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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07295-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07295-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Sami Riaño Mazzoldi, a través de la presente acción de tutela instaurada contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07295-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C. once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07295-00
Accionante: Sami Riaño Mazzoldi
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura

Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Pérdida de
vigencia de la licencia temporal de abogado.
Decisión: Niega el amparo solicitado.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Sami Riaño Mazzoldi contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (URNA).

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 19 de noviembre de 2025, Sami Riaño Mazzoldi presentó acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo,
igualdad y libre desarrollo de la personalidad1, que estimó vulnerados por el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia (URNA) con ocasión a la pérdida de vigencia de su licencia temporal
de abogado.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó (i) declarar que la interpretación
y aplicación realizada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia (URNA) sobre el régimen de licencias temporales resulta contraria a
sus derechos fundamentales; (ii) ordenar que se restablezca la vigencia de su
licencia temporal de abogado «con efectos inmediatos», hasta el momento en que
inscriba su tarjeta profesional o, en su defecto, hasta el vencimiento del plazo de 2
años contados desde su expedición; y (iii) disponer que no le es exigible el período
de inactividad profesional entre el egreso y la obtención de la tarjeta profesional, por
no estar previsto en la Ley 1905 de 2018.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante relató
que el 23 de noviembre de 2024 culminó el programa de derecho en la Pontificia
Universidad Javeriana.

1
Así como del principio de confianza legitima.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07295-00
Demandante: Sami Riaño Mazzoldi

4. En «junio de 2025», solicitó la expedición de una licencia temporal ante la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), la cual
le fue otorgada con una vigencia de 2 años contados desde la terminación de
materias.

5. El 22 de julio de 2025, obtuvo el título profesional de abogado y, «sin acto
individualizado ni motivación», el 4 de agosto de 2025, perdió vigencia su licencia
temporal.

6. El 26 de octubre de 2025, presentó el examen de Estado establecido por la
Ley 1905 de 2018, sin embargo, en la actualidad se encuentra a la espera de la
publicación de los resultados, la cual se estima para finales del mes de diciembre.

7. Como fundamentos de derecho, el señor Riaño Mazzoldi manifestó que
el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia (URNA) vulneró sus derechos fundamentales al trabajo,
igualdad y libre desarrollo de la personalidad2, al aplicar de forma restrictiva el
régimen de licencias temporales. Señaló que la interpretación adoptada desconoce
que la Ley 1905 de 2018 eliminó la expedición automática de la tarjeta profesional
para los egresados en derecho y condicionó su obtención a la aprobación del
examen de idoneidad.

8. En su criterio, la pérdida automática de la licencia temporal sin que exista
una alternativa de habilitación hasta la expedición de tarjeta profesional genera un
«bloqueo absoluto e irrazonable al acceso laboral», que contraría los mandatos
constitucionales.

9. Adicionalmente, sostuvo que la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia (URNA) aplicó un «trato desigual e injustificado» a quienes
culminaron sus estudios con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905
de 2018, pues a diferencia de los egresados bajo el régimen anterior, (i) no acceden
de inmediato a la tarjeta profesional; (ii) no conservan la licencia temporal tras
obtener el título; y (iii) quedan sometidos a un periodo de inactividad forzosa, que
no previó el legislador.

Intervención3

10. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA) señaló que la licencia temporal habilita de manera provisional a quienes
han culminado materias en el programa de derecho para ejercer la profesión hasta
por 2 años improrrogables, siempre que no hayan obtenido el título profesional,
conforme a los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971.

2
Así como del principio de confianza legitima.
3
Mediante Auto de 21 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de
la Judicatura y la Unidad de Registro Nacional de Abogados – URNA, y negó la medida provisional solicitada.

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Demandante: Sami Riaño Mazzoldi

11. Indicó que, según el certificado expedido por la Pontificia Universidad
Javeriana, el accionante culminó materias el 23 de noviembre de 2024 y obtuvo el
título de abogado el 22 de julio de 2025. En consecuencia, la licencia temporal
perdió automáticamente su vigencia al configurarse este último hecho, sin que
mediara actuación discrecional de la administración, ya que la extinción opera por
disposición de la ley.

12. Explicó que el Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia
para suplir un eventual vacío normativo o modificar por vía reglamentaria el alcance
previsto por el legislador, quien definió que la licencia temporal sólo es viable para
quienes aún no han obtenido el título profesional y que, para ejercer actividades de
representación judicial, es indispensable haber aprobado previamente el examen
de Estado.

13. Añadió que, salvo para actos de representación judicial, la tarjeta
profesional no es exigible y, por tanto, quien ya se encuentra inscrito en el Registro
Nacional de Abogados, como ocurre en el caso del señor Riaño Mazzoldi, puede
ejercer otras actividades jurídicas. Por consiguiente, solicitó negar el amparo
solicitado.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la actuación del Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA) al declarar la pérdida de vigencia de la licencia temporal del señor Sami
Riaño Mazzoldi con ocasión de la obtención de su título profesional, vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo, igualdad y libre desarrollo de la personalidad,
así como del principio de confianza legítima.

Procedibilidad de la acción de tutela

16. La presente acción de tutela resulta procedente porque (i) se dirige a
obtener la protección del derecho fundamental al trabajo, igualdad, libre desarrollo
de la personalidad, así como del principio de confianza legítima; (ii) se encuentra
acreditada la legitimación en la causa por activa y por pasiva, por cuanto el señor
Riaño Mazzoldi es titular de las garantías constitucionales que estima vulneradas y

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Demandante: Sami Riaño Mazzoldi

el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia (URNA) es la autoridad que, dejó sin efectos la vigencia
de la licencia temporal; (iii) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte
actora procurar la defensa de sus derechos de forma eficaz y eficiente; y (iv) la
acción de tutela fue presentada dentro de un plazo razonable, dado que la presunta
vulneración es una situación actual.

17. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, la Sala estudiará el
fondo de la controversia.

Análisis de vulneración alegada

18. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

19. El accionante promovió la presente acción de tutela al considerar vulnerado,
principalmente, su derecho fundamental a la igualdad, en tanto la pérdida
automática de vigencia de su licencia temporal de abogado al obtener el título
profesional lo ubica, a su juicio, en una situación de desventaja frente a quienes
cursaron el programa de derecho bajo el régimen normativo anterior. Sostuvo que
dicha circunstancia generó, de manera consecuencial, afectaciones en sus
derechos al trabajo y al libre desarrollo de su personalidad, y el principio de
confianza legítima.

20. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional4, el derecho a
la igualdad tiene un carácter relacional, lo que implica que su examen exige estudiar
si personas que se encuentran en situaciones fácticas semejantes reciben un trato
diferente sin una justificación constitucionalmente válida. En esa medida, la
verificación de una presunta vulneración no se realiza en abstracto, sino a partir de
un ejercicio comparativo entre sujetos que comparten condiciones relevantes.

21. En ese contexto, para predicar la existencia de un trato desigual
injustificado, el accionante debe identificar a otro sujeto o grupo que se encuentre
en su misma situación jurídica y que haya recibido una interpretación normativa más
favorable. Para ello, resulta indispensable que el referente de comparación
comparta las condiciones fácticas y jurídicas, entre ellas, la calidad de egresado
sometido al régimen introducido por la Ley 1905 de 2018 y la titularidad de una
licencia temporal regulada por el Decreto 196 de 1971.

22. En el presente asunto, la referencia comparativa invocada por el actor, esto
es, los estudiantes egresados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
1905 de 2018, no resulta válida, pues no se encuentran en la misma situación
jurídica. Ello, por cuanto quienes ingresaron a las facultades de derecho con
posterioridad al 28 de junio de 2018 están sometidos al mismo régimen legal, el cual

4
Sentencias C-741 de 2003 y C-138 de 2019 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Sami Riaño Mazzoldi

suprimió la expedición automática de la tarjeta profesional y condicionó su
otorgamiento a la aprobación del examen de Estado.

23. Igualmente, la Sala advierte que la interpretación adoptada por la Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) frente al marco
normativo aplicable a la licencia temporal y a la tarjeta profesional resulta válida. El
Decreto 196 de 1971, en sus artículos 315 y 326, regula la licencia temporal como
una habilitación provisional para quienes han culminado las materias del programa
académico, la cual permite ejercer la profesión hasta por 2 años, siempre que no se
haya obtenido el título de abogado.

24. Por su parte, la tarjeta profesional constituye la habilitación plena para el
ejercicio de la abogacía y, a partir de la expedición de la Ley 1905 de 2018, su
otorgamiento quedó supeditado a la aprobación del examen de Estado, de manera
que, una vez adquirido el título profesional, la continuidad en el ejercicio de la
profesión depende exclusivamente de la obtención de dicha tarjeta.

25. En el caso concreto, se advierte que el señor Sami Riaño Mazzoldi culminó
la totalidad de las materias del programa de derecho el 23 de noviembre de 2024 y
que, el 10 de junio de 2025, solicitó ante la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) la expedición de la licencia temporal,
la cual fue otorgada bajo el No. 42536 y registrada mediante Acta No. 57713.

26. Posteriormente, obtuvo el título profesional de abogado el 22 de julio de
2025 y, conforme al certificado No. 1510271, la licencia temporal perdió vigencia el
4 de agosto de 2025, en los términos previstos por el Decreto 196 de 1971.

27. De lo anterior se desprende que la accionada aplicó el régimen legal
vigente, pues (i) el actor ingresó al programa académico el 15 de julio de 2019, esto
es, en vigencia de la Ley 1905 de 2018, que supeditó la obtención de la tarjeta
profesional a la aprobación del examen de Estado; y (ii) al obtener el título
profesional, dejó de cumplir el presupuesto habilitante para mantener la licencia
temporal, cuya vigencia cesa automáticamente una vez conferido el grado. En esa
medida, la extinción de la licencia no deriva de una actuación discrecional, sino de
la consecuencia prevista por el legislador.

28. En consecuencia, esta Sala concluye que no se requiere la intervención del
juez de tutela, por cuanto en el presente caso no se evidenció vulneración de

5
Artículo 31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente
reconocida podrá ejercer la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables,
a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos: a) En la instrucción criminal y en los procesos
penales, civiles y laborales de que conozcan en primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda, los
de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero; b) De oficio, como
apoderado o defensor en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación y, c) En las actuaciones
y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía.
6
Artículo 32. Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos contemplados en el artículo anterior, el interesado
deberá obtener la respectiva licencia temporal en la cual se indicará la fecha de su caducidad. Para este efecto, elevará
solicitud al Tribunal Superior de Distrito Judicial de su domicilio, acompañada de certificación expedida por la correspondiente
Universidad, en que conste que ha cursado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07295-00
Demandante: Sami Riaño Mazzoldi

derechos fundamentales atribuible al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados (URNA).

29. Finalmente, la Sala pone de presente que, si el actor consideraba que la
Ley 1905 de 2018 o el Decreto 196 de 1971 establecen reglas que vulneran
derechos fundamentales, o que su interpretación resulta contraria a la Constitución,
debía enjuiciarlos ante la autoridad competente, pues la acción de tutela no es el
medio idóneo para controvertir la validez, el contenido o el alcance normativo del
régimen legal aplicable a la licencia temporal o a la tarjeta profesional.

Conclusión

30. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala negará la
solicitud de amparo al no advertirse vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Sami Riaño Mazzoldi, a través de la
presente acción de tutela instaurada contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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