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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07292-01

Fecha
25 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07292-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Modificar la sentencia de primera instancia proferida el 12 de marzo del 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, la cual quedará así: Segundo. Desvincular del presente trámite constitucional al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Darío Velásquez Cruz en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera. Cuarto. Declarar improcedente la solicitud de amparo respecto de las actuaciones adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, contenidas en las resoluciones DGEN No. 20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR No. 50247000242 del 5 de julio de 2024. Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07292-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
Derecho / Desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución Política

Decisión: Modificar la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Juan Darío Velásquez, en contra de
la sentencia proferida el 12 de marzo del 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Juan Darío Velásquez Cruz promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Primera en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 25000-23-24-000-2005-00891-022.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «16ED_Demanda (.pdf) NroActua2».
2 250002324000200500891-00 acumulado 250002324000200500886-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

2.1. La alcaldía de Bogotá en Decreto Distrital N°. 981 del 4 de diciembre de 1957,
autorizó el desarrollo urbanístico de la Parcelación La Floresta. Con fundamento en
esa posibilidad, adquirió el inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 50N-303189 mediante la Escritura Pública No. 1562 del 10 de julio
de 2003. Sin embargo, no pudo obtener la respectiva licencia de construcción
debido a la expedición de la Resolución 0463 de 2005 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial3, que redelimitó la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá y estableció las determinantes ambientales aplicables a
la zona.

2.2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó4 demanda contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial con la finalidad de cuestionar la legalidad de las resoluciones 0463 y 0519
de 20055, mediante las cuales se delimitó la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá y se establecieron restricciones ambientales que limitaron la
posibilidad de desarrollar urbanísticamente, entre otros, el predio «El Descanso»,
ubicado dentro de la parcelación denominada «La Floresta».

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A en
sentencia del 25 de abril de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que las resoluciones fueron expedidas legalmente, por la autoridad
competente y las restricciones impuestas sobre los predios resultaban conforme al
ordenamiento jurídico, pues perseguían un bien superior, en este caso la protección
del uso de suelos del Bosque Oriental de Bogotá.

2.4. El Consejo de Estado, Sección Primera en sentencia del 8 de mayo de 2025
confirmó la decisión del a quo, al considerar que las resoluciones cuestionadas,
fueron expedidas por la autoridad competente. Además, precisó que no era posible
establecer la existencia de derechos adquiridos, toda vez que las normas
ambientales en áreas de protección tienen carácter de orden público, así que
tampoco existió vulneración al artículo 58 de la Constitución Política y, por último,
descartó que los actos administrativos estuvieran viciados de una falsa motivación,
por cuanto su expedición se fundamentó en el marco normativo aplicable.

2.5. Por otra parte, la CAR mediante la Resolución DGEN No. 20237000964 del 28
de diciembre de 2023 negó la aprobación del Plan de Manejo Ambiental presentado
para el predio «El Descanso», decisión que fue confirmada mediante la Resolución
DJUR No. 50247000242 del 5 de julio de 2024. Razón por la cual, el 10 de febrero

3 Hoy en día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4 En conjunto con Gimena Patricia Lemaitre Soleiman y las sociedades ENCENILLAL S.A., EASTON

S.A. Y BLEEKER S.A.
5 Por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución número 463 del 14 de abril de

2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

de 2025, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra dichos actos administrativos.

2.6. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado6 que estableció
la prohibición de expedir nuevas licencias, autorizaciones o permisos para adelantar
proyectos urbanísticos o constructivos dentro de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, incluida la Zona de Recuperación Ambiental.

2.7. En violación directa de la Constitución Política, en particular, el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia, que exigen que toda persona cuente con
mecanismos reales y efectivos para someter sus controversias a un juez
competente y obtener una decisión de fondo, motivada y coherente que resuelva
sus pretensiones, pues se negó el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por
las resoluciones 463 y 519 de 2005, pese a que las restricciones ambientales
derivadas del régimen aplicable a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá habrían hecho inviable el desarrollo urbanístico del predio «El
Descanso».

2.8. Por otra parte, las actuaciones de la CAR, particularmente las Resoluciones
DGEN No. 20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR No. 50247000242
del 5 de julio de 2024, ponen de manifiesto la configuración de un perjuicio
irremediable pues consolidaron la imposibilidad de desarrollar proyectos
urbanísticos en el predio, por lo que la entidad impuso una exigencia no
contemplada en la normativa ni en la jurisprudencia, al exigir que las construcciones
permanecieran físicamente existentes para el año 2005, razón por la cual negó su
normalización.

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Primera: Se declare que el CONSEJO DE ESTADO vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia del
señor Juan Darío Velásquez Cruz.

Segunda: Se deje sin efectos la sentencia del ocho (08) de mayo de 2025, proferida por
la SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO en el proceso con radicado No.
25000-23-24-000-2005-00891-02

Cuarta: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO que profiera una nueva decisión sobre las pretensiones
invocadas por el señor JUAN DARÍO VELÁSQUEZ, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado No. 25000-23-24-000-2005-
00891-02, teniendo en cuenta los hechos sobrevinientes expuestos en esta acción de

6 Al respecto citó la sentencia del 5 de noviembre del 2013 con radicado 2005-00662.

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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

tutela, relativos a la imposibilidad existente de desarrollar urbanísticamente el predio
denominado “El descanso”. […]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio7 solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que sus competencias no
se relacionaban con el objeto del proceso, razón por la cual, no podían dar
cumplimiento a las pretensiones de la demanda.

5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible8 requirió que se declarara
improcedente la solicitud de tutela ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el demandante, por cuanto el acto administrativo no
adoleció de falsa motivación y la tutela no cumplió con una carga argumentativa
suficiente para desvirtuar una providencia judicial.

6. El Consejo de Estado, Sección Primera9 pretendió que se negara el amparo
solicitado al no acreditar los requisitos generales de la relevancia constitucional y
de la subsidiariedad, por cuanto no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados ni se interpuso el recurso extraordinario de revisión, respectivamente.

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A10 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas
al interior del medio de control, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
Asimismo, que se negaran las pretensiones de la demanda por ausencia de
vulneración de derechos fundamentales, o de manera subsidiaria, se declararan
improcedentes por cuanto la verdadera intención fue utilizar el amparo como un
instrumento para debatir argumentos de rango legal frente a sentencias en firme.

8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

1.4. Sentencia de primera instancia11

9. El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 12 de marzo del 2026
declaró improcedente la solicitud de amparo al no acreditar el requisito de relevancia
constitucional, al considerar que, contrario al decir del demandante, la autoridad

7 Ver índice 48 de Samai. Archivo denominado «73_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
2026EE0006578_1(.pdf) NroActua48».
8 Ver índice 22 de Samai. Archivo denominado
«31_MemorialWeb_ContestacIonDemanda12025E1068401_00003 (.pdf) NroActua22».
9 Ver índice 23 de Samai. Archivo denominado «35CONTESTACIONDE_20250729200Contestac

(.pdf) NroActua23».
10 Ver índice 25 de Samai. Archivo denominado «37
RECIBEMEMORIAL_202507292RespuestaTu(.pdf)NroActua25».
11 Ver índice 51 de Samai. Archivo denominado
«75Sentencia_520250729200JUANDARI(.pdf)NrtoActua51».

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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

judicial demandada no le impidió acceder a mecanismos judiciales efectivos para
reclamar los perjuicios derivados de la imposibilidad de desarrollar urbanísticamente
el predio de su propiedad, pues si bien la decisión no fue favorable a sus
pretensiones, lo cierto es que sí analizó el fondo del asunto en tanto que resolvió
todos los cargos del recurso de apelación.

10. Así mismo, tampoco evidenció un desconocimiento del precedente citado, pues
consideró que los demandantes no tenían derechos adquiridos para urbanizar los
predios. En efecto, lo que tenían era una expectativa de obtener la respectiva
autorización la cual estaba sujeta a la regulación ambiental y urbanística vigente.
Mientras que, la sentencia cuyo desconocimiento se alegó, se limitó a prohibir el
otorgamiento de nuevas licencias para el desarrollo dentro de la reserva forestal,
por lo que no era factible concluir un desconocimiento o contradicción evidente
respecto de la providencia enjuiciada y el precedente referido.

11. Por no acreditar el requisito general de la subsidiariedad, en lo relacionado con
las actuaciones adelantadas por la CAR, particularmente, las resoluciones DGEN
20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR 50247000242 del 5 de julio de
2024, pues estaba en curso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001-33-34-004-2025-00049-00, mediante el cual cuestionó la legalidad
de los referidos actos administrativos.

12. Por otra parte, desvinculó del trámite constitucional al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, al considerar que «la entidad formalmente vinculada a esta acción
de tutela fue el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dada su calidad de entidad
demandada en el proceso ordinario sub examine. No así, el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio. De manera que le asiste razón a este último al indicar que no tiene legitimación
en la causa para actuar».

1.5. Escrito de impugnación12

13. Juan Darío Velásquez Cruz impugnó la decisión de a quo, para lo cual, además
de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, precisó que sí se acreditó
el requisito general de la relevancia constitucional por cuanto la solicitud de amparo
no fue promovida con el propósito de utilizarla como una instancia adicional, sino de
demostrar una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia.

14. Asimismo, precisó que, pese a que se consideró que, en lo relacionado con la
negativa de la CAR de normalizar las construcciones existentes en el predio, no se
satisfacía el requisito de subsidiariedad, en razón a que ya promovió un proceso
ordinario para controvertir dichos actos administrativos, lo cierto es que estos
hechos no fueron planteados como una controversia autónoma sino como

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

elementos sobrevinientes que confirman la actualidad y persistencia de la
vulneración iusfundamental alegada, es decir, como elementos de corroboración del
defecto alegado contra la providencia del 8 de mayo de 2025.

2. Consideraciones

15. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200013 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201914, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

17. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado15, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 16. Al
respecto señalo lo siguiente

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»

18. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia

13 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
14 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

19. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo17, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

20. Ahora bien, la Corte Constitucional18 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

21. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos19, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales20.

22. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
18 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004

y C-590 de 2005.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

20Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

2.3. Planteamiento de los problemas jurídicos.

23. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si:

23.1. ¿el Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los derechos fundamentales
de Juan Darío Velásquez Cruz con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025,
mediante la cual, confirmó la negativa de las pretensiones dirigidas a cuestionar la
legalidad de las resoluciones 463 y 519 de 2005 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial con la que incurrió, presuntamente, en
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política?

23.2. ¿la presente solicitud de tutela cumple con el requisito de procedibilidad
adjetiva de subsidiariedad, en relación con las decisiones de la CAR?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

24. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

25. Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la
solicitud de tutela respecto de los cargos formulados contra la sentencia proferida
el 8 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera. En consecuencia,
y sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procederá al
estudio del caso concreto.

26. No obstante, en relación con las decisiones tomadas por la CAR, particularmente
las resoluciones DGEN 20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR
50247000242 del 5 de julio de 2024, el estudio de subsidiariedad se realizará de
manera independiente.

2.4.2. Violación directa de la Constitución Política

27. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

28. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señalo que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta

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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:

29. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

30. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial

31. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la
seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de
las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos,
como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado social de derecho.

32. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo
si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

33. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de

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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

34. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.

2.5. Sobre el caso concreto

35. Juan Darío Velásquez Cruz acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Primera mediante la cual, negó las pretensiones dirigidas a cuestionar la legalidad
de las resoluciones 463 y 519 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial [Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible].

35. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado21 que
estableció la prohibición de expedir nuevas licencias, autorizaciones o permisos
para adelantar proyectos urbanísticos o constructivos dentro de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, incluida la Zona de Recuperación Ambiental.

36. En violación directa de la Constitución Política, en particular, el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, los cuales exigen que toda
persona cuente con mecanismos reales y efectivos para someter sus controversias
a un juez competente y obtener una decisión de fondo, motivada y coherente que
resuelva sus pretensiones, pues se negó el reconocimiento de los perjuicios
ocasionados por las resoluciones 463 y 519 de 2005, pese a que las restricciones
ambientales derivadas del régimen aplicable a la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá habrían hecho inviable el desarrollo urbanístico del
predio «El Descanso».

37. En relación con el asunto a decidir, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Consejo de Estado, Sección Primera en torno a la decisión de negar el amparo
de los derechos invocados de Juan Darío Velásquez Cruz y, en consecuencia,
mantener la legalidad de las resoluciones 463 y 519 de 2005:

«[…] 8.2.1. Por medio del Decreto Distrital 981 del 4 de diciembre de 1957, la Alcaldía
Mayor de Bogotá, otorgó una licencia de urbanismo para la construcción del proyecto
denominado Parcelación La Floresta, que se encuentra ubicado en los cerros orientales.

21 Al respecto citó la sentencia del 5 de noviembre del 2013 con radicado 2005-00662.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

8.2.2. En la Resolución Ejecutiva No. 076 de 1977, se declaró Área de Reserva Forestal
Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá.

8.2.3. A través del Decreto Distrital 1015 del 22 de noviembre de 2000, la Alcaldía Mayor
de Bogotá, asignó un tratamiento especial a la zona en la que se encuentra el predio
“Tequenuza A”, en el sentido de señalar que dicho inmueble era urbanizable, siempre
que se sustrajera esa área de la reserva forestal del Bosque Oriental de Bogotá.

8.2.4. Por escritura pública 1562 del 10 de julio de 2003, otorgada en la Notaría 22 de
Bogotá D.C., los señores Gimena Patricia Lamaitre Soleimán y Juan Darío Velásquez
Cruz compraron un inmueble en la Parcelación La Floresta. A su vez, las sociedades
Bleeker S.A. y Encellinal, el 24 de octubre de 2003, adquirieron el predio denominado
“Tequenuza A”.

8.2.5. Mediante la Resolución 0463 del 2005, se redelimitó la Reserva Forestal Bosque
Oriental de Bogotá, se adoptó su zonificación y se reglamentaron los usos de suelo. El
artículo primero de este último acto fue aclarado en la Resolución [0519 de 2005].
[…]

La Sala concluye que en la sentencia impugnada sí se llevó a cabo un pronunciamiento
de fondo frente a las razones por las cuales los cargos formulados en la demanda no
estaban llamados a prosperar; cuestión distinta es que los accionantes no compartan los
argumentos expuestos por el a quo, lo cual no implica en manera alguna la configuración
de una incongruencia en la sentencia apelada. Por tanto, el cargo carece de vocación
de prosperidad.

[…]

C) Ahora, atendiendo a la posibilidad de obtener una licencia de construcción en dicha
parcelación, los demandantes en el proceso 2005 00891, adquirieron un predio con el
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50N-303189 a través de la Escritura Pública 1562 del
10 de julio de 2003 otorgada en la Notaría 22 de Bogotá D.C.

[…]

Resulta claro para la Sala que, al momento de la expedición de los actos administrativos
censurados, los demandantes en el proceso 2005-00891 no contaban con una licencia
de construcción para el predio ubicado en la Parcelación La Floresta. Por el contrario,
adquirieron dicho inmueble con la expectativa de obtenerla en futuro.

Ahora bien, no se pasa por alto que, si bien en el Decreto 981 de 1957, se habilitó la
urbanización de la aludida parcelación, lo cierto es que dicha disposición debe
interpretarse a la Luz del Decreto 619 de 2000, mediante el cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, en el que se estableció que las actividades a
desarrollar en los cerros orientales estarían sujetas a la zonificación y a la
reglamentación que expidiera la autoridad competente. Esta condición fue la que
precisamente se materializó con la expedición de los actos administrativos enjuiciados.

[…]

En ese orden de ideas, es menester señalar que esta Sección ha precisado que,
tratándose del área de reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá, no es posible
derivar la existencia de derechos adquiridos, toda vez que las normas sobre el uso del

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

suelo en dichas áreas de protección tienen carácter de orden público y son de aplicación
inmediata.

[…]

De este modo, es claro que el acto enjuiciado no adolece de falsa motivación, toda vez
que su expedición estuvo fundamentada en el acto que creó la reserva objeto de
controversia y su emisión precedida de estudios técnicos que sustentaron la
redelimitación de la zona y permitieron el correspondiente registro de la afectación en
los folios de matrícula inmobiliaria, de modo que el cargo no prospera […]» [sic].

38. Respecto del cargo de violación directa de la Constitución Política, la Sala
recuerda la jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia SU-167 de 2024
establece que:

«La violación directa de la Constitución, […] es el defecto que se deduce de infringir
directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la
Constitución»

39. En relación con el asunto sometido a consideración, luego de una lectura de
la sentencia enjuiciada, la Sala advierte que no se configuró el defecto alegado, toda
vez que la providencia cuestionada se pronunció de manera expresa sobre los
cargos y las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En consecuencia, adoptó una decisión
suficientemente motivada, con fundamento en el marco normativo ambiental y
urbanístico aplicable al predio «El Descanso».

40. En efecto, la autoridad judicial demandada analizó las pretensiones
encaminadas a obtener la nulidad de las resoluciones 463 y 519 de 2005 expedidas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para ello, verificó si los actos
administrativos acusados se encontraban afectados por falsa motivación, si fueron
proferidos por la autoridad competente y si existían situaciones jurídicas
consolidadas derivadas del régimen especial de los Cerros Orientales de Bogotá. A
partir de ese examen, concluyó que las determinaciones cuestionadas fueron
adoptadas en ejercicio legítimo de las competencias atribuidas a dicha cartera
ministerial y que, además, encontraban sustento en la normativa vigente, entre ella
el Acuerdo 30 de 1979 del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente, así como en las demás disposiciones aplicables a la materia.

41. En lo concerniente a la supuesta existencia de prerrogativas consolidadas
para adelantar el desarrollo urbanístico del inmueble, tampoco se evidencia
transgresión alguna del ordenamiento jurídico. Ello, en la medida en que se acogió
el criterio fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado22, según el cual,
frente al aprovechamiento del terreno comprendido dentro de la reserva forestal de

22 Ver sentencia del 12 de agosto de 1999. Expediente 5500. CP: Juan Alberto Polo Figueroa.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

los Cerros Orientales, no es posible reconocer facultades consolidadas ni
expectativas protegidas, entre otras porque existe un interés nacional en la
conservación del bosque oriental. Al respecto dijo el máximo órgano de lo
constitucional:

«La Corte reitera que no existe un derecho a la intangibilidad de las reglas que definen
el uso del suelo en los POTD, ni aun cuando ello afecte el alcance de licencias otorgadas
o la destinación de edificaciones efectuadas conforme a estas licencias, en tanto, la
modificación de las mismas se funda en el interés social y, como lo ha destacado este
Tribunal, “la legislación urbana constituye una fuente legítima de relativización del
contenido del derecho de propiedad sobre los inmuebles.” Conforme a ello “la
correcta ordenación y el desarrollo equilibrado de las ciudades, particularmente en lo
que respecta a los usos del suelo, incesantemente introduce exigencias de orden social
que gravitan sobre las titularidades privadas, lo que no puede considerarse excepcional
y externo al derecho de propiedad sino por el contrario connatural a éste e
incorporado a su núcleo esencial»23 [sic].

42. Adicionalmente, la Sala observa que la negativa a indemnizar los daños
alegados como consecuencia de las limitaciones ambientales no comporta, por sí
misma, una afectación de derechos fundamentales. Por el contrario, en el marco del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho se surtieron las
actuaciones pertinentes, a partir de las cuales se determinó que respecto del
inmueble no existían facultades consolidadas para adelantar su desarrollo
urbanístico, sino tan solo una expectativa legítima condicionada al régimen
ambiental y urbanístico aplicable.

43. Incluso, en gracia de discusión, tampoco resultaba acertada la postura de los
demandantes según la cual procedía el reconocimiento de una indemnización
derivada de las limitaciones ambientales impuestas al predio, toda vez que la propia
Corte Constitucional, en la Sentencia C-192 de 2016, precisó que:

«[…] En conclusión (…) se niega la existencia de un derecho a la intangibilidad de las
reglas en materias de usos del suelo frente al POTD, con fundamento en la exegesis
argumentativa que en precedencia ampliamente se reseño, de manera que los
particulares tienen limitada la posibilidad de oponerse a los cambios que,
siguiendo los procedimientos previstos para el efecto, introduzcan las
autoridades, en el mencionado instrumento, en desarrollo de sus competencias
constitucionales y legales, lo cual obedece a la relatividad del derecho a la
propiedad privada, y al hecho de que, tales normas son de orden público y, en
consecuencia, de aplicación inmediata, considerando su importancia para el
desarrollo de las ciudades y la consecución del interés social. Los particulares no
pueden pretender la intangibilidad de las normas adoptadas en los procesos de
planificación urbana dado que, por razones asociadas al interés público, social o común,
los municipios y distritos pueden adoptarlas con fundamento en los artículos 1º, 58 y 82
de la Constitución.

[…]

23 Corte Constitucional, sentencia del 20 de abril de 2019. Expediente: D-10974. MP: Gabriel Eduardo Mendoza

Martelo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

Es por ello que las licencias urbanísticas se conceden para que se realicen edificaciones
durante un tiempo determina, y con un fundamento en la función social y ecológica de la
propiedad, estas deben estar sujetas a las limitaciones o restricciones legales,
igualmente acorde con la función urbanística, la conveniencia pública y el interés
general.

[…]

Se asegura así la integridad y supremacía de la Constitución (Art. 4 y 241), estando claro
que por motivos de utilidad publica o interés social, el interés privado deberá ceder al
interés público o social […]» [sic].

44. De acuerdo con lo anterior, resulta claro que las restricciones urbanísticas y
ambientales impuestas sobre el predio objeto de controversia, constituyen un
legítimo ejercicio al principio de prevalencia del interés general sobre el particular.
Así, la situación jurídica alegada no correspondía a un derecho adquirido o
consolidado, sino a una expectativa que, en cualquier caso, estaba sometida a las
variaciones de la regulación ambiental y urbanística vigente, razón por la cual no
resultaba procedente el reconocimiento de perjuicios derivados de las limitaciones
impuestas por las autoridades competentes.

45. En conclusión, la Sala advierte que el desacuerdo surge por las decisiones
adoptadas por el juez natural que no configura, por sí mismo, una violación directa
de la Constitución ni habilita al juez de tutela para reabrir el debate propio del
proceso ordinario, sino una discrepancia interpretativa que resulta incompatible con
la solicitud de tutela. Así, en la providencia judicial se resolvió el asunto sometido a
su consideración mediante una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico
aplicable al caso concreto.

46. Por otra parte, en lo que respecta al cargo por desconocimiento del
precedente judicial, la Sala tampoco encuentra acreditada una separación arbitraria
o injustificada de los criterios jurisprudenciales aplicables, razón por la cual concluye
que no se configura el defecto invocado. En efecto, la sentencia del 8 de mayo de
2025 resulta compatible con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado citada
por la parte demandante, sin que se advierta contradicción o apartamiento alguno
frente a las reglas allí establecidas.

47. En suma, la providencia invocada, aunque reconoció la necesidad de
proteger las situaciones jurídicas consolidadas de quienes obtuvieron licencias de
construcción o realizaron edificaciones de manera legítima en la franja de
adecuación y en la zona de recuperación ambiental de la reserva forestal, así como
la imposibilidad de expedir nuevos actos habilitantes para el desarrollo de proyectos
urbanísticos en dicha área, estableció una diferenciación clara entre aquellos que
ya contaban con permisos válidamente otorgados o habían edificado conforme a la
normativa vigente antes de la anotación registral de la reserva, y quienes pretendían

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

acceder posteriormente a facultades para ejecutar nuevas intervenciones
constructivas.

48. Precisamente, el numeral 2.3 de la parte resolutiva de dicha providencia
estableció la prohibición de otorgar nuevos actos habilitantes para adelantar
procesos de urbanización dentro del área de reserva. En ese contexto, la sentencia
cuestionada no se apartó del precedente invocado, pues concluyó que los
demandantes no eran titulares de una licencia de construcción vigente, sino de una
mera expectativa de acceder a ella, circunstancia que, en todo caso, se encontraba
condicionada al marco normativo ambiental aplicable. Sobre este aspecto, la Sala
recuerda las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado, Sección
Primera:

«[…] En se orden, resulta claro que para la Sala que, al momento de la expedición de
los actos administrativos censurados, los demandantes en el proceso 2005-00891 no
contaban con una licencia de construcción para el predio ubicado en la Parcelación La
Floresta. Por el contrario, adquirieron dicho inmueble con la expectativa de obtenerla en
el futuro…]» [sic].

49. Ahora bien, el Decreto 981 de 1957 habilitó la posibilidad de la urbanización
de la Parcelación La Floresta. Sin embargo, dicha autorización estaba sometida a
las determinaciones ambientales y urbanísticas adoptadas en el POT de Bogotá, a
saber, el Decreto 619 de 2000, en ese sentido, la autoridad judicial demanda precisó
que, «las actividades a desarrollar en los cerros orientales estarían sujetas a la zonificación
y a la reglamentación que expidiera la autoridad competente. Precisamente, esa condición
fue la que precisamente se materializó con la expedición de los actos administrativos
enjuiciados». Esa es la razón que llevo a la Sección Primera a concluir que
únicamente tenían una expectativa a obtener una licencia de construcción,
condicionada a la normativa ambiental vigente, a saber, las resoluciones
cuestionadas.

50. Por otro lado, tampoco le asiste la razón al demandante, en cuanto afirma
que la Sección Primera del Consejo de Estado desconoció la prohibición de otorgar
nuevas licencias urbanísticas fijada en la sentencia del 5 de noviembre de 2013. En
efecto, sostienen que no era posible hablar de una expectativa de obtener licencias
si el mismo precedente había prohibido nuevos desarrollos urbanísticos en los
Cerros Orientales. Sin embargo, para la Sala, la providencia cuestionada no dijo
que era posible obtener nuevas licencias de construcción, lo que concluyó fue que,
los demandantes únicamente tenían una posibilidad de desarrollo urbanístico,
condicionada, en todo momento, a la normativa vigente.

51. En conclusión, la Sala advierte que la providencia cuestionada no desconoció
el precedente judicial invocado, por el contrario, la Sección Primera del Consejo de
Estado aplicó de manera coherente las reglas fijadas en la sentencia del 5 de
noviembre de 2013, pues la misma distinguió entre los derechos consolidados y las

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

expectativas de desarrollo sometidas a la reglamentación ambiental vigente. En
efecto, si bien se reconoció que existía una habilitación para la construcción
urbanística por medio del Decreto 981 de 1957, no es cierto que los demandantes
contaban con un derecho consolidado.

52. Por otra parte, si bien el demandante precisó en su escrito de impugnación
que las inconformidades relacionadas con las actuaciones administrativas
demandadas de la CAR, particularmente, las resoluciones DGEN 20237000964 del
28 de diciembre de 2023 y DJUR 50247000242 del 5 de julio de 2024, no fueron
planteadas como una pretensión autónoma, pues se trataban de hechos
sobrevinientes que demostraban que la afectación alegada respecto de su predio
continuaba vigente.

53. Lo cierto es que, la Sala advierte que no le asiste razón, pues, aunque las
actuaciones de la CAR fueran presentadas como hechos sobrevinientes, lo cierto
es que, a la fecha, los actos administrativos son objeto de control ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001333400420250004900, el cual registra como últimas actuaciones en Samai
las siguientes:

54. Al respecto, se recuerda que la tutela no puede convertirse en un medio
paralelo, por lo que el asunto debe resolverse en el marco del proceso contencioso-
administrativo en curso, entre otras para no desnaturalizar el carácter subsidiario
del amparo constitucional, conviene recordar lo dicho por el Consejo de Estado,
Sección Tercera en providencia del 20 de mayo del 2022 que resolvió:

«[…] Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues de lo contrario, la tutela deviene
improcedente […]» [sic].

55. Lo anterior, por cuanto la Sala comparte las consideraciones expuestas por
el a quo, en la medida en que, al margen de los cuestionamientos formulados frente
a las actuaciones adelantadas por la CAR, lo cierto es que su legalidad se encuentra
actualmente sometida al conocimiento de la jurisdicción competente. En
consecuencia, no corresponde al juez constitucional anticipar un pronunciamiento
sobre materias que son objeto de debate en ese escenario procesal, pues ello
implicaría interferir en las competencias atribuidas al juez natural de la controversia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

56. En el mismo sentido, aun si, en gracia de discusión, se considerara que dicha
circunstancia constituye un argumento adicional para sustentar la supuesta
afectación derivada de la sentencia cuestionada, lo cierto es que se trata de un
hecho nuevo, ajeno al debate planteado en el proceso de origen y posterior a la
adopción de la decisión controvertida. Por tal razón, tampoco resultaría procedente
efectuar un examen de ese aspecto en sede de tutela contra providencia judicial.

57. A partir de lo expuesto, la solicitud de tutela presentada por Juan Darío
Velásquez Cruz no cumple con el requisito de subsidiariedad, en relación con las
pretensiones tendientes a cuestionar la legalidad de las resoluciones DGEN
20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR 50247000242 del 5 de julio de
2024 de la CAR, toda vez que las mismas ya son objeto de análisis mediante el
medio de control correspondiente. Frente a lo cual se advierte que en el sistema
jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre
el juez natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y
otro, como aquí se propone.

58. Salvo lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

59. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.

3. Conclusión

60. En ese orden de ideas, la Sala modificará la decisión de primera instancia, la
cual, quedará así:

60.1. Desvincular del presente trámite constitucional al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio24.

60.2. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Darío Velásquez
Cruz en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Primera.

24 Se aclara que, el tema de desvinculaciones por falta de legitimación en la causa por pasiva no fue

objeto de impugnación, razón por la cual se mantendrá la decisión del a quo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

60.3. Declarar improcedente la solicitud de amparo respecto de las actuaciones
adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, contenidas
en las resoluciones DGEN No. 20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR
No. 50247000242 del 5 de julio de 2024.

61. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.

FALLA:

Primero. Modificar la sentencia de primera instancia proferida el 12 de marzo del
2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, la cual quedará así:

Segundo. Desvincular del presente trámite constitucional al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio.

Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Darío Velásquez
Cruz en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección
Primera.

Cuarto. Declarar improcedente la solicitud de amparo respecto de las actuaciones
adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, contenidas
en las resoluciones DGEN No. 20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR
No. 50247000242 del 5 de julio de 2024.

Quinto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07292-01
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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