Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07363-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de enero de 2026
Demandante: Raúl Antonio Gagliardi Rubio
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07363-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07363-00
Demandante: RAÚL ANTONIO GAGLIARDI RUBIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tema: Tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Raúl Antonio Gagliardi Rubio, actuando en nombre propio, instauró acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de reclamar la protección
de sus derechos fundamentales de petición y de propiedad privada.
El accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales, con ocasión de la
falta de respuesta a la solicitud presentada el 22 de octubre del 2025 ante la autoridad
judicial accionada, solicitando información acerca del proceso de nulidad simple
identificado con radicado 50001-23-33-000-2024-00094-00.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
3. Como consecuencia, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META que:
A- Dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo
conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas.
B- Imprimir celeridad en la resolución del proceso con el RADICADO 5000123330002420009400
[…]1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
1 Transcripción literal del escrito inicial de tutela.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Raúl Antonio Gagliardi Rubio
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07363-00
El 22 de octubre de 2025, el señor Raúl Antonio Gagliardi Rubio radicó petición ante
el Tribunal Administrativo del Meta, en la cual requirió lo siguiente:
• Solicito al despacho, se permita informar cuales son los motivos por los cuales, luego
de un año de inactividad, no ha realizado actuación alguna, más aun, teniendo en cuenta
que se trata de un PROCESO DE NULIDAD SIMPLE.
• Solicito al despacho se permita informar una fecha para la cual cite a audiencia a las
partes y de esta manera se falle en derecho sobre la nulidad del acuerdo demandado.2
El accionante indicó que, presentó la aludida solicitud en calidad de autorizado por la
parte demandante del medio de control de nulidad simple, es decir, la señora Ligia
Arias de Morales con el fin de solicitar y recibir información relacionada con el proceso.
Mencionó que, al radicar el mecanismo constitucional de la referencia no había
recibido respuesta sobre su solicitud3.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora indicó que, al no recibir respuesta de fondo a su solicitud, se
desconocen los términos legales y constitucionales para resolver las peticiones.
Adujo que, el proceso en el cual solicita información es una demanda de nulidad simple
cuyo trámite no es complejo. Además, pretende solucionar un asunto que
mensualmente agrava la situación de la demandante del proceso ordinario, toda vez
que se le está cobrando ilegalmente un impuesto de alumbrado público.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 27 de noviembre de 20254, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar5 a la parte actora6 y a la Magistrada Teresa Herrera Andrade
del Tribunal Administrativo del Meta7, como autoridad judicial accionada.
Así mismo, ordenó vincular en calidad de tercero con interés jurídico legítimo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la
señora Ligia Arias de Morales8 «demandante dentro del proceso de nulidad simple» y
al municipio de Granada9 «parte demandada en el proceso del ordinario».
2 Índice 02 Samai Transcripción literal del escrito de petición aportado.
3 Índice 01 Samai Tutela radicada el 19 de noviembre de 2025.
4 Índice 04 Samai.
5 Índices 07 y 08 Samai Envío de notificaciones.
6Notificación al correo electrónico rgagliardir@yahoo.com.co.
Notificación al correo electrónico rgagliardir@yahoo.com.co.
@cendoj.ramajudicial.gov.co tadmin04met@notificacionesrj.gov.co.
therrera@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Notificación al correo electrónico cartera@ingernet.com.co
9 Notificación a los coreos electrónicos notificacionesjudiciales@granada-meta.gov.co.
alcaldia@granada-meta.gov.co.
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Demandante: Raúl Antonio Gagliardi Rubio
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
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Se requirió a la Secretaría General de esta Corporación para que publicara en su
respectiva página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la
acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tenga interés
conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de
la referencia.10
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Meta11
La magistrada titular del despacho donde se radicó la petición consideró que se debe
rechazar por improcedente la acción de tutela, toda vez que el tutelante no tiene
legitimación en la causa por activa para cuestionar actuación alguna dentro del
proceso nulidad simple identificado con el radicado 50001-23-33-000-2024-00094-00,
dado que no es parte en ese proceso, ni ha solicitado su intervención en calidad de
coadyuvante.
Señaló que el Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia del 4 de marzo de
201112 (sic) , con relación a la legitimación en la causa por activa dentro del medio de
control de nulidad simple «(…) acción pública, lo cierto es que para intervenir en este
sin tener la calidad de parte, es necesario solicitar el reconocimiento como
coadyuvante de manera oportuna en los términos del artículo 2232 de la Ley 1437 de
2011, esto es, desde la admisión de la demanda y hasta el momento en que se
desarrolle la audiencia inicial».
Expuso que, conforme con lo anterior, no es factible el estudio de vulneración de
derecho fundamental alguno en cabeza del tutelante, en tanto que, se insiste, no es
parte o tercero con interés debidamente reconocido en el proceso judicial de nulidad
simple mencionado.
Por otra parte, precisó que, si bien, la actora del proceso referido, la señora Ligia Arias
de Morales, le otorgó autorización al accionante para que conociera de las actuaciones
surtidas en el proceso, también lo es, que la misma no puede entenderse como una
facultad para que intervenga en representación de sus intereses, con la presentación
de solicitudes que ponga en marcha las actuaciones correspondientes, como si se
tratara de un apoderado judicial.
10 Índice 09 Samai Aviso a la comunidad.
11 Índice 09 Samai.
12 11001-03-15-000-2021-00200-00 Consejero Ponente Luis Albertó Álvarez Parra.
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Agregó que, no sobra aclarar que, la petición dentro de un proceso judicial no resulta
procedente para obtener pronunciamientos por parte del Juez dentro del mismo,
porque para ello el legislador previó mecanismos y trámites específicos.
1.6.3. La señora Ligia Arias de Morales y el municipio de Granada pese a ser
debidamente notificados no contestaron la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Raúl Antonio Gagliardi Rubio contra el Tribunal Administrativo
del Meta, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá resolver los
siguientes interrogantes:
Determinar si en el presente asunto, se cumplen con los requisitos generales de la
procedencia de la acción de tutela, en especial la legitimación en la causa.
Así mismo, establecer si el Tribunal Administrativo del Meta, vulneró los derechos
fundamentales de petición y de propiedad privada, ante la falta de respuesta a la
solicitud de información presentada el 22 de octubre de 2025 al interior del proceso de
nulidad simple identificado con el radicado 50001-23-33-000-2024-00094-00
Para lo anterior se analizarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la acción
de tutela; (ii) legitimación e intereses en la acción de tutela (iii) derecho de petición;
(iv) derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (v) mora
judicial justificada; (vi) caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable13.
2.4. Legitimación e interés en las acciones de tutela
En el presente asunto, el accionante pretende con este mecanismo constitucional por
un lado que se le dé respuesta a la petición presentada el 22 de octubre de 2025 y por
el otro que se le imprima celeridad al proceso de simple nulidad.
El artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede acudir a
la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública».
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», en los artículos 1°, 10,
46 y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando
el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su
defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los
personeros municipales21.
De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este
Decreto»22. (Subrayas fuera de texto).
La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200323, manifestó que la acción de
tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y
que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá
ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no
se «requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber
13 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo
de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra
la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o
cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad»24.
En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, con ponencia del Dr.
Jaime Córdoba Triviño, señaló:
«La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en
la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades25, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los
procesos de tutela» (Subraya fuera de texto)
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio directo
de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii)
El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar
la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio
de agente oficioso…»26.
En línea con lo anterior, el alto Tribunal Constitucional, en la sentencia T-697 de 2006,
indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, se
tiene que «un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es la exigencia
de que quien solicite el amparo, se encuentre «legitimado en la causa» para presentar
la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación «por
activa» exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental
radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona».
Así las cosas, es importante recordar que, en relación con la legitimación por activa en
la acción de tutela, el Órgano Límite de Interpretación Constitucional en sentencia de
Unificación SU-173 de 2015, estableció lo siguiente:
«La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de tutela, debido
a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y, además, son
intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades territoriales. (…)
La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y por lo
mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven afectados sus
derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar por sí mismo el amparo
constitucional; así los interesados son aquellas personas a quienes la decisión afecte
directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las partes del litigio».27
2.5. Del derecho de petición
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La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución»14. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos
parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.15
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar
sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario
debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada».16
Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […]
la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».17
14 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
17 Ibídem.
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Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad competente.
En palabras de la Corte Constitucional: […] El deber de notificación de (sic) mantiene,
incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de
competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada.18
La respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción
material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación
de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender
satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo
pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.6. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica
de los artículos 229 de la Constitución19, del derecho fundamental al debido proceso20
y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al
derecho de acceso a la administración de justicia21.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que
resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho,
y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la
Constitución y en la ley […]»22.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces,
o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los
asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales,
18 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
19 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará
en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
20 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
21 Sentencia T-006 de 1992.
22 Sentencia T-476 de 1998.
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serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la
suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de
los hechos materia de su decisión […]»23.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”24, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»25.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996 Estatuaria
de la Administración de Justicia26 y con sustento en los principios de celeridad,
eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director
del proceso, debe velar por la rápida solución del caso, con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria
o que termine por vulnerar las garantías fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado
Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica
irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá
de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»27.
2.7. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
23 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
24 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
25 Ibidem.
26 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple
el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y
mantener la concordia nacional.
27 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
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sistemática de sus deberes.28
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»29.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por
el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en
relación con la existencia de mora judicial30, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el
evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.
2.8. Caso concreto
Como se indicó anteriormente, el señor Raúl Antonio Gagliardi Rubio alegó que el
Tribunal Administrativo del Meta vulneró sus derechos fundamentales de petición y de
propiedad privada ante la falta de respuesta de la solicitud que radicó el 22 de octubre
de 2025 dentro del medio de control de nulidad simple identificado con número 50001-
23-33-000-2024-00094-00.
2.8.1. En cuanto a la legitimación en la causa por activa del señor Raúl Antonio
28 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
29 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
30 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-
01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-
23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de
la Nación.
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Demandante: Raúl Antonio Gagliardi Rubio
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07363-00
Gagliardi Rubio para actuar en el marco del proceso ordinario el contenido del artículo
10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que toda persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita
por sí mismo o por apoderado judicial, o a través de un agente oficioso cuando el titular
de los derechos afectados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
De acuerdo con el fundamento legal y jurisprudencial anteriormente señalado, así
como de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, es claro que el
señor Raúl Antonio Gagliardi Rubio no se encuentra legitimado en la causa por activa
para efectos de alegar una posible mora judicial injustificada en el proceso de simple
nulidad, como tampoco lo está para requerir que se dicte sentencia anticipada en este,
puesto que no es parte, ni coadyuvante del asunto ordinario, tal como lo afirmó la
magistrada del Tribunal Administrativo del Meta, al intervenir en este mecanismo
constitucional.
Además, es importante precisar que, si bien el proceso de simple nulidad constituye
una acción pública, lo cierto es que, para intervenir en este sin tener la calidad de parte,
es necesario solicitar el reconocimiento como coadyuvante de manera oportuna en los
términos del artículo 22331 de la Ley 1437 de 2011, esto es, desde la admisión de la
demanda y hasta el momento en que se desarrolle la audiencia inicial.
Ahora bien, una vez revisadas las diligencias del proceso de nulidad simple, se
evidenció que el tutelante no es parte, ni tercero reconocido porque no lo ha pedido.
Además, se corroboró que, la señora Ligia Arias de Morales le confirió al señor
Gagliardi Rubio una autorización para solicitar información del proceso con el radicado
50001-23-33-000-2024-00094-00, motivos suficientes para concluir que el señor
Gagliardi Rubio no está legitimado por activa en la causa ordinaria origen del trámite
de la referencia.
En ese sentido, la Sala concluye que no es factible en sede de tutela analizar los
motivos de fondo referidos por el accionante, relativos a la presunta mora judicial y a
la solicitud relacionada con que se dicte sentencia anticipada, comoquiera que el
tutelante no es parte o tercero con interés debidamente reconocido en el proceso de
31 “ARTÍCULO 223. COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD. En los procesos
que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y
hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del
demandante o del demandado.
El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a
la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.
Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona
podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras
disposiciones del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados para la
reforma de la demanda principal.”
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Demandante: Raúl Antonio Gagliardi Rubio
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07363-00
nulidad simple.
2.8.2. Ahora, en cuanto a los reparos, relativos a la vulneración al derecho de petición,
es necesario precisar que, el accionante si se encuentra legitimado en la causa por
activa, puesto que tal y como se evidencia en el expediente digital, él fue quien
presentó la petición ante el Tribunal Administrativo del Meta mediante memorial del 22
de octubre de 2025, en el que requirió información respecto de una acción pública,
como lo es la de simple nulidad y solicitó información por la inactividad del proceso y
a su vez pidió que se fijara una fecha para la audiencia y se profiera sentencia, a saber:
• Solicito al despacho, se permita informar cuales son los motivos por los cuales, luego
de un año de inactividad, no ha realizado actuación alguna, más aun, teniendo en cuenta
que se trata de un PROCESO DE NULIDAD SIMPLE.
• Solicito al despacho se permita informar una fecha para la cual cite a audiencia a las
partes y de esta manera se falle en derecho sobre la nulidad del acuerdo demandado.
De acuerdo con lo anterior, el memorial presentado por el señor Raúl Antonio Gagliardi
Rubio ante el Tribunal Administrativo del Meta, trata de una solicitud de información,
no de resolver una cuestión propia del proceso, entonces atendiendo la jurisprudencia
de la Corte Constitucional referida a las peticiones ante la autoridad judicial, la misma
debe ser resuelta por el tribunal requerido.
En este sentido, la Corte Constitucional ha argumentado en sentencia T 394 del 2018,
lo siguiente:
En lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Corporación
ha precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el derecho de petición
puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la obligación
de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, también lo es que “el juez
o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y
los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y
con arreglo a las normas propias de cada juicio”. En este sentido, la Corte ha sostenido
que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones
presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos
de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a actuaciones
estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento
respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos
y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas
por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que
rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015.
Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta que dentro de este trámite constitucional
se acreditó que el Tribunal Administrativo del Meta no ha dado respuesta a la petición
que radicó el señor Raúl Antonio Gagliardi el 22 de octubre de 2025 mediante el cual
solicitó información del proceso de nulidad simple con radicado 50001-23-33-000-
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Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07363-00
2024-00094-00, para esta Sala de Decisión, resulta claro que la entidad accionada
vulneró el derecho fundamental de petición de la parte tutelante, al sustraerse de la
obligación legal de dar respuesta a la solicitud que presentó.
Al respecto, es importante mencionar, que la Corte Constitucional ha argumentado en
su jurisprudencia19 que el derecho fundamental de petición tiene cuatro elementos
esenciales (i) la formulación de la petición, (ii) la pronta resolución, (iii) la respuesta de
fondo y (iv) la notificación de la decisión.
Con relación al primero, ha afirmado que las autoridades tienen la obligación de recibir
las peticiones que le sean presentadas, por cuanto, con este derecho se protege la
posibilidad cierta y efectiva de dirigirse a las mismas, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
El segundo hace referencia a la pronta respuesta, la cual no debe exceder el término
fijado por la ley para el efecto. Por su parte, el tercero tiene relación con el contenido,
este ha de resolver el asunto de fondo, esto es, de forma clara, «inteligible y de fácil
comprensión».
Finalmente, el cuarto indica que la respuesta debe ser notificada al titular del derecho
de petición, al ser el mecanismo procesal adecuado, para que la persona conozca la
resolución de las autoridades a sus requerimientos.
En atención a lo anterior, y respecto al derecho fundamental del petición, el Tribunal
Administrativo del Meta quebrantó los anteriores postulados, razón por la cual, se
accederá al amparo de esta garantía constitucional mencionada del actor y se
ordenará que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de
notificación del presente fallo, si no lo hubiere hecho, resuelva de fondo la petición
radicada el 22 de octubre de 2025, y notifique de tal respuesta al señor Gagliardi Rubio,
en los canales informados para tal fin.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del señor Raúl Antonio Gagliardi Rubio, con relación a los reparos referentes
a la mora judicial injustificada en la que presuntamente incurrió el Tribunal
Administrativo del Meta y frente a la solicitud encaminada a que se dicte sentencia
anticipada dentro del proceso de simple nulidad, por las razones expuestas en esta
providencia.
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Demandante: Raúl Antonio Gagliardi Rubio
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07363-00
SEGUNDO: AMPARARel derecho fundamental de petición del señor Raúl Antonio
Gagliardi Rubio, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de notificación del
presente fallo, si no lo hubiere hecho, resuelva de fondo la petición radicada el 22 de
octubre de 2025 y notifique de tal respuesta al actor, en los canales informados para
tal fin.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara Voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080
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