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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07352-00

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07352-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRESE improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07352-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C. doce (12) diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07352-00
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y Juzgado Cuarto Administrativo
de Yopal
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el señor Álvaro
Enrique Valderrama Parra contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Casanare mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
proceso con radicado 85001-3333-002-2020-00016-01.

SÍNTESIS1

El accionante enjuició la sentencia que negó las pretensiones de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual buscaba la revocatoria de la Resolución No. RDO-2018-03077
de 31 de agosto de 2018, por medio de la que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -
UGPP profirió la liquidación oficial por omisión en la afiliación o vinculación al Sistema de Seguridad
Social Integral y sancionó al demandante por omisión en la declaración correspondiente al año 2014,
y de la Resolución RDC-2019-01784, del 18 de septiembre del año 2019, mediante la cual la UGPP,
según las pruebas de pago de aportes realizados por el señor Valderrama Parra, modificó los
aportes determinados en la liquidación oficial y la sanción previamente impuesta en la Resolución
RDO-2018-03077 del 31 de agosto de 2018. En su concepto, el señor Álvaro Enrique Valderrama
Parra señaló que la providencia judicial cuestionada incurrió en violación del derecho al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia e incurrió en un defecto sustantivo
y fáctico. La Sala declarará improcedente la demanda de tutela porque no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El señor Álvaro Enrique Valderrama Parra, en nombre propio, interpuso demanda de
acción de tutela contra las sentencias del 31 de julio de 2024 y del 22 de mayo de 2025,
proferidas, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente. Esto con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de
seguridad jurídica, reserva de ley y equidad, así como los derechos al debido proceso y a
la igualdad.

2. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por las sentencias
cuestionadas, las cuales negaron las pretensiones de la demanda presentada por el señor
Álvaro Enrique Valderrama Parra en contra de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales, en adelante, “UGPP”, en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
Acción de tutela

restablecimiento del derecho, tramitada bajo el radicado 85001-3333-002-2020-00016-00-
01.

3. Las pretensiones elevadas por el actor en la acción de tutela son las siguientes (se
transcribe):

“PRIMERA. Sírvase señor Juez Constitucional, amparar los derechos vulnerados al debido
proceso, propiedad privada e igualdad, en conexidad con el principio de confianza legítima,
así como cualquier otro derecho que encuentre vulnerado mediante la subsistencia de los
fallos del treinta y uno (31) de julio de 2024 (Juzgado 04 Administrativo de Yopal) y del
veintidós (22) de mayo de 2025 (Tribunal Administrativo de Casanare).SEGUNDA. En
consecuencia, solicito se DEJEN SIN EFECTO las sentencias proferidas por el Juzgado
04 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, por haberse incurrido
en defectos facticos y sustantivos derivados en la omisión de las situaciones concretas del
caso, el desconocimiento y aplicación errónea de la normatividad; así mismo, por la
vulneración al derecho de igualdad y principios de confianza legítima y equidad tributaria.
TERCERA: Ordenar a los jueces accionados que, en el término perentorio que se señale,
profieran una nueva providencia debidamente motivada, en la cual se realice: a) la
observancia de la ausencia normativa que determinara el IBC para el año 2014 y que, por
tanto, me exoneraba de los valores en aportes impuestos. b) Una valoración integral y
objetiva de las pruebas obrantes en el expediente, incluyendo la que demuestra los
periodos cuyo resultado dio perdida contable razón por la cual no debí cotizar a seguridad
social. c) El reconocimiento de la exoneración de la sanción por exculpación en línea con
la jurisprudencia del Consejo de Estado”2.

B. Hechos

4. El 13 de septiembre de 2016, la UGPP emitió requerimiento de información No. RQI-710,
al señor Álvaro Enrique Valderrama Parra, en el que se informa que, en virtud del
seguimiento al estado de cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y Pensiones, se había evidenciado que para el año 2014 no se
atendieron las obligaciones de afiliación y aporte en calidad de cotizante. Asimismo, que tal
situación lo hacía acreedor de la sanción establecida en el numeral 1° del artículo 179 de
la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014.

5. El 15 de diciembre de 2017, la UGPP expidió el requerimiento RCD-2017-04051 para
declarar y/o corregir, mediante el cual se fiscalizó el período comprendido entre el 1° de
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. En este se tuvo en cuenta la declaración de
renta para el año gravable 2014 presentada por el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra
frente al primer requerimiento.

6. El 20 de abril de 2018, el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra objetó la liquidación de
aportes y la sanción a pagar, previstas en el segundo requerimiento de la UGPP.

7. El 31 de agosto de 2018, la UGPP emitió la Resolución No. RDO-2018-03077 del 31 de
agosto de 2018, por medio de la cual se adoptó la liquidación oficial por omisión en la
afiliación o vinculación al Sistema de Seguridad Social Integral, y se sancionó por omisión
en la declaración para el referido periodo 2014.

8. El 2 de noviembre de 2018, el señor Valderrama Parra interpuso el recurso de
reconsideración en contra del acto administrativo mencionado en el numeral anterior, para
lo cual adjuntó doce planillas integradas de liquidación de aportes para el año 2014 e indicó
que solo tuvo ingresos efectivamente percibidos en los meses de enero, octubre y diciembre
del año fiscal 2014. Frente a los demás meses, alegó que se presentaron pérdidas, a pesar

2 Índice 2 Samai.

2

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de lo cual aportó al Sistema de la Seguridad Social sobre un salario mínimo legal vigente,
aunque, en su criterio, no era obligatorio aportar en dichos meses por presentar perdidas
para el contribuyente.

9. El 18 de septiembre del año 2019, la UGPP emitió la Resolución No. RDC-2019-01784,
mediante la cual, según las pruebas de pago de aportes realizados por el señor Valderrama
Parra, modificó los aportes determinados en la liquidación oficial No RDO-2018-03077 del
31 de agosto de 2018 y la sanción previamente impuesta. Así, fijó la suma de once millones
cuatrocientos ochenta mil pesos ($11.480.000) y modificó la sanción por omisión impuesta
al señor Valderrama Parra en la suma de veintidós millones novecientos sesenta mil pesos
($22.960.000).

10. El 31 de agosto de 2020, el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que
se declarara la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores y, a título
de restablecimiento del derecho, se declarara que estaba exonerado del pago de la
liquidación y de la sanción establecida por la UGPP, y que se encontraba a paz y saldo con
dicha entidad por los conceptos establecidos en los actos demandados. Subsidiariamente,
en caso de no decretar la nulidad absoluta, solicitó tener como ingreso base de liquidación
un salario mínimo mensual vigente del año 2014, ya que para entonces no estaban
tipificados los elementos del pago de dichos aportes para los independientes sin contrato
de prestación de servicios y rentistas de capital, en consecuencia, sostiene que
voluntariamente podía cotizarse sobre dicho valor.

11. Como fundamento de sus peticiones, adujo, fundamentalmente, la vulneración del
principio de legalidad y tipicidad en el ejercicio del ius puniendi por parte de la UGPP, con
la consecuente afectación del derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior, debido
a que para el año 2014 no existía norma expresa que estableciera el Ingreso Base de
Cotización (en adelante IBC) necesario para la liquidación de los aportes al sistema de
seguridad social en salud por parte de los trabajadores independientes que no contaban
con contrato de prestación de servicios. Dicha indeterminación tendría su origen en que
estaba pendiente la reglamentación por parte del Gobierno Nacional de la presunción de
ingresos de los mencionados trabajadores, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley
1122 de 20073, texto vigente para el año 2014.

12. Mediante sentencia del 31 de julio de 2014, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
negó las pretensiones del demandante, por considerar que los actos administrativos
impugnados se ajustan a la legalidad y que la normatividad vigente en 2014 era suficiente
para exigir la cotización y determinar la base gravable para trabajadores independientes sin
contrato de prestación de servicios y rentistas de capital.

12.1. El juez de primera instancia señaló que para el caso en concreto, en materia pensional,
por tratarse de un trabajador independiente por cuenta propia, se debe acudir a lo dispuesto

3 Ley 1122 de 2007. Artículo 18. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al
Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la
cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad
contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere relación laboral.
Para los demás contratos y tipos de ingresos el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción
de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas, la región de operación, la
estabilidad y estacionalidad del ingreso. PARÁGRAFO. Cuando el contratista pueda probar que ya está
cotizando sobre el tope máximo de cotización, no le será aplicable lo dispuesto en el presente artículo.”

3

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en los artículos 154 y 195 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, respectivamente, los cuales establecen para los trabajadores
independientes la obligación de cotizar sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la
cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente recibidos y sin
que sean menores a un salario mínimo legal vigente. Adicionalmente, señaló que los
artículos 16 y 37 del Decreto 510 de 2003 establecen qué debe entenderse por ingresos
efectivamente percibidos, aquellos que nominalmente se reciben menos las sumas que se
deben erogar para desarrollar la actividad económica, según lo previsto en el artículo 107
del Estatuto Tributario8.

4 Ley 100 de 1993. Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o
empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra
modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus
características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del
Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993,
y se regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos
que ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
Durante los tres (3) años siguientes a la vigencia de esta ley, los Servidores públicos en cargos de carrera
administrativa, afiliados al régimen de prima media con prestación definida deberán permanecer en dicho
régimen mientras mantengan la calidad de tales. Así mismo quienes ingresen por primera vez al Sector
Público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de los Seguros
Sociales, durante el mismo lapso.
5 Ley 100 de 1993. Artículo 19. Base de Cotización de los trabajadores independientes. <Artículo modificado

por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los afiliados al sistema que no
estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores
públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. (…)
6 Ley 100 de 1993. Artículo 1°. De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993,

modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios
al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de
servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, deberán estar afiliados al Sistema General de
Pensiones y su cotización deberá corresponder a los ingresos que efectivamente perciba el afiliado. Para este
propósito, él mismo deberá declarar en el formato que para tal efecto establezca la Superintendencia
Bancaria, ante la administradora a la cual se afilie, el monto de los ingresos que efectivamente percibe,
manifestación que se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento.
El afiliado deberá actualizar dicha información, cuando se produzcan cambios significativos en sus ingresos,
es decir, en más del 20%, respecto de su declaración inicial y, en todo casa, por lo menos una vez al año
dentro de los dos primeras meses. Lo anterior, se efectuará sin perjuicio, de que se realicen los descuentos
directos que establezca el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 y así mismo, de que cuando se realicen los cruces de información
previstos por el literal f) del parágrafo 1° de dicho artículo y se establezca que los aportes realizados son
inferiores a los debidos, el afiliado deba realizar los aportes correspondientes.
Parágrafo. Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que él mismo recibe
para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe
erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del
Estatuto Tributario.
7 Ley 100 de 1993. Artículo 3°. La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo

en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud. Este límite se
aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo.
La base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la base de la cotización
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo que el afiliado cotice para el Sistema General de
Pensiones sobre una base inferior a la mínima establecida para el Sistema General de Seguridad Social en
Salud. (…)”
8 Estatuto Tributario. ARTICULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. <Fuente original

compilada: D. 2053/74 Art. 45> Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en
el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las
actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. La
necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta

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12.2. Por otra parte, el juez de primera instancia indicó que en materia de salud la obligación
derivaba, en primer lugar, de lo dispuesto en el artículo 204 9 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 1122 de 2007, y reglamentado por los artículos 2610 y 6611 del Decreto
806 de 1998, los cuales a su vez fueron desarrollados por la Resolución núm. 9 de 1996,
por medio del cual se establece el sistema de presunciones de los trabajadores
independientes, y el artículo del Decreto 1406 de 1999, en virtud del cual se advierte que,
inicialmente la presunción de ingresos operaba sobre los formularios de afiliación que
voluntariamente diligenciaba el contribuyente ante el sistema general de seguridad social;
sin embargo, cuando los ingresos reales eran superiores a la aplicación de las fórmulas de
presunción, los aportes debían hacerse con base en los ingresos realmente percibidos.

12.3. Finalmente, destacó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 201112 establece la presunción
legal de capacidad de pago de aquellas personas que declaran renta, norma de la cual se

las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.
(…)”
9 Ley 100 de 1993. Artículo 204. inciso 1o. modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007. La cotización

al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso
o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador
será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la
subcuenta de Solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen
subsidiado. Las cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes especiales y de excepción se
incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será destinado a la
subcuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco a los que hace referencia el presente artículo. El
cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones
aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco
por ciento (0,5%).
10 Decreto 806 de 1998. ARTÍCULO 26. Afiliados al Régimen Contributivo. Las personas con capacidad de

pago deberán afiliarse al Régimen Contributivo mediante el pago de una cotización o aporte económico previo,
el cual será financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre
éste y su empleador. Serán afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud:
1. Como cotizantes:
a) Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, vinculadas mediante contrato
de trabajo que se rija por las normas colombianas, incluidas aquellas personas que presten sus servicios en
las sedes diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país;
b) Los servidores públicos;
c) Los pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como
del sector privado. En los casos de sustitución pensional o pensión de sobrevivientes deberá afiliarse la
persona beneficiaria de dicha sustitución o pensión o el cabeza
de los beneficiarios; d) Los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas
y en general todas las personas naturales residentes en el país, que no tengan vínculo contractual y
reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a dos
salarios mínimos mensuales legales vigentes; (…)”
11 Decreto 806 de 1998. ARTÍCULO 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de

cotización para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS de
acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia Nacional de Salud. En
ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores independientes podrá ser inferior al equivalente al
12% de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.”
12 Ley 1438 de 2011. Artículo 33. Presunción de capacidad de pago y de ingresos. Se presume con capacidad

de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser afiliados
oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto a las ventas e
impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso establecido para pertenecer
al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del Sisbén, de acuerdo
con las normas sobre la materia.

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desprende la obligación del señor Valderrama Parra de afiliarse y pagar cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social.

13. El actor apeló la decisión e indicó quelas normas vigentes para el año 2014 no eran las
aplicadas por el juez de primera instancia, sino únicamente el artículo 18 de la Ley 1122 de
2007 que ordenaba la reglamentación de la presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, la cual solo fue reglamentada en el año 2022 en virtud de una acción de
cumplimiento. Por lo anterior, a su juicio, para la época de los hechos sub lite (2014) no
existía reglamentación sobre el IBC para la cotización, por lo que no estaban todos los
elementos del tributo, específicamente, la base gravable correspondiente al IBC.

13.4. De manera adicional, señaló que la sentencia apelada se fundamentó en la Ley 1438
de 2011, sin tener en consideración que, como lo ha establecido la jurisprudencia del
Consejo de Estado, - cita la sentencia No. 25000-23-41-000-2022-00033-01 del 5 de mayo
de 2022, consejero ponente Luis Alberto Álvarez Parra, - el artículo 33 de la referida ley no
regulaba el IBC de los trabajadores independientes.

13.5. Además, reprochó que la sentencia justificara la incoherencia descrita en el artículo 33
de la Ley 1438 de 2011, el cual exige al contribuyente ajustar periodos acordes a su
declaración de renta, lo que lo deja en un escenario contradictorio y vacío sobre la
obligación de cotización de los trabajadores independientes sin contrato de prestación de
servicios. Asimismo, a su juicio, erró la sentencia al no considerar de forma subsidiaria todos
los periodos en los que en el año 2014 tuvo perdida, en lugar de utilidad, y la exculpación
que aplica a todos los trabajadores independientes, comerciantes y rentitas de capital, a los
que no se les diseñó un sistema acorde a la fluctuación impredecible de sus ingresos.

13.6. Señaló que tampoco era legitimo determinar que para el año 2014 la base gravable o
Ingreso base de cotización del subsistema en pensión se encontraba fundamentado en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797
de 2003, y reglamentados con los artículos 1 y 3 del Decreto 510 de 2003. En relación con
la última disposición, teniendo en cuenta que para el año 2014, dicho Decreto había perdido
vigencia con fundamento en el artículo 8 del Decreto 3085 de 2007, que reglamentó
precisamente los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993.

13.7.De manera subsidiaria, consideró que el despacho no se pronunció sobre la
incoherencia de generar aportes sobre los periodos de 2014-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 12 ,
teniendo en cuenta que durante estos interregnos el actor presentó pérdidas en su actividad
comercial, por lo cual no existía la obligación de realizar cotizaciones, al menos por estos
períodos.

14. Mediante sentencia del 22 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
confirmó la decisión de negar las pretensiones del demandante. En primer lugar, analiza y
ratifica la facultad de la UGPP para la determinación y cobro de las contribuciones
parafiscales de la protección social y para imponer las sanciones que correspondan, dada
la omisión de la obligación de afiliación al sistema y pago de las referidas contribuciones.

El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre
las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores declarados ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al sistema estos últimos deberán ser ajustados.

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14.1. Por otra parte, analizó el deber de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud
y señala lo dispuesto en los artículos 15613 y 15714 de la Ley 100 de 1993, el artículo 26 del
Decreto 806 de 1998, el artículo 16 del Decreto 1406 de 199915 y el artículo 15 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 3 3 de la Ley 797 de 2003. Asimismo, citó el artículo
33 de la Ley 1438 de 2011, que establece la presunción de capacidad de pago y de
ingresos.

14.2. Sobre la base gravable y la presunción de capacidad de pago, resaltó los artículos 1 y
3 del Decreto 510 de 2003.

14.3.Teniendo en cuenta este marco normativo, precisó, en primer lugar, que el fundamento
fáctico que originó la expedición de los actos demandados proferidos por la UGPP, se
concreta a la omisión en afiliación y pago de los aportes a salud para el periodo de enero a
diciembre de 2014 por parte del señor Álvaro Enrique Valderrama Parra, quien según el
reporte y declaración presentada ante la DIAN demostró su capacidad de pago estando
obligado a efectuar cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de
trabajador independiente por cuenta propia.

14.4. Bajo esta premisa y sobre el argumento relativo a la inexistencia de la obligación del
demandante de efectuar aportes y, por lo tanto, la improcedencia de la sanción impuesta,
señaló que conforme con los artículos 156 y 157 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 26,
literal d) del Decreto 806 de 1998, los rentistas de capital y propietarios de empresa en
cuanto tengan capacidad de pago, como sucede con el señor Valderrama Parra, son sujetos
pasivos y están obligados a afiliarse a los sistemas de salud, como afiliados al régimen
contributivo de salud y pensión en calidad de cotizantes.

14.5. En cuando a la existencia de la base gravable, señaló que el IBC para los trabajadores
independientes sin contrato de prestación de servicios correspondía a los ingresos
percibidos producto de su actividad económica. Para el caso en concreto se trata de los
reportados a la DIAN para el año gravable 2014. Esto, con fundamento en que el artículo
19 de la Ley 100 de 1993 ordena que los afiliados al sistema que no estén vinculados
mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores
públicos, coticen sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien,
guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.

14.6. Por su parte, indica que el artículo 1 del Decreto 510 del 2003, por medio del cual se
reglamentaron algunos artículos de la Ley 797 de 2003, establece que, por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, se entienden los recibidos para su beneficio
personal, deducidas las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su

13 Ley 100 de 1993. Artículo 156.Características básicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes características: […] b) Todos los
habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el
pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de
solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales; […].
14 Ley 100 de 1993. Artículo 157.Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que
permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al
régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
15 Artículo 16 .Clases de aportantes. Para los efectos del presente decreto, los aportantes del Sistema de

Seguridad Social Integral serán de tres (3) clases: […] c) Trabajadores Independientes. Se clasifica como
trabajador independiente a aquel que no se encuentre vinculado laboralmente a un empleador, mediante
contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria.
Se considerarán como trabajadores independientes aquellos que teniendo un vínculo laboral o legal y
reglamentario, además de su salario perciban ingresos como trabajadores independientes.
Para los efectos del sistema de liquidación de aportes que establece el presente decreto, se asimilan a
trabajadores independientes los grupos de población subsidiados dentro del Régimen General de Pensión.

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Acción de tutela

actividad lucrativa, según lo previsto por el artículo 107 del Estatuto Tributario. Asimismo,
que el artículo 3º preceptúa la base de liquidación será como mínimo, en todos los casos,
un (1) SMLMV y máximo de 25 SMLMV.

14.7. También señaló que no resultaba procedente determinar la base gravable sobre un
salario mínimo como lo alegó la parte actora, ya que la base de cotización debía
corresponder a los ingresos percibidos como lo determinó la UGPP en la Resolución No.
RDO-2018-03077 de 31 de agosto de 2018.

14.8. Resaltó que por mandato del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 la UGPP tiene amplias
facultades para determinar y liquidar los aportes al Sistema de Protección Social de los
aportantes obligados por ley, por lo que no es de recibo el argumento según el cual la
entidad debía limitar los aportes a los meses con utilidad o exonerar al demandante de la
sanción impuesta.

C. Fundamentos de la vulneración

15. El recurrente sostiene que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad ante la ley, el debido proceso, la confianza legítima y la propiedad privada,
fundamentalmente, bajo la consideración de que para el año 2014 no existía norma vigente
que reglamentara el IBC para los subsistemas de salud y pensión para los trabajadores
independientes, como si lo había para los trabajadores dependientes y con contrato de
prestación de servicios.

16. En relación con el principio de igualdad, resaltó que, hasta la expedición de la Ley 1735
de 2015 los trabajadores independientes no contaban con un marco normativo claro y
preciso sobre la materia y, por lo tanto, la imposibilidad de defenderse antes los procesos
de fiscalización ante la UGPP.

17. Por estas mismas razones, consideró desconocido su derecho al debido proceso y a la
confianza legítima, porque al no existir, a su consideración, norma para el cálculo de la IBC
de los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, las decisiones
acusadas se adoptaron con fundamento en normas que no estaban vigentes y sin una
consideración crítica de la excesiva normativa y cambios abruptos en la materia durante el
periodo mencionado.

18. Asimismo, consideró que las decisiones impugnadas, al aprobar judicialmente la
fiscalización realizada por la UGPP, desconocieron su derecho a la propiedad privada,
porque avalaron decisiones sancionatorias impuestas sin fundamento legal.

19. Mencionó que había realizado pagos por el año 2014, incluso por aquellos periodos en
los que reportó pérdidas en su actividad económica, sin que existiera la obligación de
hacerlo, conforme con las sentencias del Consejo de Estado - Sección Cuarta - Sentencia
del Consejo de Estado Sección Cuarta No. 26641 del 19 de julio de 2023, C.P. Milton
Chávez García -, razón por la cual resultaba inadmisible que tenga que asumir sanciones
que devienen de un incumplimiento por parte del Estado al momento de crear el esquema
de presunción de ingresos para los trabajadores independientes sin contrato de prestación
de servicios, según lo dispuesto en la ley.

20. Adicionalmente, consideró que las sentencias demandadas adolecen de un defecto
sustantivo por aplicación errónea de las normas aludidas y por ausencia de un análisis e
interpretación para fundamentar su decisión.

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Acción de tutela

21. En especial, por respaldar su decisión en el artículo 1 del Decreto 510 de 2003, que a
juicio del actor está derogado desde la expedición del artículo 8 del Decreto 3085 de 2007,
sobre presunción de ingresos de los trabajadores independientes, teniendo en cuenta la
contrariedad entre ambas disposiciones.

20. Agregó que las sentencias atacadas carecen de una fundamentación jurídica válida, por
lo que la decisión se torna arbitraria y carente de motivación suficiente.

21. En adición, indicó que las sentencias adolecen de un defecto fáctico, en cuanto al
desconocimiento del precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que pagó aportes
incluso por aquellos meses en los cuales reportó pérdidas, aun cuando no estaba obligado
a ello, como lo ha dejado sentado el precedente del Consejo de Estado – Sección Cuarta16.
Indicó que, de haber realizado un análisis coherente al respecto, los despachos hubiesen
identificado el pago de lo no debido realizado por aquellas mensualidades en las que, a
pesar de no tener ingresos realizó la cotización.

22. De igual manera, señaló la existencia de un defecto sustantivo, porque ante el error en
el que incurrió por ausencia de legislación precisa en la materia no hubo exculpación a
pesar de existencia de una normativa poco clara sobre la materia.

23. Finalmente, advirtió que la relevancia constitucional de las decisiones radica en que
trascienden el interés individual del accionante y comprometen la protección de derechos
fundamentales de todos los trabajadores independientes sin contrato de prestación de
servicios, por la aplicación de las normas que considera impertinentes.

D. Trámite procesal

24. Por auto del 24 de noviembre de 2025, este despacho admitió la acción de tutela17 y se
vinculó a la UGPP, como tercero con interés18.Dicha providencia fue debidamente notificada
a las autoridades judiciales accionadas y al tercero interesado19.

25. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal20 allegó el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 85001-3333-002-2020-00016-00.

26. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare21
allegó el expediente digital el link del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 85001-3333-002-2020-00016-01.

E. Oposiciones e intervenciones

27. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2025 22 , la Juez Cuarta Administrativa del
Circuito de Yopal solicito negar las pretensiones de amparo invocadas, en razón a que no
se cumple con el requisito mínimos procedencia de la tutela contra providencia judicial,
relativo a la relevancia constitucional. Esto debido a que el accionante reitera los mismos
argumentos que planteó en sede ordinaria en primera y segunda instancia, en el sentido

16 Cita las sentencias No. 26641 del diecinueve (19) de julio de 2023 (C.P Milton Chaves García) y No. 26639
del dos (02) de noviembre de 2023 (C.P Stella Jeanette Carvajal Basto).
17 Índice 5, Samai.
18 Índice 5 Samai.
19 Índice 8, Samai.
20 Índice 9, Samai.
21 Índice 10, Samai.
22 Índice 12, Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00
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Acción de tutela

que, en su criterio, no existía reglamentación del IBC para los subsistemas de salud y
pensión para los trabajadores independientes; argumentos que fueron estudiados,
analizados y evacuados en forma razonada y argumentada tanto por la primera como por
la segunda instancia, en la que se estableció que para la época de los hechos el IBC era
determinable según la normativa existente.

28. Por estas razones, resaltó que el accionante intenta justificar la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, con los mismos argumentos formulados en el medio
de control, como si la tutela se tratara de una tercera instancia. Asimismo, destacó que el
recurrente intenta plantar nuevos argumentos que no planteó en la vía ordinaria, los cuales
en todo caso no constituyen una vulneración a los derechos fundamentales invocados.

29. Mediante escrito del 25 de noviembre de 202523, el Tribunal Administrativo de Casanare
contestó la tutela interpuesta por el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra y considero que
la providencia atacada no está inmersa en un defecto fáctico, no trasgrede las normas
constitucionales señaladas por la parte tutelante, ni desconoce el precedente judicial y, en
este sentido, manifestó atenerse a la decisión que adopte el Consejo de Estado en la acción
de la referencia.

30. Como fundamento de lo anterior, resaltó que la providencia de segunda instancia está
debidamente motivada, fue dictada con base en las normas aplicables al caso y las pruebas
allegadas en virtud del proceso administrativo adelantado por la UGPP, el cual se comprobó
que fue adelantado con facultades para ello y en atención a la obligación que tenía a cargo
el demandante de efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, en su calidad
de trabajador independiente y por contar con capacidad de pago. Asimismo, resaltó que la
sanción impuesta por la UGPP al demandante está sustentada en la Ley 1819 de 2016.

31. Indicó que la acción de tutela resulta improcedente, porque no puede convertirse en una
tercera instancia, en tanto, los argumentos expuestos en la acción constitucional fueron
atendidos en la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal.

32. Mediante escrito del 9 de diciembre de 2025 24, la Subdirectora General Código 40, Grado
24 (E) de la Subdirección Jurídica de Defensa Judicial Pensional de la UGPP presentó
respuesta a la acción de tutela y advirtió que el fundamento de la acción de tutela no es la
violación del debido proceso o la existencia de un defecto fáctico o sustantivo, sino la
inconformidad del actor con la interpretación y aplicación de la ley realizada en la sentencia
recurrida, la cual concluyó con una decisión desfavorable a sus intereses. Destacó que, en
virtud del principio de la cosa juzgado, la referida inconformidad no puede ser utilizada para
reabrir un debate que ya concluyó con la sentencia recurrida, máxime cuando la providencia
está fundamentada en las normas y principios que rigen el Sistema General de Seguridad
Social, sin presentarse contradicción entre los fundamentos y la decisión. Adicionalmente,
concluye que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, desconocimiento del precedente judicial y acceso a la administración de
justicia.

33. Finalmente, destaca que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la accionante en la presente acción de tutela, por cuanto, las
actuaciones administrativas realizadas por la entidad se encuentran ajustadas a derecho.

23 Índice 10, Samai.
24 Índice 13, Samai.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00
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Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

34. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta
Corporación.

G. Sentido de la decisión

35. La Sala declarará improcedente la acción de tutela al no cumplir con el requisito general
de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de
la acción25.

H. El requisito de relevancia constitucional

36. Desde sus inicios, la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela puede
proceder excepcionalmente para el amparo de derechos fundamentales cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por una providencia judicial. Al respecto, para
comprobar la procedibilidad de la solicitud de amparo, desarrolló la doctrina de las vías de
hecho judicial; es decir, las «actuaciones arbitrarias imputables al funcionario judicial que
desconozcan o amenacen derechos fundamentales»26.

37. Posteriormente, con la sentencia C-590 de 200527, el Alto Tribunal distinguió entre los
requisitos generales que posibilitan la interposición de la demanda y los requisitos
específicos que habilitan el amparo. Sobre lo primero, consideró que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales está sujeta a que «la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional», para evitar que el juez constitucional se
involucre en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. En ese orden, la
jurisprudencia ha concluido que la tutela no implica un juicio de corrección de la decisión
cuestionada, sino un juicio de validez28.

38. En suma, el requisito general de procedencia de la relevancia constitucional comporta
las siguientes finalidades: preservar la competencia e independencia de los jueces;
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales y, finalmente, impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales por
asuntos de mera legalidad29.

25 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;
d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: e)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C-590 de 2005)
26 Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
27 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
28 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), SU-128 de 2021 (M.P.

Cristina Pardo Schlesinger) y SU-134 de 2022 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
29 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
Acción de tutela

39. La sentencia SU-215 de 202230 compiló algunos criterios de análisis acogidos por la
jurisprudencia constitucional para determinar si la demanda en ejercicio de la acción de
tutela satisface el requisito de relevancia constitucional, a saber:

(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución
Política o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;

(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela
como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates
meramente legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental; y

(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las Altas Cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.

40. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención
del juez constitucional sólo está justificada cuando «(…) la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han
sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal
entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional 31».

I. Caso concreto

41. La Sala observa que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la solicitud de amparo tiene como propósito reabrir el debate
concluido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una
actuación arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada en la aplicación
de la normativa y la jurisprudencia.

42. En efecto, revisado el expediente ordinario, la Sala evidencia que los argumentos
presentados por el accionante en el escrito de amparo ya fueron expuestos en el recurso
de apelación que formuló contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal, en la que el ad quem confirmó la decisión de negar las
pretensiones del demandante, adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal.

43. El accionante insistió tanto en la demanda que dio lugar a la sentencia de primera
instancia, como en el recurso de apelación y en la tutela, fundamentalmente, en los

30 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022 (M.P. Natalia Ángel Cabo).
31 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.

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Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
Acción de tutela

siguientes argumentos: i) que se incurrió en error al negar la nulidad de los actos
demandados y no evidenciar la falta de reglamentación clara sobre el IBC para trabajadores
independientes y rentistas de capital en el año 2014 que le legitimara la fiscalización y la
consecuente liquidación y sanción impuesta por la UGPP; ii) la inexistencia o falta de
claridad sobre el IBC para la cotización a salud y pensión hacen improcedente la aplicación
de normas como el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, la Resolución 9 de 1996 de la
Superintendencia de Salud – esta en cuanto aduce no fue publicada-, el Decreto 1406 de
1999 y la Ley 1438 de 2011, ya que, en su criterio no regulaban adecuadamente el IBC
para trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios y rentistas de
capital en el año 2014 y, iii) el hecho de que los jueces de primera y segunda instancia no
tuvieran en cuenta los pagos realizados por el demandante sobre el salario mínimo legal
vigente para períodos del años 2014, en los que reportó pérdidas y, por tanto, no tenía la
obligación de pago.

44. La Sala observa que estos planteamientos fueron analizados tanto en la sentencia de
primera y segunda instancia objeto de la acción de tutela. En particular, en la sentencia de
segunda instancia, se indicó lo siguientes términos:

Para resolver el cargo de apelación, el Tribunal precisa en primer lugar que el fundamento
fáctico que originó la expedición de los actos demandados proferidos por la UGPP, se
concreta a la omisión en afiliación y pago de los aportes a salud para el periodo de enero
a diciembre de 2014 por parte del señor Álvaro Enrique Valderrama Parra, quien según el
reporte y declaración presentada ante la DIAN demostró su capacidad de pago estando
obligado a efectuar cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de
trabajador independiente por cuenta propia.(…)
Establecido lo anterior, la Sala procede a analizar los cargos expuestos en la apelación, los
cuales apuntan concretamente a la inexistencia de la obligación del demandante de
efectuar aportes, la improcedencia de la sanción impuesta y la facultad de la UGPP para
adelantar el proceso de fiscalización.
En lo que respecta a los fundamentos y razones tenidos en cuenta por la UGPP para la
expedición de la liquidación oficial y la imposición de la sanción por omisión, en concepto
de la Sala resultan procedentes y coherentes ya que, de conformidad con las normas
citadas en el acápite de premisas jurídicas, todo afiliado debe cotizar a los sistemas de
salud y pensión sobre la totalidad de los ingresos que perciba.
Se debe tener en cuenta que los artículos 156 y 157 de la Ley 100 de 1993 prevén que
todos los habitantes en Colombia deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria, encontrándose dentro de
esta lista a los trabajadores independientes con capacidad de pago, máxime si se evidencia
que el Decreto 806 de 1998 en su artículo 26 literal d) incluyó de forma expresa a los
rentistas de capital y propietarios de empresa como afiliados al régimen contributivo de
salud en calidad de cotizantes.
En esos términos, de conformidad con las normas citadas se colige que dentro de la
expresión trabajadores independientes se encuentran aquellos que no cuentan con un
contrato de trabajo o en una relación legal o reglamentaria, pero que ostentan capacidad
de pago para financiar el sistema, estando inmersos los comerciantes, rentistas de capital,
propietarios de empresas, entre otros. En consecuencia, no se vulneró el principio de
legalidad alegado por el demandante dado que la determinación de la obligación fue
establecida por el legislador.
(…).
Así las cosas, el Tribunal considera que le asiste razón a la demandada cuando estableció
que el señor Valderrama Parra tenía capacidad de pago, y que siendo sujeto pasivo y
estando obligado a afiliarse a los sistemas de salud no lo hizo, pues como se observa,
todas las personas que habitan en Colombia tienen el deber de realizar los aportes a salud,
independientemente de la actividad que desarrollen, en tanto tengan capacidad
contributiva. En otros términos, los rentistas de capital y comerciantes también son
aportantes al sistema de seguridad social en salud y, por tanto, siempre que tengan
capacidad de pago, deben realizar las cotizaciones, lo cual demuestra que sí existía una

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00
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Acción de tutela

norma que, para los independientes por cuenta propia y rentistas de capital, estableciera
el deber de cotizar al subsistema de salud. En tal sentido, el cargo no prospera. Ahora bien, la parte recurrente aduce que no existía base gravable para los independientes
por cuenta propia y por ende la UGPP no podía establecer tal elemento. En lo que atañe al anterior argumento, la Sala advierte que el Decreto 510 del 2003, por
medio del cual se reglamentaron algunos artículos de la Ley 797 de 2003, en el parágrafo
del artículo 1º establece que por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, se
entienden aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal y para este efecto,
pueden deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su
actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario. En cuanto a la base de cotización, en el artículo 3º preceptúa que será como mínimo, en
todos los casos, un (1) SMLMV y máximo de 25 SMLMV, límite que resulta aplicable al
Sistema de Seguridad Social en Salud. Así mismo, según el artículo 33 de la Ley 1438 de
2011, se presume la capacidad de pago e ingresos de las personas naturales declarantes
de impuestos. En tal sentido, se considera que el IBC deberá corresponder a los ingresos percibidos
producto de su actividad económica y que fueron reportados a la DIAN para el año gravable
2014, pues el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 ordena que los afiliados al sistema que no
estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como
servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se
afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. Analizada la Resolución No. RDO-2018-03077 de 31 de agosto de 2018, en que la UGPP
profirió liquidación oficial, se evidencia que la entidad estableció los aportes a partir del
valor reportado ante la DIAN, esto es, la suma de $2.540.026.000, es decir que el señor
Álvaro Enrique Valderrama Parra contaba con capacidad de pago y por ende le asistía la
obligación de cotización al régimen contributivo en salud. Por lo anterior, no resultaba
procedente determinar la base gravable sobre un salario mínimo como lo aduce la parte
actora, ya que la base de cotización debía corresponder a los ingresos percibidos como lo
determinó en sede administrativa la UGPP. En tal sentido, este cargo no prospera. Según la parte apelante, la UGPP no tuvo en cuenta que, el demandante en algunos meses
en su actividad comercial obtenía ganancias y en otras pérdidas, por ende, no tuvo
capacidad de pago y, sin embargo, se le impusieron aportes incluso en esos períodos, lo
que considera injusto y contrario al principio de equidad tributaria y que, por tal razón,
solicita que los aportes solo se calculen para los meses con utilidad. El Tribunal precisa que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGGP es la entidad competente para
vigilar la correcta determinación de los aportes por parte de las personas naturales o
jurídicas obligadas a liquidar la seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales,
cajas de compensación, SENA e ICBF. Ello en los términos del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, pues tiene a su cargo, entre
otras, la determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la Protección Social. Así, conforme las facultades conferidas por la Ley, la entidad está autorizada para verificar,
aceptar o no, valores que hacen parte del Ingreso Base de Cotización, puesto que, para el
caso de aportes al Sistema de Protección Social, aquel corresponde a todos los ingresos
que el trabajador cotizante en cualquiera de sus modalidades reciba como contraprestación
de su actividad laboral o independiente.

Por mandato del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 la UGPP tiene amplias facultades
para determinar y liquidar los aportes al Sistema de Protección Social de los aportantes
obligados por ley, por lo tanto, no es de recibo el argumento del demandante, quien
sostiene que la entidad demandada debió limitar los aportes a los meses con utilidad o
exonerar al demandante de la sanción impuesta. Cada procedimiento es independiente y
la UGPP tiene la facultad de cruzar información y verificar si los valores cumplen con los
requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, para establecer si era posible deducirlos
debiendo estar directamente relacionados con la actividad productora a efecto de ser
reconocidos como una expensa necesaria, por lo cual el aportante tenía la carga de
acreditar las deducciones que pretende sean tenidas en cuenta para la base de liquidación
de sus aportes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
Acción de tutela

45. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la decisión de negar las
pretensiones del actor, ratificando la facultad de la UGPP para determinar y cobrar aportes
y sanciones. Señaló que el actor, como trabajador independiente con capacidad de pago,
debía cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión, conforme a la Ley 100 de
1993 y normas reglamentarias.

46. Sobre el punto en discusión, se indicó en la providencia que los artículos 156 y 157 de
la Ley 100 de 1993 preceptúan la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria, obligación que cobija a los trabajadores
independientes con capacidad de pago; en tal sentido el artículo 26 literal d) del Decreto
806 de 1998 incluyó a los rentistas de capital y propietarios de empresa como afiliados al
régimen contributivo de salud en calidad de cotizantes.

47. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la discusión planteada en la
demanda de tutela ya fue resuelta por la autoridad judicial competente, la cual explicó, de
manera suficiente y razonable que las razones por las cuales confirmó la decisión de
primera instancia, con fundamento en que el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra tenía
el deber de cotizar para salud y pensión para el año 2014 y la existencia de una normativa
de la cual se deriva el IBC que se debía tener en cuenta para el efecto, según las normas
analizadas.

48. Por estas razones, la demanda de tutela carece de relevancia constitucional. Además,
el accionante demandante no presentó argumentos distintos a los que presentó en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se llevó a cabo ante el Juzgado
Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, a partir de los
cuales se pueda establecer una violación a los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, acceso a la administración de justicia y propiedad privada alegados.

49. En este sentido, se advierte que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
señalar que para que proceda el amparo constitucional, el accionante debe exponer una
carga argumentativa mínima y congruente que ataque la ratio decidendi de la providencia
que considera vulneradora de sus derechos fundamentales; sin embargo, para la Sala, en
este caso, el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra no hizo más que reiterar los
argumentos expuestos dentro del proceso contencioso administrativo, sin que lograse con
ello sustentar que las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
y el Tribunal Administrativo de Casanare adolecían de un defecto factico, que constituyera
una vía de hecho o que implicaran una violación flagrante a los derechos fundamentales
alegados en la acción de tutela.

50. Al respecto, encuentra la Sala que dichas decisiones se encuentran debidamente
argumentadas y sustentadas a partir, entre otras normas, del artículo 15 de la Ley 100 de
1993, el cual dispone que para el caso de trabajadores independientes el IBC no podrá ser
inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado.

51. Adicionalmente, el citado artículo indica que, para verificar los aportes, es posible realizar
cruces con la información de las autoridades tributarias. Medida que se adoptó por parte de
la UGPP al realizar la contrastación entre la información reportada por el señor Valderrama
Parra en su declaración de renta de 2014 y contrastarla con las cotizaciones al sistema
general de seguridad social en salud realizadas por él durante el mismo periodo.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-00
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
Acción de tutela

52.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, como tercero con interés
en este asunto.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

16

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