Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07315-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07315-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07315-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07315-01
Accionante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial — confirma decisión que
declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A, de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 21 de noviembre de 20252, el a quo admitió la acción constitucional,
y mediante la providencia del 19 de enero de 2026 se concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Actuando mediante apoderada judicial, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante, la DIAN) presentó acción de tutela en contra
de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Con la solicitud de amparo pretende que se le proteja su derecho fundamental al
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificaron como accionadas a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
y se dispuso la vinculación del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, esta última entidad en virtud del artículo 610 del CGP. Además, se negó la medida
provisional solicitada, consistente en suspender los términos de que trata el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá el 3 de octubre
de 2025.
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Accionante: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, y otro
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debido proceso y el principio de seguridad jurídica.
La DIAN estimó vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión de las
providencias dictadas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 11001-3342-051-2024-00083-00/01 del 3 de
octubre de 2024 y 28 de julio de 2025, mediante las cuales en primera instancia
se accedió a las pretensiones de la demanda y, en segunda, se confirmó
parcialmente dicha decisión.
2. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
7.1. PRIMERO: Se tutele en favor de la DIAN el derecho fundamental al
debido proceso, en congruencia con el principio de seguridad jurídica,
vulnerados por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A”, por incurrir en un defecto material o sustantivo.
7.2. SEGUNDO: Se deje sin valor y efectos las decisiones proferidas por el
Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, los
días 3 de octubre de 2024 y 28 de julio de 2025, respectivamente.
7.3. TERCERO: Se ordene al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de
Bogotá que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la sentencia de la presenta acción de tutela, profiera una
nueva sentencia de primera instancia dentro del proceso con radicado
11001334205120240008300, en el que se dé aplicación a la jurisprudencia
sentada sobre la incorporación automática en carrera de los empleados de
la DIAN, en especial, la sentencia de unificación del 19 de mayo de 2016,
emitida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado3.
1.2. Hechos
3. El señor Gustavo Pineda Rodríguez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos4 que le negaron el reconocimiento de la prima
de dirección5 como factor salarial durante el tiempo que estuvo vinculado en la
entidad6.
4. Al medio de control se le asignó el número de radicado 11001-3342-051-
2024-00083-00 y le correspondió al Juzgado 51 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que, mediante la providencia del 3 de octubre de 2024
accedió a las súplicas de la demanda. Expuso que, si bien el artículo 7° del
Decreto 4050 de 2008 especificaba que la prima de dirección «no constituye
factor salarial», a través de la sentencia del 25 de mayo de 20237, la Subsección
3 Transcrito literal del escrito de tutela.
4 El Oficio 100151185-002206 del 28 de septiembre de 2023 y la Resolución N° 009080 del 30 de
octubre de 2023, ambos emitidos por la DIAN.
5 Pagada en virtud del artículo 7 ° del Decreto 4050 de 2008.
6 Del 4 de noviembre de 2008 al 30 de agosto de 2021.
7 Radicado 11001-03-25-000-2018-01634-00.
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B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de la
expresión referida.
5. En ese orden, estimó que, pese a que la DIAN hubiese argumentado que
el demandante no tenía derecho al emolumento reclamado por no desempeñar
un cargo de carrera administrativa, quedó demostrado que el actor venía
recibiendo la prima de dirección y, en todo caso, la entidad había certificado que
el señor Pineda Rodríguez estuvo vinculado a la entidad en un empleo de
carrera8
6. Inconformes, ambas partes apelaron la decisión9. En segunda instancia,
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la sentencia del 28 de julio de 2025, confirmó
parcialmente el fallo del juzgado10
7. Se destaca que la subsección demandada explicó que, a pesar de que el
señor Gustavo Pineda Rodríguez no ingresó a la DIAN por concurso de méritos,
mientras estuvo laborando en la entidad se le reconoció la calidad de un
empleado de carrera, según consta en el certificado laboral del 19 de marzo de
2024. Por ello, pudo considerarse que el demandante percibía la prima de
dirección.
1.3. Sustento de la vulneración
8. La parte actora afirmó que, al proferirse las providencias cuestionadas, las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en el defecto por desconocimiento
del precedente judicial, como pasa a exponerse.
9. En concreto, indicó que se ignoró el precedente establecido en la
sentencia de unificación del 19 de mayo de 201611, dictada por la Sección
8 En consecuencia, dispuso: declarar probada la excepción de prescripción trienal propuesta por
la DIAN, declarar la nulidad de los actos demandados, a título de restablecimiento del derecho,
condenar a la DIAN a reliquidar las prestaciones sociales del demandado, condenar a la DIAN a
reliquidar y efectuar los aportes a seguridad social en pensión debidamente indexados, y
condenar a actualizar las sumas debidas de la condena impuesta.
9 La DIAN solicitó revocar en su integridad la sentencia de primera instancia. Sostuvo que el fallo
incurrió en distintos errores jurídicos y probatorios (defecto fáctivo y sustantivo) al desconocer
que el demandante fue incorporado de manera automática y no por concurso de méritos, lo que
le impide ostentar derechos de carrera administrativa, además de que la nulidad de la expresión
“no constituye factor salarial” del Decreto 4050 de 2008 no tiene efectos retroactivos, en
consecuencia, pidió negar las pretensiones de la demanda y mantener la validez de los actos
administrativos cuestionados.
Por su parte, el demandante solicitó revocar el numeral primero de la decisión, que declaró
probada la excepción de prescripción trienal propuesta por la DIAN frente a las diferencias
prestacionales causadas con anterioridad al 19 de septiembre de 2020.
10 La decisión de segunda instancia revocó el numeral primero, revocó parcialmente el numeral
tercero, y confirmó en lo demás la parte resolutiva de la sentencia apelada.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2016, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero, rad. 05001-23-33-000-2012-00791-01.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2016, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero, rad. 05001-23-33-000-2012-00791-01.
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Segunda del Consejo de Estado, en la que se fijó que los empleados que hayan
ingresado a la DIAN por incorporación directa no pueden ser beneficiarios de la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Lo
anterior, dado que no accedieron al cargo a través de concurso de méritos.
10. En ese orden, manifestó que el señor Gustavo Pineda Rodríguez no
cumplió con el presupuesto de demostrar que accedió a la entidad como producto
de un concurso de méritos, por ello no podía ser beneficiario de la prima de
dirección. Ello, teniendo en cuenta que el artículo 7° del Decreto 4050 de 2008
estableció que la prima referida «[e]s la retribución económica que se reconoce
a los empleados públicos del sistema específico de carrera de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales».
1.4. Intervenciones
11. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca solicitó que se niegue el amparo solicitado, puesto que no
advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales de la entidad
accionante. Ello, dado que en la providencia cuestionada se acató la norma y la
jurisprudencia del Consejo de Estado aplicables al caso concreto.
12. El señor Gustavo Pineda Rodríguez sostuvo que la parte actora pretende
convertir este trámite en una instancia adicional y, en todo caso, el precedente
alegado como desconocido no le resulta aplicable al asunto objeto de la litis.
13. El Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se limitó
a remitir el expediente solicitado en el auto admisorio.
1.5. Sentencia de primera instancia
14. Mediante el fallo del 9 de diciembre de 2025, expedido por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se declaró la improcedencia de
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Para llegar a esa
conclusión, consideró que la entidad demandante busca prolongar el debate
jurídico que estudiaron los jueces naturales, como si se tratase de un recurso
ordinario. Además, acotó que la discusión se encaminó a reprochar la incidencia
económica que el fallo le generó.
1.6. Impugnación
15. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia y pidió que se
revoque para que, en su lugar, se acceda al amparo solicitado. En particular,
afirmó que el caso objeto de estudio goza de relevancia constitucional ante la
vulneración de su garantía fundamental al debido proceso y de los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima.
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16. Además, puso de presente la existencia de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se presentaron pretensiones similares a
las propuestas por el señor Pineda Rodríguez, pero el mismo tribunal
demandado, aunque una subsección diferente, negó las pretensiones del
demandante.
17. De otro lado, reiteró los argumentos presentados en el escrito inicial, los
cuales están encaminados a demostrar el presunto defecto por desconocimiento
del precedente judicial.
II. CONSIDERACIONES
18. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el requisito general de la relevancia constitucional.
2.1. Cuestión previa
19. Si bien la DIAN cuestionó tanto la sentencia de primera como la de
segunda instancia, la Sección se limitará a realizar el estudio del fallo del tribunal,
por haber sido la providencia que zanjó el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-3342-051-2024-00083-00/01.
2.2. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
20. El Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales14 y a la configuración de algún
defecto especial15 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
14 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
21. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
22. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
23. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
24. La Sala advierte que la DIAN está legitimada en la causa por activa porque
integró la parte demandada dentro del proceso en el que se dictó la providencia
que se reprocha mediante esta vía. A su vez, se evidencia que la Subsección A
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está
legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la decisión cuestionada a
través del presente trámite.
25. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional16, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
26. En este caso, a juicio de la parte tutelante, al proferirse la providencia del
28 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en el defecto por desconocimiento del
precedente judicial.
27. En concreto, sostuvo que se ignoró lo establecido en la sentencia de
16 Sentencia SU-215 de 2022.
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unificación del 19 de mayo de 2016 dictada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en la cual se fijó que los empleados que se hayan vinculado a la DIAN
por incorporación directa no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada. Lo anterior, por no haber
accedido al cargo a través de concurso de méritos.
28. En ese orden, indicó que la subsección demandada se equivocó al concluir
que el señor Gustavo Pineda Rodríguez tenía derecho a que se le reconociera la
prima de dirección como factor salarial.
29. Al igual que el a quo, la Sala considera que la solicitud de amparo no
supera el requisito de la relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte
actora pretende reabrir un debate ya zanjado por los jueces naturales de la causa,
sin que medie una justificación encaminada a evidenciar la presunta transgresión
de sus garantías constitucionales.
30. Resulta oportuno destacar que, en el fallo del 28 de julio de 2025, el
tribunal accionado concluyó que la sentencia de unificación del 19 de mayo de
2016 no resultaba aplicable al caso concreto, por las siguientes razones:
Anterior precedente respecto del cual la Sala considera oportuno resaltar que
más allá de la diferencia entre la prestación abordada en ese proceso (prima
técnica) y la analizada en el sub examine (prima de dirección), o que la
incorporación automática del demandante no fue producto del Decreto 2117
de 1992, como en ese proceso, sino de otro decreto; lo determinante a
considerar para el presente asunto es que, en ese caso analizado por el
Consejo de Estado, la parte demandante buscaba era el reconocimiento de
la prima técnica, mas no el carácter salarial de la misma, como así acontece
en el sub lite, toda vez que está claro que en el presente asunto al
demandante sí le fue reconocido ese emolumento por la DIAN, al punto de
resultar claro que, inclusive, lo percibe desde el momento mismo de
expedición del Decreto 4050 de 2008 o, incluso, antes26.
Por estos motivos, la Sala considera que en el presente asunto se está en
presencia de un elemento diferenciador y de suma importancia a considerar
respecto de la comentada sentencia de unificación y es que al serle
reconocida al demandante por la DIAN la prima de dirección, se está ante la
presencia de un acto administrativo o una situación jurídica que, bajo el
amparo de la presunción de legalidad y la confianza legítima, no es factible
que puedan ser desconocidos por las autoridades, puesto que si los reparos
de la entidad demandada están dirigidos a cuestionar el mismo
reconocimiento de esta prestación, cabe resaltar que este proceso no es el
escenario para ese debate, en tanto deberá adelantar las actuaciones
administrativas y/o judiciales que considere pertinentes para esos efectos.
31. Así las cosas, esta colegiatura evidencia la falta de relevancia
constitucional del asunto sub examine. Ello, puesto que los reproches planteados
por el actor reflejan una mera inconformidad con lo decidido por la subsección
accionada, por haber considerado que el reconocimiento de la prima de dirección
no era el objeto de la litis, sino que el debate estaba encaminado a comprobar si
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debía reconocérsele como factor salarial la prima referida, la cual se le pagó al
demandante mientras fue empleado de la DIAN.
32. De hecho, se observa que la parte demandante insistió en la aplicación de
la referida sentencia de unificación tanto en el recurso de apelación contra el fallo
de primera instancia del proceso ordinario como en la impugnación de la decisión
del a quo constitucional, con el fin de que se aplique dicho precedente con base
en el criterio que la entidad plantea.
33. En ese orden, se advierte que más allá de proponerse una discusión que
dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional, en realidad,
la accionante pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional.
34. De ahí que el asunto de la referencia no permite entrever que la
controversia gire en torno al alcance, contenido o goce de una garantía
iusfundamental, pues se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio.
35. Finalmente, la Sala advierte que en el escrito de impugnación la DIAN
sostuvo que el Tribunal accionado desconoció un fallo dictado dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se debatieron
pretensiones similares a las formuladas por el señor Pineda Rodríguez. En ese
caso, el mismo Tribunal —aunque a través de una subsección distinta— negó las
pretensiones de la demanda.
36. Al respecto, al tratrarse de un cargo nuevo que fue propuesto en la
impugnación, este no será estudiado por la Sala, comoquiera que ello no hizo
parte de la solicitud de tutela, por lo que los accionados y el a quo no han tenido
oportunidad de pronunciarse frente al mismo.
2.3. Conclusión
37. Así las cosas, la Sala confirmará el fallo del 9 de diciembre de 2025 dictado
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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