Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07291-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07291-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07291-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07291-01
Accionante: ADÁN HINESTROZA PALACIOS
Accionada: CORTE CONSTITUCIONAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Diferencia entre solicitudes jurisdiccionales y administrativas / Carencia actual de
objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver la impugnación presentada por el demandante contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante la cual (i) se negó la solicitud de desvinculación presentada
por el Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial; (ii) se
declaró improcedente el amparo frente al derecho de petición y (iii) se declaró
configurada la carencia actual de objeto por hecho superado1.
ANTECEDENTES
Demanda
1. El 20 de octubre de 20252, Adán Hinestroza Palacios instauró demanda de tutela
contra la Presidencia de la Corte Constitucional3, a fin de obtener el amparo de su
derecho fundamental de petición.
Hechos relevantes
2. El 24 de julio de 2025, el señor Hinestroza Palacios presentó una solicitud dirigida
al entonces presidente de la Corte Constitucional, por medio de un mensaje de
correo electrónico enviado a la dirección info@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3. Dicha solicitud consistió en los siguientes puntos (transcripción con posibles
errores incluidos):
“1. Cuáles fueron los fundamentos normativos de rango constitucional y de ley,
que tuvo o tuvieron para aplazar la entrada de la vigencia total de la Ley 2381
de 2024.
2. Por favor, enviar copia del [a]uto [i]nterlocutorio de la anterior decisión”.
1 El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Índice 2 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«9D15E36C1A192ABE (…)».
3 Índice 2 del expediente, archivo identificado con el certificado «B1269D9D3B461884 (…)».
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Accionante: Adán Hinestroza Palacios
Accionada: Corte Constitucional
Referencia: Acción de tutela
4. El 29 de julio siguiente, la División de Servicios Digitales y Atención al Usuario
del Centro de Documentación Judicial informó al accionante que su petición se
había redireccionado a la Corte Constitucional4, de conformidad con lo establecido
en el artículo 21 del CPACA.
5. A la fecha de presentación de la demanda de tutela, el actor no había obtenido
ninguna respuesta.
Pretensiones
6. En virtud de lo expuesto, el señor Hinestroza Palacios formuló la siguiente
pretensión (transcripción con posibles errores incluidos):
“Respetuosamente solicito a los [h]onorables [m]agistrados, amparar mi
derecho constitucional y fundamental de petición, a obtener una respuesta
pronta, congruente, precisa y de fondo conforme a lo planteado en el escrito de
petición enviado el día 24 de julio de 2025; ordenándole al señor [p]residente
de la Corte Constitucional de Colombia [m]agistrado JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ
NAJAR o quien haga sus veces en el momento de la notificación de la [t]utela,
a dar estricta respuesta al [d]erecho [f]undamental de [p]etición enviado el día
24-07-2025, dentro de los términos a que aluden los artículos 27° y 29° del
Decreto Ley 2591 de 1991”. (Negrillas originales del texto transcrito).
Fundamentos de la demanda
7. El señor Hinestroza Palacios señaló que la falta de contestación de su solicitud
implicó una vulneración de su derecho fundamental de petición.
Trámite en primera instancia
8. Mediante auto del 21 de noviembre de 20255, el magistrado sustanciador en
primera instancia admitió la demanda de tutela contra la Presidencia de la Corte
Constitucional y vinculó al Consejo Superior de la Judicatura al trámite.
Intervenciones
9. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar6, entonces presidente de la Corte
Constitucional, señaló que recibió la solicitud del señor Hinestroza Palacios y que
la incorporó al expediente D-15989, correspondiente al proceso de control de
constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, en tanto no comportaba el ejercicio del
derecho fundamental de petición.
4 Aunque en el cuerpo del correo electrónico no se especificó a qué despacho o autoridad judicial se
estaba redireccionando la petición presentada por el señor Hinestroza Palacios, lo cierto es que
dicho mensaje de datos tiene como destinatarias las siguientes direcciones de correo electrónico:
«secretaria4 corte constitucional <secretaria4@corteconstitucional.gov.co>, Secretaria1 Corte
Constitucional <secretaria1@corteconstitucional.gov.co>». El referido mensaje de datos obra en el
folio 6 del documento denominado: «5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2», visible en
el índice 2 del expediente de primera instancia.
5 Índice 4 del expediente de primera instancia.
6 Índice 10 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«BA81BB360DC55AC3 (…)».
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Accionante: Adán Hinestroza Palacios
Accionada: Corte Constitucional
Referencia: Acción de tutela
10. Lo anterior, puesto que lo pretendido era obtener «un concepto» sobre los
fundamentos de la suspensión de la vigencia de la mencionada ley, así como una
copia de la providencia correspondiente. Al respecto, además, advirtió que las
funciones de la Corte Constitucional no incluyen la consultiva.
11. Por todo lo anterior, el magistrado Ibáñez Najar sostuvo que no se vulneró el
derecho fundamental de petición del actor y, por consiguiente, solicitó negar la
solicitud de amparo constitucional.
12. También señaló que, en todo caso, la Corte «atendió» la «comunicación» del
accionante mediante un oficio del 26 de noviembre de 2025. En consecuencia,
solicitó declarar configurado el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado.
13. El Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura7 corroboró los hechos expuestos por el accionante y solicitó ser
desvinculado del trámite, en tanto no causó ninguna vulneración de derechos
fundamentales.
Sentencia de primera instancia
14. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 20258, la Sección Primera del
Consejo de Estado adoptó las siguientes decisiones:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente al
derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(…)”. (Negrillas originales del texto transcrito).
15. La denegación de la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura se sustentó en que la petición del señor Hinestroza Palacios fue enviada
a una dirección de correo electrónico administrada por esa autoridad, así como en
que su comparecencia resultaba necesaria «para garantizar la eficacia de la
decisión» adoptada.
16. De otra parte, sostuvo que la solicitud de amparo se tornaba improcedente para
reclamar la protección del derecho fundamental de petición, por cuanto lo pretendido
por el actor era «obtener pronunciamientos sobre aspectos propios del trámite
judicial de control abstracto de constitucionalidad adelantado respecto de la Ley
7 Índice 9 del expediente de primera instancia.
8 Índice 12 del expediente de primera instancia.
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Accionada: Corte Constitucional
Referencia: Acción de tutela
2381 de 2024», para lo cual indicó que se encuentran dispuestos «mecanismos y
procedimientos» específicos —el juez de tutela de primera instancia no señaló
cuáles—.
17. Finalmente, la declaración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado se sustentó en que las circunstancias que motivaron la presentación de la
demanda de tutela desaparecieron, en tanto la Corte Constitucional contestó la
solicitud del accionante.
Impugnación
18. El demandante9 solicitó revocar la anterior decisión, con fundamento en que la
Sección Primera de esta corporación desconoció que, de acuerdo con los artículos
2 y 13 del CPACA, los ciudadanos pueden presentar peticiones ante las autoridades
judiciales y tienen derecho a obtener una respuesta.
19. Adicionalmente, indicó que no formuló una consulta ni solicitó una asesoría ante
la Corte Constitucional, sino que pidió citar la disposición en la cual se sustentó la
suspensión de la vigencia de la Ley 2381 de 2024.
20. Finalmente, en cuanto a la declaración del fenómeno de carencia actual de
objeto por hecho superado, señaló que no se satisfizo lo pretendido con su petición,
porque el entonces presidente de la Corte Constitucional debía cumplir el deber de
motivar sus providencias, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del
artículo 42 del CGP y en la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de
Justicia—.
Actuaciones en segunda instancia
Manifestación de impedimento y sorteo de conjueces
21. Por escrito del 26 de febrero de la presente anualidad10, el magistrado José
Roberto Sáchica Méndez manifestó impedimento para conocer de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en la causal establecida en el numeral 4 del
artículo 56 de la Ley 909 de 2004.
22. Mediante auto del 10 de marzo de 2026, el Despacho sustanciador declaró
fundado el impedimento y, como consecuencia, lo separó del conocimiento del
asunto. En esa misma providencia, se ordenó la designación de dos conjueces con
el fin de conformar la correspondiente sala de decisión.
23. El 12 de marzo siguiente, se realizó el respectivo sorteo y fueron seleccionados
como conjueces los magistrados Alberto Montaña Plata y Diego Enrique Franco
9 Índice 16 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«4858BCA07C1993BC (…)».
10 Que ingresó al despacho del magistrado sustanciador el 4 de marzo de 2026. Índice 7 de Samai.
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Accionante: Adán Hinestroza Palacios
Accionada: Corte Constitucional
Referencia: Acción de tutela
Victoria 11 , integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, a quienes se les comunicó la designación y, por ende, integran esta
sala de decisión.
CONSIDERACIONES
Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
25. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 11 de
diciembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
26. Para ello, en vista de lo expuesto en la impugnación, definirá si la solicitud
presentada por el señor Hinestroza Palacios fue de carácter administrativo o
jurisdiccional. Luego, de acuerdo con la resolución de esa cuestión, establecerá si
se está vulnerando algún derecho fundamental de aquel o si se configuró el
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado.
Carácter administrativo de la solicitud presentada por el demandante
27. Según el accionante e impugnante, el a quo desconoció que, de acuerdo con
los artículos 2 y 13 del CPACA, los ciudadanos pueden presentar peticiones ante
las autoridades judiciales y tienen derecho a obtener una respuesta. Esto significa
que, a juicio de aquel, la solicitud presentada ante la Corte Constitucional fue de
carácter administrativo, no jurisdiccional.
28. Al respecto, es necesario señalar que tanto esta corporación12 como la Corte
Constitucional13 han explicado que las solicitudes dirigidas a autoridades judiciales
pueden ser de naturaleza jurisdiccional o administrativa. Las primeras deben
tramitarse de conformidad con el estatuto procesal aplicable y se relacionan con el
derecho fundamental al debido proceso. Las segundas, en cambio, han de
atenderse de acuerdo con el Título II de la Parte Primera del CPACA e implican el
ejercicio del derecho fundamental de petición.
29. Adicionalmente, la Corte14 ha señalado que, para determinar la naturaleza de
una solicitud dirigida a una autoridad judicial, es necesario revisar tres aspectos:
11 Índice 12 de Samai.
12 Al respecto, se puede consultar la sentencia del 7 de febrero de 2025, proferida por esta
Subsección en el proceso 11-001-03-15-000-2024-06620-00.
13 Ver, por ejemplo, las sentencias T-394 de 2018 y T-482 de 2024.
14 Sentencia T-482 de 2024.
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Accionada: Corte Constitucional
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primero, si su objeto está regulado en el estatuto procesal aplicable; segundo, si
fue formulada por los sujetos del proceso o por terceros ajenos a él, y tercero, si
guarda relación con el litigio o con el ejercicio del derecho de defensa.
30. Ahora, la solicitud del señor Hinestroza Palacios tuvo por objeto (i) conocer el
fundamento jurídico de la suspensión de la vigencia de la Ley 2381 de 2024 y (ii)
acceder al auto mediante el cual se adoptó esa decisión15. Ninguno de esos puntos
corresponde a alguna de las actuaciones reguladas en el Decreto Ley 2067 de 1991
—por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que
deban surtirse ante la Corte Constitucional—. Por el contrario, constituyen una típica
petición de información y de documentos, regulada en el Título II de la Parte Primera
del CPACA, específicamente, en sus artículos 13 y 14.
31. Lo anterior basta para concluir que la solicitud del accionante fue de carácter
administrativo, no jurisdiccional. Por consiguiente, esta Subsección se aparta de
una de las conclusiones del a quo: la relativa a que la demanda de tutela resultaba
improcedente, en tanto lo pretendido por aquel era «obtener pronunciamientos
sobre aspectos propios del trámite judicial de control abstracto de constitucionalidad
adelantado respecto de la Ley 2381 de 2024».
32. Debido a lo anterior, se revocará el segundo ordinal de la sentencia de primera
instancia, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo
constitucional.
33. Finalmente, en tanto la solicitud del actor fue de carácter administrativo, se
determinará si se está vulnerando su derecho fundamental de petición o si se
configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, como lo concluyó la
Sección Primera de esta corporación.
Configuración de carencia actual de objeto por hecho superado
34. La Corte Constitucional16 ha explicado que la garantía del derecho fundamental
de petición exige la emisión y notificación de una respuesta pronta y de fondo. Esta
última característica, según la misma corte, se predica respecto de contestaciones
claras, precisas, congruentes y, de ser el caso, consecuentes con las actuaciones
del procedimiento administrativo correspondiente.
35. Lo anterior fue explicado en la sentencia T-230 de 2020, como se expone a
continuación:
“(…) [L]a respuesta de la autoridad debe ser: (i) clara, esto es, inteligible y
contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que
atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin
incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque
15 Índice 2 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«9D15E36C1A192ABE (…)», páginas 6 y 7.
16 Al respecto, se puede consultar la sentencia de unificación 191 de 2022, así como las sentencias
C-007 de 2017 y T-230 de 2020.
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la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv)
consecuente con el trámite que se ha surtido (…), si la respuesta se produce
con motivo de [una] petición formulada dentro de un procedimiento (…)”.
36. Ahora, como ya se indicó, la solicitud del señor Hinestroza Palacios, presentada
el 24 de julio de 202517, tuvo por objeto (i) conocer el fundamento jurídico de la
suspensión de la vigencia de la Ley 2381 de 2024 y (ii) acceder al auto mediante el
cual se adoptó esa decisión.
37. Por otro lado, en un oficio del 26 de noviembre de 202518, enviado al actor por
correo electrónico ese mismo día19, el entonces presidente de la Corte
Constitucional indicó que el Auto 841 de 2025, a través del cual se suspendió la
vigencia de la Ley 2381 de 2024, se encuentra disponible en el expediente del
proceso de control de constitucionalidad correspondiente, identificado con la
radicación D-15989. Adicionalmente, señaló el enlace de acceso a dicho
expediente.
38. En tal oficio, también se advirtió que no se brindarían explicaciones sobre los
fundamentos del mencionado auto, en tanto la Corte no es un órgano consultivo.
Además, se indicó que las deliberaciones de esa corporación se encuentran
sometidas a reserva, en virtud de los artículos 38 de su Reglamento Interno y 19 del
Decreto Ley 2067 de 1991.
39. Ahora, al indicar que el Auto 841 de 2025 se encuentra disponible en el
expediente del proceso de control de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 y al
señalar el enlace de acceso correspondiente, el presidente de la Corte
Constitucional abordó clara y precisamente el segundo de los puntos de la solicitud
del actor: el relativo al acceso a dicho auto.
40. Además, en la medida en que los fundamentos de una decisión se encuentran
en la providencia mediante la cual se adopta, la respuesta del presidente de la Corte
también implicó una respuesta clara y precisa ante el primero de los puntos de dicha
solicitud: el referente al fundamento jurídico de la suspensión de la vigencia de la
Ley 2381 de 2024, decisión adoptada a través del mencionado Auto 841 de 2025.
41. Así las cosas, se satisfizo la pretensión del demandante: obtener una respuesta
de fondo ante su solicitud del 24 de julio 2025. Por consiguiente, desapareció el
sustento de la demanda de tutela.
17 Índice 2 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«9D15E36C1A192ABE (…)», páginas 6 y 7.
18 Índice 10 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«CC64C185752E1F4E (…)».
19 Índice 10 del expediente de primera instancia, archivo identificado con el certificado
«550532CC6FC71476 (…)».
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42. Ante ese escenario, se configura el fenómeno de carencia actual de objeto20, el
cual, según la Corte Constitucional, puede presentarse en tres eventos: (i) el hecho
superado, que tiene lugar «cuando la amenaza o vulneración cesan porque el
accionado, “por un acto voluntario”, [es decir, sin intervención del juez
constitucional], satisfizo la prestación solicitada por el accionante»21; (ii) el daño
consumado, que se materializa «cuando “la amenaza o la vulneración del derecho
fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de
tutela”»22; y (iii) la situación sobreviniente, predicable frente a escenarios que no
encuadran en las dos categorías anteriores, en virtud de los cuales, «igualmente, la
orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no [surtiría]
ningún efecto y, por lo tanto, [caería] en el vacío»23.
43. En el presente caso, la pretensión del accionante se satisfizo por un acto
voluntario de la parte demandada, pues el presidente de la Corte Constitucional
contestó la petición de aquel sin que mediara ninguna orden del juez de tutela. En
consecuencia, se configuró el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado.
44. Sobre el particular, es necesario aclarar que, en asuntos relacionados con el
derecho fundamental de petición, el fenómeno aludido se configura por la
satisfacción de lo pretendido con la demanda de tutela, no con la solicitud con la
cual se relacione. Así, al impugnante no le asiste razón al sugerir que no se concretó
una carencia actual de objeto por hecho superado porque no se accedió a lo
reclamado en su petición.
45. Además, lo cierto es que el presidente de la Corte Constitucional accedió a lo
solicitado por el señor Hinestroza Palacios, pues, como ya se expuso, le indicó en
dónde se encuentra el Auto 841 de 2025, en el cual se hallan los fundamentos de
la suspensión de la vigencia de la Ley 2381 de 2024.
46. Debido a todo lo explicado, se confirmará la decisión de declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el segundo ordinal de la sentencia del 11 de diciembre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones
anotadas.
20 Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
22 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07291-01
Accionante: Adán Hinestroza Palacios
Accionada: Corte Constitucional
Referencia: Acción de tutela
SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia del 11 de diciembre de
2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Conjuez
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Conjuez
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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