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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07320-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07320-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07320-00 Actora: RED SALUD ARMENIA E.S.E. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07320-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07320-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: RED SALUD ARMENIA E.S.E.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA, ADEMÁS, SE
EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SALA CUARTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La RED SALUD ARMENIA E.S.E., actuando a través de apoderado

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07320-00
Actora: RED SALUD ARMENIA E.S.E.

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber

proferido la providencia de 29 de mayo de 2025 dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2022-00103-01.

I.2. Hechos

Señaló que mediante Resolución núm. 168 de 31 de mayo de 2021,

su gerente ordenó dar apertura al proceso de convocatoria núm. 002

de 2021, con el objetivo de ejecutar el proyecto de obra de

ampliación, remodelación y actualización física de la unidad

intermedia del “hospital sur”, fase 1.

Indicó que en atención a la mencionada convocatoria, el día del cierre

del proceso de selección, el CONSORCIO MYROLA HOSPITAL

ARMENIA2 presentó una propuesta, la cual no fue recibida por

cuanto su representante legal no se presentó personalmente,

adicional a ello, durante el desarrollo de la audiencia, el referido

CONSORCIO solicitó la apertura de sobres con el fin de evidenciar

el número de folios, póliza y valor de la oferta económica, petición

2
En adelante Consorcio.

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3

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Actora: RED SALUD ARMENIA E.S.E.

que le fue negada, por lo que solicitó dejar constancia.

Manifestó que luego de presentadas las observaciones al informe de

evaluación y las solicitudes de copia de la propuesta presentada por

el CONSORCIO, el 8 de junio de 2021, mediante Resolución núm.

218, se le adjudicó a la UNIÓN TEMPORAL SALUD POR

ARMENIA3 el proceso de convocatoria núm. 002 y el 6 de agosto de

esa anualidad se celebró contrato de obra.

Adujo que el CONSORCIO presentó demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho en su contra, a la cual se le asignó el

número único de radicación 2022-00103-00 y correspondió por

reparto al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE ARMENIA4 que, mediante sentencia de 18 de

diciembre de 2023 declaró la nulidad del acto de adjudicación y negó

las demás pretensiones de la demanda.

Señaló que inconformes con lo anterior, ambas partes presentaron

recurso de apelación ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

QUINDÍO que, en sentencia de 29 de mayo de 2025 confirmó la

sentencia de primera instancia y adicionalmente la condenó al pago

$277.232.972,55, a título de restablecimiento del derecho en favor

del CONSORCIO, como utilidad esperada.

3
En adelante Unión.
4
En adelante Juzgado.

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I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en

defecto procedimental absoluto pues se le dio el tratamiento de

acto administrativo a la decisión precontractual emanada de la

convocatoria núm. 002 de 2021, razón por la que también se

desconoció el precedente jurisprudencial en relación con el medio

de control a utilizar, así como la forma en que deben examinarse los

elementos propios de la responsabilidad en el caso bajo estudio.

Señaló que el debate jurídico propuesto por el CONSORCIO

consistía en la discusión de un acto precontractual que estaba

sometido a la normativa del derecho privado y no al régimen de

contratación estatal, tal como lo estableció el Consejo de Estado en

la sentencia de unificación de 3 de septiembre de 20205, que

determinó que las decisiones emanadas por las entidades estatales

sometidas al régimen de derecho privado, no son en realidad actos

administrativos, por lo que su cuestionamiento no se somete a las

reglas del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, contrario a lo adelantado en el caso sub examine.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de
septiembre de 2020, expediente núm. 2009-00131-01.

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I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2.2. Se ordene a al Tribunal accionado, dejar sin efectos la
sentencia proferida por éste el pasado 29 de mayo de 2025,
notificada mediante correo electrónico del 30 del mismo mes y año
mediante la cual confirmó y adicionó la sentencia que en primera
instancia profiriera el Juzgado Séptimo Administrativo Armenia,
Quindío, dentro del proceso radicado bajo el número
63001333300520220010300 imponiendo de esta manera y en
forma equivocada una condena a la hoy accionante RED SALUD
ARMENIA E.S.E.

2.3. Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE re hacer la
sentencia que en segunda instancia profiriera la Sala Cuarta de
Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO al desatar
la segunda instancia del proceso seguido bajo radicado
63001333300520220010300, de tal manera que en una nueva
sentencia se apliquen en debida forma los preceptos legales
dejados de aplicar e interpretados en forma equivoca, así como el
precedente vertical desconocido por el TRIBUNAL accionado, de tal
manera que en una sentencia nueva se nieguen las pretensiones
de la demanda

2.4. Se adopten las demás medidas que el señor Juez de tutela
estime pertinentes para la protección de los derechos
fundamentales de la accionante. […]”. (Subrayado pertenece al
texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la parte actora pretende utilizar

la acción de tutela como una tercera instancia con el fin de

controvertir una decisión proferida dentro de un proceso judicial en

el que se brindaron todas las garantías procesales.

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Actora: RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Alegó que los argumentos de la accionante no deben ser de recibo

en sede de tutela, pues su inconformidad en cuanto al trámite

impartido dentro del proceso ordinario debió allí ser alegada,

específicamente dentro de las etapas procesales surtidas, por lo que

debe denegarse el amparo solicitado.

I.6. Vinculados

I.6.1.- El JUZGADO luego de realizar un recuento de las actuaciones

surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

cuestionado, manifestó que la parte actora pretende utilizar la acción

de tutela como una tercera instancia para reabrir un debate que ya

fue resuelto.

Indicó que la demandante tuvo la oportunidad para ejercer su

derecho de defensa y principio de contradicción y presentar los

argumentos que considerara necesarios, además, que lo que alega

en la presente acción constitucional ya fue decidido luego de haberse

realizado una valoración fáctica, probatoria y jurídica del caso en

concreto en primera y segunda instancia.

I.6.2.- El CONSORCIO y la UNIÓN, pese a haber sido notificados

en debida forma, guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 29 de mayo de 2025,

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proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2022-00103-01.

A la citada providencia cuestionada se le atribuye la vulneración de

los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte

actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto defecto

procedimental absoluto pues se le dio el tratamiento de acto

administrativo a la decisión precontractual emanada de la

convocatoria núm. 002 de 2021, razón por la que también se

desconoció el precedente jurisprudencial en relación con el medio

de control a utilizar, así como la forma en que deben examinarse los

elementos propios de la responsabilidad en el caso bajo estudio.

Señaló que el debate jurídico propuesto por el CONSORCIO

consistía en la discusión de un acto precontractual que estaba

sometido a la normativa del derecho privado y no al régimen de

contratación estatal, tal como lo estableció el Consejo de Estado en

la sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, que

determinó que las decisiones emanadas por las entidades estatales

sometidas al régimen de derecho privado, no son en realidad actos

administrativos, por lo que su cuestionamiento no se somete a las

reglas del medio de control de nulidad y restablecimiento del

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derecho, contrario a lo adelantado en el caso sub examine.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actora: RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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Actora: RED SALUD ARMENIA E.S.E.

bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

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como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que en el escrito

introductorio la parte actora formuló sus inconformidades contra la

sentencia cuestionada y afirmó que el TRIBUNAL incurrió en defecto

procedimental y desconoció el precedente jurisprudencial al conocer

y tramitar el proceso cuestionado bajo el medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, cuando, a su juicio, la actuación allí

debatida correspondía al régimen de contratación estatal que se rige

por el derecho privado.

Al revisar la providencia cuestionada, la Sala advierte que el

TRIBUNAL realizó un análisis de los hechos y pruebas allegadas al

proceso ordinario, así también, examinó el pliego de condiciones de

la convocatoria núm. 002 de 2021 y determinó que la ausencia de

comparecencia del representante legal del CONSORCIO no era un

requisito habilitante ni una causal para rechazar su propuesta, por lo

que la actora no debió descartarla. Frente al restablecimiento del

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derecho reclamado, indicó que adicionaría la sentencia de primer

grado, de la siguiente manera:

“[…] 13.1 Si bien la obligación relativa a que el proponente
concurriera de manera personal, tanto a presentar la
propuesta como al cierre del proceso de selección, quedó
taxativamente expresada en el pliego de condiciones, tal
exigencia no permitía descartar de plano la propuesta, pues al
hacerlo se incurrió en un rigorismo formal extremo.

13.2 En la práctica, la fecha y hora para la entrega de las
propuestas y el cierre del proceso estaban previstas al mismo
tiempo, en todo caso se impuso en cabeza del proponente la
obligación de comparecer a las 2:00 p.m. del 22 de julio de
2021 a las instalaciones físicas de la ESE RED SALUD ARMENIA
para el ejercicio de ambas diligencias.

13.3 El poder otorgado a la persona que asistió a la ESE para
representar al CONSORCIO se recibió hasta las 3:24 p.m. del
22 de junio de 2021. De su contenido se deja en evidencia que
fue suscrito desde el 21 de junio 2021, es decir, el día anterior
a que se cumpliera el plazo para la presentación de las
propuestas y el cierre del proceso y, en el mismo se otorgaron
facultades al apoderado tanto para radicar la propuesta como
para participar en la audiencia de cierre, solo que, al día
siguiente, esa persona concurrió a la ESE pero sin acreditar la
calidad en la que actuaba.

13.4 El requisito de la comparecencia personal para la
radicación de la propuesta y el cierre del proceso resultaba así
excesivo y/o contrario a los principios y leyes en que debía
fundarse, pues de los postulados de las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 no
exigen ese requisito de manera específica o estricta, como lo
hacía el pliego.

13.5 Sobre este tipo de cláusulas la Sentencia C-713 del 7 de
octubre de 2009 de la Corte Constitucional, es clara en
limitarlas, al pregonar:

La libre concurrencia, entraña, entonces, la no
discriminación para el acceso en la participación dentro
del proceso de selección, a la vez que posibilita la
competencia y oposición entre los interesados en la
contratación. Consecuencia de este principio es el deber
de abstención para la administración de imponer
condiciones restrictivas que impidan el acceso al

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procedimiento de selección, por lo que resulta
inadmisible la inclusión en los pliegos de
condiciones de cláusulas limitativas que no se
encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley,
puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad
de concurrencia y atentan contra los intereses
económicos de la entidad contratante, en razón a
que no permiten la consecución de las ventajas
económicas que la libre competencia del mercado
puede aparejar en la celebración del contrato.

Sin embargo, la libertad de concurrencia, admite
excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad,
que pueden tener como fundamento la necesidad de
asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las
calidades técnicas, profesionales, económicas y
financieras del contratista, además de la posibilidad
que tiene el Estado de establecer inhabilidades e
incompatibilidades para asegurar la transparencia
en el proceso de contratación estatal (Negrillas de la
Sala).

13.6 Recuérdese que el Consejo de Estado ha señalado que
un defecto subsanable es el que no asigne puntaje al oferente,
y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal le
otorgue al oferente para enmendar el defecto observado
durante la evaluación de las ofertas –usualmente indicado en
los pliegos de condiciones-, sin exceder del día de la
adjudicación (Como se menciona en la cita 25 de esta
providencia). 13.7 Dando prioridad a lo sustancial sobre lo
formal, cabe pregonar que la propuesta del accionante sí fue
presentada a tiempo, y que cualquier exigencia documental
adicional que faltare era corroborable, en caso de ser
necesario, todo a fin de facilitar el objetivo central de la
convocatoria, cuál era el de verificar las propuestas que se
presentaren para escoger entre ellas la mejor.

Sin embargo, la libertad de concurrencia, admite excepciones
fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como
fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la
idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales,
económicas y financieras del contratista, además de la
posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades e
incompatibilidades para asegurar la transparencia en el
proceso de contratación estatal (Negrillas de la Sala).

13.6 Recuérdese que el Consejo de Estado ha señalado que
un defecto subsanable es el que no asigne puntaje al oferente,
y es corregible dentro del plazo que la entidad estatal le

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otorgue al oferente para enmendar el defecto observado
durante la evaluación de las ofertas –usualmente indicado en
los pliegos de condiciones-, sin exceder del día de la
adjudicación (Como se menciona en la cita 25 de esta
providencia).

13.7 Dando prioridad a lo sustancial sobre lo formal, cabe
pregonar que la propuesta del accionante sí fue presentada a
tiempo, y que cualquier exigencia documental adicional que
faltare era corroborable, en caso de ser necesario, todo a fin
de facilitar el objetivo central de la convocatoria, cuál era el
de verificar las propuestas que se presentaren para escoger
entre ellas la mejor.

13.8 Así se comparten las consideraciones del juzgado de
Instancia, relativas a que como la ausencia de comparecencia
del proponente no era un requisito habilitante ni una causal
de rechazo, la entidad no debió excluir la propuesta del
CONSORCIO por ese motivo.

13.9 En efecto, los factores de habilitación de la Convocatoria
2 de 2021 se circunscribieron a: la experiencia, la capacidad
financiera, organizacional, residual, operativa, así como al
personal mínimo requerido y la única causal de rechazo
contemplada en el pliego de condiciones aludía a que una
persona no podía figurar en más de una propuesta.

13.10 La demandada incurrió en una imprecisión al adoptar la
decisión de exclusión de la propuesta del CONSORCIO al
momento de abordar el examen de los requisitos habilitantes,
sin que expresamente la presentación personal lo fuera.

13.11 En esas condiciones el cargo no prospera.

14. En lo que atañe al otro cuestionamiento – el
restablecimiento del derecho – debe precisarse:

14.1 En el escrito de demanda se solicitó reconocer
$237.609.738 (pesos colombianos), como el monto que se
aspiraba recibir a título de utilidad del contrato42, equivalente
al 5% de los costos directos ($4.752.194.759).

14.2 A fin de corroborar lo anterior se aludió a lo expresado
en la oferta económica que se presentó para participar en la
convocatoria a la licitación pública.

(…)

14.4 En esas condiciones, en primer lugar, resulta claro que
la propuesta del consorcio accionante, si hubiese entrado a
considerarse por la entidad convocante, hubiese sido la mejor,

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atendiendo especialmente el criterio de calificación de la oferta
económica.

15. En síntesis, se confirmará el fallo recurrido, pero
adicionando una condena a título de restablecimiento del
derecho equivalente al valor anunciado.

16. De conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 del
CGP, no se condenará en costas en esta instancia (expensas
y agencias en derecho) en virtud a que no se presentaron los
recursos con manifiesta carencia de fundamento legal y no
existe prueba de su causación. […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL estudió el material probatorio aportado al

expediente y de allí concluyó que la ausencia del representante legal

del CONSORCIO en la entrega de la propuesta dentro de la

convocatoria núm. 002 de 2021, no era un requisito habilitante ni

una causal para rechazarla, por lo que le asistía derecho de acceder

al restablecimiento del derecho reclamado como utilidad esperada,

razón por la que la Sala no evidencia vulneración de derecho

fundamental alguno, dado que la providencia cuestionada se profirió

en derecho.

Ahora, una vez analizado lo pretendido en la presente acción

constitucional, la sala encuentra que los reparos de la parte actora

están encaminados a que se analice si la controversia suscitada en

la convocatoria núm. 002 de 2021, corresponde a las reglas y juicio

del derecho privado, ya que, a su juicio, no debió tramitarse a través

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Sobre el particular, tales argumentos no pueden ser de recibo en

sede de tutela, pues estos reparos debieron presentarse dentro del

proceso ordinario, inclusive desde el momento en el que la actora fue

notificada y vinculada al medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho promovido en su contra, dentro del cual

participó activamente en primera y segunda instancia16. Y si bien tal

situación la puso de presente en la contestación de la demanda, el

JUZGADO no se pronunció al respecto, no obstante, la accionante

no presentó inconformidad alguna en ese sentido en el recurso de

apelación, por lo que no puede pretender ventilar dicho escenario

luego de haberse dictado la sentencia de segundo grado en la que

terminó siendo condenada.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada estudió y analizó las pruebas y hechos alegados dentro del

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual la llevó al

proferir el fallo controvertido, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

16
Inconformidad que no fue expuesta en el recurso de apelación interpuesto.

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Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales la

parte actora fundamentó la acción de tutela no permiten abordar un

estudio constitucional del asunto, por lo que claramente lo pretendido

con esta acción constitucional es reabrir un debate que ya se surtió

por el juez natural del asunto.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el

requisito general de la relevancia constitucional, debido a que los

argumentos alegados que no fueron expuestos dentro del proceso

ordinario y que ahora se pretenden sean estudiados en sede de

tutela, hacen que esta acción constitucional sea improcedente, pues

este mecanismo no está instituido para ser ejercido como una

instancia adicional a las establecidas por el legislador en los procesos

ordinarios y constitucionales.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente judicial tampoco cumple con la

carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

la parte actora se limitó a citar una sentencia sin precisar la relación

fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto y la situación

ventilada en el proceso ordinario cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

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Sala17 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las
decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas; sin
embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-01.

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debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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