Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07321-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Luis Fernando Torres Acosta y otro.
Parte accionada: Superintendencia de Notariado y Registro.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07321-01.
Asunto: Acción de tutela contra autoridad. Se revoca el fallo impugnado
en cuanto a la protección del derecho de petición
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
11 de diciembre de 2025 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La parte accionante manifestó que presentó petición ante la
Superintendencia de Notariado y Registro solicitando la nulidad de las
escrituras públicas núm. 03413 del 29 de diciembre de 2020 y 02475 del
29 de junio de 2021, argumentando una presunta falsedad ideológica en
dichos documentos y una supuesta comisión de una conducta delictiva
por parte de la señora Paola Xiomara Arias Hernández con la
participación de la Notaría Primera del Círculo de Soacha.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la entidad accionada vulneró su derecho
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fundamental de petición por cuanto no ha recibido respuesta a la solicitud que
presentó.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Ordenar a la Superintendencia de Notariado y Registro de Bogotá
y al Director (sic) de Vigilancia y Control Notarial que, de manera
inmediata, respondan a los derechos de petición interpuestos por los
suscritos, conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la ley.
2. Declarar la nulidad absoluta de la escritura pública No. (sic) 02475 de
fecha 29 de julio de 2021, otorgada en la Notaría Primera del Círculo (sic)
de Soacha, Cundinamarca, por haber sido celebrada de manera
fraudulenta, sin la autorización de los vendedores.
3. Declarar la nulidad de la escritura pública No. (sic) 03413 de fecha 29
de diciembre de 2020, que fue inadmitida por la Oficina de Registro de
Soacha, debido a las inconsistencias y errores en la descripción del
inmueble objeto de la compraventa.
4. Remitir la respuesta a las solicitudes interpuestas, de acuerdo con lo
establecido en los derechos de petición, a los correos electrónicos
idocumentacion2025fernando@gmail.com] y
[colombiasincorrupcion2024@gmail.com]
5. Solicitar que se remita el expediente completo relacionado con los
radicados IUS-E-2024-775638 y IUC-D-2025-3924932 a la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la Procuraduría 1 Distrital de Instrucción
de Bogotá […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 25 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción
de tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro y se vinculó a la
Notaría Primera del Círculo de Soacha, a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Soacha y a la Oficina de Control Interno Disciplinario
de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá.
2. El 11 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia negando el amparo
del derecho de petición y declarando improcedente en cuanto a lo demás.
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3. Por auto de 22 de enero de 2026, se concedió la impugnación presentada
por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Superintendencia de Notariado y Registro informó que la solicitud núm.
2025EE023214 que radicaron los accionantes fue atendida mediante Oficio
núm. SNR2025EE023676, por lo que se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 11 de diciembre de 2025, negó el amparo del derecho de petición
y declaró improcedente la acción de tutela en relación con la pretensión de
declarar la nulidad de las escrituras públicas.
En cuanto a la presunta vulneración del derecho de petición, el juez de primera
instancia consideró que los tutelantes no especificaron cuál o cuáles de sus
peticiones no han sido resueltas por parte de la Superintendencia de Notariado
y Registro y, contrario a ello, de las pruebas aportadas se evidencia que la
entidad contestó de manera clara, precisa y de fondo, cada una de las
solicitudes acreditadas.
Frente a la pretensión de los actores consistentes en que se declare la nulidad
de las escrituras públicas consideró que los tutelantes cuentan con los
mecanismos ordinarios, tales como las acciones contenciosas administrativas
y/o la nulidad de la escritura por incumplimiento.
Respecto de la pretensión de ordenar que se remita el expediente completo
relacionado con los radicados IUS-E-2024-775638 y IUC-D-2025-3924932 a
la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Procuraduría 1 Distrital de
Instrucción de Bogotá, se consideró que la remisión ya se efectuó, por lo que
la vulneración alegada es inexistente.
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V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Los actores argumentaron que la accionada no les ha notificado las respuestas
correspondientes a los oficios SNR2025EEEE023676 y SNR2025E024603,
por lo que el fallo impugnado erró al considerar que no había vulneración del
derecho de petición pese a que no obra constancia de las notificaciones
respectivas.
Los impugnantes manifestaron que existe una afectación grave y significativa
que justifica la intervención del juez de tutela en este caso dado que fueron
víctimas de fraude a partir del cual se expidieron irregularmente las escrituras
públicas 03413 de 29 de diciembre de 2020, 02475 de 29 de julio de 2021 y
1559 de 29 de julio de 2021.
Adicionalmente, señalaron que debido a que el inmueble del cual
presuntamente son víctimas de fraude se encuentra en proceso de remate por
orden judicial, solicitan que se ordene su suspensión “[…] hasta tanto se
resuelva la validez de las escrituras y se defina el fondo del litigio […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si la accionada vulneró el derecho fundamental de petición, con
ocasión de la presunta falta de notificación de las respuestas dadas
bajo los oficios SNR2025EEEE023676 y SNR2025E024603.
B) Si la acción de tutela resulta procedente para declarar la nulidad de
escrituras públicas.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de la vulneración al derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que todas las personas
tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.
Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se
considera satisfecha cuando el peticionario obtiene una contestación que
cumple con las características de ser oportuna, clara, congruente, efectiva,
eficazmente notificada3.
En el presente caso, se tiene que la parte impugnante manifiesta que las
respuestas emitidas por la Superintendencia de Notariado y Registro bajo los
oficios SNR2025EEEE023676 y SNR2025E024603 no le han sido notificados,
2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3
Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y las
condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras subreglas se
advierten en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572 de 1994, T-113 de 1995, T-275 de
1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de
2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de 2007, entre otras.
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motivo por el cual considera que se encuentra transgredido su derecho
fundamental de petición.
De la revisión de los documentales obrantes en el expediente, la Sala advierte
que la respuesta emitida bajo el oficio SNR2025E024603 fue debidamente
notificada a los actores el 27 de marzo de 2025, tal como se observa a
continuación:
Debido a lo anterior, la Sala encuentra que no le asiste razón a la parte
impugnante en afirmar que no se le ha notificado la respuesta correspondiente
al oficio SNR2025E024603.
En cuanto a la respuesta emitida por la Superintendencia accionada contenida
en el oficio SNR2025EE023676 por medio del cual se le informa a los
peticionarios las razones por las que no es competente para “[…] declarar la
nulidad de las escrituras públicas Nos. Nos. 03413 del 29 de diciembre de 2020
y 02475 del 29 de junio de 2021; ni declarar el incumplimiento contractual por
parte de la compradora […]”, la Sala advierte que no obra dentro del
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expediente constancia o documento que acredite que la misma fue
debidamente notificada a los peticionarios.
Ante la ausencia de constancia de notificación del oficio SNR2025EE023676
a los peticionarios, la Sala considera que la Superintendencia de Notariado y
Registro vulneró el derecho fundamental de petición, motivo por el cual se le
ordenará que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presente
decisión proceda con su notificación.
Por lo anterior, esta Sección revocará el numeral segundo del fallo impugnado
que negó el amparo al derecho de petición y, en su lugar, se amparará y se le
ordenará a la Superintendencia de Notariado y Registro notificar el oficio
SNR2025EE023676 a los actores dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación de esta decisión.
3.2. Análisis de las pretensiones relacionadas con la declaratoria de
nulidad de escrituras públicas y suspensión de la orden judicial de
remate
Los impugnantes le solicitaron al juez de tutela declarar la nulidad de las
escrituras públicas 03413 de 29 de diciembre de 2020, 02475 de 29 de julio de
2021 y 1559 de 29 de julio de 2021. Sin embargo, la Sala advierte que la acción
de tutela deviene improcedente para tal fin por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Lo anterior porque, tal como lo consideró el a quo, “[…] los tutelantes cuentan
con los mecanismos ordinarios, tales como las acciones contenciosas
administrativas y/o la nulidad de la escritura por incumplimiento contractual del
comprador […]” y no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Es de recordar que la acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento
subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros
medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en
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el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
Adicionalmente, frente a la pretensión expuesta en el escrito de impugnación
asociada con que se ordene la suspensión de la orden judicial de remate del
bien inmueble “[…] hasta tanto se resuelva la validez de las escrituras y se
defina el fondo del litigio […]”, la Sala advierte que además de que se trata de
un argumento nuevo que no fue planteado en el escrito inicial de tutela,
deviene de una situación fáctica y jurídica distinta de la que se discute en este
asunto, por lo que escapa del objeto de la presente litis y, debido a ello, no se
hará ningún pronunciamiento al respecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo del fallo de 11 de diciembre de
2025 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de petición y
ORDENAR a la Superintendencia de Notariado y Registro notificar el oficio
SNR2025EE023676 a los actores dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación de esta decisión, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo de 11 de diciembre de 2025
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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