Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07334-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07334-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07334-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07334-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN LA
UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DEAJ DIO RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE LA ACTORA.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la
UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ)1.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
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En adelante DEAJ.
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Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS
La sociedad HASS DIAMOND COMPANY S.A.S., actuando a
través de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su
juicio, le fue vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y la DEAJ por cuanto no ha recibido una respuesta
de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía
electrónica, el 25 de septiembre de 2025, en la que pidió “[…]
solicito respetuosamente que nos informen el estado actual de la
devolución del recurso pagado en exceso, el cual aún permanece en
su poder sin haber sido reintegrado. […]”.
I.2 Hechos
Sostuvo que el 14 de noviembre de 2024, a través de correo
electrónico dirigido a la DEAJ, solicitó la devolución de la suma
pagada en exceso, en cumplimiento de una orden judicial
proferida dentro del proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 2022-00088-00, que conoció el JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE URRAO2.
2 En adelante el JUZGADO.
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Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS
Indicó que el 26 de junio de 2025 la DEAJ por medio de correo
electrónico solicitó al JUZGADO la documentación pertinente para
dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución núm. 5298 de
2023, mediante la cual estableció los requisitos para atender las
devoluciones de sumas de dinero. Ante ese requerimiento el
despacho judicial remitió la subsanación solicitada; no obstante,
no la allegó completa, por lo que el 27 de junio de este año, le
reiteraron las exigencias a cumplir para realizar el respectivo
trámite.
Resaltó que han transcurrido tres meses desde la remisión de la
subsanación y, que el 25 de septiembre de la presente anualidad
envió un nuevo correo solicitando el estado actual de la devolución
de lo pagado en exceso, sin que a la fecha haya obtenido
respuesta o se haya dado trámite alguno.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado
como vulnerado y, en consecuencia:
“[…] Primero: Tutelar el derecho fundamental de petición a
favor de Hass Diamond Company S.A.S. identificada con NIT
900.998.536.
Segundo: Solicito ordenar a Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial –
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Unidad de Presupuesto, brindar respuesta sobre el estado del
trámite de devolución de la suma pagada en exceso por parte
de mi representada.
Tercera: Dar respuesta, oportuna, total y de fondo a la
petición elevada el día 25 de septiembre de 2025. […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La DEAJ realizó un recuento de las solicitudes recibidas y
adujo que a la fecha ni la accionante ni el despacho judicial
mencionado han remitido la documentación necesaria para dar
trámite a la solicitud de devolución de dinero, por lo que considera
que no ha vulnerado los derechos fundamentales a los que alude
la parte accionante.
Finalmente, solicitó declarar improcedente la presente acción por
la configuración del hecho superado, en atención a que ha
realizado todas las actuaciones pertinentes en el marco de su
competencia.
I.5. Vinculado
I.5.1.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma,
guardó silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la sociedad HASS DIAMOND COMPANY
S.A.S., actuando a través de su representante legal, instauró
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho
fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DEAJ, toda
vez que a la fecha de presentación de la acción de tutela de la
referencia no le habían dado respuesta a la solicitud que presentó
el 25 de septiembre de 2025.
En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la parte
demandada vulneró el derecho fundamental de petición invocado
por la accionante.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23
de la Constitución Política, que textualmente indica:
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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114,
estableció que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en
la Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho
de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta
lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado,
no demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia
impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto
2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial
una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le
permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por
la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o
frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida
debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o
material, que supone que la autoridad competente se pronuncie
sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales como el de información, participación
política y libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría
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la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se
reserva para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se
incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20155 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó
el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición,
se refirió así la citada Ley:
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación.”
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su
recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos
y de información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30)
días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la
petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo
razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto.
Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la
competente, debe informar de inmediato al interesado si este
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de
la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe
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remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará
el acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se observa
que la DEAJ dio respuesta a la solicitud de la accionante, mediante
correo electrónico de 2 de diciembre de 2025. En efecto:
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En ese entendido, para la Sala es evidente que la DEAJ resolvió
la petición de la actora explicándole que a la fecha no ha recibido
la documentación requerida para dar trámite a la devolución de
los recursos en la modalidad de conversión, asimismo, le indicó
que una vez el JUZGADO radique dichos documentos, se iniciará
el proceso para la devolución del dinero en caso de cumplir con
todos los requisitos exigidos, respuesta que le fue enviada al
correo electrónico que para tal fin informó la actora así:
Ahora, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la referencia
fue radicada el 20 de noviembre de 2025 y la petición de la
actora fue contestada por la DEAJ y notificada debidamente
mediante correo electrónico el 2 de diciembre de 2025, la Sala
declarara la carencia actual de objeto por hecho superado,
pues la petición presentada el 25 de septiembre de 2025, ante
dicha entidad ya fue atendida de forma clara, completa y de fondo,
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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Por lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto,
por hecho superado, debido a que la solicitud de la parte actora
ya fue resuelta durante el trámite de la acción de tutela mediante
correo electrónico de 2 de diciembre de 2025, notificado en esa
misma fecha al correo electrónico gerencia@hassdiamond.co.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que
le han sido encomendados»6. Y en la misma sentencia se precisó
que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a
través de las siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan
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Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción
tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración
a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta
inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que,
en la actualidad, no se encuentran afectados ni
amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar,
ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o
innecesaria la intervención del juez de tutela […]”7 (Negrilla
fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto
que justifica la intervención preferente del juez constitucional.
7
Ibídem.
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Se sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se
presenta a través de dos eventos, a saber: el hecho superado y
el daño consumado. El primero acaece cuando se supera la
afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde
su finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el
evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por
cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. La
jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual
de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento
de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo
se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna […]”8.
En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en
el asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que los
hechos que originaron la presente acción de tutela han sido
superados, razón por la que se declarará la carencia actual de
objeto, por hecho superado y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 2016-00061-
01(AC).
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F A L L A:
PRIEMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO,
POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 11 de diciembre
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidente
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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