Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07386-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07386-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07386-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
17 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07386-01
Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 29
de enero de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 21 de noviembre de 20251, Ana María Sarria Moreno interpuso acción de tutela2
en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y al buen nombre, que considera vulnerados por el Juzgado
Sexto Penal del Circuito de Armenia, con ocasión de la expedición de las
Resoluciones 032 del 2 de octubre y 045 del 14 de noviembre de 2025, mediante
las cuales avocó el conocimiento de la calificación anual de servicios, como
secretaria del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, específicamente al
decretar y negar las pruebas por ella solicitadas para efectos de que el funcionario
calificador tenga un panorama objetivo.
2. Hechos
2.1. La accionante manifiesta que ocupa el cargo de secretaria en el Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Armenia desde el 27 de abril de 2017.
2.2. Señala que, desde el año 2019, ha ejercido su derecho a impugnar las
calificaciones anuales que le han otorgado, con lo cual ha obtenido el aumento en
el porcentaje de calificación luego de cada revisión.
1 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado EEE739D3436EA944
2CFC02A5D8ACE9B3 71372AC2DF04ED6C 6480832EABF7DE54.
2 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3297DA279C85C856 C47E993A843E87F0
4A83F3B271CF1ADE 94B1CC9DE2AE8579.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
2.3. Posteriormente, afirma que para el año 2024 la titular del Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Armenia se declaró impedida para calificarla por mutuas denuncias
de acoso laboral que se han presentado. En consecuencia, la Sala Plena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, mediante Resolución SP-093 del
15 de octubre de 2025, declaró fundado el impedimento y designó al Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia para continuar con
la actuación administrativa de calificación.
2.4. La señora Sarria Moreno manifiesta que el titular del Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Armenia expidió la Resolución 032 del 2 de octubre de 2025, por la cual
obedeció lo resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia; avocó
conocimiento de la actuación administrativa remitida, encaminada a realizar la
calificación integral del servicio correspondiente al período 2024 de la hoy
accionante y decretó algunas pruebas. Posteriormente, en la Resolución 045 del 14
de noviembre de 2025, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia continuó la
actuación administrativa, resolvió solicitudes probatorias, decretó pruebas
provenientes del despacho de la juez impedida y negó otras solicitadas por la
accionante.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo:
3.1. El titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia, al decretar algunas
pruebas mediante las Resoluciones 032 del 2 de octubre y 045 del 14 de noviembre
de 2025, desconoció que a la juez Quinta Penal del Circuito de Armenia le había
sido aceptada la manifestación de impedimento. En ese contexto, afirma que dicha
funcionaria no podía ser requerida para allegar información que implicara emitir
apreciaciones u opiniones sobre el desempeño laboral de la accionante, como
ocurre, por ejemplo, con el interrogante “cuál era la dinámica de manejo,
coordinación y respuesta del correo institucional de Acciones Constitucionales
durante la vigencia 2024, así mismo, si la servidora cumplió a cabalidad con cada
una de ellas”, o con la solicitud de actas de seguimiento trimestral, entre otras, lo
que, a su juicio, desdibuja los parámetros de objetividad y legalidad de la prueba.
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Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
De igual manera, mediante la Resolución 045 del 14 de noviembre de 2025, el
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia negó la recepción del material
probatorio solicitado por la actora, pese a su relevancia para la realización de una
calificación objetiva. Por lo anterior, sostiene que la juez Quinta Penal del Circuito
de Armenia debe apartarse y abstenerse de intervenir en cualquier actuación
encaminada a la calificación de servicios de la señora Ana María Sarria Moreno.
3.2. Sostiene, además, que las resoluciones proferidas por el Juzgado Sexto Penal
del Circuito de Armenia, mediante las cuales se decretan y niegan las pruebas
solicitadas, no admiten recursos, según se indica en su contenido con fundamento
en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011. En tal sentido, precisa que la presente
acción tuitiva se dirige a evitar la vulneración del derecho al debido proceso y del
principio de imparcialidad, así como a impedir que la valoración del material
probatorio se encuentre viciada de nulidad.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERA: Revocar el contenido del artículo cuarto numeral 1 de la resolución 032 de
octubre 2 de 2025, especialmente en lo referente a la solicitud de la siguiente
documentación:
-Las actas de seguimiento trimestral, con sus respectivas notificaciones y
trazabilidades, correspondientes a la vigencia 2024, de los servidores judiciales antes
mencionados, objeto de calificación.
-Las actas de reuniones de personal llevadas a cabo durante la vigencia 2024 en ese
juzgado donde se haga expresa mención de correcciones, llamados de atención,
solicitudes de mejoramiento, modificación de funciones y situaciones relativas al
desempeño de los empleados a calificar.
-Informar, sobre la existencia de planes de mejoramientos individuales sobre los
empleados judiciales a calificar, de conformidad con lo establecido en el artículo 24
del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, si los servidores judiciales cumplieron los términos internos para pasar los
proyectos a su cargo a revisión de la juez, la distribución realizada entre los
empleados del juzgado durante el año 2024, sobre el manejo y administración de las
herramientas tecnológicas como lo son el repositorio del ONE DRIVE, justicia Siglo
XXI, micrositio y demás, advirtiendo la forma como se hace seguimiento y control a
las mismas.
[…]
SEGUNDA.- que se ordene al señor Juez Sexto Penal del Circuito, revocar el contenido
de la resolución número 045 del 14 de noviembre de 2025, en lo que refiere al artículo
Tercero, especialmente con respecto a las siguientes solicitudes que implican el allegar
documentos que contienen opiniones con respecto a mi representada por parte de la
Juez Quinta Penal del Circuito, declarada impedida para realizar actos de calificación de
servicios de mi representada para el periodo 2024.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Ana María Sarria Moreno
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1. Certificación sobre Si la organización de archivo, transferencias al archivo central
y elaboración del cuadro “Estantería” fueron labores formal o informalmente
asignadas a la servidora ANA MARÍA SARRIA MORENO, y como se realizó, durante
la vigencia 2024
y si cumplió con ellas;
2. La modalidad en que dichas tareas fueron delegadas (por escrito, verbalmente o
mediante instrucción interna), indicando la fecha aproximada y la justificación
administrativa, si existió;
3. Si dichas actividades eran exclusivas de la servidora o compartidas con otros
funcionarios, especificando quiénes intervenían y cómo era la distribución interna del
archivo durante 2024;
4. Si tales labores continúan actualmente adscritas al cargo de secretaria o fueron
reasignadas, y cuál es la dinámica actual de ejecución de esa función en el despacho;
5. Se indique, cuál es el funcionamiento general del archivo judicial y administrativo
en el Juzgado Quinto Penal del Circuito durante la vigencia calificable, indicando qué
servidores estaban encargados oficialmente de su manejo.
b. Respecto la incorporación de la “carpeta de respuestas 1, 2 y 3 en el correo
de Acciones Constitucionales”
En consecuencia, además de solicitar la remisión de la documentación referida, se
solicita al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia para que, dentro del mismo
término, informe de manera precisa:
1. Cuál era la dinámica de manejo, coordinación y respuesta del correo institucional
de
Acciones Constitucionales durante la vigencia 2024, así mismo, si la servidora
cumplió
a cabalidad con cada una de ellas;
2. Si existía responsable directo o coordinación específica de dichas respuestas en
cabeza de la Secretaría del Juzgado;
3. Si otros funcionarios participaban en la elaboración, revisión o envío de dichas
comunicaciones, precisando su rol;
4. y cuál era el procedimiento interno adoptado en ese despacho para el trámite y
control de estas actuaciones durante el periodo evaluado.
c. Referente la trazabilidad y desarrollo de las transcripciones de juicio
delegadas a la servidora ANA MARÍA SARRIA MORENO.
En consecuencia, además de solicitar la remisión de la documentación referida, se
solicita al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia para que, dentro del mismo
término, informe de manera precisa:
a. Si las transcripciones de juicios o audiencias fueron asignadas a la servidora ANA
MARÍA SARRIA MORENO durante la vigencia 2024, indicando si dicha delegación
fue
escrita o verbal; y si la misma dio cumplimiento de los mismos.
b. Si tales labores eran exclusivas de la secretaria o compartidas con otros servidores,
precisando quiénes colaboraban en la actividad; c. Cómo era la dinámica general
adoptada por el despacho para la elaboración y revisión de transcripciones de juicio
en el periodo evaluado.
d. La información y documentación así recaudada será incorporada al expediente
administrativo para su valoración dentro del marco normativo propio del trámite
calificatorio.
d. Frente a la copia de la carpeta de trazabilidad del Juzgado Quinto Penal del
Circuito con la oficina de Almacén.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
En consecuencia, además de solicitar la remisión de la documentación referida, se
solicita al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia para que, dentro del mismo
término, informe de manera precisa:
a. Si durante la vigencia 2024 existió asignación formal o informal a la servidora ANA
MARÍA SARRIA MORENO de labores de coordinación o trazabilidad con la Oficina
de Almacén, así mismo, si la referidas cumplió a cabalidad con las labores
encomendadas.
b. La forma de dicha asignación (escrita, verbal o mediante instrucciones internas),
indicando, de ser posible, la época y la justificación administrativa;
c. Si dichas labores eran exclusivas de la servidora o compartidas con otros
funcionarios, precisando quiénes intervenían y cómo se distribuían esas
responsabilidades;
d. La dinámica general de interacción entre el juzgado y la Oficina de Almacén durante
el periodo objeto de evaluación, indicando qué servidores se encargaban
normalmente de esas gestiones.
TERCERA.- Que en virtud del amparo, se ordene al señor JUEZ SEXTO PENAL DEL
CIRCUITO, que decrete las siguientes pruebas solicitadas por parte de mi representada:
1. Cuadro radicador de tutelas, peticiones y demás labores 2024 del Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Armenia, Quindío.
2. Proyectos con las modificaciones que realizó la Jueza Quinta durante el periodo
2024. (De Ana María Sarria como del oficial mayor Juan Camilo Sabogal). Se anota
que la señora Juez Quinta, igualmente se declaró impedida para calificar al
funcionario JUAN CAMILO SABOGAL. Esta prueba es importante para determinar la
eficiencia y la capacidad de trabajo de mi representada, pues a menos correcciones
relevantes, se puede detectar su compromiso, conocimiento y cumplimiento de las
directrices trazadas en el despacho.
3. Trazabilidad y contenido del correo donde la Jueza Quinta Penal del Circuito, le
niega la asistencia a una capacitación en sistemas.
4. Título de especialista en Derecho Penal y Criminología de la servidora ANA MARIA
SARRIA MORENO. Este documento es importante, pues uno de los ítems de
calificación, precisamente corresponde a estudios efectuados.
5. Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantado por la servidora
ANA MARÍA SARRIA MORENO. Esta demanda involucra directamente a la señora
Juez Quinta Penal del Circuito, doctora JENNIFER GONZALEZ BOTACHE, y
contiene elementos que permiten inferir el acoso a que ha sido objeto mi representada
por parte de esta funcionaria y de esta manera obliga a descartar cualquier opinión
que incida en la calificación de mi representada.
6. Calificación o resultados de la visita del Consejo Seccional de la Judicatura 2024
del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, Quindío. Es importante, por cuanto
allí se contiene el resultado del trabajo desempeñado por mi representada durante el
periodo 2024, al igual que los reportes de estadística.
CUARTA: Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados
como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de guardián de
la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o vulnerados.”3
(Resaltado original del texto).
3 Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 3297DA279C85C856 C47E993A843E87F0
4A83F3B271CF1ADE 94B1CC9DE2AE8579, folios 12 al 16.
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Accionante: Ana María Sarria Moreno
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5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 25 de noviembre de 20254, se admitió la acción de tutela, se
negó la medida provisional y una prueba. También se dispuso la notificación a las
partes.
5.2. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura5 señaló que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva
de dicha entidad y, en consecuencia, solicitó su desvinculación.
5.3. El titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia6 afirmó que el acto
administrativo cuestionado por la accionante en la presente tutela es la Resolución
045 del 14 de noviembre de 2025, cuya naturaleza corresponde a un acto de trámite
que no define aún la calificación de la servidora ni afecta su carrera judicial. Adujo
que, si bien es cierto que el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 establece que contra
los actos administrativos de trámite no procede recurso alguno, también lo es que
la accionante cuenta con medios de defensa administrativos y judiciales, como el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
administrativo definitivo mediante el cual se realice la respectiva calificación integral
de servicios correspondiente al período 2024.
Adicionalmente, manifestó que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, comoquiera que la accionante aún no ha sido calificada y, en
consecuencia, no enfrenta riesgo alguno para su estabilidad en la carrera judicial.
Aunado a lo anterior, sostuvo que no existió arbitrariedad en el decreto probatorio,
pues las pruebas que fueron negadas corresponden a situaciones que no son
calificables ni inciden en los factores de evaluación. Asimismo, indicó que la
información requerida al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia (Quindío) se
refiere a insumos de carácter objetivo y necesario para resolver, en la medida en
que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia no conoció el desempeño de
la servidora judicial en su cargo de secretaria durante el año 2024.
4 Índice 4 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado C71B833361854CD4 FF349670508EC02D
D345ECCDC6CAB77C 942A8B27E64CDE4F.
5 Índice 8 de SAMAI, certificado DF27E08A5397AA1E 638D56F86B0FE908 9D5DEA37D70876BD
7E19BA3B7AE43525, ibid.
6 Índice 10 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado FCBD18AE1C9231FE
F015E67A89B9F09F 0D85B9B01505170A AAF3B03326C1B26C.
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Accionante: Ana María Sarria Moreno
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En relación con las actas de seguimiento realizadas durante el año 2024, sostuvo
que constituyen documentos oficiales válidos, elaborados con anterioridad al
impedimento de la juez Quinta Penal del Circuito de Armenia, y que, por tanto, son
insumos necesarios para la calificación de la empleada. En ese sentido, precisó que
cualquier controversia respecto de dichos documentos solo podría plantearse en
sede contencioso administrativa, una vez se profiera el acto administrativo definitivo.
Finalmente, indicó que la solicitud de información elevada al Juzgado Quinto Penal
del Circuito no constituye una participación de la funcionaria impedida en el proceso
calificatorio, sino el cumplimiento del deber institucional de suministrar antecedentes
administrativos objetivos cuando otro despacho lo requiere.
5.4. Mediante memorial, la accionante manifestó lo siguiente:
“[…] 4. Uno de los hechos que se pretendía impedir era precisamente que el Juez Sexto
Penal del Circuito de Armenia Quindío, produjera la calificación de servicios de mi
representada utilizando los criterios proporcionados por parte de la juez impedida, sin
embargo este hecho ya ocurrió y no obstante haberse notificado de la acción de tutela,
el señor Juez Sexto Penal del Circuito de Armenia Quindío y revisados los argumentos.
Presentados
[…] PRETENSIONES
Con el debido respeto y fundados en los anteriores argumentos, solicito al señor
Consejero que le otorgue el impuso procesal debido a la acción de tutela de la referencia,
garantizando así los derechos de mi representada y el acceso a la justicia.
Que como consecuencia de lo anterior se proceda a declarar la vulneración de los
derechos fundamentales denunciados como vulnerados en la acción de tutela.
Que como consecuencia de tratarse de actuaciones viciadas aquellas que sustentaron
la calificación de servicios dada a mi representada, se declare la nulidad de esta
calificación y se ordene la repetición de la misma utilizando parámetros diferentes a
aquellos criterios proporcionados por parte de la juez declarada impedida.”7
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 29 de enero de 20268, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
El a quo sostuvo que la procedencia excepcional de la tutela contra actos de trámite
se justifica cuando esta cumple una función preventiva orientada a que la autoridad
administrativa adecue su conducta a los mandatos constitucionales que amparan
7 Índice 13 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 589C7F511459E766
6005AF9B9BB8AD0F ACB8444EEDAE1554 AC13F53F1193AC65.
8 Índice 14 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 8A62323A9F69A17A
0914A3C60117E0AE 54726137EDF3B1FE C10584AA91365D24.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
los derechos fundamentales. Con esa intervención del juez constitucional se busca
que el desarrollo posterior de la actuación sea regular desde el punto de vista
constitucional y que el acto definitivo que llegare a dictarse se encuentre conforme
con el principio de legalidad.
En el sub lite, la acción de tutela se promueve contra los actos administrativos
expedidos por la autoridad judicial accionada, por medio de los cuales avocó el
conocimiento de la actuación administrativa de calificación de servicios, decretó
unas pruebas y negó otras solicitadas por la hoy accionante. En ese sentido, la
controversia planteada por la accionante recae sobre actos administrativos de
trámite y no contra actos administrativos definitivos, lo que conduce a la
improcedencia del amparo.
Frente al memorial allegado por la parte actora, en el que manifestó que el titular
del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia ya profirió la calificación de
servicios, de manera que solicita se declare su nulidad, advirtió que esta situación
implica un hecho nuevo y una nueva pretensión que no fueron puestos de presente
a las accionadas, por lo que no se puede efectuar un pronunciamiento al respecto.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 9,
en el que argumentó lo siguiente:
7.1. La utilización de pruebas viciadas por falta de objetividad transgrede el derecho
al debido proceso y la búsqueda de la verdad real, de manera que se configura un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Así, las actas parciales y las
proporcionadas por la juez Quinta Penal del Circuito de Armenia (Quindío),
encontrándose incursa en la causal de impedimento aún no declarada, son
actuaciones carentes de imparcialidad y objetividad, razón por la cual no podían ser
utilizadas como evidencia para realizar la calificación definitiva del año 2024, por
constituir pruebas nulas.
9 Índice 18 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado E57FD1EB4B7FFEA3
1376C9F61172752A 5E2AA23EF496E22A DAAD529B84EDC19B.
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7.2. La valoración de la prueba irregular constituye la vulneración de sus derechos
y garantías procesales. Así, el perjuicio es inminente, porque “el hecho de utilizar
actos viciados conduce a una calificación baja”.
7.3. El a quo constitucional consideró que la improcedencia de la acción de tutela
contra actos de trámite era absoluta y, con base en ello, resolvió no otorgar el
amparo, sin revisar las particulares circunstancias que rodean la situación planteada
como violatoria de sus derechos. La acción de tutela procede contra actos
preparatorios cuando el acto de trámite es fruto de una actuación arbitraria,
irrazonable o desproporcionada que vulnera derechos fundamentales de forma
directa, sin que existan otros medios de defensa idóneos.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 17 de febrero de 202610, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 29 de enero de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Primera.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se establecerá si se incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
10 Índice 20 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado CC6FE074618FA518
C9272DA9295C6BC1 7F70986876D18A29 C0602DDB3256191C.
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3. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
3.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos, la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.
3.2. En el sub examine, la interesada, en primer lugar, sostiene que sus derechos
fundamentales fueron transgredidos por el titular del Juzgado Sexto Penal del
Circuito de Armenia, en la medida en que, al decretar algunas pruebas mediante las
Resoluciones 032 del 2 de octubre y 045 del 14 de noviembre de 2025, desconoció
que a la juez Quinta Penal del Circuito de Armenia le había sido aceptada la
manifestación de impedimento. En ese contexto, afirma que dicha funcionaria no
podía ser requerida para allegar información que implicara emitir apreciaciones u
opiniones sobre el desempeño laboral de la accionante, como ocurre, por ejemplo,
con el interrogante “cuál era la dinámica de manejo, coordinación y respuesta del
correo institucional de Acciones Constitucionales durante la vigencia 2024, así
mismo, si la servidora cumplió a cabalidad con cada una de ellas”, o con la solicitud
de actas de seguimiento trimestral, entre otras, lo cual desdibuja los parámetros de
objetividad y legalidad de la prueba.
De otra parte, mediante la Resolución 045 del 14 de noviembre de 2025, el Juzgado
Sexto Penal del Circuito de Armenia negó la recepción del material probatorio
solicitado por la actora, pese a su relevancia para la realización de una calificación
de servicios objetiva.
3.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, toda vez que la accionante pretende cuestionar parcialmente lo resuelto
en las Resoluciones 032 del 2 de octubre y 045 del 14 de noviembre de 2025, en
cuanto decretaron algunas pruebas y negaron otras. Tales decisiones corresponden
a actos administrativos de trámite, expedidos en el marco de la actuación
administrativa de calificación integral de servicios correspondiente al período 2024,
adelantada respecto de la accionante en el cargo de secretaria del Juzgado Quinto
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Armenia, los cuales no deciden
de fondo su situación jurídica.
Expuesto lo anterior, frente a la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de trámite, en sentencia T-123 de 2007 la Corte Constitucional
sostuvo lo siguiente:
“Por ello, la Corte ha señalado que la acción de tutela contra actos de trámite sólo
procede con carácter excepcional cuando el Estado ha actuado con prescindencia de
todo referente legal y ha incurrido en una vía de hecho que impide al afectado contar
con las garantías mínimas del debido proceso administrativo. Así, “la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite” sólo es posible
cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir una situación especial y
sustancial dentro de la actuación y ha “sido fruto de una actuación abiertamente
irrazonable o desproporcionada por parte del funcionario, con lo cual vulnera las
garantías establecidas en la Constitución.”
De su lado, la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación, en sentencia
del 26 de febrero de 2015, aseveró
“En este orden de ideas, debe señalarse que la Corte Constitucional ha sostenido por
regla general la improcedencia de la acción de amparo contra los actos de trámite, en la
medida en que estos no expresan en concreto la voluntad de la administración y pueden
ser susceptibles de control por parte del Juez Natural del asunto en el evento de atacar
la legalidad del acto administrativo definitivo que defina una situación particular.”11
Se observa que los fundamentos jurídicos de las decisiones cuestionadas varían
según la finalidad que cumplen dentro de la actuación administrativa. Así, en la
Resolución 032 del 2 de octubre de 2025, mediante la cual se decretaron pruebas
en el marco del proceso de calificación de la hoy accionante, se invocaron los
artículos 36 y 40 de la Ley 1437 de 2011. Por su parte, en la Resolución 045 del 14
de noviembre de 2025, a través de la cual se resolvió la solicitud probatoria de la
señora Sarria Moreno y se decretaron de oficio otras pruebas, se acudió a los
criterios de oportunidad, licitud, conducencia, pertinencia y suficiencia, de
conformidad con los parámetros, conceptos y trámites sobre la calificación integral
de servicios en la Rama Judicial, previstos en los Acuerdos PSAA14-10281 del 24
de diciembre de 2014 y PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016, expedidos por
el Consejo Superior de la Judicatura, así como a lo dispuesto en los artículos 34 a
45 de la Ley 1437 de 2011 y en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
(Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de febrero de 2015, radicado 11001-
03-15-000-2014-04068-00(AC).
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07386-01
Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
En ese contexto, la Sala advierte que, al dar respuesta a la acción de tutela, el
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia señaló que las pruebas negadas
corresponden a aspectos no calificables y que no inciden en los factores de
evaluación. Asimismo, indicó que la información requerida al Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Armenia (Quindío) constituye un insumo objetivo y necesario para
resolver el asunto, en la medida en que dicho despacho no conoció el desempeño
de la servidora judicial en su cargo de secretaria durante el año 2024.
En relación con las actas de seguimiento elaboradas durante el año 2024, precisó
que se trata de documentos oficiales válidos, producidos con anterioridad a la
declaratoria de impedimento de la juez Quinta Penal del Circuito de Armenia, los
cuales constituyen insumos necesarios para la calificación de la empleada. En
consecuencia, advirtió que cualquier controversia sobre su contenido solo podría
plantearse en sede contencioso administrativa, una vez se profiera el acto
administrativo definitivo. Añadió que la solicitud de información elevada al Juzgado
Quinto Penal del Circuito no comporta la participación de la funcionaria impedida en
el proceso calificatorio, sino el cumplimiento del deber institucional de suministrar
antecedentes administrativos objetivos cuando otro despacho lo requiere.
Bajo esta línea argumentativa, la Sala resalta que contra el acto administrativo
definitivo que consolide la calificación integral de servicios de un empleado
proceden los recursos en sede administrativa, conforme a lo dispuesto en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), como
es el caso del recurso de apelación, mecanismos a los que puede acudir la actora
en caso de presentar inconformidad con la evaluación que le sea asignada para el
año 2024.
Así, se debe tener en cuenta el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado el 16 de octubre de 2018, dentro del radicado 11001-
0306-000-2018-00150-00 (C), a través del cual se sostuvo que la autoridad
competente para conocer de estos recursos es el superior administrativo o
jerárquico del funcionario que realiza la consolidación de la calificación de servicios.
Al efecto señaló:
“[…] De lo anterior se destaca que las funciones asignadas a las Altas Cortes y a los
Tribunales Superiores en el ámbito administrativo, las ejercen en su condición de
superiores jerárquicos de los magistrados de los tribunales y de los jueces
respectivamente, de conformidad con la estructura jerárquica organizada al interior de la
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07386-01
Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
Rama Judicial señalada en la Constitución Política y en la Ley 270 de 1996, con el
propósito de lograr el eficiente funcionamiento de la administración de justicia, las cuales
se materializan, entre otras en la calificación anual de los funcionaros que laboran en los
diferentes despachos judiciales.
[…] (ii) La calificación de servicios de los empleados judiciales es una función de
naturaleza administrativa, por consiguiente, proceden los recursos de vía gubernativa,
los cuales deben tramitarse de conformidad con las normas establecidas en el CPACA.
(Subrayado fuera del texto)
4.2. Procedimiento que debe seguirse cuando se presenta recurso de
apelación contra un acto administrativo.
El artículo 74 del CPACA dispone que contra los actos definitivos proceden los recursos
de reposición y apelación. El primero se interpone ante quien expidió la decisión para
que la aclare, modifique, adicione o revoque; y el segundo, es decir, el de apelación,
ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito […]
[…] Ahora bien, dado que la calificación de servicios de un servidor público es un asunto
administrativo y que la Rama Judicial cuenta con una estructura orgánica claramente
jerarquizada, el superior inmediato que debe tramitar la segunda instancia en esta clase
de procedimiento ni podría ser el funcional sino el administrativo.
En relación con el superior administrativo de los funcionarios y empleados judiciales, la
Sala ha señalado que por regla general dicha calidad la ostenta el nominador, así:
"Conclusiones. Como se deduce de las normar citadas, la ley prevé que tanto los
empleados como los funcionarios judiciales, es decir, los jueces, magistrados y
fiscales, tengan superiores en el plano funcional y también en el campo administrativo
en el campo administrativo, calidades que algunas veces coinciden y otras no en las
mismas personas o corporaciones.”12
En punto a lo dicho, resulta claro que el juez de tutela no puede concebirse ni actuar
como una instancia adicional de revisión de actuaciones administrativas en curso,
máxime cuando se trata de actos de trámite que no deciden de fondo la situación
jurídica de la interesada. Por el contrario, el ordenamiento jurídico ha previsto
mecanismos ordinarios idóneos y eficaces para controvertir la actuación
administrativa y, en su momento, el acto definitivo que consolide la calificación de
servicios, a los cuales debe acudir la accionante para la adecuada defensa de sus
derechos.
3.4. Ahora, en lo que corresponde al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte
su acaecimiento13, comoquiera que la inconformidad de la accionante se
circunscribe a cuestionar el recaudo del material probatorio dentro del trámite previo
12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 6 de junio de 2018, radicado 11001-03-
06-000-2018-00015-00(C).
13 Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i)
cierto, en el entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho
invocado; (ii) con una alta probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética
o percepción del solicitante; y (iii) inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que
no se trata de una mera expectativa. Ver Corte Constitucional, sentencia T-425 de 2019.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07386-01
Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
a la consolidación de su calificación de servicios; no obstante, dicha circunstancia
no evidencia la inminencia de un daño grave que requiera la intervención urgente
del juez constitucional. Por el contrario, se trata de actuaciones que hacen parte del
procedimiento administrativo de evaluación, respecto del cual, como se indicó líneas
atrás, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos ordinarios de defensa, tales como
los recursos en sede administrativa contra el acto que consolida la calificación
integral de servicios.
Entonces, la eventual afectación alegada no reviste las características de
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad exigidas por la jurisprudencia
constitucional para estructurar un perjuicio irremediable, razón por la cual la
intervención del juez de tutela resulta improcedente, máxime cuando la parte actora
reconoce en su escrito de impugnación que cuenta con la posibilidad de interponer
recurso de apelación contra la calificación de servicios otorgada.
Finalmente, la Sala encuentra ajustada a derecho la conclusión del a quo
constitucional, según la cual el memorial presentado por la parte actora, en el que
manifestó que el titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia ya profirió
la calificación de servicios y, en consecuencia, solicita que se declare su nulidad,
introduce un hecho nuevo y una pretensión adicional que no fueron puestos en
conocimiento de las entidades accionadas. En ese sentido, no es posible emitir un
pronunciamiento al respecto, en la medida en que ello implicaría desconocer su
derecho de defensa y contradicción, así como el principio de congruencia que rige
el trámite de la acción de tutela, el cual exige que la decisión del juez constitucional
se circunscriba a los hechos y pretensiones oportunamente planteados y debatidos
dentro del proceso.
4. Por lo tanto, en el sub lite no se encuentra acreditado el requisito de
subsidiariedad; en consecuencia, la acción tuitiva resulta improcedente, como lo
concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará el proveído impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07386-01
Accionante: Ana María Sarria Moreno
Accionado: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia y otro
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 29 de enero de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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