

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La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela al encontrar incumplido el requisito general de subsidiariedad, debido a
que, se cuestionan asuntos relacionados con un proceso judicial que se encuentra en
trámite.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela
cuando el proceso judicial se encuentra en curso, (iii) la relevancia constitucional y, (iv)
el análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La Improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso

En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que “si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que “no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo”.

Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual “no
se ha proferido ningún fallo definitivo ” y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.

4. Análisis del caso concreto

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 17 de
julio de 2025, 4 de septiembre de 2025 y 11 de noviembre de 2025, dictados por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que decretó la medida cautelar de
reintegro al servicio de un trabajador cuyo cargo se declaró insubsistente, resolvió una
solicitud de aclaración y/o adición respecto de la orden de reintegro y abrió un incidente
de desacato por el incumplimiento de la orden judicial, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54498-33-33-002-2024-00091-
00/01.

Al respecto, el municipio tutelante estima, que se trasgreden sus garantías fundamentales
porque las decisiones de acceder a la medida cautelar de suspensión provisional
solicitada, denegar la solicitud de aclaración y/o adición de dicha decisión y abrir un
incidente de desacato por el incumplimiento de dicha orden judicial, desconocen la

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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prueba de afiliación del señor Leonardo Moreno Bonilla a una EPS, obrante en el proceso
ordinario, constituye una indebida aplicación de los artículos 229 y 230 del CPACA., de
los artículos 11,13,311 y 315 de la Constitución Política y los artículos 1, literal b, 5
numeral 2, 23, 41 parágrafo 2 y 47 numeral 2 de la Ley 909 de 2004, además desconocer
la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B
expediente No. 11001-03-15-000-2019-01247-01 y la sentencia T-216 de 2013 y vulnerar
los derechos al debido proceso e igualdad del municipio.

De la revisión del expediente aportado por el Juzgado Segundo Administrativo de Ocaña,
así como de la información registrada en el aplicativo Samai, la Sala encuentra que
respecto de los autos dictados del 17 de julio de 2025 y 4 de julio del mismo año, por
medio de los cuales el Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a la medida
cautelar solicitada y negó la solicitud de aclaración y/o adición del auto de 17 de julio de
2025, respectivamente, se trata de un proceso judicial en curso, que se encuentra en
etapa de pruebas y por ende en el mismo no se ha proferido una decisión definitiva, por
lo que, no le es dable al juez constitucional entrometerse en la órbita propia del juez
natural del asunto.

Lo mismo ocurre frente al auto dictado el 11 de noviembre de 2025, por el Juzgado 2
Administrativo de Ocaña, con el que se abrió un incidente de desacato, pues no implica
la imposición de una sanción ni le pone fin al mecanismo incidental y, en ese orden, la
tutela contra el mismo resulta anticipada dado que el juez natural ni siquiera ha adoptado
una decisión.

La Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que
conforman un proceso configuran el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales; por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010 señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.

La Sala debe mencionar que el hecho de que las decisiones proferidas en el proceso
ordinario no sean dictadas conforme con las pretensiones del actor, no implica que los
medios de defensa dispuestos por el legislador resulten inadecuados en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54-498-33-33-002-2024-00091-
00/02.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho 4:

En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable

Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
4 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.

8
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07280-01
Demandante: Municipio de Ocaña (Norte de Santander)

irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si
se tiene en cuenta que el proceso ordinario aún se encuentra en curso e incluso si la
parte accionante considera que hay elementos para solicitar el levantamiento de la
medida cautelar solicitada, puede solicitarlo dentro del proceso ordinario.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el municipio de Ocaña, Norte de Santander, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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