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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07290-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07290-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07290-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de mayo de 2026

Demandante: Agencia de Aduanas Intercruver Ltda. Nivel 1
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07290-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07290-01
Accionante: AGENCIA DE ADUANAS INTERCRUVER LTDA. NIVEL 1
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
OCTAVA DE DECISIÓN Y OTRO

Tema: Tutela contra la providencia judicial – defecto procedimental.
Confirma sentencia que amparó.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la DIAN contra la sentencia de
primera instancia proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que accedió al amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 19 de noviembre de 2025 la sociedad Intercruver, actuando por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela con la que solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Las anteriores garantías las consideraron vulneradas con ocasión de los autos
de 6 de septiembre de 2024, proferido por el Juzgado 6. ° Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y de 5 de noviembre de 2025, de la Sala Octava del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante los cuales se declaró probada la
excepción previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales,
respectivamente, dentro del expediente 05001-33-33-006-2023-00050-00/01.

1.2. Petición de amparo constitucional

Con esta acción, la parte actora solicitó:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia toda vez que EL JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN y la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA incurrieron en un defecto

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Demandante: Agencia de Aduanas Intercruver Ltda. Nivel 1
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procedimental porque hubo una desviación de las reglas de procedimiento fijadas
para el trámite sometido a conocimiento de la jurisdicción contenciosa y esto es
un vicio de carácter procesal.

SEGUNDO: DEJAR sin efectos el Auto que resuelve la apelación contra el Auto
Interlocutorio proferido por EL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE
MEDELLÍN, expedido el 5 de noviembre de 2025 por LA SALA OCTAVA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.

TERCERO: ORDENAR a la SALA OCTAVA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que en el término de esta providencia,
profiera un nuevo auto que revoque el Auto Interlocutorio proferido el 6 de
septiembre de 2024 por EL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE
MEDELLÍN, en el sentido de ordenar a éste que no hay lugar a la terminación del
proceso.1

1.3. Hechos

De la narración realizada por la parte actora y la sentencia cuestionada, se
extraen los siguientes eventos relevantes.

El viernes 21 de octubre de 2022, la DIAN notificó a la sociedad Intercruver la
liquidación oficial 1636, por medio de la que le impuso una sanción. El 22 de
noviembre de 2022, Intercruver interpuso recurso de reconsideración.

El 5 de diciembre de 2022, la DIAN notificó el auto 2646, a través del cual
inadmitió el recurso de reconsideración por extemporáneo, a su juicio, el término
para la interposición del recurso iniciaba el mismo 21 de octubre, esto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 759 del Decreto 1165 de 20192. Esta decisión fue
confirmada mediante auto 2710 de 20 de diciembre de 2022.

En consecuencia, la parte actora acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual fue asignado al Juzgado 6. ° Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín que, con auto de 6 de septiembre de 2024
declaró probada la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos
formales, en el entendido que la demandante no había agotado los recursos de
la actuación administrativa, ante la presentación extemporánea del recurso de
reconsideración.

Inconforme, la sociedad interpuso recurso de apelación, que se resolvió el 5 de
noviembre de 2025 por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de

1
Transcripción literal que puede contener errores.
2
Artículo 759. Notificación electrónica. La notificación electrónica es la forma de notificación
que se surte de manera electrónica a través de la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pone en conocimiento de los usuarios aduaneros o
de sus apoderados los actos administrativos en materia aduanera y los recursos que proceden
sobre los mismos.
[…]
La notificación electrónica se entiende surtida para todos los efectos legales, en la fecha del envío
del acto administrativo al correo electrónico informado. No obstante, los términos legales para el
usuario aduanero o su apoderado, para responder o impugnar en sede administrativa,
comenzarán a correr transcurridos cinco (5) días a partir de la entrega del correo electrónico.

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Antioquia, que confirmó lo resuelto por su a quo.

Para las autoridades judiciales en cuestión, el artículo 759 del Decreto 1165 de
2019 establece que el término para radicar el recurso de reconsideración inicia a
correr a partir del día que se entrega el correo electrónico de notificación, en ese
sentido, el primer día en este caso fue el viernes 21 de octubre de 2022, y no el
día siguiente, como lo interpretó la sociedad accionante, lo que conlleva a que el
documento presentado el 22 de noviembre de 2022 resultara extemporáneo.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En principio, el apoderado de la sociedad explicó las razones por las cuales una
persona jurídica, como Intercruver, puede acudir a solicitar la protección de sus
derechos fundamentales.

Ahondó en que la discusión, si bien es de orden procesal, no se limita a una
controversia meramente legal, sino que tiene relevancia constitucional por cuanto
se está discutiendo la privación al acceso a la administración de justicia. En ese
sentido detalló:

No puede haber derecho de acceso a la administración de justicia y menos al
debido proceso sí el conteo de un término procesal se realiza de manera
contraria a como lo indica la forma legalmente establecida para ese
procedimiento específico. De así aceptarse porque la situación fáctica ya fue
analizada, así sea erróneamente, por dos jueces de instancia; la garantía
constitucional de derecho a la jurisdicción, del derecho a una sentencia justa
y motivada deja de existir.

En ese sentido, expuso que, al margen de la discusión económica que se pudiera
plantear en el proceso declarativo, lo controvertido en esta acción de tutela era
la protección de la garantía contemplada en el artículo 229 de la Constitución
Política y que no se buscaba reabrir la etapa procesal, sino corregir un error grave
en el conteo de términos respecto del cual no tenía otra vía.

Cómo cargo específico, planteó un defecto procedimental absoluto,
consistente en una interpretación errónea del momento en que deben contarse
los 5 días para el inicio del lapso a partir del cual se calcula la interposición del
recurso de reconsideración de que trata el artículo 759 del Código Aduanero.

Resaltó que, en providencia de 10 de octubre de 2025, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado profirió una providencia dentro del proceso 25000-23-37-000-
2022-00528-01, en el que se refirió a la aplicación del numeral 1 del artículo 566
del Estatuto Tributario que, al igual que el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019
indica que los términos para la interposición de recursos inician a correr a partir
del día que se entrega el correo electrónico de notificación.

En dicha decisión, el órgano de cierre dispuso que el plazo debía contabilizarse
desde el día siguiente, por lo que sostiene que el tiempo para interponer el
recurso en su caso inició el siguiente día hábil de la recepción del correo

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electrónico, esto es, el lunes 24 de octubre de 2022.

En su sentir, la interpretación dada por la autoridad judicial accionada es
perjudicial para el usuario aduanero, puesto que con dicha modalidad no se están
concediendo los 5 días de que trata el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 25 de noviembre de 2025, la magistrada ponente de la primera
instancia requirió al apoderado de la sociedad accionante para que acreditara su
legitimación en la causa por activa y allegara el poder que le permitiera
representar a Intercruver, lo cual fue atendido mediante memorial de 28 de
noviembre siguiente.

En consecuencia, con providencia de 11 de diciembre de 2025, admitió la acción
de tutela, tuvo como autoridades accionadas al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión y al Juzgado Sexto Administrativo de
Medellín y vinculó, como tercera con interés, a la DIAN.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

El titular del despacho afirmó que en el trámite declarativo se habían respetado
todas las garantías procesales de la parte actora, por lo que solicitó negar el
amparo pretendido.

1.6.2. DIAN

La entidad defendió el conteo de términos contando como día inicial el 21 de
octubre de 2022 para la interposición del recurso de reconsideración. Estimó que
en este caso se pretende reabrir un debate judicial ya cerrado y que no se avizora
la transgresión al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia.

Resaltó que la providencia de 10 de octubre de 2025 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado no constituía precedente vinculante y que la
interpretación de las autoridades judiciales accionadas es concordante con el
texto de la norma y se encuentra protegida por la autonomía judicial.

Argumentó que la discusión no es de relevancia constitucional y que, a pesar de
las manifestaciones de la parte actora, su intención es la de utilizar el medio
constitucional como una tercera instancia.

Aseguró que, en todo caso, el texto de la norma es claro y, por lo tanto, no hay
lugar a incluir una interpretación distinta, a su vez, descartó la remisión a leyes
distintas, como el artículo 118 del Código General del Proceso, en tanto que el
Código Aduanero es específico para la materia en cuestión. A su vez, puso de

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presente que esta vía no es la procedente para discutir si la norma es razonable,
puesto que los jueces de instancia estaban sometidos al imperio de la ley y, con
base en ello, fundaron sus autos.

1.6.3. Sala Octava del Tribunal Administrativo de Antioquia

El magistrado ponente de la decisión censurada solicitó declarar improcedente la
vía de amparo por cuanto no supera el requisito de la relevancia constitucional.

Acudió a lo dispuesto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en providencia
de 28 de julio de 20113, misma que citó en su auto, en donde se concluyó que el
primer día de plazo para el conteo del término en cuestión se contabiliza desde
la fecha en que se notifica el acto administrativo.

Sobre la decisión del 10 de octubre de 2025 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, explicó que esta no fue allegada al proceso declarativo, lo que era
obligación de la parte actora.

Finalmente, concluyó que en este caso no se evidencia un asunto de marcada
importancia constitucional.

1.7. Sentencia de primera instancia

El 19 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado estudió los
requisitos adjetivos de la tutela contra providencia judicial y los encontró
cumplidos. Puntualmente, sobre la relevancia constitucional, estimó que el caso
no correspondía a una mera discusión legal o económica, sino que evidenciaba
una posible afectación al núcleo básico del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Al abordar de fondo el caso, el a quo, expresó lo siguiente:

Así pues, de la revisión de las anteriores normas se advierte que la notificación
electrónica en asuntos aduaneros se entiende surtida en la fecha del envío del
acto administrativo al correo informado.

Sin embargo, se observa que es posible darle una doble interpretación al inciso 5°
del artículo 759 del Estatuto Aduanero, de la siguiente forma: (i) bajo una
interpretación exegética el término de los 5 días empezaría a correr a partir de la
hora en la que se entregó el correo electrónico, lo que implicaría que podría ser
más favorable al usuario que se le remita el correo en horas de la mañana que al
que se le envíe en horas de la tarde pues contaría con mayor cantidad de horas
del día 1; y (ii) de otro lado, en el marco de los procesos judiciales, conforme al
Código General del Proceso (artículo 118) el término de los 5 días empezaría a
contar a partir del día siguiente al de la entrega del correo electrónico, caso en el
cual sería indistinta la hora en la que se envió el mensaje; postura ésta que ha
sido adoptada en el procedimiento administrativo general conforme lo establece
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
cual en su artículo 76 menciona que los recursos en sede administrativa se podrán

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Radicado: 66001-23-31-000-2006-00553-02.

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interponer dentro de los 10 días siguientes al de la notificación, y en este mismo
sentido el artículo 74 plantea el conteo del término para la interposición del recurso
de queja ante la administración.

Frente a ambas posibilidades esta Sala es de la postura de adoptar la más
favorable al usuario aduanero con la finalidad de garantizar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. Razón por la que se opta
por aquella según la cual el término de los 5 días del artículo 759 del Estatuto
Aduanero debe correr a partir del día siguiente al de la fecha de entrega del correo
electrónico, por lo que el día del envío no podrá considerarse como el primer día
del término concedido en el inciso 5° del artículo 759 del Estatuto Aduanero.

En ese sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado estimó que existían dos
interpretaciones al texto del artículo 759 del Decreto 1165 de 2019 y que, en su
criterio, debía primar aquella que entiende que el término para interponer el
recurso de reconsideración es a partir del día siguiente de la notificación del acto
administrativo.

Sobre el auto de 10 de octubre de 2025, estableció que no era un precedente
vinculante, pero que sí puede ser tendido como un criterio auxiliar para interpretar
la norma aduanera de forma analógica.

Resaltó que, en materia aduanera, la Sección Primera del Consejo de Estado
propende por que el conteo del mencionado término se contabilice a partir del día
siguiente al de la notificación y, en consecuencia, determinó:

Así pues, como se mencionó en el punto 6.3., el término de los 5 días del que
habla el inciso 5° del artículo 759 del Estatuto Aduanero debe computarse, a partir
del día siguiente al de la entrega del correo electrónico. Lo que evidencia que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al desconocer la aplicación más
garantista de la norma procesal para el usuario aduanero, lo que conllevó a la
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia del hoy actor.

Finalmente, aseguró que había inconsistencia respecto de la fecha en que se
radicó el recurso de reconsideración, por lo que estimó que la autoridad
accionada debía determinar con claridad ese hecho.

Por lo expuesto, accedió al amparo deprecado, dejó sin efectos el auto de 5 de
noviembre de 2025 y ordenó que la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia profiriera una decisión de reemplazo.

1.8. Impugnación

La DIAN solicitó que se revocará lo resuelto en primer grado, por cuanto estimó
que el núcleo del debate no supera una discrepancia hermenéutica y no una
controversia respecto del debido proceso.

Consideró que el a quo partió de un supuesto equivocado, sustentado en que
toda interpretación restrictiva de una norma implica necesariamente un defecto
procedimental. Cuando lo que realmente justifica la configuración de una falencia

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de esa naturaleza es que la decisión sea arbitraria.

En ese sentido, resaltó que «[e]l inciso 5º del artículo 759 del Decreto 1165 de
2019 no presenta ambigüedad alguna que habilite una reconstrucción normativa
distinta a su tenor literal».

Siendo así, estimó que la acción de tutela no debe superar el requisito de la
relevancia constitucional, por cuanto la decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia no fue caprichosa, sino que se sustentó en el tenor literal de la norma
aplicable.

En su sentir, el escrito inicial, no logra acreditar la ocurrencia de un defecto que
justifique el amparo y que, si bien el lenguaje utilizado conforma una retórica
constitucional, lo cierto es que solo busca controvertir una interpretación
normativa del juez de instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 19 de febrero de 2026, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de
1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

El análisis de este mecanismo constitucional se abordará a partir de la sentencia
de segunda instancia del proceso declarativo, puesto que fue la que resolvió de
manera definitiva la controversia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que accedió el amparo de los derechos fundamentales de la
parte actora.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de
los requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de
los defectos invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la
sentencia SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de
este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de
tutela, actora: Nery Germania Álvarez Bello. magistrada ponente: María Elizabeth García
González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Sentencia SU-573 de 2019.

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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 9; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”10

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”11 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 13, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra
providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los
litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal14. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben exponer los
defectos15 en los que incurrió la decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso la Sala concuerda con el a quo, en el entendido
que la interpretación de normas procesales, en un sentido restrictivo, puede llevar
a ser nugatorio de garantías sustanciales como el acceso a la administración de
justicia.

9
Sentencia SU-103 de 2022.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-128 de 2021.
13
Sentencia SU-573 de 2019.
14
Ibid.
15
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.

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Nótese que, de acuerdo con lo ocurrido en esta oportunidad, el proceso
declarativo se dio por terminado en la parte de excepciones previas, es decir, no
existe una decisión de fondo sobre el acto administrativo sancionatorio y, por el
contrario, se privilegió el decreto de la inepta demanda con fundamento en una
lectura de la norma que implica que el momento de la notificación de la decisión
de la entidad se confunda con el término que tiene la parte para agotar la
actuación administrativa.

En ese sentido, la discusión no se queda en una mera discusión legal, sino que
transciende a la posible vulneración al núcleo esencial del debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, por lo que se tiene por superado este
requisito.

2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia
de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura el
accionante fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la sentencia
atacada data del 5 de noviembre de 2025, por lo que, sin necesidad de contar la
ejecutoria, es claro que el mecanismo de amparo, radicado el 19 de noviembre
de 2025, se presentó de manera oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 16, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en el fallo C-590 de 200517,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados
con estas.

2.5.4. Por otra parte, en consideración al requisito de agotamiento de los
mecanismos judiciales, en el caso concreto, se tiene que contra la sentencia
de segunda instancia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios, por lo
que se tiene cumplida esta exigencia.

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

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2.6. Generalidades del defecto alegado

Referente al defecto procedimental, se tiene que la Corte Constitucional ha
reconocido dos modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se
presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando
hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los
hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales 18.

En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los
cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar
trámite al proceso respectivo»19.

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se
alega con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»20.

Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre
cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido (absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la
acción de tutela en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la
concurrencia de los siguientes elementos21:

i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela.

ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el
fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.

iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico.

iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.

18
Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal
también ha considerado que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del
derecho a la defensa técnica, puesto que «… el concepto de defensa técnica como el derecho de
la persona a escoger su propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de
oficio designado por el Estado, quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación
jurídica» (sentencia T- 561 de 2014).
19
Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
20
Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
21
Ibidem.

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v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los
derechos fundamentales.

De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento
del procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado

2.7. Caso concreto

En el presente caso se tiene que la sociedad accionante fue sancionada mediante
un acto administrativo que se notificó el 21 de octubre de 2022 y, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019, la DIAN, inició el conteo
de términos para la interposición del recurso de reconsideración a partir de ese
mismo día, tesis que confirmó la autoridad judicial accionada para tener por
probada la inepta demanda por falta de requisitos formales por el no agotamiento
de los recursos en la actuación administrativa.

La Sección Cuarta, actuando como a quo constitucional estimó que, si bien una
interpretación exegética de la mencionada norma lleva a concluir que el plazo
debe contabilizarse desde el mismo día de la notificación, esto va en contravía
de los postulados generales sobre el conteo de términos y el entendimiento
constitucional de la prevalencia del derecho sustancial.

Descendiendo al caso concreto, la Sala evidencia que, de acuerdo con el texto
de la norma cuestionada, puntualmente su inciso 5, el término para que el usuario
aduanero ejerza su mecanismo de defensa se contabiliza de la siguiente forma:

Artículo 759. Notificación electrónica. La notificación electrónica es la
forma de notificación que se surte de manera electrónica a través de la cual
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) pone en conocimiento de los usuarios aduaneros o de sus
apoderados los actos administrativos en materia aduanera y los recursos que
proceden sobre los mismos.

[…]

La notificación electrónica se entiende surtida para todos los efectos legales,
en la fecha del envío del acto administrativo al correo electrónico informado.
No obstante, los términos legales para el usuario aduanero o su apoderado,
para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr
transcurridos cinco (5) días a partir de la entrega del correo
electrónico. (Resaltado fuera del original)

Ahora bien, para entender cómo funciona el recurso de reconsideración, es
necesario acudir al artículo 69922 de la misma norma, que establece:

Artículo 699. Procedencia del recurso de reconsideración. Sin perjuicio
de lo dispuesto expresamente en este decreto, contra las liquidaciones

22
Aunque la Sala entiende que, actualmente, la norma se encuentra derogada en virtud del
Decreto 920 de 2023, la interposición del recurso de reconsideración se realizó en vigencia del
Decreto 1165 de 2019.

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oficiales, decomisos, resoluciones que impongan sanciones y en los demás
eventos previstos en este decreto, procede el recurso de reconsideración, que
se interpondrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
notificación. Su conocimiento corresponderá a la dependencia que establezca
el decreto de estructura orgánica de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El acto administrativo que resuelve el recurso será motivado; contendrá un
examen crítico de las pruebas y expondrá los razonamientos constitucionales,
legales y doctrinarios estrictamente necesarios para sustentar las
conclusiones, con indicación de las disposiciones aplicadas. (Resaltado
fuera del original)

Es decir, de acuerdo con lo expuesto, una vez notificado el administrado, iniciará
a correr un término de 5 días, luego del cual, comenzará a contabilizarse el plazo
de 15 días para la interposición del recurso de reconsideración.

Ahora bien, lo que llama la atención a la Sala, es que ambas normas hablen de
unos tiempos en días, pero mientras que la primera establece que deben
contarse desde el mismo día de la entrega del correo electrónico, la segunda lo
contemple a partir del día hábil siguiente.

Lo anterior, resulta relevante, por cuanto se observa que, cuando se toma el día
de la notificación como el primero para el espacio de 5 días, entonces ese
momento queda supeditado a la hora del día en que se realice el envío al correo
electrónico.

Ciertamente, si la notificación se efectuó exactamente a las 8 de la mañana,
entonces podría aceptarse que el particular tuvo todo el día para enterarse de lo
resuelto por la administración; no obstante, si el correo se envió en cualquier otro
momento, ya no es posible afirmar que transcurrió una jornada desde que se le
comunicó el acto administrativo, lo que representa una contradicción con el
mandato legal de conceder 5 días para que comience a correr el plazo para la
interposición del recurso.

En este punto, debe recordarse que las normas procesales no son un fin en sí
mismo sino un medio para garantizar el ejercicio de los derechos sustanciales,
de ahí que es importante evitar ambigüedades o vaguedades procesales que
generen dudas sobre la oportunidad que se le concedió a los administrados para
controvertir las decisiones de las entidades.

Entender que el acto procesal de la notificación y el inicio del momento para el
ejercicio de la contradicción transcurren de forma concomitante, genera un
ámbito de incertidumbre sobre la actuación equitativa de parte de la DIAN, puesto
que no todos los ciudadanos serán notificados de sus actos administrativos a la
misma hora, por lo que no se podría afirmar que contaron con los mismos 5 días.

Para confirmar lo anterior, basta con verificar el expediente administrativo
allegado al proceso declarativo, donde consta que el auto de 19 de octubre de

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2022, correspondiente a la liquidación oficial 1636, se notificó mediante correo
electrónico de 21 de octubre siguiente enviado y entregado a las «15:04», es
decir, luego de las 3 de la tarde, así 23:

Quiere decir esto, que según la interpretación exegética del artículo 759 del
Decreto 1165 de 2019, debe entenderse que menos de 2 horas hábiles que
transcurrieron desde la notificación del acto administrativo deben asimilarse a un
día entero. Técnicamente, en este caso, lo que se observa es que, si se tiene el
21 de octubre como día primero para lo dispuesto en el artículo 759 del Decreto
1165 de 2019, entonces lo que transcurrió, luego de la notificación de la
liquidación oficial, fueron 4 días y una fracción, no 5 días como lo exige la norma.

Insiste la Sala en que tal postura, lejos de actuar como un postulado procesal que
garantice un ejercicio efectivo del derecho sustancial de oposición en las mismas
condiciones para todos los ciudadanos, genera un trato inequitativo respecto del
término que concede el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019 y, en ese sentido,
contradice el principio según el cual el derecho sustancial debe primar sobre el
procesal.

23
Ver imagen 36 del tomo 3 del expediente administrativo obrante en la anotación 1 de Samai
para el proceso 05001-33-33-006-2023-00050-00.

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Por el contrario, si el lapso de 5 días se calcula a partir del día hábil siguiente, en
concordancia con otras normas, como el propio artículo 699 del mismo Decreto24,
este transcurriría, sin duda, de la misma manera para todos los administrados al
margen de la hora en que sean notificados.

En ese orden de ideas, la Sala evidencia que, en efecto, la interpretación
restrictiva que efectuó la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia condujo a desconocer que, a partir de la notificación de la liquidación
oficial, la sociedad actora debía tener el derecho a contar con 5 días previos a
que comenzara a correr el espacio para interponer el recurso de reconsideración,
lo que no pasó.

De esta forma, la Sección Quinta coincide con lo resuelto por la Sección Cuarta
y, en consecuencia, se confirmará la sentencia de 19 de febrero de 2026.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

24
También puede verse el artículo 118 de la Ley 1564 de 2012.

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(con aclaración de voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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