Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07318-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07318-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07318-01
Accionante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial —revoca parcialmente –
Declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 15 de enero del 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
Por auto del 21 de noviembre del 20252, el a quo admitió la acción constitucional
y mediante providencia del 30 de enero del 20263 se concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 19 de noviembre del 20254, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (en adelante, ICBF) instauró acción de tutela en contra del Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha y del Tribunal
Administrativo de La Guajira. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de las sentencias proferidas el 20 de septiembre del 2024 y el 30 de julio
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se tuvo como accionante al ICBF y como
accionado al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha y al Tribunal
Administrativo de La Guajira y se dispuso la vinculación del señor Edelmiro Antonio Gnecco Moscote como
tercero interesado. Adicionalmente, se negó solicitud de medida provisional.
3 Índice 22 Samai.
4 Índice 3 Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
del 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, respectivamente. Mediante
dichas decisiones se concedieron las pretensiones incoadas por el demandante
Edelmiro Antonio Gnecco Moscote en contra del ICBF en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 44-001-33-40-003-2019-
00063-00/01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1.° Que se conceda la tutela como mecanismo principal y de forma definitiva,
para que (i) se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad del ICBF, vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Riohacha y el Tribunal Contencioso Administrativo de La
Guajira, este último como autor de la Sentencia de segunda instancia,
proferida dentro del proceso con radicado No. 44-001-33-40-003-2019-
00063-01 del treinta (30) de julio de dos mil veinticinco (2025), (ii) se declare
sin efecto la sentencia de segunda instancia, proferida dentro del proceso
con radicado . 44-001-33-40-003-2019-00063-01, en la cual se condenó al
ICBF al pago de acreencias laborales del demandante EDELMIRO
ANTONIO GNECCO MOSCOTE.
2.° Que, en consecuencia, se ordenen las medidas necesarias para la
garantía y protección de los derechos fundamentales del ICBF, entre otras,
se ordene a la autoridad judicial accionada que admita el recurso de
apelación interpuesto por la Entidad en contra de la sentencia de primera
instancia y profiera una nueva decisión conforme al acervo probatorio
obrante dentro del proceso y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado en este tipo de asuntos5.
1.2. Hechos
4. El señor Edelmiro Antonio Gnecco Moscote radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del ICBF. Esto, con ocasión a que no se
le renovó el contrato de prestación de servicios que tenía, luego de haberle
informado a la entidad que padecía epilepsia y, por el contrario, contrató a otra
persona para ejercer funciones similares a las que él desempeñaba. El
demandante solicitó la renovación del contrato, el pago de los honorarios dejados
de percibir y el reconocimiento de estabilidad laboral reforzada, la cual se le negó
mediante acto administrativo.
5. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Riohacha, mediante sentencia del 20 de septiembre del 2024 ordenó
al ICBF celebrar contrato de prestación de servicios por un tiempo igual al anterior
contrato que suscribió, con las mismas o mejores condiciones, que se mantenga
el vínculo contractual hasta tanto no medie autorización del Ministerio de Trabajo
para su justa terminación y que se le pagaran los honorarios dejados de percibir,
así como la indemnización respectiva.
6. Esta decisión fue apelada por el ICBF. El Tribunal Administrativo de La
Guajira, en sentencia del 30 de julio del 2025, confirmó la decisión del a-quo, al
5 Transcripción del escrito de tutela que puede contener errores. Negrillas incluidas.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
considerar que el recurso presentado no era congruente dado que no se
presentaron reproches contra los argumentos que llevaron al juez a adoptar tal
determinación y que, incluso, el escrito cuestiona la inexistencia de los
presupuestos del contrato laboral, aspectos que no se debatieron en la sentencia
de primera instancia, pues, versó sobre la celebración de un contrato de
prestación de servicios.
1.3. Sustento de la vulneración
7. En términos generales, el accionante indicó que la decisión tomada por el
Tribunal de confirmar la sentencia de primera instancia es errada, en tanto no se
hizo un análisis de todos los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
al indicar que el recurso no era congruente con los argumentos de la providencia
del a-quo, a pesar de que se expresaron las razones por las que debían negarse
las pretensiones del actor, en tanto no goza de estabilidad laboral reforzada por
tratarse de un contrato de prestación de servicios y haber conocido su diagnóstico
de salud de manera posterior a la terminación del vínculo contractual.
8. En cuanto a los defectos específicos, la parte actora los expuso así:
(i) Defecto sustantivo. El Juzgado reconoció al demandante la estabilidad
laboral reforzada propia de un contrato laboral, a pesar de que su
vinculación era como contratista, por lo que se aplicó erróneamente el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que exige la existencia de una
relación laboral subordinada.
El Tribunal incurrió en el mismo defecto al confirmar la sentencia de
primera instancia indicando que no se cumplió con la congruencia del
recurso de apelación, ya que ello no permitió la discusión sobre los
argumentos del a-quo, lo que impidió que se estudiaran las siguientes
pruebas: «contratos 2013–2017; correo del 25/01/2017; testimonios de
coordinadora jurídica y del director regional; acción de tutela y fallo de
segunda instancia; derecho de petición y respuesta; contrato de
reemplazo de Jaime Murgas y la historia clínica y diagnóstico del
demandante».
(ii) Defecto fáctico por «omisión y valoración irrazonable de la prueba». El
Juzgado no valoró adecuadamente el «correo electrónico enviado por
el demandante el 25 de enero de 2017, en el cual informa su condición
médica», que demuestra que el ICBF no tuvo conocimiento de la
patología del contratista antes de la finalización del contrato de
prestación de servicios. Señaló que, en lugar de valorar esta prueba
directa, basó su decisión en testimonios indirectos del ICBF, quienes
afirmaron no haber recibido una comunicación formal previa, sino
verbal, lo que constituye una valoración parcial y selectiva del acervo
probatorio.
Agregó que se desconoció que el Juzgado Segundo Administrativo de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
Riohacha, en sede de tutela, había amparado los derechos
fundamentales del señor Edelmiro Antonio Gnecco Moscote, ordenado
la suscripción de un nuevo contrato, pero que el Tribunal Administrativo
de La Guajira revocó el fallo de tutela porque la entidad no tuvo
conocimiento de la enfermedad del demandante durante la ejecución
del contrato6.
Sumado a ello, manifestó que el Juzgado accionado aplicó la
estabilidad laboral reforzada sin acreditar que se cumplieran los
requisitos exigidos para ello porque no hay prueba que demuestre que
la falta de renovación contractual estuvo vinculada con su estado de
salud, dado que no se probó que los funcionarios del ICBF hubieran
informado mediante documento escrito la manifestación realizada por
el demandante al director regional, ni al Grupo Jurídico del ICBF de La
Guajira.
Por tanto, indicó que no se acreditó el conocimiento previo del
empleador de la situación de debilidad manifiesta del demandante
porque la entidad conoció de su patología después de terminar el
vínculo contractual y, además, su enfermedad no impedía el desarrollo
de sus funciones, razón por la que la causal de terminación del contrato
fue objetiva y no aplica la presunción de despido discriminatorio.
(iii) Defectos orgánico y procedimental. El Tribunal desconoció que el
recurso de apelación sí ataca de manera directa y argumentada los
fundamentos de la sentencia de primera instancia, pues, señaló que se
expuso reparos sobre la naturaleza del vínculo contractual, la
inexistencia de subordinación, la falta de prueba sobre el conocimiento
previo de la enfermad, la improcedencia de exigir autorización del
Ministerio de Trabajo7 y la ausencia de discriminación.
Para tales efectos, el accionante realizó un cuadro comparativo entre
el tema central del asunto, el fundamento de la sentencia de primera
instancia y el argumento que se presentó en su contra por parte del
ICBF.
(iv) Por lo anterior, consideró que el Tribunal emitió la decisión sin una
motivación suficiente.
1.4. Intervenciones
9. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Riohacha solicitó que se declare improcedente la tutela. Manifestó que el actor
pretende constituir la tutela en una tercera instancia y que no se configuran los
defectos alegados porque plantea una inconformidad con las decisiones, máxime
6 Este argumento no se expuso en el recurso de apelación de la sentencia ordinaria.
7 Sobre la improcedencia de autorización del Ministerio de Trabajo no se expusieron argumentos.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
cuando se surtieron las dos instancias correspondientes dentro de proceso
ordinario, donde las autoridades judiciales coincidieron en su decisión.
10. Sostuvo que el accionante «no hace más que orientar argumentos a la
inexistencia de una relación laboral y con ello generar una suerte de
incertidumbre sobre la valoración de las pruebas obrantes, como si en las
sentencias hubiesen declarado tal existencia, muy a pesar de que los
razonamientos de las providencias de primera y segunda instancia hacen un
riguroso análisis del contrato de prestación de servicios otorgado a un sujeto de
especial protección constitucional, indicando sobre las prerrogativas que le son
aplicables a estos contratistas».
11. Puso de presente que el Tribunal accionado limitó su competencia a los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, que se circunscriben a
cuestionar la inexistencia de una relación laboral, cuando se trata de un contrato
de prestación de servicios, lo cual no se contradijo en primera o segunda
instancia.
12. Indicó que las providencias objeto de la tutela están debidamente
fundamentadas en la aplicación de la ley y la jurisprudencia; así como un análisis
probatorio integral, razón por la que se descarta que el reproche sea por una
indebida valoración probatoria. Esto pone de presente que la solicitud de amparo
se interpone porque el análisis del acervo probatorio fue contrario a los intereses
del ICBF, pues pretende que se valore únicamente el correo del 25 de enero del
2017.
13. El señor Edelmiro Antonio Gnecco Moscote, a través de apoderado
judicial, frente a la alegada vulneración del derecho fundamental al debido
proceso manifestó que, contrario a lo sostenido por la entidad, en la demanda
ordinaria no se alegó la existencia de elementos estructurales del contrato
realidad y que el ICBF sustentó su recurso de apelación controvirtiendo la
existencia de este último, al parecer, utilizando el formato de otras contestaciones
relacionadas con contrato realidad. Por tanto, no existe congruencia en el recurso
presentado y su yerro no es imputable al Tribunal accionado, sino a su propio
actuar.
14. Agregó que, el escrito de tutela fue generado en un 79% por inteligencia
artificial y que basta con verificar las pretensiones de la demanda, la fijación del
litigio y los alegatos de conclusión para determinar que nunca se planteó la
pretensión referente a contrato realidad. Sostuvo que no se ha suscrito la
renovación del contrato, que debía ser firmada a más tardar el 20 de octubre del
2025 y que la tutela es una dilación injustificada para no dar cumplimiento a lo
ordenado. Frente al derecho a la igualdad, señaló que nada se dijo al respecto
en la tutela.
15. Adujo que no se configuró el defecto fáctico porque es un debate legal ya
zanjado, que no supera la relevancia constitucional y que, de todas formas, la
Corte Constitucional ha extendido la estabilidad laboral reforzada a contratistas
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
cuando se encuentren en una situación de debilidad manifiesta, como ocurre en
el sub examine. En lo que atañe a que el ICBF no fue informado de su situación
de salud, quedó demostrado con testimonios de funcionarios de la entidad y de
memoriales por escrito que sí tenía conocimiento previo a la terminación del
vínculo laboral, tanto de manera verbal como escrita.
16. Aportó como prueba un correo del 14 de noviembre del 2025 dirigido al
ICBF, con el que pretende demostrar que el señor Edelmiro Antonio Gnecco
Moscote se allanó a que su contrato se celebrara en la vigencia del 2026,
creyendo en la buena fe de la entidad y de que no se trataba de una maniobra
dilatoria, lo cual no ha sido así:
Buenos días apreciada Dra. El presente correo es con el fin de informar que,
dado que la vigencia actual (2025) está a punto de culminar y el proceso para
la vinculación por prestación de servicios profesionales conforme al fallo de
primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo (ratificado en segunda
instancia) exige que la contratación se realice por un periodo más extenso,
manifiesto mi conformidad con que, la suscripción del nuevo contrato se
realice al inicio de la vigencia 2026, para así garantizar que el proceso se
realice de acuerdo a la sentencia.
17. El Tribunal Administrativo de La Guajira sostuvo que la tutela es
improcedente porque no es una tercera instancia y que la providencia no adolece
de los yerros endilgados. Indicó que no se configuró el defecto sustantivo porque
está encaminado a controvertir la decisión de primera instancia ya que el Tribunal
no abordó el fondo del asunto al encontrarse que el recurso de apelación era
incongruente.
18. Indicó que tampoco se incurrió en el defecto procedimental porque se
impartió el trámite legal dispuesto por el legislador para dilucidar la congruencia
del recurso, pues, en el escrito no se controvirtió la sentencia del a-quo, sino la
inexistencia de los presupuestos del contrato realidad y el ICBF tampoco señaló
el trámite que se desconoció.
19. Agregó que, incluso, se reproduce este error en el escrito de tutela porque
«al sustentar el cargo reseñado en que el recurso de apelación si atacaba
aspectos de la naturaleza del vínculo contractual y la existencia de la
subordinación, aspectos que se reiteran, hacen parte del debate de los procesos
en los que se pretende la declaratoria de una relación laboral, asunto que no se
debatió en el presente asunto».
1.5. Sentencia de primera instancia
20. Mediante fallo del 15 de enero del 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela
por falta de subsidiariedad respecto a los defectos fáctico8 y sustantivo9
8 Circunscribió el defecto fáctico «la indebida valoración de la sentencia que revocó la decisión de tutela que
ordenó la suscripción de un contrato para el año 2017, los testimonios y el mail que daba cuenta de la fecha
de comunicación formal sobre la enfermedad del señor Gnecco Moscote».
9 Resumió el defecto sustantivo como la «indebida aplicación de la Ley 361 de 1997».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
porque los argumentos referentes a la indebida aplicación de normas y valoración
probatoria de documentos y testimonios no fue puesta de presente por el ICBF
pues, el a-quo en la sentencia de primera instancia centró su decisión en el
análisis de la oportunidad de la comunicación del contratista sobre su
diagnóstico, luego de haber reconocido expresamente que había una relación
contractual; mientras que el recurso de apelación se basó en la falta de
estructuración de los elementos de un contrato realidad y la improcedencia de
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de una relación laboral.
21. En ese orden de ideas, agregó que la accionante no fundamentó sus
argumentos en la cuestión central del litigio, que era «(i) la aplicación de las reglas
de reintegración laboral de la Ley 361 de 1997 y (ii) la valoración de las pruebas
documentales y testimoniales sobre la oportunidad y/o momento en el que se
hizo la comunicación del estado de salud del señor Gnecco Moscote a la entidad
contratante. Aspectos que, si bien mencionó, no desarrolló en debida forma de
cara al contenido y fundamento de la decisión del juzgado».
22. Por tanto, frente a estos defectos, indicó que la tutela no es una tercera
instancia, ni puede usarse como una herramienta para subsanar las omisiones
de las partes.
23. Frente a los defectos orgánico, procedimental y decisión sin
motivación negó su configuración10 porque fue justamente la falta de
congruencia entre los argumentos del recurso de apelación y los fundamentos de
la sentencia de primera instancia, lo que hizo que esta decisión se confirmara por
el ad-quem. Esto, en razón a que:
44. Sobre el particular, es preciso señalar que no son de recibo los
argumentos de la hoy accionante en cuanto a que el escrito de apelación
cuestionó (i) la naturaleza del vínculo contractual, (ii) la estabilidad laboral
reforzada, (iii) el conocimiento de la enfermedad, (iv) la sustitución por otro
contratista, (v) la subordinación, (vi) la falta de autorización del Ministerio de
Trabajo y el Trato discriminatorio, pues de la revisión de dicho memorial,
logró advertiste que, en efecto, el ICBF discutió la naturaleza de la
vinculación y la prueba de la subordinación.
45. Si bien es cierto, el recurso de apelación contiene un acápite en el que
anuncian argumentos sobre «la suscripción de un nuevo contrato de
prestación de servicios profesionales con el ICBF, el reconocimiento y pago
de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997»,
también lo es que en el mismo se desarrolló lo relativo a (i) la naturaleza del
contrato de prestación de servicios No. 150 de 2017, (ii) el contenido de la
cláusula 7 de dicho contrato – plazo de ejecución; y (iii) la terminación del
vinculación contractual como consecuencia de la finalización del plazo
pactado.
24. Por tanto, consideró que el recurso de apelación contra sentencias debe
estar debidamente sustentado y precisar los reparos concretos que tiene contra
la decisión, de acuerdo con el artículo 322 del Código General del Proceso,
10 Esto después de tener por acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial frente a estos defectos.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
máxime cuando este es el que delimita la competencia del superior, de
conformidad con el artículo 320 ejusdem.
1.6. Impugnación
25. Manifestó que el argumento principal de la tutela no fue estudiado por el
Despacho, que es: la sentencia del Tribunal accionado carece de motivación
suficiente porque desconoce los criterios de la sentencia T-416 del 2016, que se
refiere a que una providencia vulnera el derecho al debido proceso cuando no da
cuenta de los hechos y argumentos esenciales planteados por las partes. Por
tanto, indicó que el recurso de apelación sí cumplió con la carga argumentativa
al atacar directa y concretamente las causas de la condena pues, se controvirtió
la naturaleza del vínculo, la estabilidad laboral reforzada, el conocimiento de la
enfermedad, la sustitución por otro contratista, la subordinación, la autorización
del Ministerio de Trabajo y el trato discriminatorio, aportando argumentos y
jurisprudencia aplicable.
26. Frente a la decisión del a-quo constitucional, señaló que no se analizó el
defecto procedimental por la supuesta falta de congruencia del recurso de
apelación con respecto a los argumentos de la sentencia. Para ello, reiteró un
cuadro comparativo que realizó en el escrito de tutela para indicar que el recurso
sí fue congruente y adujo que, contrario a lo sostenido en la decisión de la
solicitud de amparo, el ICBF se refirió a la inexistencia de subordinación laboral -
lo cual se expuso en los hechos y pretensiones de la demanda-, y a la ausencia
de conocimiento del estado de salud del demandante; así como la inexistencia
de actos discriminatorios que requieran la intervención del Ministerio de Trabajo
para autorizar su desvinculación. Por esta razón, el Tribunal accionado incurrió
en una decisión sin motivación.
27. Señaló que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
erró al negar el amparo porque se impidió que se discuta en segunda instancia
un aspecto central del litigio, que es si el demandante informó oportunamente o
no a la entidad su estado de salud y si era necesaria la intervención del Ministerio
de Trabajo para su desvinculación, privándose al ICBF de un examen real y
sustancial de sus argumentos, lo que desconoce el debido proceso y el derecho
«a la igualdad en el acceso a la justicia».
28. También indicó que no se analizó el defecto fáctico y reiteró sus
argumentos referentes a que no se tuvo en cuenta «la única prueba directa»
sobre el momento en el que se informó el estado de salud del demandante, que
es el correo enviado el 25 de enero del 2017, sino únicamente pruebas indirectas,
como lo son los testimonios de sus funcionarios. Esto desconoce el principio de
valoración integral de la prueba. Así las cosas, adujo que la ausencia de prueba
impide acreditar el requisito de conocimiento previo del empleador para activar la
estabilidad laboral reforzada consagrada en la Ley 361 de 1997.
II. CONSIDERACIONES
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
29. La Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia dictada el
15 de enero del 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por cuanto en el sub examine no se acredita el requisito general de
relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
30. El Consejo de Estado11 y la Corte Constitucional12 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales13 y a la configuración de algún
defecto especial14 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
31. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
32. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
33. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
34. La Sala advierte que el ICBF está legitimado en la causa por activa por
cuanto fue la entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictaron las providencias cuestionadas mediante esta
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388
de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
13 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
14 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
acción constitucional. Así mismo, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira están
legitimados en la causa por pasiva, al ser las autoridades judiciales que
profirieron las decisiones de primera y segunda instancia controvertidas mediante
esta vía. La Sala precisa que, el estudio se realizará con base en la sentencia de
segunda instancia por ser la decisión con la que finalizó el proceso ordinario.
35. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional15, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
36. Ciertamente, de la revisión de la solicitud de tutela, de las pruebas
allegadas con ella y de la impugnación, se advierte que todos los defectos
apuntan a una cuestión en específico: manifestar su inconformidad con la
decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira de confirmar la sentencia del
a-quo al encontrar que el recurso de apelación era incongruente con los
argumentos expuestos por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Riohacha, mediante la que se accedió a las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor
Edelmiro Antonio Gnecco Moscote.
37. De manera específica, lo anterior puede observarse en que, en el defecto
sustantivo, reprocha que el Tribunal haya determinado que los reparos del
recurso de apelación no constituían verdaderos cuestionamientos contra la
sentencia de primera instancia. A su juicio, esto impidió que se valoraran por el
ad-quem pruebas como «contratos 2013–2017; correo del 25/01/2017;
testimonios de coordinadora jurídica y del director regional; acción de tutela y fallo
de segunda instancia; derecho de petición y respuesta; contrato de reemplazo de
Jaime Murgas y la historia clínica y diagnóstico del demandante» y que se
cuestionara que el Juzgado aplicó erróneamente el artículo 26 de la Ley 361 de
1997 al reconocer la estabilidad laboral reforzada —que en realidad es
estabilidad ocupacional reforzada— propia de un contrato laboral, a pesar de que
el demandante fue vinculado como contratista, sin que exista prueba de una
relación laboral subordinada.
38. El defecto fáctico apunta a cuestionar que no se valoró adecuadamente el
correo electrónico enviado el 25 de enero del 2017 —cuestión que no alegó en
el recurso de apelación—, dado que profirió la decisión con base en los
15 Sentencia SU-215 de 2022.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
testimonios de sus funcionarios —que calificó como pruebas indirectas—.
Aunado a ello, indicó que tampoco se probó que los funcionarios del ICBF
hubieran informado por escrito la manifestación realizada por el demandante al
director regional, ni al Grupo Jurídico del ICBF de La Guajira. Se trata, entonces,
de discrepancias con la valoración probatoria que hizo el juzgado de primera
instancia en el proceso ordinario, las cuales, por lo demás, no fueron formuladas
de forma congruente en el recurso de apelación, como lo indicó el tribunal
accionado.
39. Los defectos procedimental y orgánico también están orientados a
demostrar la inconformidad con el hecho de que el tribunal haya señalado que la
apelación era incongruente con la sentencia del a-quo, en tanto ponen de
presente que el Tribunal desconoció que el recurso de apelación sí atacaba de
manera directa y argumentada los fundamentos de la sentencia de primera
instancia. Así mismo, la decisión sin motivación sigue esa línea argumentativa
dado que se da como conclusión de lo expuesto en los defectos procedimental y
orgánico.
40. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del trámite y,
con ello, reabrir la discusión en materia de interpretación legal sobre la adecuada
argumentación del recurso de apelación, la cual ya fue zanjada y decidida por el
juez natural de la causa.
41. Lo anterior, porque, de la revisión del escrito de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, se tiene el actor centró su
argumentación en desvirtuar la existencia de contrato realidad, el elemento de la
subordinación y el «análisis de la terminación del contrato de prestación de
servicios». En dicha oportunidad, el ICBF se limitó a indicar que el vínculo
contractual finalizó el 5 de julio del 2017 porque operó la cláusula séptima de
vigencia del contrato de prestación de servicios No. 150 del 2017.
42. En este último acápite, citó dos testimonios de funcionarios del ICBF con
los cuales el a-quo tuvo por acreditado, junto con otras pruebas, que la entidad
conoció de manera anterior a la terminación del vínculo contractual el diagnóstico
de epilepsia del demandante. Frente a estos testimonios, únicamente los citó y
afirmó que eran falsos, con el fin de advertir la terminación normal de la relación
contractual con ocasión al vencimiento del contrato. Como conclusión del
documento, dijo someramente que la terminación del vínculo contractual fue
normal y que no obra en el expediente prueba que acredite que el demandante
haya comunicado de manera previa a la entidad su estado de salud.
43. El Tribunal Administrativo de La Guajira, en la providencia cuestionada,
sostuvo que el recurrente basó su argumentación en que el señor Edelmiro
Antonio Gnecco Moscote fue vinculado al ICBF a través de contrato de prestación
de servicios, que no existía contrato realidad ni subordinación, que la
permanencia en el puesto de trabajo y horario no configuraban una relación
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
laboral y se refirió a la conclusión del escrito de apelación así:
Bajo ese norte, concluyó que al presentarse de modo normal la terminación
de la relación contractual de la parte demandante el señor Edelmiro Antonio
Gnecco Moscote con el ICBF, valga la redundancia por “vencimiento del
plazo extintivo estipulado para la realización del objeto del contrato” la
situación conlleva a: (i) No ser procedente el reconocimiento y pago de la
indemnización por el demandante solicitada; (ii) La terminación de la relación
contractual no es por razón al estado de debilidad manifiesta por el estado
de salud, y tal como lo indica el Tribunal Contencioso Administrativo de la
Guajira en providencia del 26 de abril de 2017 en el expediente No. 44-001-
33-40-002- 2017-00031-01 (…) “que a pesar de las afectaciones a salud, es
dable predicar que las mismas no constituyen un obstáculo para que el
accionante pueda obtener otro empleo o medio de ingreso del cual derivar
sus sostenimiento económico.” (…), y prueba de esto es la documentación
que reposa en los archivos de la entidad donde en la carpeta contractual se
observó que el señor Gnecco Moscote ha laborado en la Universidad de la
Guajira, Alcaldía Distrital de Riohacha, ESE Hospital Nuestra Señora de los
Remedios, Asamblea Departamental.
44. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal accionado encontró que el
recurso no era congruente con los argumentos expuestos por el a-quo en primera
instancia porque realmente formulaba un reproche a la existencia de contrato
realidad, lo cual en ningún momento fue sostenido por el Juzgado accionado,
pues este encontró que, en efecto, la vinculación era de prestación de servicios
y que estaba amparado por la estabilidad ocupacional reforzada al ser un sujeto
en condición de debilidad manifiesta:
En ese marco, considera la sala que el escrito de apelación presentado por
el apoderado de la entidad accionada realmente no cuestiona la sentencia
de primera instancia, dado que, de la lectura del medio de impugnación se
observa de forma palmaria y evidente que este hace referencia a aspectos
que no fueron objeto de la mencionada providencia, por cuanto, el citado
recurso propone una discusión ajena a la sentencia de primera instancia, al
reprochar la inexistencia de los presupuestos del contrato laboral, aspecto
que no fue debatido en la sentencia apelada.
Y es que, nótese, que en la contestación de la demanda, el ICBF si
fundamentó su defensa adecuadamente, al debatir sobre la estabilidad
reforzada de los sujetos de especial protección, aspecto, sobre el cual se
erigió el debate en el sub examine.
Esto se refrenda con el desarrollo de la audiencia inicial celebrada en primera
instancia, en la que el a quo, fijó el litigio, con el cual las partes estuvieron de
acuerdo, conforme se evidencia a folio 504 del expediente, y en el que se
dejó consignado que la pretensión del demandante era la de obtener la
renovación del contrato de prestación de servicios que había suscrito con la
demandada, mas no la existencia de un contrato laboral, como lo afirma la
demandada en su recurso de apelación.
En ese orden, se considera que la parte recurrente no controvirtió en
absoluto la sentencia de primera instancia, motivo por el cual esta
corporación no puede resolver a su favor el recurso, en vista de que los
argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera instancia no
fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación interpuesto.
En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos
tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte
de la segunda instancia […].
Lo anterior requiere un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la
fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría ante
una trasgresión al debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión
del juez de primera instancia, así como la finalidad y objeto mismo de la
segunda instancia. […] Aunado a lo expuesto, se destaca que, si bien el
medio de impugnación objeto de análisis, fue interpuesto de manera
oportuna, por lo cual se dio el impulso procesal correspondiente, el escrito
no satisfizo la finalidad sustancial del mismo y en estas condiciones, la sala
carece de elementos que le permitan revisar la decisión controvertida, pues
no cuenta con los argumentos tendientes a desvirtuar el análisis fáctico y
jurídico efectuado en la primera instancia.
45. En tal sentido, la Sala observa que, con todos los defectos planteados en
la tutela, la parte accionante pretende reabrir un debate ya zanjado y que es de
índole legal y probatorio, por su inconformidad con la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que confirmó la
sentencia del a-quo al encontrar que el recurso de apelación no realizaba
verdaderos cuestionamientos a la decisión de primera instancia. En ese orden,
la tutela carece de relevancia constitucional, pues se emplea para tratar de reabrir
discusiones que la entidad debió controvertir mediante el recurso de apelación.
46. Adicionalmente, se observa que, el ICBF pretende con el escrito de tutela
subsanar el error en el que, de acuerdo con la providencia del tribunal accionado,
incurrió al no sustentar adecuadamente el recurso de apelación, pues intenta
encuadrar su argumentación en todos los defectos con el fin de reabrir la
discusión legal y probatoria y, además, ahondar en los reproches formulados en
la apelación y agregar otros16, objeto para el cual no está instituido el juez
constitucional, pues su función es proteger garantías ius fundamentales, más no
subsanar los yerros en los que incurra la parte en la defensa de sus intereses al
interior del proceso ordinario.
47. En tales términos, se evidencia que la accionante más allá de proponer un
debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional,
en realidad, expone su discrepancia con lo decidido en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
48. Finalmente, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius-fundamental.
2.2. Conclusión
16 Argumentos que tampoco pueden ser estudiados en esta instancia por respeto al derecho a la defensa y
contradicción de las partes.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07318-01
49. Así las cosas, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera
instancia, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con el fin de declarar la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 15 de enero del 2026
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción respecto de los defectos sustantivo y
fáctico, y negó el amparo en relación con los otros defectos. En su lugar,
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: RECONOCER personería jurídica adjetiva al abogado Luis Esteban
Brito Guerra para actuar como apoderado judicial del señor Edelmiro Antonio
Gnecco Moscote, en los términos del poder conferido.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.