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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07335-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07335-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de la Nación. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Cristian Samir Murillo Perea, por las razones expuestas en la motivación precedente. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07335-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07335-00
Demandante CRISTIAN SAMIR MURILLO PEREA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, SALA TERCERA DE
DECISIÓN
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y procedimental.
Medio de control de reparación directa. Privación injusta de la libertad.
Facultades oficiosas del juez ordinario.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Cristian Samir Murillo Perea, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de noviembre de 20251, Cristian Samir Murillo Perea interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia con ocasión de la sentencia del 29 de septiembre de 2025
proferida en segunda instancia en el medio de control de reparación directa 27001-
33-33-003-2023-00492-00/01.

En consecuencia formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia cuya protección se persigue.
2. Que, en consecuencia, que se deje sin efectos la Sentencia del 29 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó y se le ordene proferir una
nueva decisión en la que se haga uso de las facultades de solicitar pruebas, y se
requiera aquella que acredita el tiempo de privación de la libertad, para emitir una nueva
sentencia en la que se valore dicho elemento».

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos relativos al proceso penal:
2.1. El señor Cristian Samir Murillo Perea se desempeñaba como miembro de la
Policía Nacional adscrito al CTI de Quibdó.
2.2. La Fiscalía dio inicio a una investigación penal en su contra por la presunta
comisión de los delitos de concusión y concierto para delinquir agravado con
fundamento en que, en ejercicio de sus funciones, suministraba información
estratégica al grupo delictivo «Renacer» o también denominado «Águilas
Negras» a cambio de retribuciones económicas.

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Tutela radicada a través del aplicativo SAMAI, secretaría online.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07335-00
Demandante: Cristian Samir Murillo Perea

2.3. El 27 de marzo de 2014 la Fiscalía solicitó la captura del actor y el 7 de abril de
2014 el Juzgado Segundo de Garantías BACRIM de Antioquia ejecutó y
legalizó la orden de captura en contra del señor Cristian Samir Murillo Perea y
se le formuló imputación de cargos.
2.4. El 9 de abril de 2014 le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en establecimiento de reclusión en el complejo
penitenciario y carcelario El Pedregal en la ciudad de Medellín.
2.5. El 21 de julio de 2017 recuperó su libertad por vencimiento de términos.
2.6. Luego de agotadas las etapas respectivas, el 13 de junio de 2022 el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Quibdó con Funciones de
Conocimiento emitió sentencia absolutoria al no haberse acreditado la
colaboración entre el señor Murillo Perea y la organización criminal citada.
2.7. La anterior decisión no fue apelada.

Hechos relacionados con el medio de control de reparación directa expediente
27001-33-33-003-2023-00492-00/01:

2.8. El señor Cristian Samir Murillo Perea, sus hijos (Marlon Samir Murillo Mosquera,
Arlin Samira Murillo García, Cristian Samir Murillo Lozano, IMQ y BSML 2), su
compañera permanente (Dilis Yajaira Lozano Bermúdez), su padre (Wilson
Antonio Murillo Copete), su madre (Flor María Benítez Mosquera), sus 15
hermanos, 10 sobrinos y 2 tíos en ejercicio del medio de control de reparación
directa demandaron a la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación
con el fin de que se declararan administrativa y patrimonialmente responsables
por los perjuicios materiales y morales ocasionados con la privación injusta de
la libertad del señor Cristian Samir Murillo Perea desde el 9 de abril de 2014
hasta el 21 de julio de 2017, es decir, por el lapso de 3 años, 3 meses y 12 días.

En consecuencia, pidieron ser indemnizados por perjuicios morales y
materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.

2.9. El Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó mediante sentencia del 23 de
octubre de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que en la audiencia de legalización de captura, formulación de
imputación y solicitud de medida de aseguramiento la Fiscalía puso en
conocimiento del juez de control de garantías la existencia de indicios graves
de responsabilidad que comprometían al señor Murillo Perea y que fue con
fundamento en esto que el Juzgado Segundo de Garantías BACRIM legalizó la
captura del hoy accionante y decretó la medida de aseguramiento de
detención preventiva en su contra por el delito de concierto para delinquir.

Dijo que, probada la privación de la libertad, en virtud del desarrollo de un
proceso de responsabilidad penal que posteriormente terminó con absolución
del procesado y su consecuente libertad, para el juzgado se trató de una
privación injusta de la libertad que la persona y sus familiares no estaban en el
deber jurídico de soportar.

Agregó que en vigencia de la Ley 906 de 2004, los efectos de la detención
injusta de la libertad, como consecuencia de una medida de aseguramiento en
desarrollo de la investigación penal, hacía responsable a la Rama Judicial,
bajo la causal de imputación objetiva.

2.10. La decisión fue apelada por la Rama Judicial en su condición de parte
demandada y por la Procuraduría 186 Judicial I para Asuntos Administrativos
de Quibdó.

2
Menores de edad a quienes se les reserva la identidad. Corte Constitucional, sentencia T-007 de 2024.

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Demandante: Cristian Samir Murillo Perea

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de
Decisión, en sentencia del 29 de septiembre de 2025 (notificada por correo
electrónico el 30 de septiembre de 2025) revocó la decisión del juzgado y en su
lugar negó las pretensiones de la demanda.

Señaló que de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente si
bien se acreditó que el actor fue vinculado a un proceso penal y fue privado de
la libertad, no fue aportado el audio de la audiencia preliminar en la que el juez
con funciones de control de garantías decidió imponer como medio de prueba
para conocer en detalle las razones de hecho y derecho tenidas en cuenta para
la imposición de la medida de restricción de la libertad del señor Murillo Perea.

Dijo que si bien se aportó la solicitud de audiencia de legalización de captura,
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento y el acta
de dicha diligencia, tales documentos no contenían de manera integral las
decisiones adoptadas por el juez penal con funciones de control de garantías,
razón por la que, no era posible analizar si había incurrido en falencias fácticas
o jurídicas al momento de decretarla y determinar las razones que lo llevaron a
adoptar tal decisión y por tanto, determinar si había lugar a declarar la
responsabilidad del Estado por la presunta privación injusta de la libertad del
hoy accionante.

Adicionalmente, que no estaba en el expediente digital obrante en la
plataforma SAMAI prueba que permitiera establecer el periodo en que el señor
Cristian Samir Murillo Perea estuvo privado de la libertad ni en qué
establecimiento penitenciario ocurrió esto, elementos que, a juicio del tribunal,
eran necesarios para acreditar la afectación alegada por los demandantes.

Finalizó argumentando que el actor no cumplió con la carga probatoria que le
asistía para probar el daño que alegaba y dijo que allegó piezas aisladas del
proceso penal como pruebas que no reflejaban las razones expuestas en su
momento por el fiscal ante el juez de control de garantías para solicitar la
legalización de la captura y la imposición de la medida de aseguramiento ya
que era desde ese momento que se restringía de la libertad del imputado.

3. Fundamentos de la acción

Para la parte actora la sentencia del 29 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión en el medio de control
de reparación directa, incurrió en los defectos fáctico y procedimental. Las razones
fueron las siguientes:

3.1. Defecto fáctico. En criterio del accionante, el tribunal dejó de hacer uso de la
facultad oficiosa con la que contó para decretar pruebas de oficio conforme lo
dispone el artículo 213 del CPACA en aras de establecer la posible
responsabilidad del Estado.

Consideró que en el caso existían fundadas razones para considerar que la
inactividad judicial podía apartar su decisión de la justicia material y que el
deber del juez era buscar una respuesta eficaz a las eventuales dudas
planteadas por las partes en el litigio.

Discutió que en el proceso ordinario existieron dudas respecto de la motivación
que tuvo la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento en su contra y
que no era posible relacionarlo con la conducta punible imputada.

De la audiencia de juicio, destacó que se logró establecer que de acuerdo con
las labores investigativas tales como entrevistas a testigos, reconocimientos

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Demandante: Cristian Samir Murillo Perea

fotográficos y labores de verificación, no fue autor o partícipe de los delitos
imputados.

Del acta de la audiencia de medida de aseguramiento aportada con la
demanda ordinaria, dijo que como lo advirtió el tribunal accionado, no era
posible determinar el actuar irregular de las autoridades judiciales y que era
complejo determinar si la privación de la libertad de la que fue objeto había sido
injustificada, pero que ese mismo material probatorio resultaba más
concluyente si se cotejaba con nuevas pruebas, en específico, aquella echada
de menos por la autoridad judicial accionada.

En ese orden de ideas, sostuvo que ante la ausencia de elementos probatorios,
era fundamental que el tribunal hiciera uso de su facultad oficiosa en aras de
garantizar la justicia material y que, como parte interesada hizo un esfuerzo
para acreditar los hechos que pretendía demostrar para acreditar la
responsabilidad en el caso aportando elementos de juicio que consideró
suficientes para demostrar la actuación irregular del Estado al punto de
haberse accedido a las pretensiones por parte del juez de primera instancia.

3.2. Defecto procedimental. Que fundamentó en la ausencia de defensa técnica.

Precisó que la falla no estuvo amparada en una estrategia de defensa por parte
del abogado para proteger los intereses de su poderdante sino de considerar
que con aportar el acta de audiencia de imposición de medida de
aseguramiento y posterior sentencia absolutoria eran suficiente prueba para
demostrar la actuación irregular en el marco de la razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad.

Indicó que la omisión de su apoderado de allegar las pruebas que permitieran
demostrar la privación injusta de su libertad fue trascendental al punto de
haberse evidenciado una ausencia de material probatorio por parte del tribunal
accionado.

Además, que la eventual falla del profesional del derecho no le era imputable a
los demandantes quienes a la final resultaron afrontando las consecuencias
negativas de la decisión y agregó que aun cuando existió una defensa de los
intereses de la parte demandante, la representación llevada a cabo por el
profesional del derecho fue deficiente y tal circunstancia llevó a que la
autoridad judicial no contara con los suficientes elementos de prueba que
permitieran establecer la responsabilidad del Estado en la alegada privación
de la libertad reiterando que esta no podía ser una carga imputable a los
demandantes ya que iba en detrimento de los derechos fundamentales.

Finalmente sostuvo que la ausencia de defensa técnica no podía llevar a que
se dejaran de motivar las decisiones judiciales, concatenando esta afirmación
con la ausencia de decreto de pruebas de oficio, figura a la que insistió, debió
acudir el Tribunal accionado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 28 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se
ordenó la notificación de las partes accionante y accionada, esto es, al Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión; como terceros con interés
se ordenó vincular a la Nación, Rama Judicial, a la Fiscalía General de la
Nación quienes actuaron como parte demandada en el proceso ordinario, al
Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, autoridad judicial que dictó
sentencia en primera instancia y, a los familiares que fueron parte demandante
en el medio de control de reparación directa.

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4.2. El Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión, presentó
escrito de oposición en el que manifestó que la tutela no cumplía con el
requisito de relevancia constitucional al no contar la tutela con la suficiente
carga argumentativa.

Adicionalmente indicó que si bien se advertía la presunta existencia de los
defectos fáctico y procedimental, en realidad la sentencia había indicado las
razones por las que las pruebas aportadas al proceso fueron insuficientes y
que no era posible que el juez ordinario entrara a suplir las cargas probatorias
de las partes ni a corregir eventuales deficiencias en la defensa técnica.

A continuación mencionó las razones expuestas en la sentencia acusada que
llevaron a negar las pretensiones de la demanda y pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela o en su defecto que se negaran las
pretensiones de la demanda.

4.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Quibdó, Chocó,
rindió informe por conducto de apoderada judicial en el que pidió se negaran
las pretensiones de la acción de tutela.

Como fundamento de dicha solicitud, sostuvo que cada sujeto procesal tenía el
deber de aportar los medios de convicción necesarios para acreditar los
hechos que sustentaran sus pretensiones o defensas y que quien afirmaba un
hecho del que se derivaba un efecto jurídico tenía el deber de probarlo.

Que en el caso lo que buscó el actor fue que se declara la responsabilidad del
Estado por la causación de un daño antijurídico imputable a la administración
lo que implicaba acreditar que la medida de aseguramiento fue injusta aspecto
que debía probarse y no presumirse; así, sostuvo que en el caso la parte actora
no presentó el audio de audiencia preliminar que era una prueba fundamental
para conocer las razones por las que en su momento se impuso la medida y
que, pretender que el juez supliera tal omisión mediante la práctica de pruebas
de oficio desnaturalizaba el principio dispositivo.

De las pruebas de oficio estimó que si bien era una facultad con la que contaba
el juez natural conforme lo dispuesto en el artículo 213 del CPACA, esta era
discrecional y excepcional ya que estaba orientada a esclarecer puntos
oscuros pero que no podía emplearse para reconstruir integralmente la teoría
del caso del demandante ni para suplir su inactividad probatoria.

4.4. La Fiscalía General de la Nación, presentó escrito de defensa suscrito por la
profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad,
en el que expuso que en el caso la Fiscalía no contaba con legitimación en la
causa por pasiva dentro del presente trámite constitucional al no tener
competencia en relación con lo pretendido por la parte actora.

De otra parte, se pronunció en relación con la procedencia de la presente
acción y consideró que no se cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional al no sustentar de manera adecuada las causales específicas de
tutela contra providencia judicial.

Por último, indicó que la providencia acusada era conforme a lo acreditado en
el expediente, las normas y que no vulneró derecho fundamental alguno al
accionante.

4.5. El Juzgado Tercero Administrativo Quibdó, allegó el link de acceso al
expediente ordinario.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y
así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Cuestión previa

La Fiscalía General de la Nación, pidió ser desvinculada de la presente acción por
carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Respecto de lo anterior, la Sala precisa que según lo dispuesto en el auto admisorio
de la acción de tutela, la Fiscalía General de la Nación fue vinculada al proceso
constitucional en calidad de tercero con interés y no como parte demandada. Lo
anterior considerando que hacer parte del extremo pasivo del proceso reparación
directa en el que se emitió la providencia de cierre por parte de la autoridad judicial
accionada.

3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico,
(ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido, (vi) defecto
por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

6

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De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19917, a la Fiscalía le asiste interés legítimo en el resultado de este proceso
constitucional, dada su calidad de sujeto procesal en el proceso ordinario objeto de
análisis, y por tal motivo debe permanecer vinculada a éste en la calidad de tercero
que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela.

4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

4.1. El accionante alegó la configuración de los defectos fáctico y procedimental
por ausencia de defensa técnica, para controvertir el fundamento de la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que se orientó a la
falta de pruebas relevantes para determinar si el Estado era responsable
administrativamente por la privación de la libertad de que fue objeto el señor
Cristian Samir Murillo Pérez.

Teniendo presente que al amparo del defecto procedimental la parte actora
cuestiona el actuar del apoderado que reconocido en el proceso 8 frente a la
actividad probatoria que debió desplegar y, en atención a que la discusión gira
en torno a aspectos de orden probatorio, la Sala hará el estudio conjunto de los
defectos propuestos, a partir de la caracterización del defecto fáctico.

4.2. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si al proferir la
sentencia del 29 de septiembre de 2025 en el medio de control de reparación
directa 27001-33-33-003-2023-00492-00/01, el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Tercera de Decisión incurrió en defecto fáctico por no ejercer la
facultad oficiosa con la que contaba en aras de que fueran allegados al
proceso los elementos de prueba necesarios para determinar la
responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de la que dijo
haber sido víctima el señor Cristian Samir Murillo Pérez.

5. Análisis del defecto fáctico en el caso concreto

5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
efecto, la Corte Constitucional9 ha dicho que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos
dimensiones:

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o no
valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso10; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión 11; o (iii) no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo12.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en

7
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
8
Reconocido como apoderado de las partes en auto del 25 de enero de 2014 por el que se admitió la demanda de reparación
directa.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
11
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

7

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Demandante: Cristian Samir Murillo Perea

pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión13; o
(v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia14.

La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión 15. En
suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia16. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios 17.

5.2. El cargo por defecto fáctico se sustentó en que, a juicio de la parte actora, el
Tribunal debió decretar pruebas de oficio conforme lo dispone el artículo 213
del CPACA en aras de establecer la posible responsabilidad del Estado y que,
si bien allegó algunas piezas procesales con la demanda con las que se
lograba establecer que no había sido autor o partícipe de los delitos imputados,
dicho material probatorio resultaba más concluyente si se cotejaba con nuevas
pruebas que hubiera decretado de oficio, concretamente las que consideró
relevantes la autoridad judicial accionada y no obraban en el expediente.

Con el propósito de decidir si se concretó el alegado defecto fáctico, la Sala
encuentra necesario citar de manera textual los argumentos que presentó el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Tercera de Decisión el 29 de
septiembre de 2025 al momento de hacer el análisis probatorio de la siguiente
manera:
«55. En este punto, conviene precisar que, el hecho de que una persona resulte privada de
la libertad dentro de un proceso penal que termina con absolución, no resulta suficiente para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la
medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a
la administración.
56. Ahora bien, conforme el material probatorio obrante en el presente asunto, se advierte
que, si bien quedó acreditado que el señor Cristian Samir Murillo Perea fue vinculado a un
proceso penal, privado de la libertad, acusado y absuelto por los delitos de concusión y
concierto para delinquir agravado, lo cierto es, que no se aportó el audio de la audiencia
preliminar en la que el Juez con funciones de control de garantías decidió imponer tal elemento
de prueba, para conocer en detalle, las razones de hecho y de derecho que se tuvieron en
cuenta para la imposición de la medida restrictiva de la libertado de aquel.
57. Lo anterior, teniendo en cuenta que, aunque se aportó la solicitud de audiencia de
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento
y el acta de dicha diligencia, tales documentos no contienen de manera integral las decisiones
adoptadas por el Juez Penal con funciones de control de garantías, por lo tanto, no es posible
analizar sí aquel incurrió en falencias fácticas o jurídicas al momento de decretarla y así
determinar si las razones que lo motivaron a adoptar tal decisión, fueron válidas, razonadas y
ajustadas a derecho y, por ende, sí había lugar o no a declarar la responsabilidad del Estado
por la presunta privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Cristian Samir
Murillo Perea.
58. Aunado a ello, tampoco obra en el expediente digital que se encuentra disponible en la
plataforma SAMAI, prueba que permita establecer el periodo en el que el señor Cristian Samir
Murillo Perea estuvo privado de la libertad, ni en qué establecimiento penitenciario ocurrió ello,
elementos requeridos para acreditar la afectación objetiva o subjetiva que el daño alegado le

13
Ibidem.
14
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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produjo a él y a su núcleo familiar, ya que en la práctica no se indemnizan los eventos dañosos
como tal, sino también las consecuencias que aquellos tienen sobre una persona determinada.
59. En ese orden de ideas, ante la ausencia de tales piezas del proceso penal, resulta
imposible para la Sala analizar la supuesta falla del servicio endilgada a la entidad demandada
Nación – Rama Judicial relacionada con la presunta ausencia de los requisitos formales
requeridos para que proceda la imposición de medida de aseguramiento o establecer si valoró
o no y en conjunto la prueba recaudada previo a la adopción de tal decisión, es decir, no es
dable determinar si el Juez con funciones de control de garantías incurrió en falencias fácticas
o jurídicas al momento de imponer la medida privativa de la libertad, y así establecer si las
razones que lo motivaron, fueron válidas, proporcionadas, ajustadas a derecho y, por ende, si
la misma fue legal o no, lo cual es necesario en aras de determinar si la detención de aquel fue
injusta o no.
60. Lo anteriormente expuesto, permite concluir sin dubitación alguna, que la parte actora
desatendió la carga probatoria que le impone el ordenamiento jurídico de probar los hechos en
los que sustenta sus pretensiones, pues del material probatorio obrante en el proceso no se
observa arbitrariedad alguna en la determinación adoptada por la Rama Judicial a través de
uno de sus agentes, esto es, la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la
libertad en centro carcelario al señor Cristian Samir Murillo Perea. Ya que no se puede pasar
por alto, el hecho que el extremo activo de la Litis se conformó con aportar algunas piezas
documentales aisladas del proceso penal, que no reflejan de manera alguna las razones, que
fueron expuestas por el ente investigador ante el Juez de Control de Garantías, para solicitar la
legalización de la captura y la imposición de la medida de aseguramiento, considerando que es
desde ese momento en que se empieza a ver restringido el derecho a la libertad del imputado.
61. Adicionalmente, conviene recordar que, a las partes les incumbe probar el supuesto de
hecho les incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto,
las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio judicial responden a
principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria a través de las cuales se
establecen los procedimientos para incorporar al proceso -de manera regular y oportuna- las
pruebas de los hechos, si la intención de la parte es convencer al juez sobre las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los mismos y las respectivas consecuencias o
controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial».

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el Tribunal para adoptar la decisión
cuestionada en sede de tutela, verificó previamente los elementos probatorios
con el propósito de establecer que la captura y la formulación de cargos para
proceder con la medida de aseguramiento se hubieran llevado a cabo
conforme al ordenamiento, lo que no fue posible dada la ausencia de pruebas
para establecer la alegada responsabilidad del Estado.

El análisis que se hizo en la sentencia se orientó a establecer que si bien
estuvo acreditado que el señor Murillo Perea fue vinculado a un proceso penal,
privado de la libertad, acusado y absuelto por los delitos de concusión y
concierto para delinquir agravado, extrañó pruebas tales como la diligencia de
audiencia preliminar en la que el juez con funciones de control de garantías
detalló los motivos para adoptar tal decisión de medida restrictiva de la libertad.

Así, el Tribunal advirtió que si bien aportó la audiencia de legalización de
captura y de formulación e imputación de cargos y medida de aseguramiento
con el acta respectiva, no aportó como se dijo, el audio de la audiencia
preliminar por la que se impuso la medida de aseguramiento, lo que para el
juez ordinario era relevante para determinar la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida.

Es más, revisada la sentencia absolutoria proferida el 13 de junio de 2022 por
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Quibdó con Funciones
de Conocimiento que sí se aportó al proceso ordinario, se advierte que estuvo
fundamentada en la duda razonable a favor del procesado sobre la autoría del
actor en los hechos por los que en su momento fue acusado.

De modo que si bien se optó por una decisión absolutoria y se privilegió la
presunción de inocencia, de su contenido no podría derivarse la

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materialización de una falla en el servicio atribuible a las entidades
demandadas por la imposición de la medida de aseguramiento.

5.3. En este sentido, a efectos del análisis de la responsabilidad del Estado por la
imposición de la medida de aseguramiento respectiva, era determinante
conocer los elementos materiales probatorios y evidencia física que se
consideraron para tal fin, pero, ante la omisión probatoria de la parte actora, no
era posible que el juez natural entrara a suplir tal falencia a través del decreto
de pruebas de oficio, pues dicha facultad no tiene tal propósito ya que está
restringida a ciertos eventos puntuales.

En relación con la carga de la prueba, el Código General del Proceso en su
artículo 167, consagra que: “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en
materia probatoria civil y contenciosa, el ordenamiento jurídico colombiano
está orientado por el principio de incumbencia que impone en cabeza de las
partes la formulación de una estrategia probatoria robusta que permita
acreditar la veracidad de los supuestos de hecho que respaldan sus
pretensiones.

Luego, se reitera, para este caso, a la parte demandante le correspondía
probar la falla en el servicio atribuible a las entidades que demandó para lo cual
era relevante allegar el soporte de la solicitud e imposición de la medida de
aseguramiento, pues tal como lo indicó el Tribunal en la sentencia de cierre, no
era dable determinar si el juez con funciones de control de garantías incurrió en
falencias fácticas o jurídicas al momento de imponer la medida privativa de la
libertad y de allí establecer si esas razones habían sido o no válidas,
proporcionadas, ajustadas a derecho y si la detención había sido injusta o no.

5.4. Es cierto que el CPACA en su artículo 213 establece la posibilidad de que el
juez de la causa, ante un punto o aspecto oscuro, utilice sus facultades
probatorias para tratar de esclarecerlo, pero tal facultad debe utilizarse de
manera prudente y en determinadas y excepcionales circunstancias, pues el
ejercicio arbitrario de esta potestad podría afectar el equilibrio procesal que se
predica de la jurisdicción contenciosa.

En consecuencia, ya que el juez no incumplió una obligación ni incurrió en una
omisión que perjudique los derechos fundamentales del actor, esta Sala no
encuentra configurado el defecto fáctico razón por la que se negarán las
pretensiones de la presente acción.

5.5. Finalmente advierte la Sala que, en este caso no solo existió una
designación formal del profesional del derecho en procura de adelantar el
proceso ordinario de reparación directa, sino que este ejerció actos positivos
encaminados a la defensa de los intereses de los demandantes en el
respectivo medio de control.

Conforme lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia T 018 de 2017 «la
defensa técnica se materializa mediante actos de contradicción, notificación, impugnación,
solicitud probatoria y alegación», lo que ocurrió en el trámite del respectivo medio de
control, por lo que no le asiste razón al accionante cuando afirma que no contó
con la defensa de sus intereses. Cosa distinta es que el juez natural de la
causa concluyera que la actividad probatoria no fue suficiente para demostrar
la responsabilidad del Estado alegada en la demanda de reparación directa.

6. Conclusión

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Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la presente
acción de tutela, al no acreditarse la configuración de los defectos alegados en la
sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Tercera de Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de la
Nación.

2. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Cristian
Samir Murillo Perea, por las razones expuestas en la motivación precedente.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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