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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07318-00

Fecha
15 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07318-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), respecto de los defectos sustantivo y fáctico, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela respecto de los demás defectos analizados. 10 Aplicable al caso en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 306 del CPACA. 11 No sobra señalar que si bien ante la falta de sustentación del recurso sería del caso rechazar el mismo, la postura asumida por el Tribunal accionado no vulneró de forma alguna los derechos de las partes. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-07318-00 Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07318-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

15 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, DC, quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07318-00
Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro1

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Estabilidad reforzada por enfermedad. Defectos
sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental y decisión sin
motivación.
Decisión: Declara improcedente y niega amparo de la acción de tutela

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) contra el Tribunal Administrativo de La
Guajira y el Juzgado 4 Administrativo de Riohacha.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 19 de noviembre de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), por intermedio de apoderado judicial, presentó una acción de tutela por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad
por parte del Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado 4 Administrativo de
Riohacha, A título de amparo constitucional, solicitó que se dejara sin efectos la
Sentencia de 30 de julio de 20252, Rad. 44001-33-40-003-2019-00063-01, del
Tribunal y que se ordenara emitir una decisión de remplazo.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud, expuso que, entre 2013 y
2017, Edelmiro Antonio Gnecco Moscote prestó sus servicios al ICBF – Regional La
Guajira, mediante diversos contratos de prestación de servicios.

3. El 11 de marzo de 2016, el señor Gnecco Moscote fue diagnosticado con
epilepsia, situación que afirmó haber comunicado verbalmente a sus superiores
jerárquicos, en particular, a la coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica y a la
directora regional del ICBF.

1
El Juzgado 4 Administrativo de Riohacha.
2
La sentencia fue notificada el 9 de septiembre de 2025.

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Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

4. Posteriormente, el 25 de enero de 2017, formalizó dicha comunicación
mediante escrito dirigido a la directora regional del ICBF.

5. Luego, la entidad decidió no renovar el Contrato de prestación de servicios
núm. 344 de 2016 y, ante dicha situación, el contratista promovió una acción de
tutela en marzo de 2017. Dicha solicitud de amparo fue negada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira, tras considerar que no se
acreditó la comunicación oportuna de la condición médica.

6. Como resultado del incidente de desacato derivado de esa tutela (pues en
primera instancia el amparo había sido concedido), el ICBF suscribió con el actor el
Contrato núm. 150 de 2017, con una duración de 3 meses.

7. El 18 de octubre de 2018, el señor Gnecco Moscote solicitó la renovación
contractual, el reconocimiento de estabilidad laboral reforzada y el pago de
honorarios dejados de percibir. La entidad respondió negativamente, mediante
Oficio S-2018-664802-4400 del 9 de noviembre de 2018.

8. Contra la mencionada respuesta, el señor Gnecco Moscote presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

9. Dicho proceso correspondió al Juzgado 4 Administrativo de Riohacha, el
cual profirió Sentencia el 20 de septiembre de 20243. En ella, entre otros, se declaró
la nulidad del acto acusado y ordenó, como restablecimiento del derecho, celebrar
un contrato de prestación de servicios con el demandante por un término
equivalente al del Contrato núm. 344 de 2016, con iguales o mejores condiciones,
y mantener el vínculo mientras no mediara autorización del Ministerio del Trabajo
para su terminación.

10. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante Sentencia del 30 de julio
de 2025, confirmó íntegramente la decisión de primera instancia. Para ello, el
Tribunal analizó los requisitos legales del recurso de apelación, entre ellos, el de
sustentación y, a partir de dicho análisis, concluyó que el escrito presentado por el
ICBF no cumplió con aquella exigencia, comoquiera que no se presentaron reparos
concretos ni cuestionó la decisión del juez de primera instancia. Asimismo, señaló
que la falta de congruencia del recurso generó que la apelación fuera fallida, razón
por la cual se confirmó la sentencia del juzgado.

11. Como fundamento de la vulneración, la autoridad accionante sostuvo que
las autoridades judiciales vulneraron los derechos al debido proceso e igualdad «al
desconocer normas especiales y precedentes vinculantes sobre la naturaleza
jurídica de los contratos de prestación de servicios regulados por la ley 80 de 1993».

12. Alegó la configuración de un defecto sustantivo por indebida aplicación
normativa al caso concreto, al reconocer una estabilidad laboral reforzada dentro de
un vínculo contractual (contrato de prestación de servicios). Afirmó que ello

3
Rad. 44001-33-40-003-2019-00063-00.

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desconoció el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que exige la existencia de una
relación laboral para la procedencia de dicha garantía.

13. Señaló que el Tribunal Administrativo de La Guajira revocó la sentencia de
tutela de primera instancia proferida por el Juzgado 2 Administrativo de Riohacha,
que había amparado sus derechos fundamentales y ordenado la suscripción de un
nuevo contrato, argumentando que el ICBF carecía de conocimiento sobre su
enfermedad durante la ejecución contractual, aspecto que, a juicio de la autoridad
accionante, el juez ordinario desconoció.

14. Sostuvo que también se configuró un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria del correo electrónico del 25 de enero de 2017 mediante el cual informó
su condición médica. Indicó que esta prueba demuestra que el ICBF no tuvo
conocimiento de su patología antes de la finalización del Contrato núm. 124 de
2016, que culminó el 31 de diciembre de ese mismo año.

15. Añadió que el juez de primera instancia sustentó su decisión en testimonios
indirectos de funcionarios del ICBF, quienes manifestaron no haber recibido una
comunicación formal previa sobre su condición de salud.

16. Afirmó que no era procedente aplicar la figura de estabilidad laboral
reforzada por razones de salud, dado que la jurisprudencia constitucional ha
establecido que su reconocimiento exige que (i) el trabajador padezca una condición
que lo ubique en situación de debilidad manifiesta; (ii) el empleador tenga
conocimiento previo de dicha condición; y (iii) exista un nexo causal entre la
terminación del vínculo y la afectación médica.

17. Igualmente, expuso que se configuraron los defectos orgánico y
procedimental, en tanto el Tribunal Administrativo de La Guajira desestimó el
recurso de apelación interpuesto por el ICBF por supuesta falta de congruencia,
pese a que en dicho medio de impugnación se formularon reparos directos sobre la
naturaleza del vínculo contractual, la existencia de subordinación, la ausencia de
prueba respecto del conocimiento previo de la enfermedad, la improcedencia de
exigir autorización del Ministerio del Trabajo y la inexistencia de un acto
discriminatorio. Todo ello generó que se la sentencia del tribunal careciera de
motivación suficiente y contrariara lo que dispone el artículo 328 de CGP 4.

18. Indicó que, conforme a la Sentencia T-416 de 2016, la Corte Constitucional
ha reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando la decisión carece de motivación suficiente, circunstancia que se
presentó en el asunto examinado.

4
«[…] La parte demandada, al presentar su recurso, individualizó y argumentó de manera clara y precisa cada uno de los
puntos de la providencia de primera instancia que considera errados, exponiendo las razones fácticas y jurídicas por las
cuales la decisión debe ser revocada o modificada. Estos argumentos constituyen, sin lugar a dudas, los "motivos de
inconformidad" que la ley exige. Se demostró que la sentencia incurrió en errónea interpretación normativa y fáctica, lo cual
estructura la inconformidad del extremo tutelante.
Por su parte, el artículo 328 del CGP establece que el objeto del recurso de apelación es que el superior examine la cuestión
decidida, pero "únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante". El recurso de la parte
demandada no se limitó a una simple manifestación de desacuerdo genérico con el fallo. Por el contrario, se estructuró sobre
"reparos concretos" que atacan puntos específicos de la sentencia […]»

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Intervenciones5

19. El Juzgado 4 Administrativo de Riohacha señaló que la demanda fue
presentada inicialmente ante la jurisdicción laboral y asignada al Juzgado 1 Laboral
del Circuito de Riohacha, el 15 de noviembre de 2018. Posteriormente, el 13 de
febrero de 2019, dicho despacho remitió el proceso a los juzgados administrativos
de Riohacha por razón de competencia. Por reparto, correspondió al Juzgado 3
Administrativo de Riohacha, bajo el radicado No. 44001-33-40-003-2019-00063-00,
el cual avocó conocimiento, ordenó la adecuación de la demanda, la admitió y corrió
traslado para contestación. Con ocasión de una redistribución interna, el expediente
fue asignado al Juzgado 4 Administrativo de Riohacha.

20. Señaló que la Sentencia de 20 de septiembre de 2024 se fundó en que el
señor Gnecco Moscote es un sujeto de especial protección constitucional debido a
su condición médica, sobre la cual la entidad demandada tuvo conocimiento antes
de la finalización del contrato. En consecuencia, consideró que resultaba exigible la
autorización del Ministerio del Trabajo para dar por terminado el vínculo. Para
sustentar su decisión, el juzgado aplicó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las
Sentencias SU-049 de 2017, SU-380 de 2021 y T-148 de 2021 de la Corte
Constitucional.

21. Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, comoquiera que el
escrito de tutela y los argumentos expuestos en la apelación no contenían un
reproche jurídico adecuado frente a la decisión adoptada por ese despacho, sino
que buscaban controvertir las decisiones judiciales bajo la apariencia de cumplir los
requisitos excepcionales de procedencia del amparo, con el único propósito de
obtener un beneficio personal a través de una tercera instancia.

22. Afirmó que la providencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho y
que los planteamientos de la autoridad accionante, tanto en la apelación como en
la acción de tutela, se limitaron a reiterar la inexistencia de una relación laboral,
generando una falsa incertidumbre respecto de la valoración probatoria, como si en
las sentencias se hubiese reconocido dicha relación. Añadió que, por el contrario,
las decisiones de primera y segunda instancia efectuaron un análisis riguroso del
contrato de prestación de servicios celebrado con un sujeto de especial protección
constitucional.

23. El Tribunal Administrativo de La Guajira indicó que no es cierto que, al
expedir la providencia del 30 de julio de 2025, se hayan vulnerado los derechos
fundamentales de la entidad accionante ni que se hubiese incurrido en los defectos
alegados. Señaló que la decisión se fundamentó en los postulados normativos y
jurisprudenciales aplicables al caso. Expuso que los cuestionamientos formulados
por la entidad carecen de sustento y corresponden, en realidad, a un intento de

5
Mediante Auto del 21 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al
Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado 4 Administrativo de Riohacha, así como a Edelmiro Antonio Gnecco
Moscote, como tercero interesado.

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reabrir el debate propio de la primera instancia, en la cual el Tribunal advirtió que el
recurso presentado resultaba incongruente y, por ende, improcedente frente al
alcance del debate fijado procesalmente.

24. En cuanto al supuesto defecto procedimental, precisó que tampoco se
configura. Señaló que la entidad accionante incurrió en un error al afirmar que su
recurso de apelación sí controvertía aspectos relacionados con la naturaleza del
vínculo contractual y la existencia de subordinación. Indicó que tales materias
corresponden al debate propio de los procesos orientados a obtener la declaratoria
de una relación laboral, circunstancia que no fue objeto de análisis en el asunto
examinado.

25. Edelmiro Antonio Gnecco Moscote, a través de apoderado judicial, señaló
que se debe declarar improcedente la acción de tutela y se niegue el amparo.
Precisó que las pretensiones de la demanda no estuvieron encaminadas a la
declaratoria de una relación laboral.

26. Indicó que el recurso de apelación presentado por el ICBF incluyó
afirmaciones relativas a la supuesta declaración de existencia de un contrato
realidad, el pago de prestaciones sociales, el reconocimiento del elemento de
subordinación laboral y el otorgamiento de emolumentos propios de una relación
laboral, legal o reglamentaria, entre otros planteamientos ajenos a la realidad
procesal. Sostuvo que tales aseveraciones evidenciaban ser una transcripción
mecánica de escritos utilizados en otros procesos relacionados con la declaratoria
de contrato realidad, sin correspondencia con los hechos materiales del caso.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si
el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Juzgado 4 Administrativo de Riohacha
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del ICBF, con
ocasión de la presunta configuración de los defectos (i) sustantivo por indebida
aplicación de la Ley 361 de 1997; (ii) fáctico por la indebida valoración de la
sentencia que revocó la decisión de tutela que ordenó la suscripción de un contrato
para el año 2017, los testimonios y el mail que daba cuenta de la fecha de
comunicación formal sobre la enfermedad del señor Gnecco Moscote; y/o (iii)
orgánico, procedimental y decisión sin motivación por desestimar el recurso de

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apelación contra la sentencia de primera instancia por no satisfacer el requisito de
argumentación.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto de los
reparos relativos a los defectos sustantivo y fáctico, en la medida en que no se
satisfizo el requisito de subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse:

30. Revisado el escrito de apelación presentado contra la Sentencia de 20 de
septiembre de 2024 del Juzgado 4 Administrativo de Riohacha, de cara a aquella
providencia, se advierte que los argumentos en torno a la indebida aplicación de
normas y valoración probatoria de documentos y testimonios no fue puesta de
presente por la hoy autoridad accionante.

31. En efecto, mientras la aludida sentencia proferida por el juzgado centró su
análisis en la oportunidad de comunicación por parte del contratista sobre su
padecimiento de salud, luego de haber reconocido expresamente que se trataba de
una relación contractual, el recurso de apelación centró sus argumentos en la no
estructuración de los elementos propios de una relación laboral encubierta a través
de sucesivos contratos de prestación de servicios y la consecuencial improcedencia
de reconocimiento y pago de emolumentos prestacionales propios de una relación
laboral.

32. Al respecto, puede citarse de la Sentencia de 20 de septiembre de 2024 del
Juzgado 4 Administrativo de Riohacha lo siguiente:

«Conforme al material probatorio obrante en autos, se encuentra demostrado que
el actor prestó sus servicios de manera personal a la entidad demandada mediante
la suscripción de variados contratos de prestación de servicio, por los cuales
recibió contraprestación económica por las actividades y labores contratadas según
el plazo de ejecución, ejerciendo de manera autónoma y técnica lo
encomendado como enlace regional de niñez y adolescencia. Lo anterior,
conforme a los contratos de prestación de servicios (Fl. 29-68;70-89 y 176-183) y el
certificado de disponibilidad presupuestal (Fl. 69) que obran en el plenario, los
cuales dan fe de que el actor tenía un vínculo contractual con la entidad.» [Negrilla
fuera del texto original]

33. En ese orden, puede evidenciarse que la naturaleza de la vinculación del
señor Gnecco Moscote no fue objeto de discusión.

34. Por su parte, del recurso de apelación, debe destacarse lo siguiente:

«Señalada la ley anterior que regula los contratos estatales en este caso el de
prestación de servicios, se encuentra que el mismo es de carácter civil y no laboral, por
lo tanto el supuesto “acto administrativo” demandado suscrito por el Director Regional
de la Guajira, mediante el cual se negó lo solicitado por el demandante, relativo al
pago de prestaciones sociales en vista de la terminación del contrato de
prestación de servicios, no está viciado por ninguna de las causales previstas en el
artículo 137 del CPACA (equivalente al art. 84 del C.C.A.), debido a que fue expedido
conforme a la realidad que gobernó a las partes y a los postulados establecidos en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

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El señor EDELMIRO ANTONIO GNECCO MOSCOTE se vinculó mediante contratos
de prestación de servicios con el ICBF, de manera voluntaria, aceptando las
condiciones allí establecidas y con el pleno conocimiento de que tal vinculación no
genera vínculo laboral según el numeral 3º de los contratos de prestación de
servicios, mediante el cual se compromete a cumplir con el objeto del contrato con
plena autonomía técnica y administrativa y bajo su responsabilidad, motivo por el cual
el ICBF no puede reconocer derechos salariales y prestacionales propios de una
relación laboral cuando la vinculación de del actor fue mediante contratos de
prestación de servicios regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, norma que
establece que este tipo de contratación no genera derechos de esa clase, más aún
cuando dichos contratos no han sido impugnados en su legalidad.» [Negrilla fuera del
texto original]

35. En ese orden de ideas, se tiene entonces que la defensa del ICBF centró
sus reparos en un aspecto diferente al objeto del litigio, dejando así de lado
argumentos concretos y directos en lo relativo a (i) la aplicación de las reglas de
reintegración laboral de la Ley 361 de 1997 y (ii) la valoración de las pruebas
documentales y testimoniales sobre la oportunidad y/o momento en el que se hizo
la comunicación del estado de salud del señor Gnecco Moscote a la entidad
contratante. Aspectos que si bien mencionó, no desarrolló en debida forma de cara
al contenido y fundamento de la decisión del juzgado.

36. Así las cosas, la acción de tutela no está concebida como un mecanismo
para reabrir controversias que debieron ventilarse en sede judicial ordinaria, ni como
una vía para corregir errores u omisiones imputables a las partes. Dada su
naturaleza excepcional y su finalidad específica, esto es, la protección inmediata de
derechos fundamentales, su procedencia está sujeta al cumplimiento estricto de
requisitos como el principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollado en el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991.

37. La tutela, por su carácter excepcional, no puede ser empleada como una
instancia sustitutiva de los medios judiciales ordinarios ni como una herramienta
para enmendar omisiones procesales atribuibles a las partes. Por ello, al no
cumplirse los requisitos de procedencia exigidos por la Constitución y la ley, la Sala
se ve en la obligación de declarar su improcedencia al advertirse que no se satisfizo
con el requisito de subsidiariedad.

38. Ahora bien, respecto los defectos orgánico, procedimental y decisión sin
motivación, debe decirse lo siguiente: (1) el asunto en discusión posee relevancia
constitucional, pues se centró en la posible vulneración a los derechos al debido
proceso e igualdad, no se trata de un asunto de mera legalidad o eminentemente
económico y los reparos fueron dirigidos concretamente contra la decisión de
segundo grado en el marco del proceso ordinario; (2) se encontró satisfecha la
legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, puesto que el ICBF participó
como demandado en el proceso No. 44-001-33-40-003-2019-00063-00/01 y la
decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira; (3) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora
agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la defensa de sus
derechos; (4) la acción de tutela fue presentada el 19 de noviembre de 2025, esto

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fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia6;
(5) se trata de una irregularidad procesal que potencialmente puede tener incidencia
en la decisión del juez ordinario; (6) los hechos y fundamentos en los que se basó
la presunta vulneración de derechos fueron identificados de manera razonable; y (7)
la tutela no fe interpuesta contra una providencia de la misma naturaleza.

39. Por lo anterior, se procederá a estudiar de fondo el reparo relativo a la
indebida desestimación el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por no
satisfacer el requisito de argumentación

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

40. La Sala negará el amparo solicitado respecto de los defectos orgánico,
procedimental y decisión sin motivación, con fundamento en las consideraciones
que se exponen a continuación:

41. Para examinar este planteamiento, es necesario revisar los fundamentos de
la sentencia cuestionada. En su providencia, el Tribunal indicó que, tras analizar el
recurso de apelación presentado por el ICBF, el escrito no guardaba congruencia
con lo decidido en primera instancia. Ello porque la apoderada del ICBF cuestionó
la existencia de una relación laboral, aspecto que no podía predicarse al no
cumplirse los supuestos exigidos por la jurisprudencia, mientras que el Juzgado 4
Administrativo de Riohacha fundamentó su decisión en el examen de la estabilidad
reforzada de Edelmiro Antonio Gnecco Moscote y la aplicación de la Ley 361 de
19977. Al respecto el Tribunal indicó lo siguiente:

«En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos tendientes a
desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera instancia, impide un
reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte de la segunda instancia, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley,
situación que no ocurre en el presente caso, pues no se configura ningún vicio
protuberante que afecte la legalidad de la decisión objeto de apelación y que le imponga
a la sala el deber de pronunciarse de oficio por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el
sub lite, la parte impugnante se refiere en su recurso a unos fundamentos y
consideraciones diferentes de los adoptados por el a quo para conceder las
pretensiones de la demanda».

42. Asimismo, conviene precisar que, si bien en la demanda se formuló como
pretensión principal la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre el
ICBF y el señor Gnecco Moscote, de manera subsidiaria se solicitó que se
reconociera que su condición de salud fue informada el 25 de enero de 2017, y, en
virtud de ello, el Juzgado 4 Administrativo de Riohacha ordenó, entre otros, celebrar
un contrato de prestación de servicios por un período equivalente al del Contrato
núm. 344 de 2016, cuya terminación solo podría efectuarse previa autorización del
Ministerio del Trabajo, todo ello luego de señalar expresamente que la vinculación
del entonces demandante fue de naturaleza contractual.

6
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 9 de septiembre de 2025
7
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

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43. En ese orden de ideas, tal y como se puso de presente en el acápite
anterior, la falta de congruencia entre los argumentos del recurso de apelación y los
fundamentos de la decisión judicial de primera instancia, devino en que se
confirmara esta última.

44. Sobre el particular, es preciso señalar que no son de recibo los argumentos
de la hoy accionante en cuanto a que el escrito de apelación cuestionó (i) la
naturaleza del vínculo contractual, (ii) la estabilidad laboral reforzada, (iii) el
conocimiento de la enfermedad, (iv) la sustitución por otro contratista, (v) la
subordinación, (vi) la falta de autorización del Ministerio de Trabajo y el Trato
discriminatorio, pues de la revisión de dicho memorial, logró advertiste que, en
efecto, el ICBF discutió la naturaleza de la vinculación8 y la prueba de la
subordinación9.

45. Si bien es cierto, el recurso de apelación contiene un acápite en el que
anuncian argumentos sobre «la suscripción de un nuevo contrato de prestación de
servicios profesionales con el ICBF, el reconocimiento y pago de la indemnización
prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997», también lo es que en el mismo se
desarrolló lo relativo a (i) la naturaleza del contrato de prestación de servicios No.
150 de 2017, (ii) el contenido de la cláusula 7 de dicho contrato – plazo de ejecución;
y (iii) la terminación del vinculación contractual como consecuencia de la finalización
del plazo pactado.

8
«En el presente caso hay que partir de la base de que el demandante pretende que se le reconozca la existencia de un
contrato laboral y el pago de las prestaciones sociales que, según su dicho, se desprenderían de dicho reconocimiento;
relación laboral proveniente de un par de contratos de prestación de servicios, porque considera que en su ejecución se dieron
los presupuestos del contrato laboral. Sobre esa base, el análisis debe tener varios componentes: primero el del análisis
fáctico y segundo el análisis en derecho de la existencia de una relación laboral.
PRIMERO, ANÁLISIS FÁCTICO. Teniendo presente los fundamentos de la solicitud consistentes en la primacía de la realidad
sobre las formas, la actividad laboral permanente e imprescriptibilidad de los derechos laborales de los contratos realidad, y
de las pruebas aportadas con la demanda, se determina que estas no cuentan con el suficiente rigor que le de soporte y
validez a las consideraciones de del actor, ya que no se evidencia cómo se estructuraron los requisitos del contrato laboral y
contrario sensu se establece que no existe argumento que permita concluir que los contratos celebrados entre el señor
EDELMIRO ANTONIO GNECCO MOSCOTE con el ICBF, no es otro que el de prestación de servicios profesionales.
SEGUNDO, ANÁLISIS JURÍDICO. Los fundamentos de derecho para desvirtuar la existencia de una relación laboral, de
conformidad con lo expresado por la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa. Sobre esa base, un aspecto
que no se debe perder de vista es que se debe probar la existencia de los elementos esenciales de un contrato de trabajo.
[…]
Así las cosas, se concluye que, para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos
referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de
subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de esta manera, que las
actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes
contractuales.»
9
«Ahora bien, el demandante argumenta la imposición de cumplir horario por parte del ICBF - Regional Guajira. Pero,
siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte, el cumplimiento de un horario por sí solo no es suficiente para configurar la
subordinación, y así lo ha dicho en varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia.
[…]
Ahora bien, es necesario aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista que implica
que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual
incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar
informes sobre sus resultados, no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.
[…]
Sobre el tema del horario, es preciso aclarar que la permanencia en el lugar del trabajo del demandante EDELMIRO ANTONIO
GNECCO MOSCOTE se da en función de atender la labor pactada en los contratos de prestación de servicios suscritos con
el ICBF.
Por lo anterior, la actividad que desempeñaba el demandante no podía ser desarrollada por fuera de la entidad a la que
laboraba, en relación a la naturaleza del contrato de prestación de servicios, y lo que produce es una función de coordinación
entre el contratante y el contratista, en atención al desarrollo del objeto del contrato y el cumplimiento de sus obligaciones
específicas.
[…]
Ya frente al caso concreto, es necesario aclarar que el demandante EDELMIRO ANTONIO GNECCO MOSCOTE, no aporta
pruebas o evidencias de lo que afirma en la demanda sobre la subordinación.»

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07318-00
Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

46. El artículo 247 del CPACA establece como requisito para el trámite del
recurso de apelación contra sentencias que éste sea debidamente sustentado ante
la autoridad judicial que profirió la providencia.

47. Tratándose del contenido y alcance de esta sustentación, los 2 incisos
finales del artículo 322 del CGP10 señalan que el recurrente deberá manifestar las
razones de su inconformidad con la providencia apelada, precisando los reparos
concretos que tiene contra la sentencia recurrida. En concordancia, el artículo 320
ejusdem dispone que este tipo de recurso tiene como fin que el superior examine la
cuestión decidida «únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante».

48. De las precitadas disposiciones se colige que no basta con que el apelante
manifieste su oposición a la providencia, sino que le es exigible que especifique los
reproches contra el auto de que se trate encaminados a desvirtuar tanto las
consideraciones del a quo como la decisión proferida.

49. Lo anterior se traduce en el deber de suplir la carga argumentativa que
recae sobre el recurrente, cuyo incumplimiento impide al ad quem estudiar de fondo
el asunto en razón a la falta de elementos de juicio que le permitan delimitar la
controversia en la segunda instancia.

50. Descendiendo al caso concreto, comoquiera que dicha carga no se satisfizo
resulta razonable la postura asumida por el Tribunal Administrativo de La Guajira
frente a la desestimación del recurso y decisión confirmatoria de la providencia de
primera instancia. En consecuencia, no se advierte que se hayan configurado los
reparos alegados por la parte actora. En otras palabras, al no hacerse en segunda
instancia una revisión de la sentencia de primer grado por no encontrarse
debidamente sustentado el recurso, la consecuencia lógica era que quedara en
firme aquella decisión del juzgado11, razón por la cual no se incurrió en irregularidad
alguna que vulnere los derechos fundamentales de la autoridad accionante.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), respecto de los defectos
sustantivo y fáctico, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela respecto de los demás defectos analizados.

10
Aplicable al caso en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 306 del CPACA.
11
No sobra señalar que si bien ante la falta de sustentación del recurso sería del caso rechazar el mismo, la postura asumida
por el Tribunal accionado no vulneró de forma alguna los derechos de las partes.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07318-00
Demandante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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