Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07283-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07283-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07283-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07283-00
Accionante: Carlos Enrique Chala Martínez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Privación injusta de
la libertad. Régimen de responsabilidad aplicable. NIEGA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por los señores Carlos Enrique
Chala Martínez; Cristian Esteven Chala Córdoba; Ricardo Arturo Segura Gómez, en
nombre propio y en representación del menor Carlos Arturo Segura Rivera; Alex
Aurilio Chala Bedoya; Andrés Felipe Chala Córdoba; Aurilio Chala Murillo; Bertha
Elisa Bedoya Murillo; Carmen Elena Asprilla Torres; Leidys Yaneth Soto Caicedo;
Danny Rosero Cáceres; Juan David Rosero Cáceres; Ronald Santiago Rosero
Cáceres; Doris Antonia Murillo; Elizabeth Chala Bedoya y Oney Chala Hurtado en
contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, por la
expedición de la sentencia del 27 de mayo de 2025 en el medio de control de
reparación directa, al que le fue asignado el radicado 27001-33-33-002-2017-
00069-00/01.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad,
a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La parte accionante narra que el 12 de octubre de 2011 en el municipio de Nuquí,
Chocó, miembros de la Armada Nacional capturaron en flagrancia a los señores
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Carlos Enrique Chala Martínez, Alex Aurilio Chala Bedoya, Ricardo Arturo Segura
Gómez y Dany Rosero Caceres, por la presunta comisión de la conducta punible de
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Que los detenidos permanecieron privados de su libertad por un tiempo aproximado
de 24 meses, de los cuales 6 meses y 3 días fueron en el establecimiento
penitenciario y carcelario ANAYANCY de la ciudad de Quibdó, sin que esa situación
obedeciera a culpa grave o dolo de aquellos.
Que instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de
Defensa-Armada Nacional, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, por los
perjuicios causados con la privación injusta de la libertad, y el 3 de mayo de 2021,
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó accedió parcialmente a
las pretensiones, mediante sentencia aclarada a través del auto del 21 de marzo de
2022.
Que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial interpusieron recurso de
apelación y el 27 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Segunda de Decisión, revocó la providencia y, en su lugar, negó las pretensiones
porque no encontró demostrado que el daño fuera imputable a las entidades
demandadas.
Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial:
i) desconocimiento del precedente judicial contenido en la Sentencia SU-
072/18 de la Corte Constitucional, según el cual cuando la absolución
penal ocurre porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la
conducta es atípica el juez debe aplicar un régimen objetivo de
responsabilidad, y en la Sentencia SU-363/21, acorde con la cual incluso
si una medida de aseguramiento inicialmente fue razonable puede ser
fuente de responsabilidad objetiva, cuando se constata que la conducta
era atípica o no existió dolo imputable al procesado, postura que también
compartió el Consejo de Estado en la sentencia de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-05020-01 y es acorde con el estándar
convencional establecido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos;
ii) defecto sustantivo, pues impuso como condición para la declaratoria de
responsabilidad la acreditación de una falla del servicio, sin tener en
cuenta que el régimen subjetivo no es el único aplicable y que en el caso
debió aplicarse el objetivo, pues acorde con la sentencia absolutoria penal
del 17 de octubre de 2013 los investigados actuaron convencidos de
colaborar con la Armada Nacional en una operación lícita, sin voluntad de
traficar estupefacientes, por lo cual no había tipicidad subjetiva;
iii) violación directa de la Constitución, ya que desconoció el artículo 90
superior, al negar la reparación, pese a que la privación de la libertad fue
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cierta, prolongada y oficialmente reconocida; la absolución penal se dio
por tipicidad subjetiva; y el daño fue cierto, grave y personalizable, con lo
cual trasladó el daño a las víctimas;
iv) defecto fáctico y «motivación insuficiente» de la sentencia porque valoró
de manera irrazonable pruebas decisivas, como la solicitud de absolución
de la Fiscalía, los informes y actas de inteligencia sobre la colaboración
con la autoridad y la duración efectiva de la detención y sus efectos en la
cuantificación de los perjuicios; basó su decisión en la captura en
flagrancia y la existencia de la medida de aseguramiento, lo que no
resultaba suficiente para negar las pretensiones, máxime cuando
encontró demostrado que los capturados estaban actuando en
colaboración con la Armada Nacional; y efectuó una justificación aparente
e incongruente con los fundamentos del juzgador de primera instancia; y
v) defecto procedimental porque negó las pretensiones con base en el
hecho de que la Armada Nacional había sido excluida del litigio por falta
de legitimación en la audiencia inicial, y desconoció reglas
jurisprudenciales sobre el régimen aplicable, sin justificar su separación
del precedente.
PRETENSIONES
Solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 27 de mayo de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, y se ordene
restablecer los efectos de la sentencia del 3 de mayo de 2021 dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó, y a la autoridad judicial accionada
que emita directrices internas para garantizar la aplicación del precedente y la
debida ponderación de las pruebas determinantes en casos de privación injusta de
la libertad.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 25 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio
de Defensa-Armada Nacional, a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación, como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, afirmó que la
sentencia discutida está ajustada a derecho y fue proferida con total apego a la
normativa, a la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente y aplicable al caso y al
análisis del acervo probatorio, lo cual lo llevó a concluir que no se configuraron los
elementos que comprometían la responsabilidad estatal. En consecuencia, ante la
ausencia de vulneración de derechos fundamentales, solicitó negar las
pretensiones.
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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Quibdó – Chocó pidió
negar las pretensiones en lo a que esa entidad concierne, pues carece de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto el desacuerdo de la parte actora radica
en las actuaciones de la autoridad judicial accionada y dentro de sus funciones no
se encuentra la de intervenir en los procesos judiciales.
La Fiscalía General de la Nación expuso que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, pues la decisión cuestionada no está relacionada con su competencia; que
el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la parte
accionante está utilizando la acción como un mecanismo para reabrir el debate legal
ya definido; y que con la sentencia controvertida no se vulneraron las garantías de
los solicitantes del amparo. Por lo tanto, pidió declarar la improcedencia de la
acción.
Se decidirá previo a las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en los defectos alegados por la actora; ii) la acción se presentó con
inmediatez, pues el 3 de junio de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la
sentencia discutida en esta sede y esta acción fue instaurada el 18 de noviembre
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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del presente año; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; v) no se trata de una sentencia de tutela; y vi) se
está invocando una irregularidad procesal que podría resultar decisiva.
En consecuencia, se procederá al estudio de fondo de los desacuerdos planteados,
los cuales serán analizados de forma conjunta, pues su fundamento se encuentra
en la falta de aplicación del régimen objetivo de responsabilidad.
En la sentencia discutida en esta sede, la autoridad judicial encontró acreditado el
daño consistente en la privación de la libertad de los señores Carlos Enrique Chalá
Martínez, Alex Aurilio Chalá Bedoya, Dany Rosero Cáceres y Ricardo Arturo Segura
Gómez del 16 de octubre de 2011 hasta el 19 de abril de 2012, por lo cual procedió
a verificar si este era imputable a las entidades demandadas. Para el efecto, analizó
tanto las pruebas obrantes en el expediente como los artículos 306, 308 y 313 de la
Ley 906 de 2004.
A partir de dicho análisis la Sala advirtió que las actuaciones investigativas y
judiciales de la Fiscalía y de la Rama Judicial se realizaron con fundamento en los
parámetros legales y teniendo en cuenta que en la captura realizada por la Armada
Nacional encontró a los implicados llevando consigo una cantidad significativa de
estupefacientes, por lo cual no se presentó una falla del servicio ni podía imputársele
el daño a las demandadas.
Sobre el particular, observó que la primera de las mencionadas solicitó la imposición
de la medida con base en pruebas que evidenciaban la presunta comisión de la
conducta punible de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, cuya pena
principal era la privación de la libertad en establecimiento carcelario; elementos
probatorios que llevaron a acceder a la medida. Además, advirtió que los imputados
para ese momento constituían un peligro para la sociedad, al tratarse de una
conducta grave.
Además, precisó que, si bien la captura se dio en el marco de la participación de los
implicados en un procedimiento adelantado en acuerdo con la Armada Nacional,
ese hecho era desconocido por las demás autoridades, máxime cuando fue dicha
entidad la que puso a los capturados a disposición de la Fiscalía, por lo cual en caso
de ser discutible la atribución del daño tendría que analizarse la imputabilidad de
este a la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, pero esa parte fue
excluida de la litis por falta de legitimación en la causa por pasiva en la audiencia
inicial celebrada el 25 de abril de 2018, decisión que no fue apelada por los
demandantes, por lo que no podía emitir pronunciamiento alguno frente a aquella.
Efectuado el anterior recuento de los razonamientos que llevaron a la autoridad
judicial aquí accionada a revocar la decisión de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda de reparación directa, se advierte que ciertamente
tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido la
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posibilidad de aplicar el régimen objetivo de responsabilidad cuando el hecho
investigado no existió o la conducta era objetivamente atípica, lo cual no fue
desconocido por la Sala accionada. De hecho, en la sentencia cuestionada afirmó
que en dichos eventos era posible aplicar dicho régimen, acorde con la Sentencia
SU-072/18 de la Corte Constitucional.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el presente asunto la autoridad judicial
evidenció varias particularidades que la llevaron a determinar que en el caso, el
daño podría haberse imputado eventualmente a la Armada Nacional, quien tenía
conocimiento de que los investigados estaban implicados en un operativo
adelantado en colaboración con esa fuerza pública y pese a ello los capturó y puso
en disposición del juez de control de garantías.
En esa medida, si bien es cierto en la decisión controvertida en esta sede, la
autoridad judicial no analizó expresamente la responsabilidad objetiva de la Fiscalía
General de la Nación y de la Rama Judicial, lo cierto es que ello obedeció a las
circunstancias específicas del caso, que la llevaron a evidenciar que en el asunto el
daño podría haberse causado por una eventual falla en el servicio por parte de otra
autoridad, pero esa imputación no podía ser analizada porque en la audiencia inicial
se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva, decisión que no fue
controvertida.
Sobre este último aspecto, la parte actora manifestó su desacuerdo porque, a su
juicio, esa decisión adoptada en primera instancia no impedía el análisis de
responsabilidad. Sin embargo, como lo concluyó la autoridad judicial accionada, era
una decisión que se encontraba ejecutoriada y que no fue discutida por la parte
demandante, por lo cual si esta consideraba que a la Armada Nacional le asistía
responsabilidad debió recurrir esa determinación, pero no lo hizo, lo que conllevó
que en la sentencia de segunda instancia no se analizara si incumplió sus
obligaciones de ley y si esto fue la causa del daño, lo que evidencia que no se
configuró el defecto procedimental alegado.
Lo expuesto permite también desvirtuar el desconocimiento del precedente judicial,
pues la autoridad judicial no desatendió la postura de la Corte Constitucional sobre
el régimen de responsabilidad aplicable. En este punto, debe aclararse que los
solicitantes del amparo también aludieron a la sentencia del 6 de mayo de 2024
proferida por el Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001-03-15-000-
2023-05020-01, pero se trata de una decisión con efectos inter partes, al haber sido
proferida en sede de tutela y que además no versa sobre los mismos supuestos
fácticos, ya que en esa ocasión el reproche del juez de tutela obedeció a que el
Tribunal allí accionado desconoció el motivo real por el cual se absolvió penalmente
a los allí investigados, lo que no sucedió en el caso aquí analizado.
En cuanto al defecto fáctico y la falta de motivación, se advierte que la Sala sí tuvo
en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la captura de
los investigados y su posterior absolución penal, distinto es que las especificidades
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del asunto lo llevaran a aplicar el régimen subjetivo de responsabilidad, lo cual
justificó debidamente y de forma razonable, por lo cual no puede ser objeto de
reproche constitucional.
De otro lado, se observa que la autoridad judicial analizó los elementos de la
responsabilidad, de conformidad con el artículo 90 constitucional, pero no encontró
acreditado el elemento de la imputación, lo que permite descartar la estructuración
de la violación directa de la Constitución.
Ahora, aunque la parte actora alegó la configuración de un defecto fáctico, lo cierto
es que no señaló la norma concreta que consideró indebidamente aplicada u
omitida, lo que impide un estudio minucioso sobre el particular.
En consecuencia, al no encontrarse demostrado ninguno de los defectos planteados
por la parte actora, se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado por la parte accionante, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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