Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07378-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07378-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07378-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
22 de enero de 2026
Demandantes: Edward Uribe Rivera y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2025-07378-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07378-00
Demandantes: EDWARD URIBE RIVERA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia de la acción por no cumplir la relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 21 de noviembre de 2025, el señor Edward
Uribe Rivera, en nombre propio y representación de su hijo Tomás Uribe
Rodríguez, la señora Amparo del Socorro Rivera López y el señor Sebastián
Uribe Rivera, presentaron acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C para que se protejan sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia en conexidad con el
derecho fundamental al debido proceso, al derecho de audiencia y de
defensa, así como los principios a la igualdad y la buena fe.
La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con
ocasión de la providencia del 10 de marzo de 2025, emitida por la
mencionada autoridad judicial, con la cual declaró infundado el recurso
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Demandantes: Edward Uribe Rivera y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
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extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-26-000-2021-
00235-00 (67773) interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida
el 19 de julio de 20211 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión dentro del proceso de reparación directa identificado con
radicado 05001-33-33-019-2016-00302-012.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
8.1. Que se declare la procedencia de la presente acción de tutela como
mecanismo excepcional para la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva y a obtener una sentencia conforme a los hechos probados
del suscrito accionante y su grupo familiar.
8.2. Que se declare que la sentencia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo
el número 11001-03-26-000-2021-00235-00, incurrió en un defecto fáctico
de relevancia constitucional, al declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión de sentencia, por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, pese
a estar probado la pretermisión del proceso para declaratoria de caducidad
por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia y fundamentarse en una
premisa probatoria falsa o errónea sobre la fecha de presentación de la
solicitud de conciliación prejudicial, contrariando lo demostrado por el
documento oficial expedido por la Procuraduría 169 Judicial I de Medellín.
8.3. Que, en consecuencia, se TUTELEN los derechos fundamentales
invocados por el accionante y se DEJE SIN EFECTOS la sentencia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-26-000-
2021-00235-00, de fecha 10 de marzo de 2025.
8.4. Que se ORDENE a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-
26-000-2021-00235-00, proferir una nueva decisión dentro del recurso
extraordinario de revisión, valorando adecuadamente la nulidad originada
en la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
proceso de radicado 05001333301920160030200, que pretermitió el
procedimiento para declarar la caducidad establecido en el artículo 182 A
del CPACA, dejando de valorar la certificación oficial que acredita que la
solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 22 de enero de 2016,
y no el 26 de enero como erradamente se sostuvo.
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Con la cual se revocó la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Diecinueve Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que había accedido a las
pretensiones de la demanda.
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Promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
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8.5. Que se adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones
como la aquí analizada se repitan, incluyendo la revisión de los protocolos
de certificación de la Procuraduría en trámites de conciliación prejudicial, y
la incorporación de criterios de verificación probatoria en las decisiones
judiciales que impliquen la declaración de caducidad.
Todo lo anterior, en aras de garantizar el principio de justicia material, la
verdad procesal, la buena fe del ciudadano y el fortalecimiento de la
legitimidad del orden jurídico.
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que, en el año 2013, el señor Edward Uribe
Rivera ingresó a prestar el servicio militar obligatorio en la Policía Nacional,
quien mientras cumplía las labores propias de su cargo fue herido con arma
corto punzante en el tórax en hecho ocurridos el 24 de enero de 2014, lo cual
le provocó secuelas y una disminución de la capacidad laboral.
Agregó que, por lo anterior, el 29 de marzo de 2016, los señores Edward
Uribe Rivera (en nombre propio y en representación del menor Tomás Uribe
Rodríguez), Amparo del Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera
presentaron el medio de control de reparación directa identificado con
radicado 05001-33-33-019-2016-00302-01 contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional.
Indicó que el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín mediante sentencia del 20 de septiembre de 2019 accedió a las
pretensiones de la demanda, al declarar administrativamente responsable a
la parte demandada por los daños causados a los demandantes, en atención
al deber de preservar la integridad psicológica y física del soldado conscripto.
Señaló que la entidad demandada formuló un recurso de apelación, al
considerar que no se encontraban satisfechos los presupuestos para declarar
la responsabilidad estatal.
Expuso que dicha alzada la resolvió el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión a través de sentencia del 19 de julio de 2021, con la
que se revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control ordinario.
Indicó que en dicha decisión se consideró que los dos años dispuestos en el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 transcurrieron desde el 25 de enero de
2014, día siguiente a la ocurrencia de los hechos donde resultó agraviado
Edward Uribe Rivera, hasta el 25 de enero de 2016, y que, por consiguiente,
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la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 26 de enero de 2016 y la
demanda radicada el 29 de marzo de 2016 se interpusieron de manera
extemporánea.
Refirió que el 21 de julio de 2021 presentaron dos solicitudes en ejercicio del
derecho de petición, con radicados E 2021 379451 y E 2021 379704 ante la
Procuraduría General de la Nación, con el objeto de que se emitiera
«certificación y/o auto aclarando que la solicitud de conciliación de radicado
2016-21434 fue presentada el día 22 de enero de 2016 y no el 26 de enero
de 2016».
Afirmó que, en respuesta, la procuradora 169 Judicial para la Conciliación
Administrativa informó que, según el sticker que obraba en la carátula del
expediente físico, la solicitud de conciliación fue radicada el 22 de enero de
2016 a las 15:02:37 horas. Para ello, se emitió la correspondiente
certificación el 12 de agosto de 2021, que fue remitida al correo electrónico
de la peticionaria.
Mencionó que, contra la sentencia de segunda instancia del proceso
ordinario, presentó un recurso extraordinario de revisión bajo la causal quinta
del artículo 250 ibidem -nulidad originada en sentencia-3, identificado con el
radicado 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773).
Afirmó que en esta demanda se indicó que la caducidad se declaró con base
en una constancia expedida por la Procuraduría General de la Nación que
consignó erróneamente el 26 de enero de 2016 como fecha de la solicitud de
conciliación prejudicial, cuando lo correcto era el 22 de enero del mismo año
y se aportó la nueva certificación expedida por dicha entidad. Además, se
señaló que como la caducidad se declaró en el fallo de segunda instancia, se
les impidió subsanar el yerro cometido inicialmente por el agente del
Ministerio Público.
Agregó que dicho medio fue decidió por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C con providencia del 10 de marzo de 2025, con el que
se declaró infundado dicho recurso porque no se acreditan los supuestos de
procedencia. En concreto, en esa decisión se estableció lo siguiente:
i) En relación con la documental aportada con el recurso extraordinario en
mención y lo decidido en el proceso ordinario, la autoridad judicial sostuvo:
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Con fundamento en la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, expedida
el 28 de marzo de 2016 por la Procuraduría General de la Nación, que erróneamente
certificó como fecha de la solicitud de conciliación prejudicial el 26 de enero de 2016, siendo
lo correcto el 22 de enero de la misma anualidad.
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Para acreditar su alegato, los recurrentes allegaron: (i) la copia de la
petición de conciliación presentada ante la Procuraduría General de la
Nación, en la que consta su radicación el 22 de enero de 2016; y (ii) la
certificación emitida el 12 de agosto de 2021 por el Ministerio Público, en la
que consta que “[…] de conformidad con el sticker de la carátula, la
radicación de la solicitud de conciliación fue realizada el día 22 de enero de
2016 […]”.
Lo anterior indica que les asiste la razón a los recurrentes al señalar que la
solicitud de conciliación prejudicial ciertamente fue radicada el 22 de enero
de 2016 y no el 26 de enero de 2016, como aparecía certificado en el
proceso de reparación directa, radicado núm. 05001-33-33-019-2016-
00302-01.
No obstante, la Sala advierte que, el 19 de julio de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió la sentencia que declaró la caducidad
del medio de control de reparación directa con base en la constancia
oportuna y legalmente allegada al plenario por la parte actora, la misma
que hoy interpone el recurso extraordinario de revisión.
…
…Entonces, fue así que los demandantes en reparación directa y actuales
recurrentes en revisión extraordinaria —Edward Uribe Rivera, Tomás Uribe
Rodríguez, Amparo del Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera—,
a través de su apoderado judicial, presentaron con su demanda (radicado
núm. 05001-33-33-019-2016-00302-01) la constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad, expedida el 28 de marzo de 2016 por la
Procuraduría General de la Nación, con la cual certificaban la presentación
de la solicitud el 26 de enero de 2016.
Dicho de otro modo, fueron los mismos demandantes y recurrentes los que
demostraron e indicaron ante la autoridad judicial, como fecha de la
solicitud de conciliación extrajudicial, el 26 de enero de 2016 (hecho
probado 3.3.).
En este contexto, se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia
dictó la sentencia del 19 de julio de 2021, en la cual declaró la caducidad
del medio de control de reparación directa radicado núm. 05001-33-33-
019-2016-00302-01, con fundamento en la constancia aportada por la
parte actora como medio de convicción para acreditar el requisito de
procedibilidad consistente en el agotamiento de la conciliación prejudicial y
los efectos de suspensión del cómputo de la caducidad.
ii) En relación con la certificación expedida posteriormente por la
Procuraduría General de la Nación, en la providencia demandada se
indicó:
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No obstante, tras la sentencia del 19 de julio de 2021, que declaró la
caducidad del medio de control y dio por concluido el proceso de
reparación directa, el 12 de agosto de 2021, la Procuraduría General de la
Nación certificó que la solicitud para iniciar el trámite de conciliación
prejudicial fue radicada el 22 de enero de 2016 y no el 26 de enero de
2016, como se había indicado anteriormente. De esta manera, se
demostró que la información proporcionada durante las instancias del
proceso de reparación directa y que sirvió de base para la decisión de
preclusión del mecanismo procesal era incorrecta.
iii) Frente a la causal quinta de revisión, en el proveído acusado se
señaló:
Aun así, esta circunstancia no da lugar a una nulidad originada en la
sentencia ni constituye una violación al debido proceso de quienes
actuaron como demandantes en la reparación directa. Por el contrario, se
observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la sentencia del
19 de julio de 2021 de manera motivada, congruente y conforme a los
requisitos legales que exigen verificar la oportunidad de la demanda,
basándose en la prueba documental aportada por los mismos actores, la
cual aparecía legal y debidamente incorporada al expediente.
…
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Antioquia tenía la obligación de
declarar de oficio la caducidad del medio de control, dado que la
constancia allegada con la demanda así lo evidenciaba. Esto, a pesar de
que dicho fenómeno no hubiera sido advertido ni por las partes ni por el
Juzgado 19 Administrativo Oral de Medellín en primera instancia. La
caducidad, al ser una institución procesal de orden público, es de
obligatorio cumplimiento.
Adicionalmente, es importante señalar que el juez de segunda instancia no
tenía razones para suponer la existencia de una equivocación en la
constancia expedida por el Ministerio Público y aportada por los
interesados junto con su escrito de demanda, así como tampoco le
correspondía a la autoridad judicial prevenir a los demandantes de su
propio error, pues a estos les competía la carga de confirmar la veracidad
de los documentos y elementos de prueba que ellos mismos allegaban al
plenario.
En resumen, la situación planteada en sede de revisión extraordinaria no
configura una nulidad originada en la sentencia dictada el 19 de julio de
2021, ni puede atribuírsele al Tribunal Administrativo de Antioquia como
una transgresión de las garantías constitucionales de los actores. Ello,
porque su decisión se adoptó conforme a derecho, dentro de los
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parámetros legales, y se fundamentó en los medios de prueba que fueron
debidamente aportados y oportunamente incorporados al proceso.
iv) Respecto de la falta de diligencia de la parte demandante, en la
providencia demandada se mencionó lo siguiente:
Sin embargo, lo que resulta evidente es la falta de diligencia atribuible a la
actora, quien omitió verificar la exactitud de los datos consignados en la
prueba documental presentada para acreditar el agotamiento del requisito
de procedibilidad y la suspensión del término de caducidad. Cabe resaltar
que la parte demandante dispuso de suficiente tiempo para identificar el
error y tomar las medidas correctivas necesarias, en lugar de esperar a
que la autoridad judicial advirtiera la situación y declarara la caducidad del
medio de control, para, posteriormente, recurrir en revisión extraordinaria,
invocando un vicio de nulidad que no existe.
…
Por el contrario, pudo observarse que la providencia objeto de análisis fue
dictada con arreglo a la ley y a los medios probatorios que obraban en el
expediente al momento de adoptar la decisión correspondiente. La
irregularidad alegada por los recurrentes obedeció a la falta de diligencia
en la gestión por ellos adelantada en sede de reparación directa.
La anterior decisión se notificó vía electrónica el 21 de mayo de 2025.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora consideró vulnerados sus garantías fundamentales porque
con la providencia demandada se incurrió en un defecto fáctico por los
siguientes motivos:
Sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en un error
protuberante en la valoración probatoria, consistente en que la providencia
judicial censurada adoptó una conclusión (caducidad de la acción) fundada
en una premisa probatoria errónea, contradictoria con los documentos
oficiales recuperados después de la sentencia y que demuestra que el medio
de control fue correctamente presentado por los accionantes en sede de
revisión.
Indicó que el yerro es evidente porque la autoridad judicial acusada mantuvo
incólume una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró
la caducidad de la acción de reparación directa con base en una premisa
fáctica errónea en relación con lo siguiente:
Tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como la Sala Plena del
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Consejo de Estado incurrieron en una infracción estructural del principio de
corrección procedimental y epistémica, al desconocer el procedimiento
obligatorio establecido por los artículos 175 y 182A del CPACA,
modificados por la Ley 2080 de 2021, para la declaratoria de caducidad de
un medio de control.
Adujo que en el fallo acusado se omitió valorar la nulidad generada en la
sentencia, concretamente la pretermisión por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia del procedimiento establecido en el numeral 3 del
artículo 182A y en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, respecto del
traslado a las partes para alegar y la indicación de las razones por las cuales
dictaría sentencia anticipada.
Mencionó que la Subsección C de la Sección Tercera habría omitido
examinar este vicio conforme a las causales primera y quinta del artículo 250
ibidem. Esto, pues la causal primera se habilitaba por la existencia de
documentos decisivos no conocidos en el proceso y la causal quinta se
justificaba en el desconocimiento del procedimiento establecido para declarar
la caducidad.
Manifestó que, si bien existió un error de verificación por parte de los
demandantes al no percibir oportunamente la inconsistente en la fecha
consignada en el documento por la Procuraduría General de la Nación, no es
jurídicamente admisible —ni constitucionalmente legítimo— endilgar de
manera exclusiva a la parte demandante las consecuencias de dicho yerro,
como tampoco es culpa de estos el hecho de que en ninguna de las
instancias procesales se observara el procedimiento legalmente establecido
en el artículo 182A ibidem, para decretar la caducidad del medio de control.
Resaltó que se trató de un error fue institucional y compartido. Esto, pues fue
cometido por la entidad conciliadora (Procuraduría 169 Judicial
Administrativa), porque no fue advertido por el juez de primera instancia,
luego fue dejado de observar por el tribunal en segunda instancia y, por
último, fue obviado por el Consejo de Estado en sede extraordinaria.
Agregó que la sentencia del 10 de marzo de 2025 no ofreció razones
suficientes para descartar la nueva evidencia, lo que, en su criterio, violó el
derecho a una decisión motivada, a la verdad procesal y a la tutela judicial
efectiva.
Estimó que no pretendía una interpretación extensiva, sino simplemente que,
conforme al deber constitucional de protección de los derechos
fundamentales y al mandato de justicia material, se corrigiera una situación
de evidente desigualdad procesal producida por el uso incorrecto,
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extemporáneo y erróneo de una figura de orden público como es la
caducidad, con fundamento en causales que el mismo ordenamiento le
permite aplicar en instancia de revisión.
Añadió que también se incurrió en una indebida valoración de la prueba
determinante, así como en una omisión pues el documento expedido por la
Procuraduría en respuesta a una petición no era una simple prueba adicional,
sino una aclaración oficial de un yerro institucional, la cual confirmó el hecho
de la realización de un control tardío de legalidad y la falta de implementación
adecuada de las medidas de saneamiento oficioso dentro de un proceso que
duró cinco años en resolverse.
Refirió que la sentencia demandada validó la declaratoria de caducidad sobre
la base de una fecha errónea de radicación de la solicitud de conciliación (26
de enero de 2016), la cual fue posteriormente desvirtuada con una prueba
oficial e inequívoca expedida por la misma Procuraduría, en la que consta
que la radicación real se efectuó el 22 de enero de 2016.
Afirmó que también se incurrió en una falta de «corrección epistémica» de la
sentencia cuestionada, ya que no solo fue incorrecta en la valoración del
proceso, sino que sostuvo una conclusión jurídica de un fallo injusto e ilegal
que inobservó las formas propias del juicio de caducidad, pues partió de un
hecho falso o erróneamente probado, sin ofrecer razones suficientes para
descartar la nueva evidencia.
Estimó que la validez constitucional de la providencia se vio comprometida
porque violó el derecho a una decisión motivada, a la verdad procesal y a la
tutela judicial efectiva.
Expuso que, la sentencia impugnada, al mantener la declaratoria de
caducidad con base en una premisa fáctica errónea, impuso una restricción
absoluta al derecho de acceder a una decisión de fondo sobre la
responsabilidad del Estado por un daño antijurídico sufrido durante el servicio
militar obligatorio.
Agregó que, esta restricción, aunque fundada en la aplicación literal del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, carece de proporcionalidad por las
siguientes razones:
(i) La medida no era idónea: La finalidad de la norma sobre caducidad es
brindar seguridad jurídica y evitar la eternización de los litigios, pero en
este caso, la medida no contribuyó efectivamente a ese fin, puesto
que se aplicó en contravía del procedimiento para declararla y la
prueba disponible y de la lógica procedimental aceptada por la propia
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Procuraduría y el juez de primera instancia.
(ii) La medida no era necesaria: Existía una alternativa menos lesiva para
los derechos fundamentales, consistente en valorar el procedimiento
para adoptar la decisión realizado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia y valorar adecuadamente la nueva certificación expedida por
la Procuraduría, admitiendo que la acción fue presentada en término.
Esta opción permitía preservar el acceso a la justicia sin desproteger
el principio de seguridad jurídica.
(iii) La medida no era proporcional en sentido estricto: El perjuicio causado
por la sentencia (negar el acceso a la justicia y cerrar definitivamente
el debate sobre la responsabilidad del Estado) es desmesurado frente
al beneficio jurídico obtenido (aplicación rigurosa de una formalidad
procesal cuya base fáctica estaba desvirtuada). El sacrificio de
derechos fundamentales no guarda proporción con el objetivo
perseguido.
Destacó que se omitió realizar un ejercicio de ponderación entre el valor
procesal de la caducidad y el derecho fundamental del debido proceso
judicial, el acceso a la justicia, y prefirió una interpretación formalista que
privilegió la forma sobre el fondo, en abierta contradicción con el Estado
Social de Derecho y los fines esenciales de la función jurisdiccional.
1.5. Trámite
Mediante auto del 26 de noviembre de 2025, se admitió la demanda de tutela
de la referencia y, en consecuencia, se dispuso la notificación como
demandados de los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
A su vez, se ordenó la vinculación en calidad de terceros de los magistrados
que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión,
al juez Diecinueve Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, al
ministro de Defensa Nacional, al director general de la Policía Nacional, al
procurador 169 Judicial I para Asuntos Administrativos y al procurador
delegado para la Conciliación Administrativa Luis Ramiro Escandón
Hernández.
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1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
La magistrada ponente de la providencia demandada solicitó que se declare
la improcedencia de la solicitud de amparo ante la falta de relevancia
constitucional o que en su defecto se denieguen las pretensiones de la
demanda constitucional, por los siguientes motivos:
Sostuvo que los actores no plantearon un asunto de genuina relevancia
constitucional, sino que utilizaron la tutela para cuestionar el análisis jurídico
y probatorio realizado por la Subsección, específicamente el valor otorgado a
la certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación y la
posibilidad de que su existencia generara una nulidad en la sentencia del 19
de julio de 2021.
Expuso que la parte actora pretende convertir la solicitud de amparo en una
instancia adicional del recurso extraordinario de revisión y obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, finalidad expresamente proscrita
por la jurisprudencia, además de que incluyó argumentos que no fueron el
sustento de dicha vía judicial, como lo son la causal primera y la omisión en
que habría incurrido el tribunal al no observar el procedimiento para declarar
la caducidad.
Precisó que no se está frente a un asunto con entidad suficiente para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o para determinar el
alcance de un derecho fundamental; además porque la controversia se limitó
a una discusión derivada de la inconformidad de los demandantes con el
análisis de configuración de la causal quinta de revisión del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011.
Destacó que en el escrito de tutela no se justificó razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales y los demandantes
no cuestionaron dentro de la instancia extraordinaria lo aquí alegado, se
estima que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Agregó que, de considerase el cumplimiento del precitado presupuesto
general de procedencia, no se configura el defecto fáctico alegado por la
parte accionante puesto que la sentencia objeto de amparo se pronunció
expresamente sobre las pruebas aportadas junto al recurso extraordinario de
revisión y reconoció que la fecha certificada en el proceso de reparación
directa era equivocada, tal como lo alegaban los actores; sin embargo,
explicó que esa circunstancia no configuraba un vicio originado en la
sentencia.
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Adujo que la sentencia fue debidamente motivada, valoró las pruebas
aportadas y expuso las razones por las cuales la prueba «sobreviniente» no
tenía el efecto pretendido por el actor, por lo que, distinto era que los
demandantes discreparan de la conclusión judicial adoptada.
Indico que no existe fundamento para afirmar que la decisión cuestionada
incurrió en arbitrariedad o que dejó de valorar elementos de convicción
relevantes, ya que, por el contrario, la autoridad judicial demandada examinó
integralmente las pruebas obrantes en el expediente y, conforme al
desarrollo jurisprudencial de la causal quinta de revisión, concluyó de manera
razonada y fundada que no se configuraba una nulidad en la sentencia
recurrida.
1.6.2. Procuraduría General de la Nación
Esta entidad sostuvo que carece de competencia para resolver las
pretensiones del actor, razón por la cual solicitó su desvinculación del trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Expuso que es cierto que la parte accionante radicó una solicitud de
conciliación el 22 de enero de 2016.; sin embargo, el procurador judicial de la
época registró en la constancia de agotamiento del requisito de
procedibilidad la fecha de 26 de enero de 2016.
Aclaró que, los demandantes presentaron solicitudes mediante radicados E-
2021-379421 y E-2021-379704, ambos del 21 de julio de 2021, en el marco
de la conciliación extrajudicial adelantada para promover el proceso ordinario
y que, en respuesta a dichas peticiones, la procuradora 169 Judicial para la
Conciliación Administrativa informó que, según el sticker que obraba en la
carátula del expediente físico, la solicitud de conciliación fue radicada el 22
de enero de 2016 a las 15:02:37 horas.
Además, señaló que el 12 de agosto de 2021 se expidió certificación en la
que constaba la información anteriormente señalada, la cual fue remitida al
correo electrónico de la parte peticionaria.
Agregó que, mediante oficio del 1° de diciembre de 2025, la señora Claudia
Patricia Otálvaro Berrío, en calidad de procuradora 169 Judicial I para
Asuntos Administrativos, rindió informe sobre el trámite conciliatorio surtido
ante dicha dependencia en los siguientes términos:
Revisada la actuación surtida en el trámite conciliatorio extrajudicial con
radicado 21434 de 2016, adelantado por EDWUARD URIBE RIVERA,
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THOMAS URIBE RODRÍGUEZ, AMPARO DEL SOCORRO RIVERA
LÓPEZ Y SEBASTIÁN URIBE RIVERA en contra de LA NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, ante la Procuraduría
169 Judicial I para Asuntos Administrativos, se evidenció que la solicitud de
conciliación fue radicada el día 22 de enero de 2026, como consta en el
sticker que en su momento fue utilizado por la entidad y que se aprecia en
la siguiente imagen…
Adicionalmente, la procuradora 169 Judicial I para Asuntos Administrativos
ratificó que, dio respuesta a las peticiones formuladas por la parte actora y
que, el 12 de agosto de 2021 expidió certificación en la que constaba la
información correcta del caso.
1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Esta entidad solicitó su desvinculación porque carece de legitimación en la
causa por pasiva respecto de lo pretendido por la parte actora, puesto que lo
solicitado no depende, ni se encuentra dentro de la estructura interna de la
institución.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20154, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
La Procuraduría General de la Nación solicitó su desvinculación pues
considera que carece de legitimación en la causa por pasiva. En igual
sentido, se pronunció el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
La sala denegará lo solicitado por ambas entidades puesto que su
vinculación al presente trámite constitucional se efectuó con fundamento en
las circunstancias fácticas descritas en la demanda de tutela, las cuales
refieren la intervención de estas en el asunto constitucional objeto de
reproche.
4
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con ocasión de la providencia del 10 de marzo de 2025,
emitida por la mencionada autoridad judicial, con la cual declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado 11001-03-26-
000-2021-00235-00 (67773) interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 19 de julio de 20215 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión dentro del proceso de reparación directa
identificado con radicado 05001-33-33-019-2016-00302-016.
Así las cosas, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.8
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
5
Con la cual se revocó la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Diecinueve Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que había accedido a las
pretensiones de la demanda.
6
Promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
7
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
8
Ibidem.
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providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.9
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
9
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’.»
n ese sentido, el alto tribunal onstitucional consider que la acci n de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.10
En el presente asunto, se observa que, la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la configuración de un defecto
fáctico porque, a su juicio, con la providencia acusada se adoptó una
conclusión (caducidad del medio de control) fundada en una premisa
probatoria errónea, contradictoria con los documentos oficiales recuperados
después de la sentencia y que fue demostrado que el medio de control fue
correctamente presentado.
10
Destacado por la Sala.
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Asimismo, la parte demandante consideró que dicho yerro resulta evidente
porque la sentencia impugnada mantuvo incólume una decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa con base en una premisa fáctica errónea.
A su vez, los accionantes estimaron que el fallo demandado habría omitido
valorar la nulidad generada en la sentencia, concretamente la pretermisión
por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia del procedimiento
establecido en el numeral 3 del artículo 182A y en el artículo 175 de la Ley
1437 de 2011, en cuanto: i) al traslado a las partes para alegar y a ii) la
indicación de las razones por las cuales dictaría sentencia anticipada.
De igual manera, la parte actora mencionó que la Subsección C de la
Sección Tercera de esta corporación omitió examinar este vicio conforme a
las causales primera y quinta del artículo 250 ibidem. Esto, pues la causal
primera habilitaba el recurso por la existencia de documentos decisivos no
conocidos en el proceso, mientras que la causal quinta se justificaba en el
desconocimiento del procedimiento establecido para declarar la caducidad.
En lo particular, consideraron que, si bien existió un error de verificación por
parte de los demandantes al no percibir oportunamente la inconsistente en la
fecha consignada en el documento por la Procuraduría General de la Nación,
no es jurídicamente admisible que se les atribuya exclusivamente la
responsabilidad, puesto que, se trató de un error institucional que se tornó
compartido.
Finalmente, los demandantes señalaron que la providencia acusada violó el
derecho a una decisión motivada, a la verdad procesal y a la tutela judicial
efectiva e impuso una restricción absoluta al derecho de acceder a una
decisión de fondo sobre la responsabilidad del Estado por un daño
antijurídico sufrido durante el servicio militar obligatorio.
Así, mediante providencia del 10 de marzo de 2025, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró infundado el recurso
extraordinario, al estimar que el error en la fecha no configuraba una nulidad
originada en la sentencia por vulneración del derecho al debido proceso,
puesto que la constancia fue aportada por los propios demandantes, la
sentencia del tribunal fue motivada y ajustada a derecho, el juez estaba
facultado para declarar la caducidad de oficio y, las circunstancias alegadas
eran imputables a los actores.
Adicionalmente, se advierte que, los accionantes añadieron argumentos que
no fueron planteados en el recurso extraordinario de revisión, en particular,
reprocharon la ausencia de estudio de la causal primera de revisión y de la
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omisión en que habría incurrido el ad quem al no observar el procedimiento
dispuesto en la Ley 1437 de 2011 para declarar la caducidad, cuando el
recurso extraordinario solo se sustentó en la causal quinta del artículo 250
ibidem.
Asimismo, se observa que, los reproches que planteó la parte actora en esta
sede constitucional se dirigen a cuestionar la decisión de segunda instancia
emitida en el proceso ordinario que declaró la caducidad.
En ese orden, también se destaca que la subsección demandada explicó que
recurso extraordinario de revisión soportado en la causal quinta del artículo
250 ibidem exige que el vicio surja en la propia decisión judicial, es decir que,
se hubiera materializado al momento de proferirse la providencia y no en una
etapa previa del proceso –como lo es la etapa inicial-, y que el error no fuera
atribuible a la conducta de la parte afectada.
En el caso concreto, en la providencia acusada se precisó que, el objeto de
la demanda planteada con el recurso extraordinario de revisión se ocasionó
en la falta de diligencia de la parte demandante al omitir verificar la exactitud
de los datos consignados en la documental inicialmente aportada.
Al respecto, se precisa que, cuando la acción de tutela tenga «origen en
hechos adversos ocasionados por el mismo accionante, carece de
relevancia constitucional.»11
Por lo que, de los planteamientos en los que se sustentó la tutela frente al
error compartido, se observa que se pretende debatir una consecuencia
jurídica desfavorable derivada de su propia omisión, lo cual implica la
ausencia de relevancia constitucional.
A su vez, en la providencia demandada también se abordó el asunto relativo
al error en la fecha certificada por la Procuraduría, de conformidad con la
prueba aportada con el recurso extraordinario de revisión –certificación
posterior expedida por dicho ente-, a partir de lo cual se indicó que tal
circunstancia no configuraba la causal quinta en mención, esto es, un vicio
originado en la sentencia.
Esto, pues la autoridad judicial demandada consideró que «…el Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió la sentencia del 19 de julio de 2021 de
manera motivada, congruente y conforme a los requisitos legales que exigen
verificar la oportunidad de la demanda, basándose en la prueba documental
11
Corte Constitucional, sentencia SU 451 de 2024, en la cita: Sentencia SU-103 de 2022.
Este último criterio busca hacer énfasis en que nadie puede alegar su propia torpeza para
buscar el amparo de sus derechos fundamentales.
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aportada por los mismos actores, la cual aparecía legal y debidamente
incorporada al expediente.»
De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de
la decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que,
aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.
En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre dichas
garantías en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención en sede constitucional.
Por consiguiente, la parte actora pretende la adopción de una decisión de
reemplazo y, ello no es razón suficiente para que el juez de la acción de
tutela intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto
que, se insiste, lo contrario sería invadir la esfera de competencia del juez
natural.
Al respecto, la sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para
traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
ordinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los
principios rectores de la autoridad judicial.
De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.
Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez
que carece del presupuesto de la relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Procuraduría
General de la Nación y del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Edward Uribe Rivera y otros por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
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providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
20
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