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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07394-00

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07394-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07394-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07394-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AREONÁUTICA CIVIL

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AREONÁUTICA

CIVIL2, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de

1
En adelante la Sección Segunda.
2
En adelante AERONÁUTICA

2

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Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AREONÁUTICA CIVIL

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual

estima vulnerado por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la

providencia de 5 de mayo de 2025 dentro del medio de control de

controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 2021-00043-01.

I.2. Hechos

Indicó que el 20 de junio de 2017, junto con el CONSORCIO EL

DORADO suscribió el contrato de obra núm. 170000360 H4, con el

objeto de ejecutar la “[…] construcción para culminar el sistema

complementario de calles de rodaje en el costado occidental del

aeropuerto internación el dorado de Bogotá D.C., Fase 1 […]”.

Manifestó que dado lo anterior, el 19 de julio de 2017 celebró el

contrato de interventoría núm. 17000995 H3 con el CONSORCIO

INTERVENTORÍA CALLES DE RODAJE 20173, cuyo objeto

consistió en realizar “[…] la interventoría técnica y administrativa de

la construcción para culminar el sistema complementario de Calles

de Rodaje en el costado occidental del aeropuerto internacional el

Dorado fase 1 […]”.

3
En adelante Consorcio Interventoría.

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3

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Precisó que el referido contrato tenía plazo de ejecución de seis

meses (6) meses, por un valor de $4.299.612.800 incluido el IVA, y

como fecha final el 31 de diciembre de 2017.

Apuntó que por solicitud del contratista el CONSORCIO EL DORADO

el 22 de diciembre de 2017 suscribió la prórroga núm. 1, la cual

adicionó el contrato por 90 días, y que el 28 de marzo de 2018, firmó

la prórroga núm. 2, esta con el fin de ampliar la duración del contrato

por un término de 34 días. Para este última, solicitó al CONSORCIO

INTERVENTORÍA ampliar el plazo, no obstante, denegó tal petición

con fundamento en la falta de pago de facturas.

Explicó que mediante Resolución núm. 3698 de 2018 declaró el

incumplimiento del contrato núm. 17000360 H4 y adelantó el

proceso administrativo sancionatorio contra el CONSORCIO EL

DORADO, decisión que fue confirmada a través de la Resolución

núm. 370 de 2019.

Sostuvo que el 4 de febrero de 2021 el CONSORCIO

INTERVENTORÍA promovió medio de control de controversias

contractuales en su contra, con el objeto de obtener el pago de las

obligaciones derivadas del contrato núm. 17000995 H3.

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Afirmó que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en

primera instancia a la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que,

mediante sentencia de 4 de mayo de 2023, accedió parcialmente a

las pretensiones de la demanda, liquidó judicialmente el contrato

núm. 17000995 H3 y le ordenó pagar a la allí demandante la suma

de $73.523.379.oo.

Agregó que contra dicha decisión interpuso recurso de apelación ante

la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 5 de mayo de

2025, modificó la decisión del a quo, en el sentido de indicar que el

CONSORCIO INTERVENTORÍA cumplió con todas las obligaciones

derivadas del mencionado contrato y la condenó a pagarle la suma

de $3.725.955.92.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto sustantivo al aplicar de manera errónea lo establecido en

el artículo 1498 de la Ley 84 de 26 de mayo de 18735, puesto que se

le está obligando a hacer efectivo un pago por una contraprestación

que no recibió; además, no existe reciprocidad ni proporcionalidad

4
En adelante TRIBUNAL.
5
Código Civil.

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en el reconocimiento de valores por servicios que le eran imposible

prestar y garantizar al CONSORCIO INTERVENTORÍA.

Indicó que la interpretación dada por la SECCIÓN TERCERA es

contradictoria a los principios contractuales previstos en los artículos

28 y 40 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19936, ya que la buena fe

y el equilibrio entre prestaciones son mandatos imperativos sobre los

cuales se deben analizar las cláusulas y estipulaciones de un negocio

jurídico.

Manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en

desconocimiento del precedente, puesto que pasó por alto

fenómeno de la conexión negocial establecida por esta Corporación

en sentencia de 14 de junio de 20167.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] Que cesen los efectos de la sentencia dictada por la
Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado con ocasión
del medio de control Controversias Contractuales expediente No.
25000233600020210004301 (70.270) del 5 de mayo de 2025, por

6
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A”,
providencia de 14 de julio de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente núm. 2002-
00362-01.

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defecto sustantivo o material por la errónea interpretación del marco
jurídico y jurisprudencial que rige la contratación estatal.

Ordenar a la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado
proferir una nueva sentencia en el proceso en referencia, en la cual
se efectúe la interpretación correcta de las cláusulas contractuales
pactadas entre las partes, a la luz del marco normativo que rige la
contratación estatal, confirmando la sentencia de primera instancia
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de
mayo de 2023. Y, en consecuencia, se ordene la devolución de los
dineros que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL pagó al contratista CONSORCIO
INTERVENTORIA CALLES DE RODAJE 2017, en cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia del 5 de mayo de 2025. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente el

amparo solicitado, puesto que no concurren los presupuestos que

hagan viable su estudio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La sociedad WSP PROYECTOS S.A.S., solicitó que se declare

improcedente la presente solicitud de amparo, puesto que no cumple

con los requisitos generales de procedencia que exige la acción de

tutela contra providencia judicial.

I.6.2.- El TRIBUNAL y la sociedad CHS INFRAESTRUCTURA

S.A.S.8, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

8
Las mencionadas sociedades conforman el Consorcio Interventoría.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud

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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 5 de mayo de 2025, proferida por

la SECCIÓN TERCERA dentro del medio de control de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 2021-

00043-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración del derecho

fundamental deprecado, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en

defecto sustantivo al aplicar de manera errónea lo establecido en

el artículo 1498 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873, puesto que se

le está obligando a hacer efectivo un pago por una contraprestación

que no recibió; además, no existe reciprocidad ni proporcionalidad

en el reconocimiento de valores por servicios que le eran imposible

prestar y garantizar al CONSORCIO INTERVENTORÍA.

Indicó que la interpretación dada por la SECCIÓN TERCERA es

contradictoria a los principios contractuales previstos en los artículos

28 y 40 de la Ley 80, ya que la buena fe y el equilibrio entre

prestaciones son mandatos imperativos sobre los cuales se deben

analizar las cláusulas y estipulaciones de un negocio jurídico.

Aseguró que también incurrió en desconocimiento del

precedente, puesto que pasó por alto fenómeno de la conexión

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negocial establecida por esta Corporación en sentencia de 14 de junio

de 20169.

Así las cosas, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con

los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

TERCERA vulneró el derecho deprecado e incurrió en los defectos

alegados al haber proferido la providencia de 5 de mayo de 2025,

cuestionada.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se

controvierten providencias judiciales

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección “A”,
providencia de 14 de julio de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente núm. 2002-
00362-01.

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como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”10.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 11:

10
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
11
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo12:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AREONÁUTICA CIVIL

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI, la providencia

de 5 de mayo de 2025, aquí cuestionada, fue notificada a las partes

mediante correo electrónico el 14 de ese mes y este año, por lo

que en aplicación del artículo 201 de la Ley 1437 de 18 de enero de

2011, se entiende debidamente notificada el 16 del mismo mes y

anualidad.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 21 de noviembre de 2025, esto es,

transcurrido más de 6 meses, superando así el término que ha

sido estimado por la jurisprudencia como término razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin

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que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la

parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la

solicitud de amparo.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción

de tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de

los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término establecido

por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la

solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término

razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201713, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07394-00
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AREONÁUTICA CIVIL

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de

inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de diciembre de 2025.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07394-00
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AREONÁUTICA CIVIL

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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