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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07334-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07334-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIEMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07334-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07334-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. DURANTE EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN LA
UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DEAJ DIO RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE LA ACTORA.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la

actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la

UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DEAJ)1.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

1
En adelante DEAJ.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07334-00
Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS

La sociedad HASS DIAMOND COMPANY S.A.S., actuando a

través de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su

juicio, le fue vulnerado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA y la DEAJ por cuanto no ha recibido una respuesta

de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía

electrónica, el 25 de septiembre de 2025, en la que pidió “[…]

solicito respetuosamente que nos informen el estado actual de la

devolución del recurso pagado en exceso, el cual aún permanece en

su poder sin haber sido reintegrado. […]”.

I.2 Hechos

Sostuvo que el 14 de noviembre de 2024, a través de correo

electrónico dirigido a la DEAJ, solicitó la devolución de la suma

pagada en exceso, en cumplimiento de una orden judicial

proferida dentro del proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2022-00088-00, que conoció el JUZGADO

PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE URRAO2.

2 En adelante el JUZGADO.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07334-00
Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS

Indicó que el 26 de junio de 2025 la DEAJ por medio de correo

electrónico solicitó al JUZGADO la documentación pertinente para

dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución núm. 5298 de

2023, mediante la cual estableció los requisitos para atender las

devoluciones de sumas de dinero. Ante ese requerimiento el

despacho judicial remitió la subsanación solicitada; no obstante,

no la allegó completa, por lo que el 27 de junio de este año, le

reiteraron las exigencias a cumplir para realizar el respectivo

trámite.

Resaltó que han transcurrido tres meses desde la remisión de la

subsanación y, que el 25 de septiembre de la presente anualidad

envió un nuevo correo solicitando el estado actual de la devolución

de lo pagado en exceso, sin que a la fecha haya obtenido

respuesta o se haya dado trámite alguno.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado

como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] Primero: Tutelar el derecho fundamental de petición a
favor de Hass Diamond Company S.A.S. identificada con NIT
900.998.536.

Segundo: Solicito ordenar a Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial –

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Actora: HASS DIAMOND COMPANY SAS

Unidad de Presupuesto, brindar respuesta sobre el estado del
trámite de devolución de la suma pagada en exceso por parte
de mi representada.

Tercera: Dar respuesta, oportuna, total y de fondo a la
petición elevada el día 25 de septiembre de 2025. […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La DEAJ realizó un recuento de las solicitudes recibidas y

adujo que a la fecha ni la accionante ni el despacho judicial

mencionado han remitido la documentación necesaria para dar

trámite a la solicitud de devolución de dinero, por lo que considera

que no ha vulnerado los derechos fundamentales a los que alude

la parte accionante.

Finalmente, solicitó declarar improcedente la presente acción por

la configuración del hecho superado, en atención a que ha

realizado todas las actuaciones pertinentes en el marco de su

competencia.

I.5. Vinculado

I.5.1.- El JUZGADO pese a ser notificado en debida forma,

guardó silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo

transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la sociedad HASS DIAMOND COMPANY

S.A.S., actuando a través de su representante legal, instauró

acción de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho

fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DEAJ, toda

vez que a la fecha de presentación de la acción de tutela de la

referencia no le habían dado respuesta a la solicitud que presentó

el 25 de septiembre de 2025.

En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la parte

demandada vulneró el derecho fundamental de petición invocado

por la accionante.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23

de la Constitución Política, que textualmente indica:

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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114,

estableció que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en
la Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho
de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta
lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado,
no demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia
impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto
2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial
una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le
permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de

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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por
la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o
frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida
debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o
material, que supone que la autoridad competente se pronuncie
sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia

participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros

derechos constitucionales como el de información, participación

política y libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría

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la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se

reserva para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se

incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental

de petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20155 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó

el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo (CPACA).

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición,

se refirió así la citada Ley:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario

5
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de
una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación.”

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su

recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos

y de información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30)

días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la

petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa

circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término

señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo

razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del

doble del inicialmente previsto.

Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la

competente, debe informar de inmediato al interesado si este

actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de

la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe

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remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio

al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así

se lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala analizará

el acervo probatorio allegado al expediente.

De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se observa

que la DEAJ dio respuesta a la solicitud de la accionante, mediante

correo electrónico de 2 de diciembre de 2025. En efecto:

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En ese entendido, para la Sala es evidente que la DEAJ resolvió

la petición de la actora explicándole que a la fecha no ha recibido

la documentación requerida para dar trámite a la devolución de

los recursos en la modalidad de conversión, asimismo, le indicó

que una vez el JUZGADO radique dichos documentos, se iniciará

el proceso para la devolución del dinero en caso de cumplir con

todos los requisitos exigidos, respuesta que le fue enviada al

correo electrónico que para tal fin informó la actora así:

Ahora, teniendo en cuenta que la acción de tutela de la referencia

fue radicada el 20 de noviembre de 2025 y la petición de la

actora fue contestada por la DEAJ y notificada debidamente

mediante correo electrónico el 2 de diciembre de 2025, la Sala

declarara la carencia actual de objeto por hecho superado,

pues la petición presentada el 25 de septiembre de 2025, ante

dicha entidad ya fue atendida de forma clara, completa y de fondo,

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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Por lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto,

por hecho superado, debido a que la solicitud de la parte actora

ya fue resuelta durante el trámite de la acción de tutela mediante

correo electrónico de 2 de diciembre de 2025, notificado en esa

misma fecha al correo electrónico gerencia@hassdiamond.co.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar

alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que

le han sido encomendados»6. Y en la misma sentencia se precisó

que el fenómeno previamente descrito puede materializarse a

través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan

6
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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solo es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla
general, esta resulta improcedente, puesto que dicha acción
tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración
a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta
inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que,
en la actualidad, no se encuentran afectados ni
amenazados (regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar,
ya sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado
de la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o
innecesaria la intervención del juez de tutela […]”7 (Negrilla
fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los

cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto
que justifica la intervención preferente del juez constitucional.

7
Ibídem.

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Se sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se
presenta a través de dos eventos, a saber: el hecho superado y
el daño consumado. El primero acaece cuando se supera la
afectación de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde
su finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el
evento en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por
cuanto con ello no se va a lograr el amparo solicitado. La
jurisprudencia constitucional lo explica así: La carencia actual
de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento
de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo
se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna […]”8.

En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en

el asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que los

hechos que originaron la presente acción de tutela han sido

superados, razón por la que se declarará la carencia actual de

objeto, por hecho superado y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 2016-00061-
01(AC).

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F A L L A:

PRIEMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO,

POR HECHO SUPERADO, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 11 de diciembre

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidente

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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