Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07368-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07368-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07368-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07368-00
Accionante: ÁNGELA ROCÍO QUIROGA GUTIÉRREZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA RAMA
JUDICIAL (UDAE)
Tema: Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Carencia
actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela de
la referencia, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 26 de noviembre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 21 de noviembre de 2025, actuando en nombre propio, la señora Ángela
Rocío Quiroga Gutiérrez interpuso acción de tutela en contra del Consejo
Superior de la Judicatura — Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la
Rama Judicial (en adelante, la UDAE), con el fin de que se ampare su derecho
fundamental de petición.
2. La accionante le adjudica la trasgresión de su garantía fundamental a la
omisión, por parte de la entidad accionada, de dar respuesta a la solicitud que
presentó el 23 de mayo de 2024, la cual reiteró el 5 de febrero, el 15 de mayo y
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Consejo
Superior de la Judicatura — Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Rama Judicial, y se
dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Ángela Rocío Quiroga Gutiérrez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico de la Rama Judicial (UDAE)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07368-00
el 7 de octubre de 2025.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se amparen el derecho fundamental de PETICION.
SEGUNDA. En consecuencia, se ordene a la entidad accionada UNIDAD DE
DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA RAMA JUDICIAL UDAE,
que dentro del termino de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, emita
respuesta de fondo clara y precisa a la solicitud de ESTUDIO DE CARGA
LABORAL AL CARGO DE CITADORA DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL
MUNICIPAL DE TUNJA, según los hechos y los documentos remitidos por
este despacho, para el estudio técnico solicitado con mas de un año de
anterioridad.
TERCERA. – Se requiera a la entidad para que la respuesta sea clara y de
fondo y parra que en adelante, acate los términos otorgados en la ley para
emitir respuestas a las solicitudes3.
1.2. Hechos
4. El 23 de mayo de 2024, en calidad de juez segunda civil municipal de
Tunja, la señora Ángela Rocío Quiroga Gutiérrez le solicitó a la UDAE que
realizara un estudio de carga laboral al puesto de trabajo de citador grado 034.
Lo anterior, dado que la funcionaria judicial de su despacho que desempeña el
cargo le informó que ha soportado una alta carga laboral que le ha impedido
cumplir con todas las funciones que se le asignan.
5. El 15 de octubre de 2024, a efectos de realizar el estudio solicitado, la
UDAE le solicitó a la accionante que le brindara información encaminada a
evidenciar: (i) las situaciones que han impedido a la citadora desarrollar
normalmente sus labores; (ii) si la funcionaria ha recibido capacitaciones o
apoyos técnicos para implementar procesos de mejora en relación con la
productividad; (iii) las actividades a cargo de la citadora y la tasa de cumplimiento
que tiene; (iv) la carga laboral que recae sobre otros empleados del despacho; y
(v) las medidas que ella, como juez, ha adoptado para evacuar los pendientes
que estuviesen a cargo de la empleada referida.
6. El 28 de octubre de 2024, la tutelante remitió un escrito a la autoridad
accionada con el que pretendió cumplir lo requerido. En síntesis, estaba enfocado
en demostrar que la citadora de su despacho no ha cumplido cabalmente las
funciones que se le asignan por impericia y mala disposición de la funcionaria, lo
cual ha generado una carga adicional a los demás integrantes del despacho.
7. Se destaca que, ante la ausencia de respuesta a la petición del 23 de mayo
del mismo año, la parte actora reiteró la solicitud el 5 de febrero, el 15 de mayo y
el 7 de octubre de 2025.
3 Trascrito literal del escrito de tutela.
4 La petición fue radicada al correo electrónico udae@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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1.3. Sustento de la vulneración
8. La señora Ángela Rocío Quiroga Gutiérrez estimó que la entidad
accionada vulneró su derecho fundamental de petición, puesto que a la fecha de
interposición de la acción de tutela aún no se había expedido el resultado del
estudio de carga laboral para el puesto de trabajo denominado citador grado 03.
9. Adicionalmente, adujo que la omisión por parte de la UDAE se torna más
gravosa, teniendo en cuenta que la citadora de su despacho (Juzgado Segundo
Civil Municipal de Tunja) ha elevado múltiples quejas por acoso laboral en su
contra.
1.4. Intervenciones
10. La UDAE puso de presente que, mediante el Oficio UDAEO25-4836 del
24 de noviembre de 2025, atendió la solicitud del 23 de mayo de 2024, la cual
fue remitida al correo electrónico j02cmpaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co5.
11. En concreto, resolvió negativamente la petición de elaborar el estudio de
carga laboral solicitado. Ello, al considerar que, con el escrito del 28 de octubre
de 2024, la finalidad de la parte actora con la solicitud era utilizar la medición de
cargas laborales como un instrumento para evaluar el desempeño de la gestión
judicial de una funcionaria, lo cual no es acorde con el alcance de las funciones
que el Consejo Superior de la Judicatura le ha asignado a dicho procedimiento.
12. Destacó que, conforme al numeral segundo del artículo 36 del Acuerdo
PCSJA23-12131 de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura6, la medición de
cargas laborales «se utiliza como metodología para la identificación de
necesidades en materia de optimización o fortalecimiento de justicia, es decir,
para definir la necesidad de crear cargos o despachos judiciales, por lo que esta
se orienta al análisis de cargas laborales de la totalidad de despachos de una
especialidad o jurisdicción».
13. En ese orden, expuso que si la parte actora lo que pretende es que se
evalúe el desempeño de una funcionaria judicial de su despacho, la herramienta
idónea para tal fin es la calificación integral de servicios de los servidores
judiciales, que le corresponde adelantarla al superior jerárquico, de conformidad
con lo estipulado por el Consejo Superior de la Judicatura en los acuerdos 1392
de 2002, PSAA16-10618 de 2016, PCSJA19-11393 de 2019 y PCSJA20-11542
de 2020.
14. Posterior a la intervención presentada por la UDAE, a través del memorial
5 Indicado por la accionante en el escrito del 28 de octubre de 2024.
6 […] 2. Definir las metodologías e instrumentos para la identificación de necesidades en materia
de creación de despachos judiciales, a partir de los análisis territoriales de conflictividad social,
comportamiento de la demanda de justicia y contextos sociodemográficos.
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del 10 de diciembre de 20257, la señora Ángela Rocío Quiroga Gutiérrez solicitó
nuevamente que se amparara su derecho fundamental de petición, puesto que,
a su juicio, la respuesta del 24 de noviembre de 2025 no fue clara, completa ni
de fondo. Esto, pues consideró que el escrito del 28 de octubre respondió cada
uno de los interrogantes que la UDAE le formuló, por lo que la contestación a la
petición resulta evasiva ante la competencia que tiene la entidad de efectuar el
estudio solicitado.
II. CONSIDERACIONES
15. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado de la
solicitud de amparo de la referencia. Para ello demostrará que: (i) se cumplen
con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela; y (ii) la
superación de la presunta vulneración al derecho fundamental de petición.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
16. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa de las partes,
(ii) la subsidiariedad y, (iii) la inmediatez. El cumplimiento de estos presupuestos
de procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir una
decisión de fondo8.
17. Esta Sección considera que la solicitud de amparo satisface todos los
requisitos referidos, como pasa a exponerse.
18. Legitimación. La Sala advierte que la señora Ángela Rocío Quiroga
Gutiérrez está legitimada en la causa por activa, por ser quien presentó la
solicitud del 23 de mayo de 20249 que, a su juicio, no ha sido atendida en debida
forma por la UDAE. Por otro lado, se evidencia que la UDAE goza de legitimación
en la causa por pasiva, por ser la entidad a la cual le fue presentada la petición y
la que presuntamente omitió dar una respuesta de fondo.
19. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales10: (i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
7 Índice 13 de Samai.
8 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
9 Índice 13 de Samai.
10 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
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defensa judicial idóneo11 y eficaz12; y (ii) como mecanismo de protección
transitorio.
20. La Sección estima que se cumple con este requisito, pues, como lo ha
reiterado el alto tribunal constitucional13, la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para la protección del derecho fundamental de petición.
21. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental14.
22. La accionante cumplió con dicho presupuesto, dado que la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales deviene de una situación actual,
teniendo en cuenta que ha venido reiterando la petición constantemente. Por ello,
se estima que la accionante solicitó la protección de su garantía constitucional en
un tiempo razonable, puesto que la última vez que reiteró la solicitud fue el 7 de
octubre de 2025.
2.1.2. En el caso objeto de estudio operó la carencia actual de objeto por
hecho superado
23. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, debido
a que lo pretendido en la solicitud de amparo fue resuelto en el transcurso del
presente trámite constitucional, comoquiera que se atendió la petición elevada el
23 de mayo de 2024 de manera clara, congruente y de fondo. Además, se
destaca que la respuesta del 24 de noviembre de 2025 fue notificada, el mismo
día, al canal digital dispuesto por la señora Ángela Rocío Quiroga Gutiérrez15.
24. Como se ha expuesto, la accionante adjudicó la vulneración de su garantía
fundamental de petición a la UDAE ante la presunta falta de trámite al estudio de
cargas laborales solicitado el 23 de mayo de 2024, y reiterado el 5 de febrero, 15
de mayo y 7 de octubre de 2025.
25. Ahora bien, del informe presentado por la entidad accionada, se tiene que
el 24 de noviembre de 2025 respondió la solicitud elevada por la actora, en la
cual se le explicó que el estudio de cargas laborales no es el mecanismo
estipulado para evaluar el desempeño profesional de los funcionarios judiciales,
sino que es una metodología orientada a determinar la pertinencia de crear
11 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
12 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
13 Corte Constitucional, sentencias T-173 de 2025, T-534 de 2024, T-230 de 2020 y T-077 de
2018.
14 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
15 j02cmpaltun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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nuevos cargos o despachos judiciales, después de analizar íntegramente las
cargas laborales que soportan todos los despachos de una especialidad o
jurisdicción.
26. Por otro lado, a través del memorial del 10 de diciembre de 2025, la señora
Quiroga Gutiérrez consideró que la respuesta de la UDAE del 24 de noviembre
de 2025 no fue clara, completa ni de fondo, sino que resultó evasiva ante la
competencia que tiene la entidad de efectuar el estudio solicitado. No obstante,
la inconformidad de la accionante no descarta el hecho de que la UDAE ya
atendió de fondo la petición presentada. Es decir, la respuesta fue clara, precisa,
congruente y consecuente.
27. De hecho, de la revisión del documento remitido por la UDAE, se evidencia
que la autoridad accionada le explicó claramente por qué no era procedente el
estudio de cargas laborales de acuerdo con la información brindada por la parte
actora. Ello, pues concluyó que se pretendía desnaturalizar la herramienta
referida al encontrarse inconforme con la falta de productividad de una servidora
de su despacho. Incluso, por lo expuesto, le indicó que el procedimiento
pertinente para la evaluación del desempeño de sus funcionarios es la
calificación integral de servicios de los servidores judiciales.
28. De ahí se puede constatar que, durante el trámite de la presente solicitud
de amparo, la autoridad demandada atendió completamente la petición elevada
por la señora Ángela Rocío Quiroga Gutiérrez, sin que ello signifique que la
respuesta tuviese que acceder necesariamente a lo requerido por ella.
29. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la
amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de
tutela, por lo que el instrumento pierde efectividad y la intervención del juez
constitucional resulta inane. Al respecto, en la sentencia SU-522 de 2019, la
Corte Constitucional señaló que «el juez de tutela no ha sido concebido como un
órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado
de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados».
30. Ahora bien, sobre la figura del hecho superado, en la sentencia SU-225
de 2013, el tribunal constitucional indicó que «se configura cuando entre el
momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. En
otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de
tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna».
31. Por tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún
quebranto de los derechos fundamentales de la parte tutelante. Así las cosas,
cualquier orden que se imparta por parte de esta Sección carecería de sentido,
pues la posible vulneración cesó debido a la respuesta emitida por la UDAE.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela promovida por la señora Ángela Rocío
Quiroga Gutiérrez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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