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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07378-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07378-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 22 de enero de 2026, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07378-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07378-01
Accionante: EDWARD URIBE RIVERA Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa en el que se declaró probada la excepción de caducidad.
Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por los señores Edward Uribe Rivera (en representación del menor
TUR1), Amparo del Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera, quienes actúan
en nombre propio, contra la sentencia de 22 de enero de 2026, dictada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de noviembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“8.1. Que se declare la procedencia de la presente acción de tutela como mecanismo
excepcional para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y a obtener una
sentencia conforme a los hechos probados del suscrito accionante y su grupo familiar.

8.2. Que se declare que la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-
26-000-2021-00235-00, incurrió en un defecto fáctico de relevancia constitucional, al
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión de sentencia, por la causal 5ª del
artículo 250 del CPACA, pese a estar probado la pretermisión del proceso para
declaratoria de caducidad por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia y
fundamentarse en una premisa probatoria falsa o errónea sobre la fecha de presentación

1
En atención a que se trata de un menor de edad, se siguen de cerca la pautas de anonimización desarrolladas por la Corte
Constitucional en la Circular Interna No. 10 de 2022.
1

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Accionante: Edward Uribe Rivera y otros

de la solicitud de conciliación prejudicial, contrariando lo demostrado por el documento
oficial expedido por la Procuraduría 169 Judicial I de Medellín.

8.3. Que, en consecuencia, se TUTELEN los derechos fundamentales invocados por el
accionante y se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el número
11001-03-26-000-2021-00235-00, de fecha 10 de marzo de 2025.

8.4. Que se ORDENE a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-26-000-2021-00235-00, proferir
una nueva decisión dentro del recurso extraordinario de revisión, valorando
adecuadamente la nulidad originada en la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en proceso de radicado 05001333301920160030200, que
pretermitió el procedimiento para declarar la caducidad establecido en el artículo 182 A
del CPACA, dejando de valorar la certificación oficial que acredita que la solicitud de
conciliación prejudicial fue presentada el 22 de enero de 2016, y no el 26 de enero como
erradamente se sostuvo.

8.5. Que se adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones como la aquí
analizada se repitan, incluyendo la revisión de los protocolos de certificación de la
Procuraduría en trámites de conciliación prejudicial, y la incorporación de criterios de
verificación probatoria en las decisiones judiciales que impliquen la declaración de
caducidad”.

2. Hechos2

El accionante relató que en el año 2013 ingresó a prestar el servicio militar
obligatorio como bachiller adscrito al Comando de Policía MEVAL de la ciudad de
Medellín para apoyar labores de seguridad en el Metro de Medellín. Señaló que el
24 de enero de 2014 recibió órdenes de sus superiores para que junto con sus
compañeros se trasladaran al Parque Explora, con el fin de prestar apoyo de
seguridad a un concierto organizado por la emisora de la Policía. Como
consecuencia de lo anterior, refirió que recibió una herida en el tórax con arma corto
punzante, lo cual le provocó secuelas y una disminución de la capacidad laboral.

Indicó que el 15 de septiembre de 2015 se realizó el informe administrativo por
lesión, en el que se calificó las lesiones sufridas por causa del servicio y en razón
del mismo.

En virtud de lo anterior, manifestó que a través de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con la pretensión de que se
declarara administrativamente responsable a la entidad demandada por las
lesiones y afecciones sufridas por el señor Edward Uribe Rivera durante la
prestación del servicio militar obligatorio y, como consecuencia de lo anterior,
solicitó que se reconocieran los perjuicios causados.

Refirió que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito de Medellín3, que mediante sentencia de 20 de
septiembre de 2019, declaró administrativamente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios causados a los
demandantes por las lesiones causadas al señor Edward Uribe Rivera, y condenó
al pago de los siguientes conceptos:
2
Los hechos enunciados fueron tomados del escrito de tutela y del proceso ordinario.
3
Radicado no. 05001-33-33-2019-019-2016-00302-00.
2

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Accionante: Edward Uribe Rivera y otros

a) “Por perjuicios morales:
• A favor del señor EDWARD URIBE RIVERA, la suma equivalente a cuarenta (40)
smlmv.
• A favor del menor de edad TUR, la suma equivalente a cuarenta (40) smlmv.
• A favor de la señora AMPARO DEL SOCORRO RIVERA LÓPEZ, la suma
equivalente a cuarenta (40) smlmv.
• A favor del señor SEBASTIAN URIBE RIVERA, la suma equivalente a veinte (20)
smlmv.

b) Por daño a la salud:
• A favor del señor EDWARD URIBE RIVERA, la suma equivalente a cuarenta (40)
smlmv.

c) Por perjuicios materiales:
• A favor del señor EDWARD URIBE RIVERA, la suma de ciento cinco millones
doscientos veintisiete mil setecientos diez pesos ($105.227.710)”.

Lo anterior, al considerar que se encontró acreditada la existencia del daño, en
tanto el accionante padeció una pérdida de capacidad laboral del 27.50% de
conformidad con el Acta de Junta Médico Laboral de la Policía Nacional. Asimismo,
el Juzgado determinó que las lesiones sufridas por el señor Edward Uribe Rivera
fueron en el servicio por causa y razón del mismo, lo que permitió atribuir la
imputación del daño a la entidad demandada bajo el régimen de daño especial,
comoquiera que el daño causado ocurrió cuando el demandante ostentaba la
calidad de soldado conscripto.

Manifestó que frente a la anterior determinación, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional - presentó recurso de apelación, al considerar que la
sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta los argumentos presentados en
los alegatos de conclusión, ni valoró en debida forma la Junta Médico Laboral no.
237 del 17 de enero de 2017, en la que se determinaron los índices lesionales y la
imputabilidad al servicio. Adicionalmente, precisó que las lesiones no se
desprendían de los hechos sucedidos el 24 de enero de 2014, por lo que no podían
ser enmarcadas como daño especial a título de imputación.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia de 19 de julio de
2021, revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las
pretensiones y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa y se declaró inhibida para emitir
pronunciamiento del fondo, al concluir que dado que el hecho generador del daño
ocurrió el 24 de enero de 2014, el término de caducidad comenzó a contarse desde
el 25 de enero de ese mismo año y vencía el 25 de enero de 2016, y la solicitud de
conciliación prejudicial fue presentada el 26 de enero de 2016, es decir, un día
después de vencido el término de caducidad.

Manifestó que el 21 de julio de 2021, presentó dos solicitudes en ejercicio del
derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación con radicados no. E
2021 379451 y E 2021 379704, con el objetivo que se expidiera una certificación o
auto en el que se aclarara que la solicitud de conciliación con radicado 2016-21434
fue presentada el 22 de enero de 2016 y no el 26 de enero de 2016. Señaló que,
en respuesta a dichas solicitudes, la Procuradora 169 Judicial para la Conciliación
Administrativa informó que conforme al sticker adherido a la carátula del expediente
físico, la solicitud de conciliación fue radicada el 22 de enero de 2016 a las 15:02:37

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horas. En consecuencia, el 12 de agosto de 2021 se expidió la respectiva
certificación, la cual fue remitida al correo electrónico de la peticionaria.

En ese orden de ideas, sostuvo que contra la sentencia de segunda instancia
presentó recurso extraordinario de revisión bajo la causal quinta del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA
(nulidad originada en la sentencia), al considerar que en la demanda se señaló que
la caducidad fue declarada con fundamento en una constancia expedida por la
Procuraduría General de la Nación, en la que se indicó erróneamente como fecha
de presentación de la solicitud de conciliación prejudicial el 26 de enero de 2016,
cuando en realidad fue radicada el 22 de enero del mismo año. Y sostuvo que al
haberse declarado la caducidad en el fallo de segunda instancia, se les privó de la
oportunidad de corregir el error inicialmente cometido por el agente del Ministerio
Público.

Finalmente, agregó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
mediante providencia de 10 de marzo de 20254 declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, al concluir que no existió nulidad originada en la
sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, toda
vez que la misma fue proferida de conformidad con la normativa vigente y los
medios probatorios allegados al proceso. Y explicó que la irregularidad alegada por
los recurrentes obedeció a la falta de diligencia en la gestión adelantada por ellos
en sede de reparación directa.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con el requisito de
relevancia constitucional, precisó que el asunto planteado no se limitaba a una
controversia de carácter legal o probatorio, sino que comprometía de manera directa
el derecho fundamental al debido proceso, por un error fáctico en el que incurrieron
las autoridades judiciales. Precisó que como consecuencia de lo anterior, se le
impidió a él y a su familia obtener un pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones relacionadas con las lesiones sufridas durante la prestación del
servicio militar. Y señaló que de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-016 de 2024, la acción de
tutela resultaba procedente cuando la vulneración constitucional tenía entidad
propia y no podía ser reparada a través de otro medio judicial ordinario.

Mencionó que se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que se
agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial,
incluyendo el recurso extraordinario de revisión.

En relación con el requisito de inmediatez, la parte actora indicó que entre la
providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión y la presentación del
escrito de tutela no habían transcurrido 6 meses, por lo que no se desconocía el
plazo razonable.

4
Proceso no. 11001-03-26-000-2021-00235-00 (67773).
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En lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que en la
decisión objetada se configuró el defecto fáctico, por una indebida valoración
probatoria de las pruebas aportadas al proceso. En particular, afirmó que la
declaratoria de caducidad del proceso ordinario se apoyó en una premisa fáctica
equivocada derivada de una certificación oficial que contenía un error en la fecha
de radicación de la conciliación prejudicial. Señaló que, con posterioridad a la
sentencia de segunda instancia, se recuperaron y allegaron documentos expedidos
por la autoridad competente que corrigieron dicha inconsistencia y demostraban que
el medio de control fue presentado dentro del término legal. En ese sentido,
argumentó que la decisión judicial que resolvió el proceso de reparación directa
partió de una apreciación probatoria errónea y desconoció elementos objetivos que
desvirtuaban la supuesta extemporaneidad, lo que afectó de manera directa el
derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

Manifestó que “tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como la Sala Plena del
Consejo de Estado incurrieron en una infracción estructural del principio de
corrección procedimental y epistémica, al desconocer el procedimiento obligatorio
establecido por los artículos 175 y 182A del CPACA, modificados por la Ley 2080
de 2021, para la declaratoria de caducidad de un medio de control”.

Sostuvo que la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario incurrió en un
vicio procesal al omitir pronunciarse sobre la nulidad derivada de la pretermisión del
trámite previsto en el numeral 3 del artículo 182A y en el artículo 175 de la Ley 1437
de 2011, en particular, respecto del deber de correr traslado a las partes para alegar
y de exponer de manera expresa las razones que justificaban la expedición de una
sentencia anticipada. Asimismo, señaló que la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado no examinó adecuadamente dicho defecto a la luz de las
causales primera y quinta del artículo 250 ibidem, pues en su criterio, la causal
primera se configuraba por la existencia de un documento decisivo que no fue
conocido oportunamente en el proceso, mientras que la causal quinta se sustentaba
en el desconocimiento del procedimiento legalmente establecido para declarar la
caducidad del medio de control.

Agregó que la sentencia del 10 de marzo de 2025 no realizó una motivación
suficiente para descartar la nueva prueba allegada, vulnerando así el derecho a una
decisión debidamente motivada, a la verdad procesal y a la tutela judicial efectiva.
Precisó que no pretendía una interpretación extensiva de las causales de revisión,
sino la corrección de una situación de desigualdad procesal generada por la
aplicación errónea y extemporánea de la figura de la caducidad, en ejercicio de las
herramientas que el propio ordenamiento prevé.

Asimismo, sostuvo que se incurrió en una indebida valoración probatoria, pues el
documento expedido por la Procuraduría General de la Nación en respuesta a una
petición no constituía una simple prueba adicional, sino una aclaración oficial de un
error institucional, comoquiera que dicho documento confirmaba que la fecha real
de radicación de la solicitud de conciliación fue el 22 de enero de 2016, y no el 26
de enero de 2016, como se tuvo en cuenta para declarar la caducidad.

Precisó que “el Consejo de Estado, al conocer del recurso extraordinario de revisión,
omitió examinar este vicio estructural conforme a las causales 1ª y 5ª del artículo
250 del CPACA. La causal 1ª habilita el recurso cuando sobrevienen documentos
decisivos no conocidos en el proceso, como la certificación que desvirtúa la fecha
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de presentación de la conciliación, situación explicada por el Ministerio Público en
su concepto; y la causal 5ª, alegada por mi apoderada, permitía su interposición
cuando existe nulidad originada en la sentencia que pone fin al proceso, como
ocurre aquí al haberse obviado el procedimiento reglado para decretar la
caducidad”.

Para terminar, adujo que la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario
validó la declaratoria de caducidad sobre la base de un hecho erróneo, sin ofrecer
razones suficientes para descartar la nueva evidencia, lo que demostró una falta de
corrección en la valoración fáctica y jurídica del caso. Y afirmó que al mantener la
caducidad con fundamento en una premisa equivocada, se impuso una restricción
absoluta al derecho de acceso a la administración de justicia, impidiéndole obtener
un pronunciamiento de fondo sobre la eventual responsabilidad del Estado por el
daño antijurídico sufrido durante el servicio militar obligatorio.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

La magistrada sustanciadora rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar la solicitud de amparo, al
considerar que los actores no plantearon un asunto de genuina relevancia
constitucional, sino que utilizaron el mecanismo constitucional para cuestionar el
análisis jurídico y probatorio realizado por la Subsección, en particular, el valor
otorgado a la certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación y la
posibilidad de que su existencia generara una nulidad en la sentencia del 19 de julio
de 2021. En ese sentido, explicó que la parte actora pretendía convertir el escrito
de tutela en una instancia adicional del recurso extraordinario de revisión y obtener
un pronunciamiento favorable a sus intereses.

Asimismo, señaló que los accionantes agregaron argumentos nuevos que no fueron
planteados en el recurso extraordinario de revisión, toda vez que reprocharon la
ausencia de estudio de la causal 1° de revisión y de la omisión en que la que habría
incurrido el ad quem al no observar el procedimiento dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para declarar la
caducidad.

En ese sentido, afirmó que “(i) no se está frente a un asunto con entidad suficiente
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política, o para determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) la controversia se limita a una discusión
derivada de la inconformidad de los demandantes con el análisis de configuración
de la causal 5ª de revisión del artículo 250 del CPACA; (iii) en el escrito de tutela no
se justificó razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y (iv) los demandantes no cuestionaron dentro de la instancia
extraordinaria lo aquí alegado, se estima que no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional”.

Adicionalmente, aclaró que de la revisión del escrito de tutela, se evidenció que los
reproches formulados por la parte actora no se dirigían contra la sentencia que
resolvió el recurso extraordinario de revisión, sino contra la providencia dictada en
el proceso de reparación directa. Por otro lado, señaló que no se discutía la
caducidad del medio de control, sino que se analizó si el documento aportado en el
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trámite de revisión permitía configurar el vicio excepcional previsto en la ley. No
obstante, explicó que los accionantes dirigieron sus planteamientos hacia la
supuesta “aplicación literal del artículo 164 del CPACA” y a la alegada falta de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad en la declaratoria de caducidad, aspectos
que no fueron objeto de estudio dentro del recurso extraordinario de revisión.

Agregó que la Corte Constitucional ha señalado que el defecto fáctico es una causal
excepcional que solo se configura cuando el juez, desconociendo los límites de su
autonomía, omite decretar pruebas indispensables, valora el acervo probatorio de
manera arbitraria o caprichosa, o deja de apreciarlo integralmente. En el caso
analizado, precisó que los argumentos de los demandantes no se ajustaban a
dichos criterios, pues no guardaban relación con la configuración jurisprudencial del
defecto fáctico ni con el análisis propio del recurso extraordinario de revisión.

Refirió que el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para
reabrir el debate probatorio o jurídico, sino un mecanismo excepcional, limitado a
las causales taxativas del artículo 250 del CPACA, por lo que el juez debe ceñirse
estrictamente a la causal invocada y a los hechos planteados por el recurrente, por
lo que en el caso concreto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado examinó únicamente si la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia
era nula por violación del debido proceso al declarar la caducidad con base en la
constancia expedida por la Procuraduría General de la Nación, y si la declaratoria
oficiosa de la caducidad en segunda instancia vulneraba las garantías de los
demandantes.

En ese sentido, la autoridad judicial accionada concluyó que la causal quinta exigía
que el vicio se originara en la propia sentencia y no en actuaciones previas ni en
errores atribuibles a las partes, asimismo advirtió que fueron los mismos actores
quienes aportaron la constancia con la fecha errada y que el Tribunal decidió con
fundamento en esa prueba válida y regularmente incorporada al expediente, sin
quebrantar el debido proceso. Además, precisó que el juez puede declarar de oficio
la caducidad en cualquier instancia, conforme al artículo 187 del CPACA y la
jurisprudencia unificada. En consecuencia, atribuyó la situación a la falta de
diligencia de la parte actora y aunque reconoció que la fecha certificada era
equivocada, sostuvo que ello no configuraba un vicio originado en la sentencia
objeto de revisión.

Finalmente, consideró que la Corporación examinó tanto la certificación inicialmente
aportada por el demandante en el proceso ordinario como el documento posterior
expedido por la Procuraduría General de la Nación, y explicó por qué esta última
prueba y la situación planteada no se ajustaban a la causal quinta del artículo 250
del CPACA. Adicionalmente, agregó que la sentencia estuvo debidamente
motivada, valoró los elementos probatorios allegados y expuso las razones por las
cuales la prueba “sobreviniente” no producía el efecto pretendido, sin que el
desacuerdo de los actores con la conclusión adoptada implicara arbitrariedad.

4.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

La Asesora del Sector Defensa de la entidad rindió informe en el que solicitó su
desvinculación porque carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
lo pretendido por la parte actora “no corresponden a las consecuencias de una
acción u omisión realizada por la Policía Nacional en desarrollo de nuestra
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misionalidad y funciones, sin que sea jurídicamente posible subrogar la esfera de
competencias de otros organismos y funcionarios del Estado, como en el sub judice
del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera
– Subsección “C”, el cual está sometido a la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de
Administración de Justicia”, modificada por la Ley 1285 de 2009 dicho de otro modo,
no es una entidad vinculada, ni dependiente de la Policía Nacional, toda vez que
tiene su propia regulación normativa”.

4.3. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

La apoderada judicial rindió informe en el que manifestó que la Procuraduría no era
competente para resolver las pretensiones formuladas por los actores y, en
consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la
causa por pasiva.

Indicó que si bien la parte accionante radicó la solicitud de conciliación el 22 de
enero de 2016, en la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad el
procurador judicial consignó como fecha el 26 de enero de 2016. Precisó que los
demandantes presentaron solicitudes con radicados E-2021-379421 y E-2021-
379704 del 21 de julio de 2021 dentro del trámite de conciliación extrajudicial
promovido para acudir al proceso ordinario y que, en respuesta, la Procuradora 169
Judicial para la Conciliación Administrativa informó que según el sticker adherido a
la carátula del expediente físico la solicitud había sido radicada el 22 de enero de
2016 a las 15:02:37 horas. Señaló además que el 12 de agosto de 2021 se expidió
y remitió por correo electrónico una certificación en la que constaba dicha
información.

Finalmente, expuso que mediante oficio del 1° de diciembre de 2025, la Procuradora
169 Judicial I para Asuntos Administrativos rindió informe sobre el trámite
conciliatorio con radicado no. 21434 de 2016, promovido por los accionantes en el
que reiteró que la solicitud fue radicada el 22 de enero de 2016 conforme al sticker
utilizado por la entidad, y ratificó que dio respuesta a las peticiones elevadas por la
parte actora y que el 12 de agosto de 2021 expidió la certificación con la información
correcta.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 22 de enero de
2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el requisito
general de relevancia constitucional y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Procuraduría General de
la Nación y del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Edward
Uribe Rivera y otros por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

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Accionante: Edward Uribe Rivera y otros

Sostuvo que los accionantes estimaron que la decisión cuestionada (recurso
extraordinario de revisión) omitió valorar la nulidad generada en la sentencia de
segunda instancia de 19 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en particular, la pretermisión del procedimiento establecido en el numeral
3 del artículo 182A y en el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, en relación al
traslado a las partes para alegar y a la indicación de las razones por las cuales
dictaría sentencia anticipada. Asimismo, la parte actora sostuvo que la autoridad
judicial accionada omitió examinar tal vicio de conformidad con las causales primera
y quinta del artículo 250 ibidem, toda vez que la causal primera habilitaba la
procedencia del recurso por la existencia de documentos decisivos que no fueron
conocidos en el proceso, mientras que la causal quinta se justificaba en el
desconocimiento del procedimiento establecido para declarar la caducidad.

En ese orden de ideas, manifestó que mediante providencia del 10 de marzo de
2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por la parte actora, al
considerar que el error en la fecha de radicación de la solicitud de conciliación del
proceso de reparación directa no configuraba una nulidad originada en la sentencia,
toda vez que la misma fue motivada y ajustada a derecho, por lo que el juez estaba
facultado para declarar la caducidad de oficio.

Advirtió que la parte actora incorporó argumentos nuevos que no fueron planteados
en el recurso extraordinario de revisión, toda vez que reprochó la ausencia de
estudio de la causal primera de revisión y de la omisión en que habría incurrido el
ad quem al no observar el procedimiento dispuesto en la Ley 1437 de 2011 para
declarar la caducidad, toda vez que el recurso extraordinario solo se sustentó en la
causal quinta del artículo 250 ibidem. Asimismo, señaló que los reproches que
planteó la parte actora en sede constitucional se dirigían a cuestionar la decisión de
segunda instancia emitida en el proceso ordinario que declaró la caducidad.

Por último, refirió que “un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de
la decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional intervenga
en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo contrario,
sería invadir la órbita del competente natural. En ese orden, para el caso concreto,
no es evidente la tensión entre dichas garantías en contraste con lo decidido por la
autoridad judicial demandada, que amerite la intervención en sede constitucional”.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
presentó escrito de impugnación, al considerar que la decisión de 19 de julio de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de
reparación directa declaró la probada la excepción de caducidad en segunda
instancia, con base en una constancia de la Procuraduría General de la Nación que
contenía un error en la fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial.
Posteriormente, la Procuraduría certificó que la fecha correcta era anterior al
vencimiento del término, es decir, que el medio de control de reparación directa sí
había sido presentado oportunamente.

Manifestó que el recurso extraordinario de revisión fue declarado infundado por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar que el Tribunal Administrativo
de Antioquia decidió con base en la prueba existente en ese momento y que el error
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no configuraba nulidad. En ese sentido, sostuvo que la decisión incurría en un
“formalismo excesivo,” pues aplicó de manera restrictiva la relevancia constitucional
y atribuyó indebidamente al ciudadano la carga de verificar errores cometidos por la
administración en documentos oficiales.

Precisó que el caso sí tenía relevancia constitucional porque involucraba el derecho
de acceso a la justicia, el debido proceso, así como los principios de buena fe y
confianza legítima, toda vez que se generó una afectación desproporcionada
derivada de cerrar definitivamente la posibilidad de obtener una decisión de fondo
por un error institucional y por la pretermisión del trámite previsto para declarar la
caducidad.

Reiteró que se incurrió una omisión de la valoración probatoria realizada en el
recurso de revisión, toda vez que el Consejo de Estado no analizó adecuadamente
la certificación que fue emitida de manera posterior por la Procuraduría General de
la Nación que corrigió el error en la fecha de radicación de la solicitud de conciliación
prejudicial, la cual demostraba que la demanda se presentó dentro del término legal.
En ese sentido, afirmó que no se trataba de una prueba nueva, sino de la
rectificación de un error material atribuible a una autoridad pública.

Finalmente, sostuvo que la declaratoria de caducidad produjo una afectación
desproporcionada del derecho de acceso a la justicia, al impedir un pronunciamiento
de fondo por un yerro institucional, desconociendo la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional, y de encontrarse cumplidos los
restantes requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la protección
constitucional solicitada porque la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que

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el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones5.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

5
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
7
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
8
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto

Los señores Edward Uribe Rivera (en representación del menor TUR) Amparo del
Socorro Rivera López y Sebastián Uribe Rivera, quienes actúan en nombre propio,
presentaron acción de tutela con la pretensión de que el juez constitucional ampare
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela efectiva, presuntamente vulnerados por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con la decisión de 10
de marzo de 2025, mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión presentado contra la sentencia de 19 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa no. 05001-33-33-019-2016-00302-01.

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 22 de enero de 2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplir el requisito general de relevancia constitucional, al considerar que en sede
de tutela la parte actora introdujo argumentos nuevos que no fueron planteados en
el recurso extraordinario de revisión, el cual solo se sustentó en la causal quinta del
artículo 250 del CPACA. Asimismo, advirtió que los reproches se dirigían realmente
contra la sentencia ordinaria que declaró la caducidad. Y concluyó que el
desacuerdo con las conclusiones adoptadas por el juez natural no habilitaba la
intervención del juez constitucional al no evidenciarse una afectación manifiesta de
derechos fundamentales que justificara el amparo.

El accionante impugnó la decisión al señalar que la caducidad fue declarada con
base en una certificación de la Procuraduría General de la Nación que contenía un
error en la fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, el cual fue
posteriormente corregido por la misma entidad, demostrando que la demanda se
presentó oportunamente. Indicó que el recurso extraordinario de revisión fue
declarado infundado bajo un enfoque excesivamente formalista, pues no se valoró
adecuadamente la certificación posterior ni se reconoció que se trataba de la
corrección de un error institucional y no de una prueba nueva.

Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora afirmó que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, al declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa con base en una certificación
oficial que contenía un error en la fecha de radicación de la solicitud de conciliación
prejudicial. Señaló que posteriormente se allegaron documentos expedidos por la
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autoridad competente que corrigieron dicha fecha y demostraban que el medio de
control fue presentado oportunamente, por lo que la conclusión de extemporaneidad
partió de una premisa equivocada.

Además, afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C desconocieron el trámite previsto en los artículos
175 y 182A del CPACA para declarar la caducidad, al no correr traslado a las partes
ni motivar adecuadamente la sentencia anticipada, lo que configuraría una nulidad.
Sostuvo que el recurso extraordinario de revisión debió prosperar con fundamento
en las causales 1ª y 5ª del artículo 250 ibídem, por la existencia de un documento
decisivo no conocido oportunamente y por la nulidad originada en la sentencia.

Finalmente, indicó que la providencia cuestionada no ofreció una motivación
suficiente para descartar la nueva evidencia y que al mantener la caducidad sobre
un hecho errado, se vulneraron el debido proceso y el derecho de acceso a la
administración de justicia.

De manera previa la Sala precisa que, si bien la parte actora sostuvo que la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico al declarar la caducidad
del medio de control de reparación directa con fundamento en una certificación que
contenía un error en la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, lo cierto
es que la providencia objeto de cuestionamiento en esta acción constitucional es la
de 10 de marzo de 2025, mediante la cual esta Corporación declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión.

De conformidad con lo anterior y de la revisión de los argumentos expuestos en la
solicitud de tutela y la impugnación, la Sala advierte que coinciden con los
propuestos en el recurso extraordinario de revisión, por lo que se confirmará la
decisión impugnada, como pasa a explicarse:

El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Medellín mediante sentencia
del 20 de septiembre de 2019, declaró administrativamente responsable a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por los perjuicios causados a
los demandantes por las lesiones causadas al señor Edward Uribe Rivera durante
la prestación del servicio militar obligatorio, y condenó al pago de los siguientes
conceptos: por concepto de perjuicios morales 40 smlmv a favor del señor Edward
Uribe Rivera, del menor TUR y de la señora Amparo del Socorro Rivera López, y 20
smlmv a favor del señor Sebastián Uribe Rivera; por daño a la salud, 40 smlmv a
favor del señor Edward Uribe Rivera; y por perjuicios materiales, la suma de ciento
cinco millones doscientos veintisiete mil setecientos diez pesos ($105.227.710) a
favor del mismo accionante.

Lo anterior, al estimar demostrado el daño antijurídico, en tanto el accionante
presenta una pérdida de capacidad laboral del 27,50 %, conforme al Acta de la
Junta Médico Laboral de la Policía Nacional. Igualmente, el Juzgado estableció que
las lesiones sufridas por el señor Edward Uribe Rivera ocurrieron en el servicio y
con ocasión del mismo, lo que permitió imputar la responsabilidad a la entidad
demandada bajo el régimen de daño especial, dado que el perjuicio se produjo
cuando el demandante ostentaba la condición de soldado conscripto.

Contra la anterior determinación, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional, interpuso recurso de apelación, al estimar que la sentencia de primera
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instancia desconoció los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión y no
valoró adecuadamente el contenido del Acta de Junta Médico Laboral no. 237 del
17 de enero de 2017, en la cual se fijaron los índices lesionales y su imputabilidad
al servicio. Asimismo, sostuvo que aquellas lesiones que no guardaban relación
causal con los hechos ocurridos el 24 de enero de 2014 no podían ser atribuidas a
la entidad bajo el régimen de daño especial.

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 19 de julio de 2021
revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa, al concluir que el término de caducidad de 2 años
previsto en el artículo 164 del CPACA debía contarse desde el 25 de enero de 2014,
esto es, desde el día siguiente a los hechos en los que resultó lesionado Edward
Uribe Rivera, por lo que vencía el 25 de enero de 2016. En consecuencia, afirmó
que tanto la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 26 de enero de 2016,
como la demanda radicada el 29 de marzo de 2016, fueron interpuestas por fuera
del término legal.

El 21 de julio de 2021, los accionantes presentaron dos escritos en ejercicio del
derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación (radicados E 2021
379451 y E 2021 379704) con el fin de que se aclarara la fecha real de radicación
de la solicitud de conciliación prejudicial no. 2016-21434, en los que pidió que se
certificara que esta había sido presentada el 22 de enero de 2016 y no el 26 de
enero de 2016. En respuesta, la Procuradora 169 Judicial para la Conciliación
Administrativa informó que, según el sticker adherido a la carátula del expediente
físico, la radicación se realizó el 22 de enero de 2016 a las 15:02:37 horas, razón
por la cual el 12 de agosto de 2021 se expidió la certificación correspondiente y fue
remitida al correo electrónico de los peticionarios.

En ese orden de ideas, el 26 de octubre de 2021, la parte actora formuló recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de 19 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia con sustento en la causal 5ª del artículo 250
del CPACA, es decir, por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, bajo los siguientes
argumentos:
“Con fundamento en los dos precedentes citados, en el presente caso la causal de
revisión invocada se sustenta en la vulneración en disfavor de mis apoderados, del
derecho al debido proceso judicial y constitucional que se origina en la sentencia de
segunda instancia emitida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, lo cual lleva a que se sacrifique el derecho de estos al acceso a la
administración de justicia.

El fundamento del fallo inhibitorio se encuentra en el hecho de encontrar probado el
fenómeno de la caducidad de la acción, el cual solo viene a advertirse cuando se han
agotado todas las etapas procesales en un proceso de dos instancias y justo cuando
no existe posibilidad de realizar oposición a través de los recursos que otorga el
ordenamiento procesal. En presente caso, las normas que regulan el fenómeno de la
caducidad pueden declararse desde la etapa de conciliación (parágrafo 1° del artículo
2° Decreto 1716 de 2009) y la misma puede “(…) ser declarada de oficio por parte del
Juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

Según lo expuesto, las diversas instancias judiciales en el trámite del proceso judicial
de radicado 019-2016-00302, tenían la posibilidad de haber decretado la caducidad en
los estadios iniciales del proceso, lo cual hubiera permitido realizar las aclaraciones
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pertinentes a través de los recursos procesales que otorga el CPACA, respecto el error
cometido por el entonces Procurador 169 Judicial Administrativo Grado I en el acta de
conciliación frente a la real fecha de presentación de la solicitud de conciliación e
interrupción de la caducidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que las decisiones
inhibitorias deben ser excepcionales, la cual es aceptable solo “(…) cuando el
funcionario ha agotado todas las alternativas jurídicas posibles para resolver el caso,
siempre bajo el imperativo de la eficacia del derecho sustancial.”

Conforme lo expuesto y teniendo en cuenta que es solo ante la sentencia de segunda
instancia emitida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia que se hace evidente la existencia del error incurrido por parte de la
Procuraduría General de la Nación y que este hecho no pudo ser analizado en el
proceso, situación que a su vez compromete el acceso a la administración de justicia
de los demandantes y es el fundamento de la vulneración al debido proceso de estos,
en tanto dicha decisión inhibitoria, emitida con fundamento en un acta de conciliación
que no consignaba la realidad de la interrupción del instituto de la caducidad, es una
situación exógena que no pudo analizarse en las etapas procesales correspondientes,
que al ser emitida en sentencia de segunda instancia no daba lugar a interponer recurso
alguno, lo cual impidió que se decidiera de fondo las pretensiones declarativas de
responsabilidad estatal a favor de un conscripto y el acceso de este y su grupo familiar
al derecho a la reparación integral”.

Al respecto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo mediante
providencia de 10 de marzo de 2025 declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia de 19 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa, y condenó en costas a la parte recurrente, al considerar:

“Sobre el particular, se observa que la sentencia proferida el 19 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad del medio de control por
considerar que “[…] los dos años previstos en la norma [artículo 164.2] comenzaron a
correr el 25 de enero de 2014, día siguiente a la ocurrencia de los hechos donde resultó
lesionado el policía bachiller Edward Uribe Rivera […] habiendo ocurrido el hecho
generador del daño el día 24 de enero de 2014, el cómputo para la caducidad se inició a
partir del día 25 de enero del mismo año, el cual se extendía hasta el 25 de enero de
2016, sin que operara ninguna causal de suspensión del mismo durante dicho término,
puesto que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 26 de enero de 2016 (Fl.
24), expidiéndose la correspondiente constancia el día 28 de marzo siguiente y la
demanda se radicó el 29 de marzo de 2016 (Fl. 23) […]”.

De cara a lo anterior, la demanda de revisión extraordinaria anotó que la decisión se
fundamentó en una constancia expedida por la Procuraduría General de la Nación que
contenía información equivocada, afirmando que la solicitud de conciliación que agotó
este requisito de procedibilidad se presentó el 22 de enero de 2016 y no el 26 de enero
de 2016, como erróneamente lo consignó el Ministerio Público.

Para acreditar su alegato, los recurrentes allegaron: (i) la copia de la petición de
conciliación presentada ante la Procuraduría General de la Nación, en la que consta su
radicación el 22 de enero de 2016; y (ii) la certificación emitida el 12 de agosto de 2021
por el Ministerio Público, en la que consta que “[…] de conformidad con el sticker de la
carátula, la radicación de la solicitud de conciliación fue realizada el día 22 de enero de
2016 […]”.

Lo anterior indica que les asiste la razón a los recurrentes al señalar que la solicitud de
conciliación prejudicial ciertamente fue radicada el 22 de enero de 2016 y no el 26 de
enero de 2016, como aparecía certificado en el proceso de reparación directa, radicado
núm. 05001-33-33-019-2016-00302-01.

No obstante, la Sala advierte que, el 19 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió la sentencia que declaró la caducidad del medio de control de

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reparación directa con base en la constancia oportuna y legalmente allegada al plenario
por la parte actora, la misma que hoy interpone el recurso extraordinario de revisión”.

Si bien la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico al declarar la caducidad del medio de control con fundamento en
una certificación que contenía un error en la fecha de radicación de la solicitud de
conciliación prejudicial pese a que con posterioridad se allegaron documentos
oficiales que corrigieron dicha fecha y demostrarían la presentación oportuna de la
demanda, lo cierto es que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado no fue la autoridad judicial que declaró la caducidad, sino la autoridad
encargada de resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la
sentencia de segunda instancia del 19 de julio de 2021. En esa medida, en la
providencia que decidió dicho recurso, la autoridad judicial explicó las razones por
las cuales consideró que no se configuraba la causal invocada, bajo el siguiente
argumento:
“En este contexto, se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia dictó la
sentencia del 19 de julio de 2021, en la cual declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa radicado núm. 05001-33-33-019-2016-00302-01, con fundamento
en la constancia aportada por la parte actora como medio de convicción para acreditar
el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento de la conciliación prejudicial
y los efectos de suspensión del cómputo de la caducidad.

No obstante, tras la sentencia del 19 de julio de 2021, que declaró la caducidad del medio
de control y dio por concluido el proceso de reparación directa, el 12 de agosto de 2021,
la Procuraduría General de la Nación certificó que la solicitud para iniciar el trámite de
conciliación prejudicial fue radicada el 22 de enero de 2016 y no el 26 de enero de 2016,
como se había indicado anteriormente. De esta manera, se demostró que la información
proporcionada durante las instancias del proceso de reparación directa y que sirvió de
base para la decisión de preclusión del mecanismo procesal era incorrecta.

Aun así, esta circunstancia no da lugar a una nulidad originada en la sentencia ni
constituye una violación al debido proceso de quienes actuaron como demandantes en
la reparación directa. Por el contrario, se observa que el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió la sentencia del 19 de julio de 2021 de manera motivada, congruente y
conforme a los requisitos legales que exigen verificar la oportunidad de la demanda,
basándose en la prueba documental aportada por los mismos actores, la cual aparecía
legal y debidamente incorporada al expediente”.

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que los argumentos planteados en
la presente acción de tutela coinciden sustancialmente con aquellos que fueron
propuestos en el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
de 19 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En
efecto, tanto en la demanda de revisión, el escrito de tutela y la impugnación, los
accionantes insisten en que la declaratoria de caducidad se fundamentó en una
certificación errónea expedida por la Procuraduría General de la Nación respecto
de la fecha de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, y sostienen que
la posterior certificación que corrigió dicho yerro debía conducir a dejar sin efectos
la decisión inhibitoria. Asimismo, reiteran el supuesto desconocimiento del trámite
previsto en los artículos 175 y 182A del CPACA y la vulneración del debido proceso
por no haberse valorado adecuadamente la nueva certificación.

No obstante, tales cuestionamientos fueron expresamente analizados por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver el recurso
extraordinario de revisión, pues en dicha providencia se explicó de manera
razonada que el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió con fundamento en la
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prueba documental oportunamente allegada al expediente por la propia parte
actora, la cual aparecía formal y legalmente válida al momento de dictarse la
sentencia, y que la certificación posterior no configuraba la causal quinta invocada
ni daba lugar a la nulidad alegada.

En ese contexto, la Sala observa que la acción de tutela se utiliza como con la
finalidad de insistir en el mismo debate jurídico y probatorio ya resuelto en el recurso
extraordinario de revisión, pues el desacuerdo con la interpretación y aplicación que
el juez natural hizo de las normas sobre caducidad y de las causales del recurso de
revisión no transforma la controversia en un asunto de relevancia constitucional, ni
habilita al juez de tutela para sustituir al órgano competente en la valoración del
material probatorio y en la definición de los presupuestos procesales.

Ahora bien, la Sala advierte que cuando la acción de tutela se interpone contra una
providencia dictada en sede de recurso extraordinario de revisión, el análisis del
requisito de relevancia constitucional debe ser riguroso, pues en esta oportunidad
se controvierte una decisión de Alta Corte adoptada en el marco de un mecanismo
excepcional que incide directamente en la estabilidad de la cosa juzgada. En
consecuencia, la intervención del juez constitucional se justifica únicamente ante
una afectación iusfundamental evidente y significativa, mas no frente a
discrepancias interpretativas o inconformidades jurídicas.

Adicionalmente, la Sala insiste que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que
la verificación de los requisitos generales de procedencia se torna más estricto. Así
lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia T-398 de 2017:

“Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de
Justicia o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en
manifestar que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de
decisiones judiciales de los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa
administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra
providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en
que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y
es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional
al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

En ese orden de ideas, se evidencia que existen similitudes en los reproches que
se desarrollaron en el curso del recurso extraordinario de revisión y los argumentos
que se plantean en el escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional
en sentencia SU-573 de 20199, estableció que la relevancia constitucional tiene tres
finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se

9
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces”10 (Negrilla de la Sala)
11
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
12
A su vez, en sentencia SU-451 de 2024 , la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Ahora bien, en lo que respecta al planteamiento según el cual el recurso
extraordinario de revisión debió prosperar con fundamento tanto en la causal 1ª
como en la 5ª del artículo 250 del CPACA por la existencia de un documento
decisivo no conocido oportunamente y por la nulidad originada en la sentencia, la
Sala advierte que dicho argumento, como lo sostuvo el a quo, constituye un hecho
nuevo que no fue propuesto en el recurso extraordinario de revisión. En efecto, al
examinar el escrito mediante el cual se promovió esa demanda, se evidencia que
la parte actora sustentó su inconformidad exclusivamente en la causal quinta del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sin invocar ni desarrollar la causal primera
relacionada con la aparición de documentos decisivos.

En consecuencia, para la Sala no resulta jurídicamente viable que en sede de tutela
se introduzcan hechos nuevos a los planteados en el mecanismo judicial
extraordinario, pues la acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia y a la tutela
efectiva, en este caso, a la manera de una instancia adicional de impugnación para
insistir en el mismo debate jurídico y probatorio ya resuelto en sede ordinaria y
extraordinaria y, además, introducir argumentos nuevos que no fueron propuestos
oportunamente en el recurso extraordinario.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 22 de enero de 2026,
mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia
de la acción de tutela por incumplir el requisito general de relevancia constitucional.

10
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
11
M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
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Accionante: Edward Uribe Rivera y otros

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 22 de enero de 2026, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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