Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07366-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07366-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Constitucional: la similitud de los argumentos planteados en sede ordinaria evidencia el
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07366-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07366-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN INVERSIONES S.A.S. Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La similitud de los argumentos planteados en sede ordinaria evidencia el
interés de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario; y, además,
la demanda carece de una carga argumentativa jurídica suficiente para discutir la razonabilidad
de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 20 de noviembre de 2025, la señora Yadira del Socorro Nauffal Villamil, quien actúa
en nombre propio y en calidad de representante legal de la sociedad HRN Inversiones
S.A.S., mediante apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Segunda de Decisión, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia y protección a la tercera edad, que considera vulnerados con ocasión del auto
del 13 de junio de 2025, mediante el cual se confirmó el auto del 23 de septiembre de
2021, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó que rechazó la demanda
por caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 27001-33-33-004-2017-00018-01.
Pretensiones
2. La parte accionante solicitó lo siguiente (transcripción literal):
PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, igualdad, buena fe y confianza legítima de la accionante
YADIRA DEL SOCORRO NAUFFAL VILLAMIL, en su calidad de representante legal
de HRN INVERSIONES S.A.S., los cuales fueron vulnerados por la indebida
actuación de la Procuraduría General de la Nación y por las providencias judiciales
que declararon caducada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
1 Que ingresó al despacho para fallo el 29 de enero de 2026.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
SEGUNDA: Que se dejen sin efectos el Auto Interlocutorio No. 993 de 23 de
septiembre de 2021, Proferido por el Juzgado 5 Administrativo de Quibdó y el Auto
Interlocutorio No. 369 de 13 de junio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo
del Chocó – Sala Segunda de Decisión, dentro del Radicado No.
27001333300420170001801 en cuanto declararon probada la excepción de
caducidad, sin tener en cuenta la indebida notificación realizada por la DIAN y la
actuación irregular de la Procuraduría y en su defecto, reanudar el proceso de
Nulidad y Restablecimiento del proceso que se venía adelantando en tal jurisdicción.
TERCERA: Que se declare que el tiempo consumido en el trámite de conciliación
adelantado ante la Procuraduría General de la Nación debe entenderse como
suspensión del término de caducidad, para no trasladar a los particulares las
consecuencias negativas de errores administrativos ajenos a su voluntad.
CUARTA: Que se exhorte a la DIAN a implementar mecanismos de control interno
que garanticen la correcta notificación de sus actos tributarios, evitando
vulneraciones futuras al derecho de defensa y contradicción de los contribuyentes.
QUINTA: Que se ordene a la Procuraduría General de la Nación abstenerse de dar
trámite a solicitudes de conciliación en asuntos tributarios, por ser legalmente
inconciliables, a fin de proteger el derecho fundamental de acceso a la justicia de los
administrados.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. Como sustento fáctico, expuso que, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN con el fin de que se declarara la nulidad de
la Liquidación Oficial 182412016000068, notificada el 16 de noviembre de 2016,
mediante la cual dejó sin efecto la declaración de renta de 2013.
4. El Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó, mediante auto del 23 de septiembre de
2021 declaró probada la excepción de caducidad de la acción y la terminación del
proceso, porque los 4 meses para presentar la demanda vencían el 17 de marzo de 2017
y esta solo se radicó el 6 de julio siguiente, «sin que el trámite ante el Ministerio Público
de la conciliación extrajudicial haya suspendido dicho término, en primer lugar, por
cuanto se trata de un asunto que no es objeto de conciliación, por ser de carácter
tributario y un segundo, porque la solicitud fue radicada con posterioridad al 16 de marzo
de la referida anualidad».
5. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la apeló y el Tribunal
Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión la confirmó mediante auto del 13
de junio de 2025.
6. El apoderado accionante adujo que previo a la radicación de la demanda ordinaria, se
presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación «pero esta
no rechazó de plano la solicitud como era su deber, dado que los conflictos de carácter
tributario son por mandato legal inconciliables». Expuso que ese trámite duró varias
semanas, generó la convicción legítima de que el término de caducidad estaba
suspendido, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y
el artículo 161 del CPACA.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
7. Sostuvo que el Tribunal demandado desconoció los principios de buena fe y de
confianza legítima, así como la obligación de interpretar las normas procesales de
manera garantista y no formalista.
8. Indicó que la providencia desconoce los elementos probatorios allegados al plenario,
al omitir valorar las circunstancias que fueron determinantes para la protección de los
derechos de la parte actora, toda vez que fue la propia Procuraduría General de la Nación
quien indujo al actor a un error al tramitar una solicitud que nunca debió admitirse.
9. Reprochó el hecho de que se le hubiera trasladado la carga de errores administrativos
que le eran completamente ajenos a su voluntad, pues imponerle consecuencias
negativas derivadas de actuaciones que competían en un asunto tributario que
legalmente no era conciliable.
10. Por lo anterior, en su criterio, la radicación de la solicitud de conciliación ante la
Procuraduría implicó la suspensión del término de caducidad del medio de control.
11. Alegó que la decisión cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
12. Sustantivo: al aplicar la norma procesal en forma rígida y descontextualizada,
ignorando que la actuación de la Procuraduría indujo a la parte demandante a un error
procedimental. Citó, para tal efecto, la Sentencia T-1020 de 2005 de la Corte
Constitucional, según la cual el juez no puede limitarse a la aplicación mecánica de la
norma cuando ello conduce a la vulneración de derechos fundamentales.
13. Fáctico: por haber omitido valorar las pruebas que demostraban que la Procuraduría
dio trámite completo a la solicitud de conciliación extrajudicial, expidió acta y constancia
y con ello «generó en la parte actora la confianza de que el término de caducidad estaba
suspendido».
14. Exceso ritual manifiesto: porque sacrificó el derecho sustancial por un formalismo
procesal, «cerrando la puerta al análisis de fondo del caso bajo el argumento de
caducidad», desconociéndose lo previsto en el artículo 228 de la Constitución Política.
15. Desconocimiento del precedente: porque no tuvo en cuenta los pronunciamientos
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relacionados con la protección de la
buena fe y la confianza legítima cuando el Estado genera expectativas en los particulares
mediante actuaciones oficiales.
16. Explicó que los referidos principios no pueden ser desconocidos en perjuicio de los
particulares, toda vez que los errores estatales no se pueden trasladar a los particulares
que obran confiando en la validez de los actos oficiales, tal como lo señaló la Corte
Constitucional en la Sentencia T-1316 de 2001. Asimismo, citó la sentencia del 5 de
mayo de 2011, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado con radicado
19031.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Trámite impartido
17. Mediante auto del 26 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala
Segunda de Decisión, como autoridad demandada; y ordenó la notificación del Juzgado
Quinto Administrativo de Quibdó, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en condición de terceros con
interés.
Intervenciones
18. El Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó remitió el expediente digital del
proceso ordinario.
19. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pidió que se negara el amparo
porque la supuesta vulneración alegada «es un defecto del demandante y no del
despacho judicial». Lo anterior, porque el 12 de mayo de 2017 se radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial, pero esta no puede presentarse con posterioridad al
vencimiento del término de caducidad porque en ese supuesto no se suspende.
Concluyó con lo siguiente:
Presentar la conciliación una vez vencido el término de caducidad implica que la
acción ya no es viable para continuarla, y la conciliación extrajudicial no surtiría
ningún efecto suspensivo sobre el tiempo transcurrido. Y en el presente caso, la
Liquidación Oficial de Revisión fue notificada el 16/11/2016, luego entonces, desde
el 17/11/2016 hasta el 17/03/2017 el demandante tuvo 4 meses para interponer la
acción. Y respecto a la solicitud de conciliación si hubiere sido procedente debía
presentarla dentro de ese término y no por fuera como se evidenció (12/5/2017).
Sentencia de primera instancia
20. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
21. En primer lugar, consideró que si bien la sociedad HRN Inversiones S.A.S. se
encontraba legitimada en la causa por activa porque conformó el extremo activo del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia
cuestionada, no ocurría lo mismo respecto de la señora Yadira del Socorro Nauffal
Villamil, porque «si bien tiene legitimación para actuar como representante legal de la
sociedad, no puede hacerlo a título personal» porque no obró como sujeto procesal en
el proceso ordinario.
22. De otra parte, señaló que todos los reproches formulados por la demandante, más
allá de demostrar los presuntos defecto sustantivo, fáctico y exceso ritual manifiesto
«reflejan una mera inconformidad con la decisión a la que llegó el juez ordinario, la cual
se fundamentó en las normas que estimó eran aplicables al caso».
23. En cuanto al desconocimiento del precedente, consideró que no cumplió con la carga
argumentativa mínima porque no identificó cuáles providencias habrían sido
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
desatendidas en la providencia cuestionada, ni explicó en qué consistía el
desconocimiento.
Impugnación
24. El apoderado de la sociedad HRN Inversiones S.A.S. indicó que la impugnación se
formulaba exclusivamente a favor de ella. De hecho, precisó que no controvierte la
conclusión respecto a la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Yadira
del Socorro Nauffal Villamil.
25. Indicó que la sentencia parte de una lectura reduccionista del problema jurídico
planteado, por cuanto desconoce que el asunto trasciende ampliamente una discusión
meramente legal sobre la caducidad del medio de control.
26. Manifestó que no se está controvirtiendo la regla según la cual los asuntos tributarios
no son susceptibles de conciliación extrajudicial, ni mucho menos se pretende
desconocer la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado sobre la materia.
27. Expuso que la controversia constitucional surge de la conducta de una autoridad
estatal que admitió una solicitud de conciliación manifiestamente improcedente, le asignó
radicado y señaló fecha para que se celebrara la audiencia, expidió el acta y constancia
de no conciliación. A su juicio, son actos oficiales, expresos y verificables provenientes
del Ministerio Público, el cual está llamado a velar por la legalidad y los derechos
fundamentales.
28. Señaló que esas actuaciones le generaron una expectativa objetiva y legítima
respecto de la suspensión del término de caducidad, la cual se encuentra protegida por
los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima. Por lo anterior, adujo que
la sentencia avaló un traslado inconstitucional de un error estatal a un particular
«permitiendo que el Estado sancione al administrado con la pérdida definitiva del derecho
de acción, en abierta contradicción con la doctrina constitucional».
29. Argumentó que la decisión judicial cuestionada le cerró definitiva e irreversiblemente
el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, lo que impide cualquier
pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos cuestionados.
30. Precisó que no se pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso ordinario
sino que lo pretendido es que se realice el control constitucional de razonabilidad y
proporcionalidad de una decisión judicial que omitió ponderar el principio de confianza
legítima.
31. Reiteró que la decisión cuestionada incurrió en defecto sustantivo, defecto fáctico,
exceso ritual manifiesto y en error inducido.
32. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial sostuvo que «la sentencia
impugnada incurre en un error adicional al exigir, de manera excesivamente formalista,
el cumplimiento de una supuesta carga estricta de identificación del precedente
jurisprudencial». Lo anterior porque el cargo planteado radica principalmente en la
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
existencia de un error inducido por una autoridad, que generó una expectativa legítima
protegida por la Constitución.
33. Aclaró que sí invocó y citó jurisprudencia constitucional relevante relacionada con la
protección de la buena fe, la confianza legítima y la prohibición de trasladar a los
particulares las consecuencias de los errores estatales. Manifestó que la Corte
Constitucional ha sido clara al advertir que la acción de tutela no puede rechazarse por
deficiencias formales en la argumentación, cuando del análisis del caso se advierte de
manera objetiva una posible vulneración de los derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES
Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia en el
presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32
del Decreto 2591 de 1991, concordantes con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019 2,
por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
35. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 11
de diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela.
36. Para el efecto, en primer lugar, se establecerá si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad. En caso afirmativo, se resolverá si el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Segunda de Decisión, con la expedición del auto del 13 de junio de 2025,
incurrió en los defectos sustantivo, defecto fáctico, procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente, y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia.
37. En orden a resolver el problema jurídico planteado, se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y (ii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
38. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20053, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
2
Puntualmente, con el artículo 13, relativo a la distribución de los procesos entre las secciones de dicha
sala.
3 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
39. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales generales
de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar 4: (i)
que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de
1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela5, ni una decisión
proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la
Paz -JEP8; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se
promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y
comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en
cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal;
(v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite
que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial existentes
no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente
relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese
sido sustancialmente distinto.
Análisis de la Sala
40. Legitimación en la causa. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona tendrá derecho a presentar la acción de tutela para reclamar la protección de
sus derechos fundamentales. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio, (ii)
mediante representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial o (iv) mediante agente
oficioso.
41. La Corte Constitucional ha definido el requisito general de procedibilidad de
legitimación en la causa por activa como aquel que exige que la acción de tutela sea
ejercida directa o indirectamente por el titular de los derechos fundamentales10, esto es,
por quien tiene un interés sustancial directo y particular 11 respecto de la solicitud de
amparo.
42. Al igual que el a quo, la Sala considera que la sociedad HRN Inversiones S.A.S. se
encuentra legitimada por activa porque es la persona titular de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
4 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215
de 2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el principio
del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y T-373 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022, SU-573
de 2017, SU-585 de 2017.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
10 Corte Constitucional, sentencias T-697 de 2006, T-176 de 2011, T-279 de 2021, T-292 de 2021 y T-320
de 2021.
11 Corte Constitucional, sentencias T-176 de 2011 y T-320 de 2021.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
justicia, que habrían sido presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Chocó. Lo anterior, toda vez que actuó como parte demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
43. No obstante, aunque se acreditó que la señora Yadira del Socorro Nauffal Villamil
ostenta la calidad de representante legal de la referida sociedad, lo cierto es que esta no
se encuentra legitimada por activa para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales, pues no intervino como sujeto procesal en el trámite ordinario. En
consecuencia, no tiene un interés sustancial, directo y particular en la presente solicitud
de amparo.
44. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, se
encuentra legitimado por pasiva, toda vez que fue la autoridad judicial que profirió la
providencia a la cual se le atribuye la vulneración a los derechos fundamentales.
45. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada se
profirió el 13 de junio de 2025, mientras que la solicitud de amparo se radicó el 20 de
noviembre siguiente, término que resulta razonable.
46. Subsidiariedad. La Sala considera que este requisito también se encuentra
satisfecho, en atención a que la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro
del proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren en
algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.
47. Relevancia constitucional. El cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se
identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo
contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento
como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
48. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 12 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
49. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
12 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
Caso concreto
50. De entrada, al igual que el juez de primera instancia, la Sala anticipa que la presente
tutela deviene improcedente porque, en lo que atañe al defecto sustantivo, al defecto
fáctico, al defecto procedimental absoluto y al desconocimiento del precedente, no
superan el requisito de relevancia constitucional, en tanto que, tiene la clara y marcada
intención de revivir la controversia planteada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 27001-33-33-004-2017-00018-01.
51. Tal y como lo advirtió el a quo, es evidente que a través de la acción constitucional
de la referencia, la sociedad HRN Inversiones S.A.S. pretende revivir el debate suscitado
en el proceso de origen, lo que se hace más notorio con los argumentos invocados tanto
en la solicitud de amparo como en el recurso de apelación interpuesto contra el auto del
23 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó,
confirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la providencia del
29 de septiembre de 2025.
52. En la providencia de primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó
consideró lo siguiente:
En virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 568 del
Estatuto Tributario, la entidad demandada el día 16 de noviembre de 2016, procedió
a notificarle a la parte demandante el contenido de la liquidación oficial No.
18241201600068, a través de la publicación que hiciera en su página web, tal y como
consta en el folio 820 del cuaderno 4, esto es, conforme al procedimiento establecido
en la norma especial; por lo tanto se contará a partir del día siguiente que es el 17 de
noviembre del 2016.
Así las cosas, es claro para el Despacho que en el presente asunto, los 4 meses con
los que contaba la parte demandante para radicar la demanda vencían el 17 de marzo
de 2017 y la misma solo fue presentada el 6 de julio de 2017, es decir, cuando ya
había precluido la oportunidad para ello; sin que el trámite ante el Ministerio Público
de la conciliación extrajudicial hubiera suspendido dicho término. Lo anterior porque
se trata de un asunto que no es objeto de conciliación, por ser de carácter tributario
y segundo, porque la solicitud fue radicada con posterioridad al 16 de marzo de la
referida anualidad.
No obstante, hay que hacer el requerimiento al agente del Ministerio Público, porque
esto no se compadece, el Consejo de Estado en Sección Cuarta en sentencia de
fecha 01 de agosto de 2016, indicó lo siguiente: (…) Los asuntos que regulen
conflictos de carácter tributario no son conciliables por lo que la parte demandante
no tiene la obligación de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación
prejudicial para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en virtud de ello
el alto tribunal afirmó que cuando se presenta una solicitud de conciliación en materia
tributaria el procurador no puede admitir la solicitud y por el contrario está en la
obligación de expedir la constancia que indique ese asunto no es conciliable.
Por lo tanto, en esta oportunidad se insta al agente del ministerio público, para que
en lo sucesivo se abstenga de recibir solicitud de conciliaciones prejudiciales cuando
se trate de asuntos tributarios o como en el presente asunto.
En ese orden de ideas, el Despacho infiere sin hesitación alguna que en el presente
asunto operó el fenómeno de la caducidad, razón por la cual se declarará probado el
medio exceptivo propuesto por la entidad demandada, se dará por terminado el
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
presente proceso y se ordenará que en firme esta providencia se archive el
expediente y se cancele su radicación.
53. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, los
cuales fueron resumidos en la providencia de segunda instancia así:
Señaló que, si bien el Procurador debió rechazar la solicitud de conciliación, era
deber de esa entidad rechazar la solicitud o aceptarla, como efectivamente sucedió.
Ante dicho evento, se debe tener en cuenta el término de la conciliación para que no
opere el fenómeno de la caducidad de la acción, toda vez que, cuando se presentan
controversias de índole administrativa, por mandato legal, los términos de la
caducidad se suspenden una vez radicada la solicitud de conciliación ante la
Procuraduría General de la Nación.
Por lo anterior, solicitó que se aplicaran las normas que regulan la conciliación
extrajudicial aplicable al medio de control de nulidad y, en consecuencia, se
continuara con el trámite del proceso.
54. El Tribunal Administrativo del Chocó, al resolver el recurso de apelación, sostuvo
que según el Decreto 1716 de 2009, por medio del cual se regula el artículo 13 de la Ley
1285 de 2009, se establece en forma taxativa las materias que no son objeto de
conciliación extrajudicial en asuntos de conocimiento de la jurisdicción contencioso
administrativo. De igual modo, citó la providencia del 11 de junio de 2015, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado que consideró que «cuando se pretenda discutir
asuntos tributarios debe acudirse a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sin
agotar previamente la conciliación, pues se insiste en que no es un requisito de
procedibilidad en estos casos».
55. A partir de lo anterior, sostuvo que la interpretación sistemática conduce a concluir
que en asuntos de naturaleza tributaria que sean de conocimiento de la jurisdicción
contencioso administrativa, la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
es improcedente. De manera que el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho debe hacerse directamente.
56. En consecuencia, señaló que no resultaba posible atender el argumento de la parte
recurrente cuando afirmaba que el a quo debió tener en cuenta que «con la presentación
de la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, no se suspendían los términos de
caducidad de la acción». En criterio del Tribunal, la parte demandante no tuvo en cuenta
las reglas que regulan la conciliación, de las cuales era posible inferir con claridad que la
suspensión del término de caducidad únicamente se predica en aquellos asuntos que sí
sean susceptibles de conciliación.
57. Como el acto administrativo correspondiente a la Liquidación Oficial
18241201600068 se notificó el 16 de noviembre de 2016, la demanda debió presentarse
dentro de los 4 meses siguientes, esto es, antes del 16 de marzo de 2017, pero como la
misma se radicó ante la Oficina de Apoyo Judicial el 4 de julio de 2017, para ese
momento ya había operado el fenómeno de caducidad.
58. Aunque la parte accionante afirma que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró
sus derechos fundamentales al desconocer los principios de buena fe y confianza
legítima -particularmente por el trámite dado por la Procuraduría General de la Nación a
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
la solicitud de conciliación y la consecuente expectativa sobre la suspensión del término
de caducidad-, lo cierto es que los reproches formulados en la tutela reproducen el
debate ya resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
59. El hecho de que la parte actora hubiera manifestado en la impugnación que no está
controvirtiendo la regla general conforme a la cual los asuntos tributarios no son
susceptibles de conciliación extrajudicial, ni mucho menos pretende desconocer la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, no significa que la decisión cuestionada
tenga la virtud de lesionar sus derechos fundamentales.
60. Esa supuesta expectativa legítima y objetiva respecto de la suspensión del término
de caducidad tuvo como consecuencia una conducta positiva de la parte actora, esto es,
la radicación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación;
entonces para la Sala no resulta procedente invocar los referidos principios cuando el
trámite adelantado era objetivamente improcedente conforme a la normativa vigente, tal
como lo concluyó tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal Administrativo
del Chocó.
61. En efecto, esta Subsección advierte que, incluso si se tuviera en cuenta la eventual
suspensión de términos derivada de la solicitud de conciliación -pese a ser
manifiestamente improcedente-, el Juzgado Quinto Administrativo de Quibdó concluyó
que dicho trámite no podía suspender la caducidad, pues la solicitud «fue radicada con
posterioridad al 16 de marzo de la referida anualidad». En criterio de la Sala, las
consideraciones que sirvieron de fundamento tanto a lo resuelto por la autoridad judicial
de primera instancia y a lo decidido por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lejos de ser arbitrarias y caprichosas,
resultan razonables, y, en consecuencia, no merecen reproche alguno desde el punto de
vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las comparta, no significa
que se hubieran configurado los defectos alegados, ni habilita al juez constitucional para
reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional.
62. Finalmente, la Sala considera que no está llamado a prosperar el argumento según
el cual en el escrito de tutela sí se invocó y citó jurisprudencia constitucional relacionada
con la protección de la buena fe, la confianza legítima y la prohibición de trasladar a los
particulares las consecuencias de los errores estatales, con el fin de sustentar la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente. Lo anterior porque tal y
como lo sostuvo el a quo no se cumplió con la carga argumentativa mínima requerida
para cuestionar providencias judiciales.
63. Si bien la parte actora identificó los precedentes que consideraba desconocidos,
referidos a los principios de buena fe y confianza legítima, no explicó cuáles eran las
reglas de decisión supuestamente omitidas ni cómo estas podían modificar el sentido de
la providencia cuestionada. Se limitó a citar extractos de esas decisiones sin justificar su
aplicabilidad al caso concreto.
64. Conviene anotar que esta Corporación ha sostenido que en la demanda de tutela no
se puede escuetamente señalar de manera ligera alguna de las causales específicas de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que es necesario que tal
señalamiento se sustente razonablemente. Como se sabe, detrás de las causales
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07366-01
Accionante: HRN Inversiones S.A.S. y otra
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia
específicas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones
para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias
judiciales13.
65. De conformidad con las anteriores consideraciones, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por la sociedad HRN Inversiones S.A.S.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-00,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.