Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07289-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07289-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07289-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07289-01
Accionante: Paola Alexandra Arévalo Rodríguez
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de la Carrera Judicial y otro
Tema: Acción de tutela contra acto administrativo
Decisión: Confirmar la improcedencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación presentada por la señora Paola Alexandra Arévalo Rodríguez contra la
sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela al considerar que
no supera el requisito de subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Paola Alexandra Arévalo Rodríguez manifestó que residía en Cúcuta
junto con su núcleo familiar, conformado por su cónyuge y sus dos hijos menores de
edad.
3. Posteriormente,el 3 de febrero de 2025, fue nombrada en propiedad como
escribiente nominada en el Juzgado Promiscuo de Bochalema, razón por la cual se
trasladó a ese municipio.
4. Más adelante, el 2 de abril de 2025, su cónyuge fue designado en propiedad como
escribiente nominado en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ocaña, circunstancia
que conllevó a que sus hijos sean acompañados por una persona externa para su
cuidado.
5. En ese contexto, la accionante solicitó ante el Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander y Arauca su traslado al Juzgado Primero Civil Municipal de
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Acción De Tutela
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Accionante: Paola Alexandra Arévalo Rodríguez
Cúcuta, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo, cuidado y bienestar de sus
dos hijos menores de edad.
6. Sin embargo, la entidad, mediante Resolución CSJNSR25-466 del 9 de septiembre
de 2025 emitió concepto desfavorable de traslado, decisión que, a través de la
Resolución CSJNSR25-496 del 24 de septiembre de 2025 resolvió no reponer.
7. En sede de apelación, el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial por medio de la Resolución CJR25-0393 del 13
de noviembre de 2025 confirmó la decisión anterior, al no encontrar cumplido el
requisito de permanencia mínima de 3 años en el cargo, previsto en el artículo 134
de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.
2.2. Fundamento jurídico
8. La accionante considera que los actos administrativos expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca desconocieron que los derechos fundamentales de los niños
prevalecen sobre exigencias procedimentales y reglamentarias.
9. Al respecto, indicó que la imposibilidad de que se realice su traslado al lugar en
donde residen sus hijos ha generado afectaciones en su bienestar emocional y
psicológico, pues han atravesado circunstancias de salud en las que sus padres no
pueden estar presentes.
2.3. Pretensiones
10. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERO: Solicito se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, unidad familiar, trabajo digno y, especialmente, los derechos
prevalentes de mis hijos menores.
SEGUNDO: Dejar sin efecto las Resoluciones CSJNSR25-466 del nueve (09) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025) del Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander y Arauca y la Resolución CJR25-0393 del trece (13) de
noviembre de dos mil veinticinco (2025) expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial (CARJUD). En
consecuencia, se estudie y se pondere la situación aquí planteada y se proceda
a emitir un concepto favorable respecto a mi solicitud de traslado al Juzgado
Primero Civil Municipal de Cúcuta, N.S. TERCERO: Disponer las demás medidas
necesarias para restablecer integralmente los derechos invocados». (Sic)
2.4. Intervenciones
11. La acción de tutela objeto de análisis fue admitida mediante auto del 21 de
noviembre de 2025, a través del cual se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y al Consejo Seccional
de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, en calidad de autoridades
accionadas.
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Accionante: Paola Alexandra Arévalo Rodríguez
12. ElConsejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
sostuvo que la solicitud de traslado de la señora Arévalo Rodríguez resultaba
improcedente pues i) se fundamentó en la unificación familiar, causal no contenida
en el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, ii) no cumple el requisito de permanencia por
un periodo mínimo de 3 años en el cargo de escribiente nominada del Juzgado
Promiscuo de Bochalema, iii) no cuenta con un derecho adquirido, ya que es potestad
del nominador ponderar entre la lista de legibles o el concepto de traslado para cubrir
la vacante, iv) la aceptación del nombramiento y la posesión en el cargo se dio por
su voluntad propia.
13. Aunado a lo anterior, señaló que la acción de tutela no es procedente para
controvertir actos administrativos, toda vez que las discrepancias suscitadas por su
aplicación o interpretación deben ser dirimidas a través de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, salvo se demuestre que no cuenta con medios de
defensa idóneos ni eficaces, circunstancia que, a su juicio, no aconteció.
14. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial no estimó desconocida la importancia de la familia ni la prevalencia
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, empero le recordó a la accionante
que el traslado no opera de manera automática ante la existencia de la vacante, sino
que debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos
reglamentarios.
2.5. Sentencia impugnada
15. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de enero de
2026 declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplió el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que la señora Arévalo Rodríguez no
agotó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar
los actos administrativos que resolvieron desfavorablemente su petición de traslado,
ni tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención del juez constitucional.
2.6. Impugnación
16. La parte accionante manifestó su inconformidad con la decisión judicial anterior,
pues, no realizó un estudio de la prevalencia al interés superior de los menores de
edad, ni de la unificación familiar. Adicionalmente, precisó que la acción de tutela es
el mecanismo más eficiente, pues si situación actual no le permitiría esperar años a
que se resuelva un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 20191 demás normas concordantes.
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.2. Problema jurídico
18. De conformidad con lo anterior, el problema jurídico se circunscribe en establecer
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia para cuestionar
actos administrativos. En el evento en que, así sea, deberá determinarse si el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
unidad familiar, interés superior del menor, trabajo digno y protección reforzada de
los niños.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
3.3.1. De la acción de tutela contra actos administrativos
22. La Corte Constitucional2 ha indicado que, por regla general, la acción de tutela
no procede contra actos administrativos de carácter particular, pues al encontrarse
revestidos de presunción de legalidad, deben cuestionarse directamente ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2 Corte Constitucional, sentencias T-423 de 2024, T-381 de 2022, SU-067 de 2022, T-253 de 2020, T-146 de
2019, SU-077 de 2018, T-505 de 2017, T-178 de 2017, T-041 de 2013, T-270 de 2012, T-271 de 2012, T-1256
de 2008, T-467 de 2006 y T-1059 de 2005, entre otras.
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23. En ese sentido, se ha precisado que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo judicial idóneo para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, e incluso si
se pretende evitar un perjuicio irremediable puede solicitarse la adopción de una
medida cautelar al interior de este.
24. Sin embargo, se admite su presentación ante la jurisdicción constitucional,
siempre que la persona que solicita el amparo demuestre de forma suficiente la
necesidad de la suspensión del acto administrativo cuestionado para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, el cual se estructura si se cumplen los
siguientes requisitos3: i) que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a
suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la
causa del daño; ii) que el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la
afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo
para la persona; iii) que se requieran medidas urgentes para superar el daño, las
cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, atender
las circunstancias particulares del caso; y iv) que las medidas de protección
sean impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.
3.3.1.1. Análisis del caso concreto
25. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subsección estima necesario verificar si se
encuentra acreditado el perjuicio irremediable invocado por la señora Arévalo
Rodríguez, pues solo a partir de esa constatación, será posible determinar si la acción
de tutela resulta procedente como mecanismo para controvertir los actos
administrativos que resolvieron desfavorablemente su solicitud de traslado.
26. Del escrito de tutela se desprende que el grupo familiar de la accionante residía
en el municipio de Cúcuta. Con posterioridad, la señora Arévalo Rodríguez y su
cónyuge fueron nombrados y se posesionaron en el cargo de escribiente nominado
en los Juzgados Promiscuo de Bochalema y Tercero Civil Municipal de Ocaña,
respectivamente.
27. Por consiguiente, se trasladaron a dichos municipios, mientras que sus hijos
permanecieron en la ciudad de Cúcuta, con el fin de no afectar sus condiciones
académicas. Esta situación, a su juicio, genera un perjuicio derivado del riesgo
emocional, psicológico y de salud al que estarían expuestos los menores, ante la
imposibilidad de sus padres de brindarles directamente las atenciones y cuidados
que requieren.
28. Como se señaló previamente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que,
para que se considere configurado un perjuicio irremediable, es indispensable que
concurran la inminencia del daño, la afectación de un bien jurídico y la necesidad
de adoptar medidas urgentes e impostergables.
29. No obstante, la accionante no identificó de manera concreta el daño que pretende
evitar, sino que fundamentó la acción de tutela en riesgos genéricos a los que
3 Corte Constitucional, Sentencia T-035 de 2025. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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podrían estar expuestos sus hijos menores de edad durante su ausencia, situación
que, por sí sola, no configura un perjuicio irremediable.
30. En ese orden de ideas, esta Subsección estima que la acción de tutela de
referencia no resulta procedente para cuestionar los actos administrativos que
resolvieron desfavorablemente su solicitud de traslado, pues no se identificó un
daño concreto que pudiera ocasionar una eventual vulneración de los derechos
fundamentales de su grupo familiar.
31. En todo caso, se le recuerda a la señora Arévalo Rodríguez que, a través del
medio de nulidad y restablecimiento del derecho podrá perseguir las pretensiones
plasmadas en la acción de tutela objeto de análisis, e incluso, solicitar medidas
cautelares de urgencia.
32. Así las cosas, esta Subsección procederá a confirmar la sentencia proferida el 22
de enero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no supera el requisito de
subsidiariedad.
33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2026 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela al considerar que no supera el requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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