Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07384-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
General, impersonal o abstracto: accionante cuestiona acto administrativo por
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07384-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07384-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: ABEL JOSÉ ARRIETA VEGA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER
GENERAL, IMPERSONAL O ABSTRACTO – Accionante cuestiona acto administrativo por
medio del cual se convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, en las modalidades de ingreso y de ascenso /
SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENTE – La tutela contra actos administrativos de
contenido general, impersonal o abstracto, por regla general, es improcedente, y aunque
excepcionalmente se puede acudir a la acción de amparo como mecanismo transitorio, se
requiere acreditar la afectación clara y directa a un derecho fundamental de una persona
determinada o determinable, y la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancias que
no se presentan en el caso concreto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Abel José Arrieta Vega, de conformidad con lo consagrado en el
Decreto 333 del 2021 1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 21 de noviembre de 2025, el señor Abel José Arrieta Vega, en nombre propio,
presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al mérito, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el artículo 5º del Acuerdo PCSJA25-12348 de 13
de noviembre de 2025 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en
las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».
Pretensiones
2. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
1.- Se declare la vulneración de los derechos fundamentales al mérito,
igualdad, acceso a cargos públicos y al trabajo, consagrados en la Constitución
Política de Colombia.
2.- Se ordene la inaplicación del artículo 5 del Acuerdo PCSJA25-12348 en lo
referente a la limitación de especialidad para los secretarios judiciales
escalafonados en carrera.
1 Que ingresó al despacho para fallo del 5 de diciembre de 2025.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
3.- Se permita a los secretarios judiciales escalafonados participar en el
concurso de ascenso al cargo de juez municipal o promiscuo municipal sin
restricciones relacionadas con la especialidad.
4.- Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura ajustar el Acuerdo
PCSJA25-12348 a lo dispuesto en el literal F del artículo 163 de la Ley 270 de
1996.
Fundamentos de la demanda de tutela
3. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
4. El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA25-12348 de 13
de noviembre de 2025 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en
las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».
5. Según lo dispuesto en el artículo 5 del acto administrativo en mención, los
secretarios escalafonados en carrera judicial solo pueden aspirar a ascender al cargo
de juez municipal o promiscuo municipal dentro de la misma especialidad en la que
se desempeñen.
6. A juicio del accionante, dicha limitación contraviene lo establecido en el literal f),
del artículo 163 de la Ley 270 de 1996, que permite a los secretarios escalafonados
aspirar al cargo de juez municipal o promiscuo municipal, sin restricciones
relacionadas con la especialidad.
7. Además, la limitación prevista en el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, implica
que los secretarios de los Juzgados Administrativos y de Familia no tengan la opción
de ascender, ya que en estas jurisdicciones no existen juzgados municipales.
8. En lo referente a su situación particular, manifestó que ostenta el cargo de
secretario de carrera en un Juzgado Laboral del Circuito de Turbaco (Bolívar), pero
no se puede presentar al concurso para ascender al cargo de juez promiscuo
municipal, porque la mentada disposición se lo impide.
9. Indicó que por los hechos anotados interpuso el medio de control de nulidad 2,
previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, pero que a la fecha no se ha
surtido el trámite pertinente.
Trámite impartido
10. Mediante auto de 26 de noviembre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, como
autoridad accionada y, como tercero con interés, se vinculó al magistrado al Juan
Camilo Morales Trujillo, a quien correspondió por reparto el conocimiento del medio
de control de nulidad con radicado 11001032500020250052600.
2 Radicado 11001032500020250052600.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
11. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
Intervenciones
12. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare la improcedencia
de la acción, dado que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
justifique la intervención del juez de tutela.
13. En todo caso, sostuvo que no se avizora vulneración de derecho fundamental
alguno y que, el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 se expidió conforme a derecho y
en ejercicio de las competencias otorgadas por la ley.
14. Concretamente, refirió que el artículo 163 de la Ley 270 de 1996, modificado por
el artículo 80 de la Ley 2430 de 2024, estableció que los empleados escalafonados
en carrera judicial únicamente podrán aspirar al cargo de categoría inmediatamente
superior de la misma jurisdicción sin importar la especialidad, a excepción de los
secretarios de los despachos y los oficiales mayores, sustanciadores y profesionales
que tendrán que aspirar a cargos de ascenso de la misma especialidad.
15. Significa lo anterior, que el actor, en su condición de secretario de carrera de un
Juzgado Laboral, bien puede participar en la Convocatoria 028, y aspirar por ascenso
al cargo de juez Laboral Municipal o Juez Laboral Municipal de Pequeñas Causas.
16. En la misma norma se previó que los secretarios de todas las categorías de
despachos judiciales solo podrían ascender al cargo de juez municipal o promiscuo
municipal.
17. Con todo, insistió en la improcedencia de la tutela, por cuanto no se satisface el
requisito de subsidiariedad, dado que el cuestionamiento se dirige contra un acto
administrativo, que en principio está amparado por la presunción de legalidad, que
se puede controvertir a través del medio de control de nulidad, que dicho sea de
paso, ya se ejerció por parte del interesado.
18. El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo informó que la demanda de
nulidad contra el artículo 5º del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025 se interpuso el 18
de noviembre de 2025 y, el 1º de diciembre siguiente se profirieron los autos
mediante los cuales se admitió el libelo inicial y se negó la medida cautelar.
19. Por lo anterior, afirmó que la tutela es improcedente porque no satisface el
requisito de subsidiariedad.
20. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
ocasión.
CONSIDERACIONES
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
22. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial el de
subsidiariedad, cuyo incumplimiento alega la autoridad accionada. A este punto
deberá examinar la procedencia de la acción de amparo para cuestionar la legalidad
de actos administrativos de carácter general.
23. En caso de resolver positivamente el anterior interrogante, debe examinar si la
decisión censurada, proferida por la autoridad administrativa accionada, incurrió en
violación de los derechos fundamentales al mérito, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, en los términos invocados por el señor Abel José Arrieta
Vega.
De la subsidiariedad
24. De conformidad con el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución 3 y con el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 4, la acción de tutela tiene un
carácter subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos,
o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable.
25. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
26. La jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 ha sido reiterada y pacífica en lo
que atañe al requisito de subsidiariedad, y ha precisado que «la acción de tutela es
una vía a la que solamente puede acudirse cuando (i) el afectado no cuenta con otro
medio de defensa judicial; (ii) cuando, pese a que ese mecanismo existe, no es
idóneo o eficaz en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se utiliza como
recurso transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, no es un medio
alternativo, adicional, complementario o facultativo respecto de las demás acciones
judiciales ordinarias, sino un procedimiento urgente e inmediato para la protección
de los derechos fundamentales (…)».
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De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
4 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
5 Ver sentencia T-108 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
27. En lo que atañe al perjuicio irremediable, la Corte Constitucional en la sentencia
T-1190 de 2024, explicó que, para concluir su configuración, es necesario verificar
lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis
añadido)».
Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido
general
28. El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece:
ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción
de tutela no procederá:
(…)
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
29. En sentencia C-132 del 28 de noviembre de 2018 6, la Corte Constitucional se
pronunció sobre la exequibilidad de esta norma, así:
5.12. La causal de improcedencia establecida en el numeral 5 del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991, se funda en el hecho que el sistema jurídico
ha dispuesto medios ordinarios de control judicial aptos para cuestionar actos
administrativos de carácter general, a lo cual se suma que la acción de tutela
fue concebida como remedio excepcional ante acciones u omisiones que
puedan amenazar o vulnerar derechos subjetivos o personales de estirpe
fundamental.
En principio la acción de tutela dirigida a cuestionar actos administrativos de
carácter general es improcedente. No obstante, esta regla tiene excepciones,
hipótesis que se articulan con la ausencia de idoneidad e ineficacia del medio
ordinario de defensa judicial y la configuración de un perjuicio irremediable.
5.13. Las demandas de amparo de derechos fundamentales son
procedentes: (i) cuando la persona afectada carece de un medio judicial
ordinario para defender esos derechos, debido a que no tiene legitimación
para cuestionar esa clase decisiones de la administración, o el asunto objeto
de debate es de naturaleza constitucional; y (ii) cuando la aplicación del acto
administrativo general amenaza o vulnera los derechos fundamentales de un
individuo.
De otro lado, se adoptará la misma decisión cuando las actuaciones de orden
general de las autoridades amenacen o vulneren los derechos
fundamentales de las personas y se trate de perjuicios irremediables. En
esos dos eventos, esta Corporación tiene la potestad de disponer la
inaplicación o la pérdida de ejecutoria del acto general proferido por la
administración.
5.14. Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha
explicado que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal
6 M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
y abstracto, sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de
conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea
posible establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal
y abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una
persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede
hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación
del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio
mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente.
La Corte, en abundante jurisprudencia, ha desarrollado una línea de
interpretación uniforme que, en primer lugar, ratifica la regla general según
la cual la acción de tutela no es el mecanismo idóneo y apropiado para
controvertir actos cuya naturaleza sea general, impersonal y abstracta,
resultando en estos casos improcedente, y en segundo lugar admite que,
excepcionalmente, es posible acudir al mecanismo de amparo
constitucional, cuando se compruebe que de la aplicación o ejecución de un
acto de esta naturaleza se origina la vulneración o amenaza a algún derecho
fundamental de una persona determinada o determinable, y siempre que se
trate de conjurar la posible configuración de un perjuicio o daño irremediable
en los términos definidos por la jurisprudencia constitucional.
30. Recientemente, en la sentencia T-108 de 9 de abril de 2024 7, la Corte
Constitucional, precisó que, realizando una interpretación armónica, de la anterior
jurisprudencia se establecen las siguientes reglas:
(i) La acción de tutela contra actos de contenido general, impersonal y
abstracto es improcedente por regla general;
(ii) Sin embargo, se puede acudir a este recurso jurisdiccional cuando: (a) la
persona afectada carece de un medio judicial ordinario para defender
esos derechos, debido a que no tiene legitimación para cuestionar esa
clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de
naturaleza constitucional; y la aplicación del acto administrativo general
amenaza o vulnera los derechos fundamentales de un individuo; y (b)
cuando un acto administrativo general amenace o vulnere los derechos
de las personas y se trate de perjuicios irremediables en los términos de
la jurisprudencia constitucional.
(iii) Por lo tanto, la acción de tutela solo es viable como un mecanismo
excepcional y transitorio de protección de derechos fundamentales, para
el cual se debe establecer que el contenido del acto de carácter general,
impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable.
(iv) Si los anteriores requisitos se cumplen, el juez de tutela podrá hacer uso
de la facultad excepcional de ordenar la inaplicación o la pérdida de
ejecutoria del acto administrativo.
Caso concreto
31. En el presente asunto, el señor Abel José Arrieta Vega manifiesta su
inconformidad con el artículo 5 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 13 de noviembre
7 M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de 2025 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en las modalidades
de ingreso y de ascenso y se convoca al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial», que dispone:
Artículo 5. Convocatoria en la modalidad de ascenso. Convocar a los
interesados en vincularse a la Rama Judicial en los cargos que se relacionan
a continuación, para que se inscriban y participen en el concurso de méritos
destinado a la conformación de los correspondientes Registros Nacionales de
Elegibles en la modalidad de ascenso.
En cumplimiento de lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-
434 de 2023, los procesos de selección que se adelanten para el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se llevarán a cabo
en convocatorias independientes; por tanto, el presente concurso no aplica
para los cargos de ese Distrito. Cargos convocados:
Cargos convocados: (…)
Relación de cargos existentes y a los que se puede aspirar en la modalidad
de ascenso:
(…)
(…)
Parágrafo 2. Para el presente proceso de selección de ingreso y de ascenso
solo se permitirá que los aspirantes puedan inscribirse a un (1) cargo,
teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
✓ En el concurso de ingreso: Podrán inscribirse para sólo un (1) cargo,
los ciudadanos que cumplan requisitos y los funcionarios y empleados de
carrera, siempre y cuando no participen en el concurso de ascenso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
✓ En el concurso de ascenso: Podrán inscribirse a un (1) solo cargo, los
servidores judiciales que ostenten derechos de carrera (al inmediatamente
superior del que ocupa en propiedad).
32. El accionante afirma que, la disposición transcrita le vulnera los derechos a la
igualdad, al mérito, al trabajo y de acceso a cargos públicos, dado que, en su calidad
de secretario del Juzgado Laboral del Circuito de Turbaco, no puede aspirar en la
modalidad de ascenso al cargo de juez promiscuo municipal, por cuanto, la
especialidad no es compatible.
33. En consecuencia, solicita que se inaplique el artículo 5 del Acuerdo PCSJA25-
12348 de 2025, para que se permita a los secretarios escalafonados participar en el
concurso de ascenso al cargo de juez municipal o promiscuo sin importar las
restricciones relacionadas con la especialidad.
34. En ese orden, la Sala advierte que la tutela es improcedente porque se encamina
a cuestionar un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, de
modo que, si el accionante considera que es contrario al ordenamiento jurídico, es
claro que puede ejercer los medios de control que considere pertinentes para obtener
su nulidad.
35. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 1437
de 20118, la acción de simple nulidad es el mecanismo legal apropiado para que se
discutan esas cuestiones, el cual, dicho sea de paso, ejerció el señor Abel José
Arrieta Vega oportunamente, y actualmente se tramita con el radicado
11001032500020250052600 ante la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación.
36. En efecto, según lo informado por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, a
quien le correspondió por reparto el conocimiento de dicho asunto, y conforme el
registro visualizado en la plataforma SAMAI, se advierte que mediante autos del 1º
de diciembre del año en curso, se admitió la demanda y se negó la medida
provisional deprecada, por lo que, el proceso se encuentra surtiendo el trámite
normal y prima facie el juez natural de la causa no encontró motivos para suspender
los efectos del artículo 5º del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, dado que no decretó
la medida cautelar.
37. Ahora bien, al margen de la existencia del mecanismo idóneo que se acaba de
identificar, la acción de amparo resultaría procedente, como mecanismo transitorio,
siempre que se advierta la posible amenaza o vulneración de un derecho
fundamental o se avizore la existencia de un perjuicio irremediable, lo cual no se
evidencia en el caso de autos, dado que, de una parte, no se encuentra que el acto
de contenido general le impida al accionante su participación en el concurso de
méritos, pues como se observa, según el artículo 5º del acuerdo en mención,
8 «ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante,
que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
(…)».
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07384-00
Accionante: Abel José Arrieta Vega
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
eventualmente podría aspirar, en la modalidad de ascenso, a los cargos de Juez
Laboral Municipal de Pequeñas Causas y Juez Laboral Municipal; o si lo deseara,
también podría aspirar al cargo de Juez Promiscuo, en la modalidad de ingreso
público y abierto 9. De otro lado, no se vislumbra la existencia del perjuicio
irremediable, y su ocurrencia ni siquiera fue alegada por el demandante.
38. En definitiva, en este caso no se evidencia una posible amenaza o vulneración
de los derechos fundamentales invocados, originada en el acto general cuestionado
por el accionante; y tampoco existe un perjuicio irremediable de naturaleza
iusfundamental que haga procedente el amparo de manera transitoria, puesto que,
al valorar las situaciones fácticas de la acción de tutela, no se aprecia la concurrencia
de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración
de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la
impostergabilidad de la acción.
39. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Abel José Arrieta Vega contra el Consejo Superior de la Judicatura, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
9 Regulado en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025.
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