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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07326-00

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07326-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 28 Ver sentencia T-903 de 2014, proferida por la Corte Constitucional. 21 Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00 Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07326-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / declara improcedente porque
no satisface los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 2021 1.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 19 de noviembre de 2025, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en nombre
propio, presentó acción de tutela 2 con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, al mínimo vital y al libre desarrollo de la personalidad.

Supuestos fácticos y jurídicos relevantes

2. De la confusa demanda de tutela y de los informes rendidos por los accionados
y terceros con interés, la Sala extrae los siguientes:

Hechos y argumentos relacionados con la supuesta vulneración por parte del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

3. Los señores Óscar Fernando Quintero Mesa, Luis Fernando Quintero Becerra y
Luz Diva Becerra de Restrepo, a través de la defensora pública Ana Lucero Muñoz,
instauraron acción de tutela contra el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Cali,
a fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad. Lo anterior, con ocasión del auto del 3 de octubre del
2025, mediante el cual rechazó la solicitud de amparo, con radicado 2025-00271-
00.

1
Que ingresó al despacho para fallo el 11 de diciembre de 2025.
2
Documento con certificado 31367928B1C6E51D 00291461C91A776F BB40CD4104AF2890
EC90230DE08C7CA3, índice 2 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. En sentencia del 28 de octubre de 2025 3, la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la solicitud de amparo, por
no haber superado el requisito de legitimación en la causa por activa. Ello, porque
la acción de tutela solamente fue suscrita por el señor Quintero Mesa, sin que «se
advirtiera la participación de los otros actores».

5. Además, advirtió que el allí accionante no allegó mandato especial alguno que
acreditara la legitimidad de la referida profesional del derecho para que ejerciera la
acción de tutela en su nombre. En ese sentido, la autoridad judicial advirtió que la
referida defensora pública informó que el señor Quintero Mesa ha utilizado su
nombre para promover acciones constitucionales y otros medios de control sin su
autorización.

6. A juicio del hoy accionante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Lo anterior, por
cuanto omitió requerir un expediente administrativo que reposa en la Defensoría del
Pueblo y, asimismo, se abstuvo de vincular a unos «demandados». Dijo lo siguiente
(transcripción literal):

[E]l MAGISTRADO PONENTE: ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT,
por exceso de ritual manifiesto, incumpliendo su contrato laboral, sin
justificar su salario y sus funciones, decide no solicitar los expedientes a la
Defensora pública asignada de la defensoría del Pueblo, por orden judicial,
Ana Lucero Muñoz, no solicita la vinculación de los demandados y pretende
que yo le haga el trabajo, a él le pagan un salario y debe justificarlo, para
eso tiene secretarios y empleados en su despacho y les pagan salario y es
a ellos a quienes les toca poner a trabajar, no a mí.

7. Tras describir las actuaciones adelantadas por el referido magistrado dentro del
proceso de tutela, concluyó que aquel era integrante del «cartel de la toga», pues
los autos que inadmiten, «niegan» o rechazan estaban «comprados», tal como lo
denunció el «ex fiscal Elmer Montaña».

8. Insistió en que el referido magistrado debió requerir el expediente con radicado
76001-33-33-014-2025-00271-00 al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Cali.

Hechos y argumentos relacionados con la supuesta vulneración en que
incurrió la Defensoría del Pueblo

9. La parte accionante afirmó que las defensoras públicas Gennis Afanador Greco
y Ana Lucero Muñoz han presentado múltiples mecanismos ordinarios y
constitucionales, bajo su nombre; sin embargo, aquellas no han sido diligentes en
la defensa de sus intereses, por lo que deberán «indemnizarlo» por el «daño
causado».

3
Proferido dentro del proceso de tutela con radicado 76001-23-33-000-2025-00707-00.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Hechos y argumentos relacionados con la supuesta vulneración en que
incurrió el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali

10. El Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali conoció la demanda laboral
presentada por el señor Quintero Mesa, con radicado 76001-31-05-017-2015-
00127-00/01, el que, en sentencia del 25 de julio de 2015, negó las pretensiones
de la demanda.

11. Contra ese despacho, el hoy accionante dijo lo siguiente (transcripción literal):

Acudo a la defensoría del pueblo y es asignada Ana Lucero Muñoz, como
defensora pública, para hacerse cargo de la demanda laboral ordinaria, que
estaba en curso en el tribunal superior de cali, en apelación del juzgado 17
laboral, con radicado: 76001-31-05 017-2015-00127-00, la demanda laboral
fue admitida, el 18 de febrero de 2016, donde se demuestra que el
empleador, Universidad Distrital no solicitó autorización del inspector de
Trabajo, para mi desvinculación. Lo que hace que el despido sea inexistente
e ilegal. Porque la juez del juzgado 17 laboral era ilegal, como lo denunció
el abogado que me representó, Irving Fernando Macías Villarreal, al que le
fue otorgado el poder que le dio Hernando Morales Plaza.

(…)

Ante la ilegitimidad de la Juez del juzgado 17 laboral, Francia Yovanna
Palacios Dosman, que agota todas las etapas procesales, porque fue
presuntamente comprada por el Abogado Hernando Morales Plaza, no la
denuncia a la fiscalía, a la procuraduría, a la personería y a los entes de
denuncia y se apela la sentencia y la asignan al Tribunal superior de Cali, al
MP Germán Varela Collazos, quien admite la demanda laboral, el 06 de julio
de 2017, después de ser negada por la ilegal juez del juzgado 17 laboral, el
abogado Irving Fernando Macías Villarreal, hace las siguientes
aclaraciones, demostrando que fue comprado reparto para asignar una juez
ilegítima al proceso.

12. El señor Quintero Mesa apeló el fallo del 25 de julio de 2015. La Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 31 de julio de
2017, declaró la nulidad de todo lo actuado ante la falta de competencia del a quo
para conocer el asunto.

13. El expediente fue asignado al Juzgado Segundo Administrativo de Cali, con
nuevo radicado 76001-33-33-002-2017-00262-00, el que, en auto del 18 de
diciembre de 2017, inadmitió la demanda, y el 14 de marzo de 2018, el allí
demandante desiste de las pretensiones, sin haberla subsanado.

14. La parte accionante reprocha al Tribunal Superior de la siguiente manera
(transcripción literal):

El tribunal superior de Cali, el Mp Germán Varela Collazos, admite la
demanda laboral el 06 de julio de 2017 y por los vicios de nulidad que
presentó el abogado, tenía que declarar la nulidad de todos los actos
administrativos por los cuales se desvincula al Señor OSCAR FERNANDO
QUINTERO MESA y como está comprado por los abogados de la parte

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

demandante, lo cual se pudo observar en los videos, el Magistrado pensó
que el juicio fue show de risas y lo demostró dando una sentencia
parcializada a la parte demandada, no me hace reintegrar de nuevo a los
cargos de manera inmediata porque estaba comprado presuntamente, como
lo indicó el exfiscal Elmer Montaña y lo demostró en la sentencia donde
declara la nulidad de todo lo actuado y devuelve el expediente al juzgado de
origen, el juzgado 17 laboral, el 25 de Julio de 2016. De manera negligente
la juez del juzgado 17 laboral ilegítima como estaba comprada, dejo
transcurrir dos meses y 16 días, para remitir un expediente que tenía que
enviarlo de inmediato a reparto, violado el derecho al debido proceso, al
acceso a la justicia, a la demanda laboral ordinaria en cumplimiento de los
términos de ley y reparto la asigna al Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Cali, del 25 de julio que envía la demanda laboral al 18 de
Diciembre de 2017, se demora reparto 5 meses para dar el reparto que lo
asigna a la Juez Comprada Andrea Delgado Perdomo, quien en auto
interlocutorio No. 1528 por estar comprada presuntamente inadmite la
demanda laboral desde el 18 de diciembre hasta el 19 de noviembre de
2025.

Hechos4 y argumentos relacionados con la supuesta vulneración en que
incurrió el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali

15. El señor Óscar Fernando Quintero Mesa se encontraba vinculado como
docente de Biología y Química en una institución educativa de la Policía Nacional,
cargo que se ofertó dentro de un concurso de méritos, «en atención a que estaba
próximo a cumplirse el periodo del contrato del accionante».

16. Por lo anterior, la Policía Nacional convocó, a través de la «Resolución 03684
del 8 de agosto de 2017», al proceso de selección para proveer el cargo de
«orientador de Defensa cod. 4-1 grado 15— Licenciado en Química y Biología».
Dicho concurso se llevó a cabo de la siguiente manera:

[E]n el proceso de selección se operacionaliza a través de 9 valoraciones,
de las cuales 7 son eliminatorias y 2 clasificatorias; las valoraciones
eliminatorias son aquellas en las cuales el aspirante debe cumplir con los
parámetros establecidos para continuar el proceso, de lo contrario será
retirado del mismo y corresponden a preinscripción, inscripción, medica,
odontológica, psicológica, físico atlética y consejo de admisiones. A su turno,
las valoraciones clasificatorias son: estudio de seguridad y sociofamiliar y
que no excluyen al aspirante del proceso independiente de su calificación y
concepto. Estos resultados son analizados por el consejo de admisiones.

17. Luego de haber cumplido con las siete fases eliminatorias, la Policía Nacional
advirtió que el señor Quintero Mesa tenía una investigación penal en su contra, por
lo que, en «Oficio del 8 de febrero de 2018», se le informó que no iba a ser
contratado, por no haber superado el requisito de seguridad. Sin embargo, a juicio
del señor Quintero Mesa, la Fiscalía General de la Nación ya había archivado tal
investigación.

4
Datos extraídos de la sentencia del 28 de mayo de 2018, proferida en la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali. Documento con certificado C3DDF32C8CEA5DAF
022D779E5BFF566F C8E22973BEB35556 152E54CBA58625A2, ubicado en la página 417-430,
índice 12 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

18. Por lo anterior, el señor Quintero Mesa interpuso acción de tutela contra la
Policía Nacional, con el objeto de que se le ampararan sus derechos fundamentales
al debido proceso y al mínimo vital.

19. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali,
en sentencia del 11 de abril de 2018 5, negó las pretensiones de la demanda, porque
«este no cumplió con los requisitos exigidos en la convocatoria, ya que se encontró
una indagación penal vigente, lo que, en virtud de las reglas del concurso, lo excluye
del mismo», entre otras razones.

20. En sentencia del 28 de mayo de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali la revocó y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales
al debido proceso y de habeas data del señor Quintero Mesa, principalmente, por
la siguiente razón:

21. Aseguró que la investigación penal en contra del señor Quintero Mesa se
encuentra «inactiva», por lo que la Policía Nacional transgredió los derechos
fundamentales al debido proceso y al bueno nombre del allí accionante, pues se
limitó «la posibilidad de continuar en el proceso de selección para ocupar el cargo
para el cual había aplicado en la convocatoria». En ese sentido, el Tribunal ordenó
lo siguiente (transcripción literal):

[O]rdenar a la Policía Nacional, Dirección de Bienestar Social y Dirección de
Incorporaciones, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas
a partir de la comunicación de este proveído, se ordene a quien
corresponda, realizar nueva valoración del estudio de seguridad del señor
Oscar Fernando Quintero Mesa, para que se haga una interpretación
adecuada de la anotación encontrada en la indagación radicada al No.
7600160001932013360.

De superar el aspirante esa etapa, se proceda, en forma inmediata, con el
nombramiento en el cargo para el cual se postula, por el término que falte
para cumplir el contrato.

Por último, en cuanto a los salarios y otros emolumentos dejados de percibir
desde el 1 de febrero de 2018, la Sala no hará referencia a ello, primero por
cuanto no se está realizando un reintegro al puesto de trabajo y segundo por
cuanto ello debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria pertinente.

22. Sobre el particular, el accionante dijo lo siguiente (transcripción literal):

La defensoría del pueblo de Cali, asigna a Ana lucero Muñoz y ella radica
en reparto la tutela, que es asignada el juzgado sexto penal del circuito al
juez Cristhian Cabezas, juez comprado por la Universidad Distrital y el
Brigadier Silverio Ernesto Suárez, situación que me di cuenta en la Rectoría
del colegio Nusefa de Cali, por el mismo Rector José Hoover Tavares y se
confirmó durante el proceso. Con radicado asignado Penal del Circuito
No:76001-3118-006-2018-00018-00.

5
Rad. «06-2018-00018-01».

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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Pretensiones

23. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal, incluso con
posibles errores):

TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad de la sentencia 190 de
2001 Consejo Superior de la Judicatura y al libre desarrollo.

ORDENAR al Tribunal superior de Cali, señor ÓSCAR ALONSO VALERO
NISIMBLAT. la indemnización de 1800.000.000 porque inadmitió la Tutela por
pertenecer presuntamente a la Mafia de la Toga y de lavado de dineros del
Narcotráfico de Pablo Escobar lavados en los Bancos del delincuente de
Odebrecht, Luis Carlos Angulo Sarmiento y sus socios. Y como consecuencia,
se le embarguen las cuentas y bienes de inmediato con medidas cautelares
innominadas de un 70%. Se obligará a hacer la investigación inmediata de sus
cuentas y bienes por presunta complicidad con lavado de dinero del Fallecido
Pablo Escobar y el Mafioso Luis Carlos Sarmiento y sus socios.

ORDENAR, dejar sin efectos la Sentencia de la Juez del juzgado 17 laboral,
por hacer parte de la Mafia de la Toga, porque admitió una demanda laboral
sin tener competencia para hacerlo, ocasionando un perjuicio irremediable y al
impugnar se demuestra que la juez fue comprada para ser el daño antijurídico
y COMO CONSECUENCIA, se embargarán sus bienes, cuentas de ahorro y
todo lo que tenga en Colombia y en el exterior, por prestarse para admitir
demandas sin tener competencia para hacerlo y contó con la complicidad de
los abogados de la parte demandada y por mis abogados. Como Consecuencia
quedará sin efectos su sentencia y se reemplazará por un juez que tenga la
competencia para que ampare los derechos incoados. Exijo una indemnización
por los daños antijurídicos que me ocasionó por un valor de 1800.000.000(mil
ochocientos millones de pesos moneda corriente), por cada tutela y demanda
laboral que fue vinculada. Se le declarará la nulidad del título como abogada y
se anulará su tarjeta ´profesional y se ordenará sanción a la universidad que la
graduó, por graduar delincuentes, no abogados con ética. Y se obligará que la
universidad que la graduó me reconozca por demanda que ella dio en contra
de la Constitución, me indemnicen por una cantidad de 1800.000.000(mil
ochocientos millones de pesos) ORDENAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CALI, Sala Laboral, a Germán Varela Collazos, corregir la sentencia que dictó
el tribunal el día 31 de julio de 2017, donde no declara la nulidad de todos los
actos administrativos con los cuales se desvinculó al Docente OSCAR
FERNANDO QUINTERO MESA, que fue lo propuesto por el abogado, ordenar
mi reintegro y el pago de las indemnizaciones Y como Magistrado
presuntamente comprado, DECLARÓ la nulidad de Todo lo actuado. Sin tener
en cuenta la discapacidad y necesidad de empleo del padre de un hijo
discapacitado con hidrocefalia no congénita y la esposa con cáncer Terminal.

ORDENAR LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA DEL MP GERMÁN
VARELA COLLAZOS, PORQUE SE PRESUME QUE FUE PAGADO, PARA
NO ORDENAR EL REINTEGRO Y EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES,
por el contrario, declaró la nulidad de todo lo actuado, dejando incólume las
pruebas. Por su sesgamente hacia los demandados, por tomar la justicia como
un juego, no dar la seriedad en el agotamiento de las etapas procesales, no
citar a la Universidad Autónoma en los demandados, como terceros afectados,
se declarará la nulidad de los actos administrativos con los cuales se desvinculó
a OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA y COMO CONSECUENCIA
ordenará el reintegro al cargo como lo sugirió el abogado de la parte
demandante. Modificará la sentencia y suprimirá el envío a reparto, para que
volvieran a dar inicio al proceso y lo asignaran a la juez Andrea Delgado
Perdomo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

ORDENAR LA NULIDAD del acto interlocutorio de inadmisión No 01528 de la
demanda laboral que fue asignada por reparto a la juez Andrea Delgado
Perdomo, porque no son ciertos sus argumentos, de inadmisión, son falsos, si
se agotó la vía administrativa directa antes de radicar la tutela se agotó la
exigencia de la conciliación extrajudicial, tampoco es cierto que en situaciones
de acoso laboral hay que agotar la vía de la conciliación extrajudicial que fue lo
que argumentó en la inadmisión, tampoco es cierto que el medio de nulidad no
se podía solicitar en el caso de falsificación de la documentación con que
hicieron los contratos laborales que fueron 6, otro sí, el contrato de estudios y
el contrato de pasantía inter institucional. Es falso y lo demuestra la sentencia
de Consejo de Estado de Falta de Motivación de las resoluciones de
desvinculación. Tampoco es cierto que no estuviera nombrado en propiedad,
llevaba seis contratos y se juntó el séptimo con el otrosí. Más el contrato de
Estudios y de la Pasantía inter institucional y como consecuencia deba hacer
un nuevo acto de reemplazo y dar continuidad a la demanda laboral incluyendo
la Universidad Distrital.

ORDENAR Al juez del juzgado Sexto Penal del Circuito Cristhian Cabezas y a
quien hace de sus veces, el pago de la indemnización por valor de
1800.000.000(mil ochocientos millones de pesos por dejarse vender para dar
sentencias flagrantes e inconstitucionales, con falsa sentencia y falsedad de
documento público, como en la apelación lo confirmó Socorro Mora Insuaty, el
juez del juzgado Sexto Penal, violó el Habeas Data, mi buen nombre y cometió
los delitos de injuria, calumnia y perjurio, además de falsedad en documento
público de Sentencia. Quedó demostrado el 28 de mayo de 2018 en el Tribunal
Superior de Cali. La MP Socorro Mora Insuasty ordenó revocar en su
integridad, la sentencia de procedencia del juzgado Sexto Penal y tutelo mis
derechos al Habeas Data y al buen nombre

ORDENAR A LA MP SOCORRO MORA INSUASTY, modificar la sentencia del
28 de mayo de 2018 y deberá eliminar la palabra, hasta que termine el contrato,
porque la falta de motivación de la sentencia en ése párrafo, ha violado de
manera directa la constitución, porque al ser nombrado en propiedad en la
Universidad Distrital desde el 7 de Noviembre de 2017, como docente
nombrado hasta retiro forzado a la edad de 70 años, no podía hacer que
terminara el contrato el 01 de diciembre de 2017 como efectivamente lo hizo,
hasta ahora no he ingresado a la nómina de pensionados, aunque tenga 38
años de Servicio y tenga una calificación de invalidez de 53.18%. De no
modificar la sentencia, ordenaré su arresto y destitución.

ORDENAR, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, a Socorro Mora Insuasty,
que, por el efecto de modulación de la sentencia, ORDENE DE INMEDIATO
EL NOMBRAMIENTO EN EL CARGO A QUE ME POSTULÁ Y CONCURSÉ
de los 55 empleadores, que no vinculó en la tutela que falló tutelando mis
derechos el 28 de Mayo de 2018, donde me tenía que nombrar en un término
inferior a 48 horas. Tendrá que indemnizarme por cada uno de los empleadores
que no vinculó, por valor de 1800.000.000.

ORDENAR A LA MAGISTRADA SOCORRO MORA INSUASTY, que haga el
nombramiento en la UNIVERSIDAD DISTRITAL DESDE EL 7 DE NOVIEMBRE
DE 2017 y que sea declarada la nulidad del contrato CPS de orden de servicios
de docente tutor de la Universidad Distrital por contrato en un cargo superior y
con el cargo de Rector, que es el cargo superior al de docente tutor. Y COMO
CONSECUENCIA ORDENAR A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL el
nombramiento del cargo de Rector de OSCAR FERNANDO QUINTERO
MESA, COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL la que tendrá que
pagar todos los salarios indexados desde el 13 de octubre de 2017, con los
títulos desde Bachiller, pregrados, especialización, Maestría, doctorado y

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

posdoctorado. Deben pagar los 1800.000.000(mil ochocientos millones de
pesos, por cada demanda, por cada título y los mil quinientos treinta millones
ciento cuarenta y cuatro mil pesos moneda corriente.

Con los intereses moratorios y a usura por no pagarlos desde esa época.
ORDENAR DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia con morosidad judicial e
inconstitucional , que denegó el pago de la pensión la presunta Mafiosa de la
Toga, Socorro Mora Insuasty, por tener nexos con la Mafia de Pablo Escobar y
de Luis Carlos Angulo y sus Mafias de lavado de dinero, ya que presentó una
morosidad judicial para dar la sentencia desde el el 01 de diciembre de 2023 al
13 de agosto del 2025. La presunta Mafiosa de la Toga, es cómplice de lavado
de dinero de Luis Carlos Sarmiento y sus socios y por eso me tendrá que
indemnizar por cada tutela en 1800.000.000 (mil ochocientos millones de
dólares). SE le embargarán sus bienes y cuentas de manera inmediata y se
aplicarán las medidas cautelares innominadas.

ORDENAR A LA DEFENSORA PÚBLICA GENNIS AFANADOR GRECO, EL
EMBARGO DE CUENTAS Y BIENES, para que asuma la indemnización del
pago de 1800.000.000 (mil ochocientos millones de pesos con intereses, por
robar al Estado, cobrar dineros por no hacer las demandas laborales y tutelas
que le asignaron, cobró como hechos los trabajos y no los hizo, solo hizo de
manera parcial y no total.

ORDENAR A la DEFENSORA PÚBLICA Ana Lucero Muñoz, que le embarguen
los bienes y las cuentas para que pague los 1800.000.000 (mil ochocientos
millones de pesos) por los daños antijurídicos, que hizo al cobrar servicios que
no prestó ante el Estado y la defensoría del pueblo, delito que se llama estafa
y exijo su destitución y que le den la nulidad de la tarje profesional y del título
de abogada, ella tenía que hacer que me pensionaran por epilepsia focal desde
la edad de 5 años y que me pagaran la pensión, la indexación de la primera
mesada pensional Sentencia SU069/18 y no hizo nada al respecto pero si cobro
estafando a la defensoría del Pueblo.

ORDENAR EL EMBARGO DE LOS BIENES Y CUENTAS DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO CARLOS CAMARGO ASIS, porque cometió el delito de estafa,
cobrar dineros por un trabajo que realizó, se le entregaron 55 tutelas que debía
impugnar y debía presentar el recurso de insistencia ante la Corte
Constitucional, como lo indica la reglamentación de la tutela y no lo hizo y
tampoco lo ha hecho la defensora actual Iris Marín Ortiz, que tendrá que pagar
la suma de 1800.000.000 (mil ochocientos millones de pesos cada uno) por
cada una de las 55 tutelas que les asignaron y cobraron por servicios que no
prestaron, lo que se llama peculado por apropiación.

Trámite en primera instancia

24. Mediante auto del 25 de noviembre de 2025 6, el despacho sustanciador del
proceso admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la Sala Laboral y Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; la
entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura1,
la Defensoría del Pueblo, el Juzgado Catorce Administrativo de Cali, el Juzgado
Diecisiete Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali,
y vinculó, en calidad de terceros con interés, al procurador general de la Nación, al
ministro de Defensa Nacional, al director general de la Policía Nacional, al rector de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a los señores Luis Fernando

6
SAMAI, índice 4.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Quintero Becerra y Luz Divia Becerra Restrepo, así como al rector de la Institución
Universitaria Antonio José Camacho. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Intervenciones

25. El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) 7 pidió
que se declarara improcedente la solicitud de amparo, por las siguientes razones:

26. Aseguró que, de los hechos confusos de la demanda, se entiende que la acción
de tutela va dirigida a «que se active la Jurisdicción Disciplinaria», sin embargo, el
mecanismo idóneo es la queja disciplinaria.

27. Sostuvo que la parte accionante no atribuyó responsabilidad alguna contra las
actuaciones del CNDJ.

28. Una vez revisó el «aplicativo de gestión judicial siglo XXI», evidenció que el
señor Quintero Mesa no ha promovido proceso disciplinario alguno.

29. Concluyó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para promover
acciones disciplinarias contra las autoridades accionadas.

30. Tras explicar la relación laboral que sostuvo con el señor Quintero Mesa, la
Policía Nacional 8 advirtió que cumplió con la orden impartida en el fallo de tutela
del 28 de mayo de 2018, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso con radicado 06-2018-00018-01, a pesar
de que, en su momento, «no existía la necesidad de vincular a docentes en las
instituciones educativas».

31. De otra parte, sostuvo que el señor Quintero Mesa ha presentado múltiples
acciones de tutela contra el Colegio Nuestra Señora de Fátima de Cali y la Policía
Nacional. Lo anterior, según la autoridad accionada, refleja que él ha abusado de
este valioso mecanismo constitucional, razón por la cual pidió que se declarara la
«temeridad». Entre otras, citó las siguientes providencias:

[N]otificados en la vigencia 2022, tenemos el emitido por la Sala de Casación
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali de fecha 02/02/2022,
así como, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo
de fecha 23/02/2022 y el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Cali fecha
16 de agosto de 2022.

32. Finalmente, informó que el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, en providencia del 4 de septiembre de 2024, lo sancionó
por temeridad (no identificó los datos).

7
Índice 8 de Samai.
8
Índice 9 de Samai.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

33. La Institución Universitaria Antonio José Camacho 9 pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo por no haber superado el requisito de
inmediatez, pues los reparos realizados por el señor Quintero Mesa contra las
actuaciones del Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali, dentro del proceso con
radicado «2015 – 00127», ocurrieron «hace más de 10 años». Agregó que el
accionante no le atribuye vulneración alguna.

34. Finalmente, sostuvo que el accionante ha presentado múltiples solicitudes de
amparo contra distintas autoridades, especialmente, contra la Institución
Universitaria Antonio José Camacho, «de manera desmedida e inapropiada». En
ese sentido, advirtió que el señor Quintero Mesa «actua de forma delictiva y pone
a la administración en marcha con fundamentos y razones que no gozan de amparo
constituciona».

35. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali 10 allegó copia digitalizada del
expediente del proceso de tutela con radicado «06-2018-00018-01».

36. La Procuraduría General de la Nación 11 pidió que se le desvinculara del
presente proceso, por cuanto no se le atribuyó transgresión de los derechos
fundamentales del señor Quintero Mesa.

37. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas 12 pidió que se declarara
la temeridad, dado que el señor Quintero Mesa ha utilizado este valioso mecanismo
constitucional, con el proposito de desgastar a la administración de justicia. Al
tiempo, adujo que el hoy accionante ha presentado, en otras oportunidades,
acciones de tutela con idénticos hechos y pretensiones a los hoy presentados, así:

En el mismo sentido, encuentra esta defensa que se impetró Acción de Tutela
idéntica en contenido y pretensiones, que se tramita en el despacho del H.
Magistrado Dr. JOSE HOOVER CARDONA MONTOYA bajo el radicado
17001-22-13-000-2025-00204-00, sobre la cual se avocó conocimiento el 19
de septiembre hogaño, y fue contestada por el suscrito profesional del
derecho obrando en representación de la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

En conclusión, se advierte que tanto el proceso de tutela seguido bajo el
radicado 17001-22-13-000-2025- 00204-00 en el Despacho del Dr. JOSE
HOOVER CARDONA MONTOYA como el 17001-22- 13-000-2025-00209-00
en el despacho del Dr. ALVARO JOSÉ TREJOS BUENO, están llamados a
ser decididos de forma conjunta, NEGANDO los amparos deprecados por
actuación temeraria.

9
Índice 10 de Samai. Documento con certificado DD51D2F7B89EF0BD 35257831DC26111B
A7AEBCE17D214EFA 769AC89747CB85B2.
10
Samai, índice 12. Se advierte que el documento con certificado E3B0C44298FC1C14
9AFBF4C8996FB924 27AE41E4649B934C A495991B7852B855 no se puede visualizar.
11
Documento con certificado 8B1B40F4EBAD0FBF 2E9B11F0FD8851E5 127F712504A216BA
38C8F5343C2109DB, índice 13 de Samai.
12
Documento con certificado 92DAD0442C7127F9 73697E4B71A451C3 0D7D8F23DBF74837
C9394799E80EA546, ubicado en el índice 14 de Samai.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

38. El señor Gerson Alejandro Vergara Trujillo 13, en su condición de defensor
del pueblo, Regional del Valle del Cauca, informó que la defensora pública Ana
Lucero Muñoz no ha sido designada para representar al accionante en procesos
laborales, sino para que se le brindara una asesoría, «y en el marco de esta
proyectó unas acciones, no demandas laborales». Además, adujo que la referida
defensora no ha instaurado acción de tutela alguna en nombre del hoy accionante.
Aclaró que (transcripción literal):

Al accionante en materia laboral ya se le ha brindado múltiples asesorías,
sin ser posible ejercer ninguna representación judicial; sin embargo, insiste
en interponer acciones judiciales bajo su propio criterio.

Es preciso indicar que la Defensoría del Pueblo no cuenta con la posibilidad
de materializar las pretensiones del accionante, por lo que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales que alega el accionante no
derivan de la acción u omisión de esta entidad.

En relación con los constantes escritos presentados por el accionante, se
indicará que esta regional constantemente ha asesorado al Sr Quintero
Mesa; sin embargo, infatigablemente insiste en interponer acciones
judiciales.

39. Advirtió que el hoy accionante ha presentado múltiples acciones de tutela 14 con
identidad fáctica y jurídica a la presente solicitud de amparo, circunstancia que
acredita la temeridad.

40. La señora Ana Lucero Muñoz Castaño 15, en calidad de defensora pública,
informó que el señor Quintero Mesa ha presentado múltiples acciones de tutela.
Sostuvo que él ha suplantado su nombre y el de la ex defensora pública Genis
Aracelly Afanador García, con el objeto de presentar diferentes mecanismos
jurídicos. Precisó lo siguiente:

El caso del Radicado 76001-33-33-014-2025-00271-0 falsamente se utiliza
mi nombre para interponer tutela, lo mismo de otra Defensora GENIS
ARACELLY AFANADOR GRECCO, desvinculada hace varios años de la
Institución, es decir fuimos suplantadas como se le informó al Juez 14
Administrativo del Circuito de Cali.
Igualmente, Respuesta a tutela de OSCAR FERNANDO QUINTERO ante
Sala penal del tribunal Superior de Cali. Rad. 76001-22-04-2025-01128-00.

13
Conviene precisar que este informe se repite en los índices 15, 17, 18 y 22. En su orden, los
documentos tienen el siguiente número de certificado: B63228833285DA60 285299AC9769406C
3C2EFDC18CD63F18 C19D5CFBCA5B2279, 816195E46D86B45D CB4B5B8B9936142B
6CEAFD19A721CC3B AB6C64C9465A12E7 y B63228833285DA60 285299AC9769406C
3C2EFDC18CD63F18 C19D5CFBCA5B2279.
14
Mencionó los siguientes procesos de tutela con radicados 7600.-23-33-000-2025-00580-00,
76001-22-03-000-2025-00408-00, 76001-23-33-000-2025-00558-00,11001-0315-0002025-02812-
00, 11001-02-03000-2025-01955-00, 76001-2203-2025-00094-00, 2024-00403-00,2024-00427-00,
760001-22-03-000-2024-00072-00, 11001-31-87-2024-00021-00, 11001-03-15-000-2023-06847-
00, 11001-02-05-000-2023-01728-00, 76001-22-03-000-2023-00361-00, 2023-00480-00 y 11001-
2204-0002023-02817-00.
15
Documento con certificado E322C6CD15D8866D A841BDA037DCA065 0CE47A0A9F020D76
72C7E788397E6A82, índice 19 de Samai.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Respuesta al Juzgado primero penal del circuito de Manizales, tutela de
OSCAR FERNANDO QUINTERO Rad. 17-001-31-07-001-2025-00215-00.

Respuesta al Juzgado sexto administrativo de Manizales, Tutela donde fui
suplantada y ubicada como accionante con la Doctora GENIS ARACELLY
AFANADOR GRECCO, igualmente suplantada.

Respuesta al tribunal Administrativo del Valle tutela de OSCAR FERNANDO
QUINTERO Radicación 76001-23-33-000-2025-00720-00.

Respuesta a Fiscalía 127 Local de Cali, suplantada como denunciante por
el delito de prevaricato en averiguación.

El señor DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL Valle del Cauca igual se
dirigió al Tribunal Administrativo del Valle el 1 de septiembre de 2025.
Rad.76001233300020250058000 en contestación de tutela de OSCAR
FERNANDO QUINTERO y detalla la situación de las tutelas promovidas por
el mencionado señor en todo el país.

41. El Ministerio de Justicia y del Derecho 16 sostuvo que la acción de tutela no
se dirige en su contra, sino que la parte accionada es el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y otros.

42. La señora Gernis Afanador Greco 17 afirmó que el señor Quintero Mesa está
suplantando su identidad para ejercer diferentes mecanismos, por lo que pidió que
se compulse copias a la autoridad competente.

43. La Presidencia de la República pidió que se le desvinculara del presente
proceso, por falta de legitimación por pasiva 18.

44. Por su parte, tras describir las actuaciones impartidas dentro del proceso de
tutela con radicado 76001-23-33-000-2025-00707-00, el magistrado Óscar
Alonso Valero Nisimblat 19, integrante del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, sostuvo que no era cierto que el caso objeto de debate fue estudiado
«ligeramente», pues, «pese a que la acción de tutela se caracteriza por ser informal,
lo cierto es que el accionante deberá cumplir con elementos mínimo, tales como:
identificar al accionante y accionado; describir los hechos y explicar el derecho
fundamental vulnerados».

45. Asimismo, advirtió que el señor Óscar Fernando Quintero Mesa ha promovido
cinco acciones de tutela con similares características, en las «que tilda de ilegales,
todas las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas que son
adversas a sus intereses». Adjuntó la siguiente captura:

16
Documento con certificado D8277EA2CF06F274 F3CB1ED20176FD79 5DB5D33551A1C47C
14DEEF684D1CF598, índice 24 de Samai.
17
Documento con certificado FD47EF4C8F512D6C 6FCC8076FA990998 FF90778B414E87E8
8BE48BB57F549D48, índice 25 de Samai.
18
Conviene precisar que el informe se repite en los índices 26,28, 29, 30, 31 y 32.
19
Documento con certificado D790EDDBB5999BA3 971166E8B3751E93 3DB6CC4F50300BF6
3EE4E59B30D3C54F, índice 27 de Samai.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

46. Reprochó los comentarios desobligantes realizados por el señor Óscar Quintero
Mesa en su contra, dado que, como se evidenció, la solicitud de amparo, con
radicado 76001-23-33-000-2025-00707-00, fue declarada improcedente por no
haber superado los presupuestos generales de la acción de tutela.

47. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados en
calidad de terceros con interés no intervinieron, pese a que fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la demanda.

CONSIDERACIONES

Competencia

48. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201920.

Problema jurídico y metodología de la decisión

49. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
presupuestos procesales de la acción de tutela, particularmente aquellos
relacionados con la procedencia de ese mecanismo constitucional para cuestionar
decisiones proferidas en juicios de la misma naturaleza. Solo en el evento de que
se cumplan tales exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de
establecer si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa.

20
Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13 “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

50. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.

El requisito de relevancia constitucional

51. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

52. La Corte Constitucional indicó 21 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de
los derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

53. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción
de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate 22: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

54. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia 23.

El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales

55. De lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional 24 ha entendido que la acción de tutela puede presentarse en
cualquier momento, en la medida que no está sujeta a un término de caducidad.

21
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
22
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
24
Sentencia T-246 de 2015.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

56. Aunque el Tribunal Constitucional considera que la acción de tutela no está
sujeta a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse
dentro de un plazo razonable, contado a partir del hecho que origina la presunta
vulneración de derecho fundamental. En los casos en que la tutela se dirige contra
providencias judiciales, dicho plazo se computa desde el momento en que la
decisión es notificada, y, por ende, conocida por las partes 25.

57. En esa línea, en la Sentencia SU-108 de 2018 26, la Sala Plena estableció que
le corresponde al juez constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada
caso en concreto, con el fin de determinar si la acción de tutela fue interpuesta
dentro del plazo razonable, o si, por el contrario, existe una justificación válida que
permita flexibilizar el requisito de inmediatez. Sobre este punto la Corte precisó que:

“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir,
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o
caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una
amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas
fuera del texto original)

58. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de
amparo constitucional, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre
que existan razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que
haya transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que
debe evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que
expliquen la falta de acción oportuna.

De la acción de tutela contra providencias dictadas en otro proceso de tutela
o en desarrollo de un incidente de desacato

59. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó
el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra

25
Corte Constitucional, Sentencia T-306 de 2014.
26
Así como la Sentencia T-285 de 2019.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.

60. De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción
de tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela:

(I) Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

(II) Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.

(III) Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.

61. Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Caso en concreto

62. De entrada, esta Subsección advierte que la acción de tutela se torna
improcedente por las siguientes razones:

63. Según lo entiende la Sala, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa está
inconforme con la sentencia del 28 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por haber incurrido en el defecto de exceso ritual
manifiesto, dado que omitió solicitar un expediente administrativo que reposa en la
Defensoría del Pueblo y, asimismo, vincular a unos «demandados» dentro del
proceso de tutela con radicado 76001-23-33-000-2025-00707-0027. De manera
confusa lo dijo así (se transcribe, incluso con posibles errores ortográficos):

Como se demuestra el Mp ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT,
pertenece presuntamente a las Mafias de la Toga de Cali, su contrato laboral,
le exige que debe solicitar al juez demandado del JUZGADO CATORCE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI, OSCAR EDUARDO
GARCÍA GALLEGO, Juez, en el cumplimiento de sus funciones y justificación
del salario, el MP ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT estaba obligado a
solicitar el expediente con radicado: No. 76001-33-33-014-2025-00271-00, en
el cual mediante notificación del auto interlocutorio No. 496 del 3 de octubre
de 2025 proferido al interior de una acción de tutela radicada bajo el No.
76001-33-33-014-2025-00271-00 interpuesta por las señoras Ana Lucero
Muñoz y Genis Afanador Greco.

Como yo no trabajo para el ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT, él tiene
asignado su equipo para que le haga el trabajo y me puso a que yo le hiciera
el trabajo, por lo que lo demando para que me indemnice por un valor de
2000.000.000(dos mil millones de pesos, moneda corriente), solicito le sean
embargados sus cuentas y bienes, con el ánimo de que me sean reconocidos
como indemnización la cantidad citada.

En los deberes del juez, está y en la reglamentación de la tutela, que el juez
debe de inmediato le asignan de reparto a su despacho, dar trámite a la tutela,
comunicar de manera efectiva a las partes y dar el impulso procesal, situación
que no pasó, por parte del señor ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT.

27
MP. Óscar Alonso Valero Nisimblat.

17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

64. En cuanto al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali —autoridades judiciales accionadas—, narró que esta última
autoridad judicial accionada revocó el fallo del 11 de abril de 2018, dictado por
aquella, y, en su lugar, amparó sus derechos fundamentales, dentro del proceso
con radicado 76001-3118-006-2018-00018-00/01. Para tal efecto, transcribió lo
siguiente:

La defensoría del pueblo de Cali, asigna a Ana lucero Muñoz y ella radica
en reparto la tutela, que es asignada el juzgado sexto penal del circuito al
juez Cristhian Cabezas, juez comprado por la Universidad Distrital y el
Brigadier Silverio Ernesto Suárez, situación que me di cuenta en la Rectoría
del colegio Nusefa de Cali, por el mismo Rector José Hoover Tavares y se
confirmó durante el proceso. Con radicado asignado Penal del Circuito
No:76001-3118-006-2018-00018-00.

(…)

El 22 de Marzo de 2018, después de ser admitida la tutela, no vincula a la
juez demanda Andrea Delgado Perdomo, acusada de ser comprada por la
parte demanda, no resuelve la demanda laboral, para que continúe el trámite
con la demanda Universidad Distrital, y dicta sentencia denegatoria, el Juez
Cristhian Cabezas, demostrando que era cierto lo dicho en Rectoría por el
Rector José Hoover Tabares, que tenían un juez comprado para que negara
las demandas y tutelas, como efectivamente ocurrió. Se apela la decisión y
con radicado: 76001-3118-006-2018-00018-01, la asignan al tribunal
Superior de Cali, a la Magistrada Socorro Mora Insuasty, que después de
ser admitida da sentencia el 28 de mayo de 2017.

(…)

ORDENAR Al juez del juzgado Sexto Penal del Circuito Cristhian Cabezas
y a quien hace de sus veces, el pago de la indemnización por valor de
1800.000.000(mil ochocientos millones de pesos por dejarse vender para
dar sentencias flagrantes e inconstitucionales, con falsa sentencia y
falsedad de documento público, como en la apelación lo confirmó Socorro
Mora Insuaty, el juez del juzgado Sexto Penal, violó el Habeas Data, mi buen
nombre y cometió los delitos de injuria, calumnia y perjurio, además de
falsedad en documento público de Sentencia. Quedó demostrado el 28 de
mayo de 2018 en el Tribunal Superior de Cali. La MP Socorro Mora insuasty
ordenó revocar en su integridad, la sentencia de procedencia del juzgado
Sexto Penal y tutelo mis derechos al Habeas Data y al buen nombre.

ORDENAR A LA MP SOCORRO MORA INSUASTY, modificar la sentencia
del 28 de mayo de 2018 y deberá eliminar la palabra, hasta que termine el
contrato, porque la falta de motivación de la sentencia en ése párrafo, ha
violado de manera directa la constitución, porque al ser nombrado en
propiedad en la Universidad Distrital desde el 7 de Noviembre de 2017,
como docente nombrado hasta retiro forzado a la edad de 70 años, no podía
hacer que terminara el contrato el 01 de diciembre de 2017 como
efectivametne lo hizo, hasta ahora no he ingresado a la nómina de
pensionados, aunque tenga 38 años de Servicio y tenga una calificación de
invalidez de 53.18%. De no modificar la sentencia, ordenaré su arresto y
destitución.

ORDENAR, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, a Socorro Mora Insuasty,
que, por el efecto de modulación de la sentencia, ORDENE DE INMEDIATO
EL NOMBRAMIENTO EN EL CARGO A QUE ME POSTULÁ Y CONCURSÉ

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de los 55 empleadores, que no vinculó en la tutela que falló tutelando mis
derechos el 28 de Mayo de 2018, donde me tenía que nombrar en un término
inferior a 48 horas. Tendrá que indemnizarme por cada uno de los
empleadores que no vinculó, por valor de 1800.000.000.

ORDENAR A LA MAGISTRADA SOCORRO MORA INSUASTY, que haga
el nombramiento en la UNIVERSIDAD DISTRITAL DESDE EL 7 DE
NOVIEMBRE DE 2017 y que sea declarada la nulidad del contrato CPS de
orden de servicios de docente tutor de la Universidad Distrital por contrato
en un cargo superior y con el cargo de Rector, que es el cargo superior al
de docente tutor. Y COMO CONSECUENCIA ORDENAR A LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL el nombramiento del cargo de Rector de
OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA, COMO RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL la que tendrá que pagar todos los salarios
indexados desde el 13 de octubre de 2017, con los títulos desde Bachiller,
pregrados, especialización, Maestría, doctorado y posdoctorado. Deben
pagar los 1800.000.000(mil ochocientos millones de pesos, por cada
demanda, por cada título y los mil quinientos treinta millones ciento cuarenta
y cuatro mil pesos moneda corriente.

65. De lo anterior, se entiende que el señor Quintero Mesa censura múltiples fallos
proferidos en una acción de la misma naturaleza, en virtud de lo cual precisa la Sala
que, de acuerdo con la sentencia SU-627 del 1° de octubre de 2015, dictada por la
Corte Constitucional, se debe demostrar que la decisión atacada fue producto de
una situación de fraude, lo que no se alegó en la demanda ni se evidencia que
hubiera ocurrido.

66. De igual forma, se advierte que, contrario a lo dicho por él, cada uno de los
procesos cuestionados se surtió con normalidad e, incluso, en algunas ocasiones,
se decidieron a su favor. En síntesis, se observó lo siguiente:

• Dentro del proceso de tutela con radicado 76001-23-33-000-2025-00707-00, en
sentencia del 28 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
explicó razonablemente por qué la solicitud de amparo instaurada por el señor
Quintero Mesa, supuestamente a través de la defensora pública Muñoz Castaño,
no cumplía con el requisito de legitimación en la causa por activa. Ahí advirtió,
además, que la defensora pública Ana Lucero Muñoz Castaño, en oficio del 6 de
octubre de 2025, informó que no ha ejercido acciones constitucionales o medios de
control en nombre del hoy accionante. Asimismo, conviene precisar que el señor
Quintero Mesa no impugnó la decisión ni presentó solicitudes posteriores.

• Dentro del proceso de tutela con radicado «006-2018-00018», la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 28 de mayo de 2018,
revocó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Cali y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de habeas data del señor Quintero Mesa.

67. En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo formulada
por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dado que en este caso no se cumplen

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la
procedencia de la tutela contra decisiones adoptadas en el trámite de otra tutela,
pues no se alegó ni mucho menos se advierte que tales decisiones hubieran sido
fruto de una situación fraudulenta y grave que requiera la intervención inmediata
del juez constitucional para contenerla.

68. Frente al Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, se pudo constatar que el accionante
cuestiona las decisiones proferidas dentro del proceso ordinario con radicado
76001-31-05-017-2015-00127-00/01, el cual se tramitó de la siguiente manera:

• El Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali conoció la demanda laboral presentada
por el señor Quintero Mesa, con radicado 76001-31-05-017-2015-00127-00/01, el
que, en sentencia del 25 de julio de 2015, negó las pretensiones de la demanda.

• El señor Quintero Mesa la apeló, y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, en providencia del 31 de julio de 2017, declaró la nulidad de todo
lo actuado ante la falta de competencia del a quo para conocer el asunto.

• El expediente fue asignado al Juzgado Segundo Administrativo de Cali,
correspondiéndole como nuevo radicado 76001-33-33-002 2017-00262-00, el que,
en auto del 18 de diciembre de 2017, inadmitió la demanda, y, el 14 de marzo de
2018, el allí demandante desiste de sus pretensiones, sin que hubiere sido
subsanada.

69. Tras analizar el trámite surtido en el proceso de referencia, la Sala estima que
la pretensión del accionante incumple el requisito de inmediatez. Lo anterior, por
cuanto se pretende dejar sin efectos actuaciones judiciales proferidas entre enero
y marzo de 2018, es decir, ha transcurrido un lapso superior a los siete años,
término que desborda cualquier criterio de razonabilidad para la interposición del
amparo constitucional.

70. En cuanto a la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial), la parte accionante
no le ofreció al juez constitucional una certeza mínima respecto de cuáles eran las
acciones u omisiones vulneradoras en que incurrió tal autoridad, pues se limitó a
mencionar, en las pretensiones, lo siguiente: «TUTELAR mis derechos
fundamentales a la igualdad de la sentencia 190 de 2001 Consejo Superior de la
Judicatura y al libre desarrollo», sin haber desarrollado reparo alguno dentro de la
solicitud de amparo.

71. Además, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó
que, tras revisar el «aplicativo de gestión judicial siglo XXI», no encontró queja
disciplinaria promovida por el hoy accionante. Lo anterior, le impide a la Sala
entender sobre lo que realmente pretende el señor Quintero Mesa frente a la
referida autoridad mencionada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

72. De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que un asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de discusiones netamente económicas,
pues «la finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de
salvaguarda iusfundamental, más no como mecanismo encaminado a resolver
controversias de estirpe (…) económico» 28.

73. En el caso bajo estudio, el accionante pretende que, especialmente, el
magistrado Valero Nisimblat, los titulares del Juzgado 17 Laboral del Circuito de
Cali y del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali, la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y las referidas defensoras públicas lo indemnicen con
una considerable suma dineraria. Esta pretensión constituye un asunto de
contenido económico, que escapa de la orbita de la acción de tutela.

74. En consecuencia, esta Sala considera que la solicitud de amparo no es el
mecanismo idóneo para reclamar derechos de carácter económico. El accionante
debe acudir a la jurisdicción ordinaria y agotar los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico, pues no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que faculte la intervención excepcional de esta jurisdicción.

75. Con todo, conviene señalar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para reprochar la conducta de los servidores judiciales, bien por la comisión de
hechos catalogados como punibles, bien porque incurren en supuestas infracciones
al deber funcional. Para tal fin, el actor puede presentar las correspondientes
denuncias penales o quejas disciplinarias ante las autoridades competentes, y no
seguir utilizando indebidamente una valiosa herramienta de estirpe constitucional,
como lo es la acción de tutela, con ese propósito.

76. Por todo lo razonado, se impone declarar improcedente la acción de tutela
instaurada el señor Quintero Mesa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Óscar Fernando Quintero Mesa, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Ver sentencia T-903 de 2014, proferida por la Corte Constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07326-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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