Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07411-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
5 de marzo de 2026
Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-07411-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C. cinco (5) de marzo dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07411-01
Demandante: BERTHA ALCIRA GARZÓN GAITÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma
sentencia que declaró la improcedencia por no cumplir el
requisito de la subsidiariedad. Proceso en trámite
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la
sentencia del 22 de enero de 2026, por la cual la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 21 de noviembre de 2025, la señora Bertha Alcira
Garzón Gaitán, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica,
con ocasión de la sentencia de segunda instancia emitida el 20 de octubre de
2025 por dicha autoridad judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-012-2023-00133-01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende lo siguiente:
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Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-07411-01
1. Solicito el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, por la sentencia de
segunda instancia en la cual se incurrió en defecto sustantivo el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección A, dentro
del proceso 11001-33-35-012-2023-00133-01.
2. Como consecuencia se dejen sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida el 20 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
11001-33-35-012-2023-00133-01.
3. Solicito que se ordene al Tribunal accionado proferir una nueva
sentencia de reemplazo en la que aplique el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, siguiendo el precedente del Consejo de Estado que establece su
vigencia inmediata y aplicabilidad para los procesos en curso, confirmando
así la caducidad decretada en primera instancia.
1.3. Hechos
La accionante relató que el 7 de marzo de 2022, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
(lesividad) en su contra con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución 017536 del 25 de septiembre de 1997, por la cual la extinta
Cajanal le reconoció una pensión gracia, a partir del 17 de agosto de 1995.
Refirió que, a título de restablecimiento del derecho, la unidad pidió que se
«ORDENE a la señora BERTHA ALCIRA GARZÓN GAITÁN, la devolución de
todos y cada uno de los dineros recibidos por concepto de pensión de gracia,
desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionada y hasta que se
verifique el pago efectivo a la entidad demandante». Dicha demanda se
identificó con el radicado 11001-33-35-012-2023-00133-00/01.
Añadió que, con auto del 8 de mayo de 2023, el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito Judicial Bogotá admitió la demanda y ordenó la notificación de la
parte demandada. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2023, la Secretaría de
dicho despacho judicial envió el mensaje de datos notificando dicha admisión.
Vencido el término del traslado de la demanda, mediante auto del 9 de agosto
de 2024 se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial y, el 4 de
septiembre de ese año se celebró dicha diligencia, en la que se decretó la
suspensión provisional de la resolución demandada.
Mencionó que, el aludido juzgado con providencia del 28 de noviembre de
2024 declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del auto del 9
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Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
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de agosto de 2024 con el cual se había fijado fecha para la celebración de la
audiencia inicial puesto que se observó que la notificación personal del auto
admisorio a la demandada se realizó a correos electrónicos erróneos y
pertenecientes a terceros, configurándose así una indebida notificación (causal
8ª del artículo 133 del CGP).
Precisó que en audiencia de alegaciones y juzgamiento del 12 de diciembre de
2024 se declaró probada la excepción de caducidad, se dio por terminado el
proceso y no se condenó en costas. Esto, al considerar que como el acto
demandado fue expedido el 25 de septiembre de 1997, los 5 años que dispuso
la Ley 2381 de 2024 para que la administración demandara su propio acto ya
habían vencido y, por tanto, «[r]esultaría contrario a los principios de seguridad
jurídi[c]a y confianza legítima, pretender revocar una pensión que ha sido
devengada por más de 25 años.»
Señaló que tanto ella como la UGPP interpusieron recursos de apelación
contra la anterior decisión y que, en providencia del 20 de octubre de 2025, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
resolvió: i) inaplicar por inconstitucionalidad la expresión «y que estén en
curso» del inciso 2° del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; ii) revocar la
sentencia apelada y (iii) devolver el proceso al juzgado de origen para que
profiriera la sentencia de primera instancia.
Afirmó que en el precitado proveído se estableció que le asistía razón a la
parte demandante, puesto que, contrario a lo resuelto por el a quo, no se
configuró el fenómeno jurídico de caducidad, al resultar inaplicable al presente
asunto el inciso segundo del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, en lo relativo
a la expresión «y que estén en curso».
De la revisión del expediente ordinario en el aplicativo SAMAI, se encuentra
que, el 22 de septiembre de 2025, el abogado de la UGPP informó
levantamiento de la suspensión de pago de la pensión1 y que, con auto del 16
de diciembre del mismo año, el juzgado de primera instancia obedeció y
cumplió lo dispuesto por el superior y, en consecuencia, fijó el 11 de febrero de
2026, a las 2:30 p. m. para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento en el
mencionado proceso.
A su vez, se observa que, con auto del 4 de febrero de 2026, se reprogramó la
diligencia, en atención al estado de incapacidad médica decretado en favor del
1
Dato referido en el auto del 6 de noviembre de 2025, dictado por el juzgado de primera
instancia, con el que dispuso: «ABSTENERSE DE INICIAR INCIDENTE DE DESACATO
solicitado por el apoderado de la señora Bertha Alcira Garzón Gaitán…» puesto que se había
levantado la suspensión del pago de las mesadas pensionales.
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oficial mayor y la redistribución de cargas laborales al interior del juzgado, para
el día 9 de febrero de 2026, a partir de las 3:00 pm. En la precitada fecha, el
mencionado despacho judicial suspendió el proceso de la referencia por
prejudicialidad, en los términos del artículo 161-1 del Código General del
Proceso y fijó fecha para la realización de la audiencia de juzgamiento el
«NUEVE (9) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), A PARTIR DE LAS
DOS Y TREINTA DE LA TARDE (2:30 p.m.).» Esta decisión se notificó en
estrados.
1.4. Sustento de la petición
1.4.1. Defecto fáctico
Sostuvo que al citar la sentencia apelada se indicó que su fecha fue de 12 de
diciembre de 2023, lo que es contrario a la realidad probatoria y denota una
falta de estudio riguroso del expediente, puesto que la providencia fue del año
2024.
Expuso que «este error no es un simple lapsus; demuestra que el Tribunal falló
desconociendo que el proceso había sido saneado y fallado nuevamente bajo
la vigencia plena de la Ley 2381 de 2024.»
Señaló que el tribunal no tuvo en cuenta que el juzgado con providencia del 28
de noviembre de 2024 «declaró la nulidad de todo lo actuado», lo que, a su
juicio, significa que, el litigio se trabó en vigencia de la Ley 2381 de 2024.
Consideró que todas las actuaciones procesales se dieron en vigencia de la
referida norma, en concreto la notificación de la demanda, la contestación a
esta, los recursos y audiencia de alegaciones y juzgamiento de 12 de
diciembre de 2024.
1.4.2. Defecto sustantivo
Indicó que en la sentencia acusada no se tuvo en cuenta una norma
inaplicable al caso, como lo es el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y no el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, a pesar de ser de aplicación inmediata y
constituirse en una regla especial de caducidad establecida por el legislador
dentro de sus facultades constitucionales y que la controversia estaba
amparada bajo el principio de favorabilidad del artículo 53 de la Constitución
Política.
Manifestó que la decisión atacada en tutela se fundó en el artículo 40 de la Ley
153 de 1887 y desconoció principios generales del derecho vigentes también
contemplados en esa norma, en los artículos 2º y 3°, según los cuales «la ley
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posterior prevalece sobre la anterior», en armonía con el principio de «lex
posterior derogat legi priori», la ley posterior deroga a la anterior, reglas
específicas sobre incompatibilidades que priorizan normas especiales sobre
generales y las leyes más recientes sobre las antiguas.
1.4.3. Desconocimiento de precedentes
Expuso que existen varios pronunciamientos vinculantes con efectos erga
omnes, a diferencia del precedente invocado en la sentencia atacada, que
resulta disímil en sus supuestos fácticos y jurídicos (citó el proveído con
radicado 05001-23-33-000-2014-00695-02).
Agregó que el fallador de segunda instancia interpretó erróneamente el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y no observó el artículo 10
ibidem, según el cual tres decisiones uniformes del tribunal de casación sobre
un mismo punto de derecho constituyen doctrina legal, ni tuvo en cuenta que el
Consejo de Estado ha construido una línea jurisprudencial reiterada y pacífica
que da vigencia y aplicación al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Destacó que, la providencia del tribunal es contraria a los principios de
legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima y usurpa la competencia del
legislador, quien puso fin a la incertidumbre perpetua de los pensionados, pues
le afecta directamente su debido proceso, el patrimonio y la estabilidad
económica, al someterla nuevamente a un litigio sobre derechos adquiridos
hace más de 28 años, aunado a la especial protección constitucional por ser
un adulto mayor (80 años).
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 26 de noviembre de 2025, el a quo admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en calidad de demandado y
vinculó al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la
UGPP, en calidad de terceros con interés.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Esta autoridad informó que la providencia adoptada en el proceso ordinario
efectuó un análisis normativo, jurisprudencial y probatorio y acató los principios
de legalidad, debido proceso y de tutela judicial efectiva.
Señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
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aplicación inmediata del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos
judiciales en curso, planteó un conflicto con los principios del derecho procesal
en materia de tránsito legislativo, regulados por el artículo 40 de la Ley 153 de
1887 (modificado por el artículo 624 del CGP).
Manifestó que, por ello, ameritaba ejercerse un control de constitucionalidad
difuso debido a la incompatibilidad que generaba la expresión «A las
pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley», contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.
Refirió que ese control es necesario para garantizar los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia y los principios de
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.
Precisó que, contrario a lo sostenido por la actora, la figura del artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 pretendió limitar el ejercicio de los medios de control, pero
no es aplicable a los medios de control iniciados en vigencia de la Ley 1437 de
2011. Esto, pues la caducidad solo resulta oponible frente a las acciones
formuladas y presentadas después de la entrada en vigor de la Ley 2381 de
2024, lo que no se cumple en el caso concreto porque el medio de control de
lesividad (11001-33-35-012-2023-00133-00) se promovió el 7 de marzo de
2022.
Aclaró que la finalidad de la actora es reabrir un debate jurídico sobre la
interpretación y aplicación de la figura de la caducidad establecida en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que fue resuelto en la providencia atacada.
Consideró que la acción de tutela la utiliza la accionante como una tercera
instancia para obtener una decisión eventualmente favorable a sus intereses,
siendo esta una finalidad para la cual no está concebido el mecanismo de
amparo.
1.6.2. UGPP
Esta entidad solicitó su desvinculación del trámite de tutela porque no tiene
legitimación en la causa por pasiva.
Expuso que la demanda es improcedente porque no existen razones ni hechos
por los cuales se considere que la unidad ha vulnerado algún derecho
fundamental de la señora Garzón Gaitán.
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Precisó que la accionante utiliza para obtener decisiones rápidas de la justicia,
aunque existe un proceso judicial en el que se ha salvaguardado el derecho a
la defensa de los sujetos procesales y se dictaron decisiones de fondo.
Señaló que la sentencia demandada se sustentó en el material probatorio, la
normativa vigente y el precedente jurisprudencial. Agregó que dicha decisión
está en firme e hizo tránsito a cosa juzgada.
Informó que la actora actualmente devenga la pensión, según se consultó en
el Registro Único de Afiliados – RUAF del Ministerio de Salud y Protección
Social; por lo que, la acción de tutela no puede usarse para reclamar
prestaciones económicas ni desconocer la competencia del juez natural, que
es el llamado a dirimir el conflicto sobre la procedencia del reconocimiento del
derecho pensional.
Aclaró que, la unidad cumplió con su deber de interponer el medio de control,
de conformidad con la norma procesal aplicable, en aras de cuidar los
recursos públicos al otorgar los derechos prestacionales que en derecho
correspondan; con lo que se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema
pensional.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia del 22 de enero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de la subsidiariedad.
Hizo referencia a las actuaciones surtidas en el proceso ordinario objeto de la
demanda constitucional, para destacar que el tribunal demandado resolvió los
recursos de apelación mediante sentencia de 20 de octubre de 2025, que es la
providencia atacada en la presente acción de tutela.
Advirtió que, en concreto, se decidió: (i) inaplicar por inconstitucional la
expresión «y que estén en curso» del inciso 2° del artículo 86 de la Ley 2381
de 2024; (ii) revocar la decisión apelada y (iii) devolver el proceso al juzgado
de origen, para que profiera la respectiva sentencia de primera instancia.
Mencionó que, la providencia dictada en segunda instancia, objeto de
cuestionamiento, no corresponde a una decisión definitiva frente al asunto de
fondo, esto es, la legalidad del acto administrativo de reconocimiento
pensional, puesto que solo definió un criterio de procedibilidad del medio de
control incoado, como lo es la interposición oportuna de la demanda.
Concluyó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad)
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con radicado 11001-33-35-012-2023-00133-00 está en curso y corresponde al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá proferir decisión
de primera instancia en la que se haga el respectivo estudio de legalidad del
acto administrativo demandado.
Precisó que, en ese escenario judicial, la actora puede hacer valer sus
derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, defensa y
contradicción, los que, tal como se observó del trámite de primera instancia
adelantado en el juzgado, fueron garantizados al declarar la nulidad de
algunas actuaciones procesales por indebida notificación del auto admisorio de
la demanda.
Recordó que al juez constitucional le está vedado inmiscuirse en los asuntos
que están pendientes de resolver por parte del juez natural y que, estos en
cualquier etapa del proceso pueden nuevamente abordar de oficio la
excepción de caducidad si las circunstancias cambian.
Advirtió que, en todo caso, la vigencia de la mencionada Ley 2381 de 2024 se
encontraba suspendida por orden de la Corte Constitucional que, con ocasión
de la acción pública de inconstitucionalidad contra esa normativa, advirtió un
vicio de procedimiento en el debate legislativo (auto A-841-25 de 27 de junio
de 2025); por lo que consideró que no estaba surtiendo efectos la norma
respecto de la que surgió la discusión entre los jueces de instancia en cuanto a
la configuración o no de la caducidad del medio de control incoado por la
UGPP.
Añadió que tampoco se advertía la existencia de un perjuicio irremediable que
hiciera procedente la intervención del juez de tutela de manera excepcional,
pues la suspensión provisional del acto de reconocimiento de la pensión gracia
ordenada por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
quedó sin efecto.
1.8. Impugnación
Con memorial radicado el 29 de enero de 2026, el apoderado de la accionante
impugnó el fallo de primera instancia notificado el 27 del mismo mes y año, por
los siguientes motivos:
Solicitó de manera perentoria la suspensión del proceso ordinario que cursa
actualmente en el juzgado de primera instancia, puntualmente respecto de la
audiencia de decisión programada para el «… 11 de febrero de 2026, con
fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.» Para ello, señaló lo
siguiente:
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1. Fumus Boni Iuris (Apariencia de Buen Derecho): Existe un precedente
claro que reconoce la vigencia de la Ley 2381 de 2024 frente a la
caducidad, que debió considerar el Tribunal de Cundinamarca.
2. Periculum in Mora (Peligro en la mora): De llevarse a cabo la audiencia
el 11 de febrero de 2026, se consolidaría una decisión judicial basada en el
desconocimiento de una institución jurídico-procesal, que es un
instrumento determinante en la efectividad del derecho sustancial del
artículo 228 de la constitución política de Colombia “la caducidad”.
3. Sujeto de Especial Protección: La accionante cuenta con 80 años de
edad. Someterla a un retroceso procesal, no es solo un retraso ni una
nueva oportunidad, sino una trasgresión directa, desproporcionada y
deliberado a los derecho[s] los derechos al debido proceso, al derecho de
acceso a la administración de justicia y contraria a los principios de
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, además, constituye un
desgaste innecesario del aparato judicial y una carga desproporcionada
para una adulta mayor.
Sostuvo que el a quo incurrió en un yerro sustancial al tratar el caso como un
asunto económico ordinario, soslayando que la accionante es un sujeto de
especial protección constitucional, pues nació el 17 de agosto de 1945 y esta
omisión no es un detalle menor; es una vulneración fáctica que invisibiliza su
condición de vulnerabilidad.
Señaló que, el juez de tutela de primera instancia también incurrió en un yerro
por defecto sustantivo en su interpretación del requisito de subsidiariedad, el
cual se encuentra plenamente demostrado. Esto, pues tratándose de una
sentencia de segunda instancia proferida por un tribunal administrativo en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no existe en el
ordenamiento jurídico colombiano recurso ordinario alguno, que permita a la
actora cuestionar la declaratoria de inaplicabilidad de caducidad.
Mencionó que la acción de tutela es el único mecanismo residual para corregir
una providencia que, admite el tránsito legislativo de la Ley 2381 de 2024, pero
niega su aplicación con una decisión que muestra, carencia de coherencia y
falta de rigurosidad en el estudio en el desarrollo de los tiempos y
oportunidades en los que se desarrolló el proceso.
Finalmente, refirió que en el fallo impugnado no se advirtió que en el derecho
administrativo el tiempo no es un dato neutro, sino un elemento configurador
de consecuencias jurídicas. Esto, pues la cronología de los hechos en este
proceso es fundamental, la sentencia censurada objeto del amparo invocado
no valoró la omisión fáctica de la decisión del tribunal demandado.
Resaltó que, la sentencia de primera demandada se profirió con posterioridad
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a la promulgación de la Ley 2381 del 16 de julio de 2024 y antes de que se
profiriera el auto 841 de 17 de junio de 2025 de la Corte Constitucional.
Recordó que el tribunal acusado de manera explícita y diáfana en el acápite de
consideraciones reconoció la existencia y validez de la Ley 2381 de 2024; sin
embargo, en un ejercicio de «absoluta incoherencia lógica», decidió ignorar la
aplicación de dicha norma al caso concreto, a pesar de que la litis se trabó
bajo su imperio absoluto. Por lo que, a su juicio, es un hecho irrefutable que la
notificación, la contestación de la demanda y la sentencia de primera instancia
ocurrieron entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, periodo en
el cual el artículo 86 de la citada ley ya regía con plenos efectos jurídicos.
Precisó que, el tribunal demandado prescindió de la línea jurisprudencial
reiterada del Consejo de Estado que da vigencia y aplicación a la Ley 2381 de
2024 desde su sanción.
Señaló que se configura un perjuicio irremediable al no estudiarse el contexto
de la decisión de primera y segunda instancia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, con las fechas de las decisiones, la situación
jurídica, la vigencia normativa y las consecuencias legales, además de ignorar
el tiempo como factor fundamental, determinante y decisivo para una
ciudadana de 80 años.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como por el artículo 25 del
Acuerdo 080 de 20193, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La parte actora con su impugnación solicitó como medida cautelar de
urgencia la suspensión del proceso ordinario que cursa actualmente en el
juzgado de primera instancia, puntualmente respecto de la audiencia de
decisión programada para el 11 de febrero de 2026.
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
3
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-07411-01
La sala denegará la mencionada petición con fundamento en que aquella tiene
intrínseca relación con las pretensiones de la demanda y para ello, es
necesario analizar si se configuran los presupuestos de procedencia y, de ser
el caso, efectuar un estudio de fondo de la controversia.
2.2.2. La UGG solicitó su desvinculación porque considera que carece de
legitimación en la causa por pasiva.
La sala denegará la solicitud de la unidad puesto que le asiste interés en esta
acción de tutela puesto que fungió como demandante en el proceso ordinario,
objeto de demanda.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia,
se analizará si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora
con ocasión de la sentencia de segunda instancia emitida el 20 de octubre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-35-012-2023-00133-01, promovido por
la UGPP en contra de la accionante.
2.4. Caso concreto
La accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia de segunda instancia emitida el 20 de octubre de 2025
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-35-012-2023-00133-01, promovido por
la UGPP en contra de la accionante.
El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de la subsidiariedad.
La parte actora impugnó tal decisión, al considerar que el a quo incurrió en
varios yerros, entre ellos porque desconoció su estado de vulnerabilidad al
contar con la edad de 80 años y porque desconoció la aplicación de la ley en el
tiempo.
Para resolver, se considera:
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Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-07411-01
En lo que corresponde al estudio en esta instancia, de la revisión del escrito de
impugnación, del fallo de primera instancia, además del acervo probatorio, se
encuentra que debe confirmarse la decisión impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por los siguientes motivos:
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones éstas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger, de
manera inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales
amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública
o de un particular, pero que, no puede ser utilizado válidamente para
pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios, tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos, ni
para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.
Adicionalmente, se precisa que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, lo cual hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
En lo particular, se observa que la señora Bertha Alcira Garzón Gaitán
consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la
sentencia de 20 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por la cual se inaplicó por
inconstitucionalidad la expresión «y que estén en curso» del inciso 2° del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se revocó la decisión de primera instancia
del Juzgado Doce Administrativo de Bogotá y se ordenó la devolución del
proceso al referido juzgado, para que profiera la respectiva sentencia de
primera instancia.
Esta providencia se dictó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) con radicado 11001-33-35-012-2023-00133-01 que
promovió la UGPP en contra de la Resolución 017536 del 25 de septiembre de
1997, por la cual la extinta Cajanal le reconoció a la accionante una pensión
gracia, a partir del 17 de agosto de 1995.
De la revisión del expediente ordinario en el aplicativo SAMAI, se encuentra
que, el 22 de septiembre de 2025, el abogado de la UGPP informó
levantamiento de la suspensión de pago de la pensión4 y que, con auto del 16
4
Dato referido en el auto del 6 de noviembre de 2025, dictado por el juzgado de primera
instancia, con el que dispuso: «ABSTENERSE DE INICIAR INCIDENTE DE DESACATO
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Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-07411-01
de diciembre del mismo año, el juzgado de primera instancia obedeció y
cumplió lo dispuesto por el superior y, en consecuencia, fijó el 11 de febrero de
2026, a las 2:30 pm para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento en el
mencionado proceso.
Luego, con auto del 4 de febrero de 2026, se reprogramó la diligencia, en
atención al estado de incapacidad médica decretado en favor del oficial mayor
y la redistribución de cargas laborales al interior del juzgado, para el día 9 de
febrero de 2026, a partir de las 3:00 pm.
No obstante, llegado el día y la hora para llevar a cabo dicha diligencia,
mediante proveído de la misma fecha, el despacho judicial dispuso lo
siguiente:
PRIMERO: SUSPENDER el proceso de la referencia por prejudicialidad,
en los términos del artículo 161-1 del Código General del Proceso y, de
acuerdo con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: FIJAR fecha para la realización de la audiencia de
juzgamiento el día NUEVE (9) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS
(2026), A PARTIR DE LAS DOS Y TREINTA DE LA TARDE (2:30 p.m.).
Lo anterior, sin perjuicio de que se reprograme una vez se conozca la
sentencia de segunda instancia.
DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. (Negrilla y subrayado fuera
del texto original)
Para ello, el juzgado en mención consideró lo siguiente:
De conformidad con el artículo 207 del CPACA, se procede a evacuar la
etapa de saneamiento del proceso. En escrito radicado el día de hoy, 9 de
febrero de los corrientes, el apoderado de la señora Bertha Alcira Garzón
Gaitán solicitó la suspensión del proceso por estar adelantando acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pola sentencia
del 20 de octubre de 2025, mediante la cual revocó la decisión de primera
instancia proferida por este Despacho el 12 de diciembre de 2024, en la
que se declaró probada la excepción de caducidad.
Al respecto, el artículo 161 del C.G.P. prevé la suspensión del proceso
cuando «la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo
que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea
imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de
reconvención […]».
solicitado por el apoderado de la señora Bertha Alcira Garzón Gaitán…» puesto que se había
levantado la suspensión del pago de las mesadas pensionales.
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Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
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Por lo expuesto, se observa que, el proceso ordinario objeto de la demanda
constitucional se encuentra suspendido por prejudicialidad, en atención a esta
acción de tutela y que, adicionalmente, se reprogramó la fecha para llevar a
cabo la audiencia de juzgamiento para el 9 de abril de 2026, sin perjuicio de
que esta pueda reprogramarse una vez se conozca el fallo de tutela de
segunda instancia.
A su vez, debe indicarse que, la vigencia de la norma sobre la cual se sustentó
la sentencia dictada por el tribunal demandado -Ley 2381 de 2024-, se
encuentra suspendida por la Corte Constitucional con auto A-841-25 de 27 de
junio de 2025, con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad al
advertir un vicio de procedimiento en el debate legislativo; de modo que, como
el proceso ordinario se encuentra en curso, es a la autoridad judicial
demandada a la que le corresponde definir si en asunto ordinario operó o no la
caducidad del medio de control.
Adicionalmente, se precisa que, no se encuentran los elementos configurativos
de un perjuicio irremediable puesto que la suspensión de la resolución con la
cual se reconoció la pensión gracia a la actora quedó anulada con la nulidad
procesal que declaró el juzgado. Esto, pues el 4 de septiembre de 2024 se
celebró la audiencia inicial en la que se decretó la suspensión provisional de la
resolución demandada y con providencia del 28 de noviembre de 2024 se
declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del auto del 9 de
agosto de 2024 con el cual se había fijado fecha para la celebración de dicha
diligencia.
Adicionalmente, en el auto del 6 de noviembre de 2025, el juzgado de primera
instancia dispuso: «ABSTENERSE DE INICIAR INCIDENTE DE DESACATO
solicitado por el apoderado de la señora Bertha Alcira Garzón Gaitán…»
puesto que se había levantado la suspensión del pago de las mesadas
pensionales según lo informó el abogado de la UGPP.
En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la
subsidiariedad, pero por los motivos expuestos.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de decreto de medida provisional de urgencia
propuesta por la parte actora.
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Demandante: Bertha Alcira Garzón Gaitán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2025-07411-01
SEGUNDO: Denegar la solicitud de desvinculación de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP).
TERCERO: Confirmar la sentencia del 22 de enero de 2026, por la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, pero por los motivos
expuestos.
CUARTO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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