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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07420-00

Fecha
15 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07420-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Hoover Ernesto Calderón Perdomo contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07420-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

15 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07420-00
Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Proceso disciplinario
Decisión: Declara improcedente por falta de relevancia constitucional

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Hoover
Ernesto Calderón Perdomo contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 21 de noviembre de 2025, Hoover Ernesto Calderón Perdomo, a través
de apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la
administración de justicia1, con ocasión de la Sentencia de 27 de octubre de 2025
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 52001-
33-33-003-2017-00188-022. A título de amparo constitucional, solicitó que se
revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se profiriera decisión de remplazo
en la que se acceda a las pretensiones de la demanda.

2. Como fundamentos fácticos, a partir del escrito de tutela y demás
documentos anexos al mismo, se identificó que la parte actora se vinculó a la Policía
Nacional y, entre otros, laboró en la Unidad Especial de Protección y Servicios
Especiales de Tumaco.

3. En hechos que no fueron descritos, el señor Calderón Perdomo le fue
impuesta, en el marco de un procedimiento contravencional de tránsito, una multa
por la comisión de las infracciones identificadas bajo los códigos F y B01,
relacionadas con la conducción en estado de embriaguez y sin portar la licencia de
conducción. Sin embargo, la autoridad de tránsito competente expidió la Resolución
No. IT-2016-039819-070727 de 18 de enero de 2016, mediante la cual repuso
integralmente lo decidido en las Resoluciones No. IT-2015-662121 e IT-2015-

1
También mencionó las garantías constitucionales de presunción de inocencia y motivación de las decisiones judiciales, así
como el principio de legalidad en materia disciplinaria.
2
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 5 de noviembre de 2025.

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Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo

662123 de 23 de diciembre de 2015 y, en consecuencia, revocó el procedimiento
adelantado, dejando sin efectos las infracciones de tránsito imputadas.

4. Con fundamento en lo anterior, fue sancionado disciplinariamente por haber
incurrido en la falta contemplada en el numeral 34 del artículo 26 de la Ley 1015 de
2006, mediante Resolución No. 00836 de 2017, con destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años.

5. Como consecuencia de lo anterior, el señor Calderón Perdomo presentó
una demanda3 orientada a obtener la nulidad de los fallos disciplinarios y,
consecuencialmente, se ordenara su reintegro a la institución.

6. En primera instancia, el Juzgado 3 Administrativo de Pasto negó las
pretensiones de la demanda, mediante Sentencia el 14 de febrero de 2020.

7. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación,
en el que sostuvo que (i) la sanción disciplinaria se sustentó en pruebas recaudadas
ilegalmente, consistentes en archivos personales de un médico; (ii) en el trámite de
la actuación disciplinaria, se negaron medios probatorios oportunamente
solicitados; (iii) al haberse revocado las sanciones de tránsito, el proceso
disciplinario carecía de sustento fáctico y probatorio; y (iv) no se tuvo en cuenta, en
la decisión de primera instancia, la prueba testimonial de William Menandro López
Ramos.

8. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante Sentencia de 27 de octubre
de 2025, confirmó la decisión adoptada en primera instancia. Para tal efecto, señaló
que el testigo Omar Enrique Núñez de la Cruz manifestó haber practicado el examen
de estado de embriaguez a Hoover Ernesto Calderón Perdomo y que su
comportamiento evidenciaba un alto grado de alicoramiento. En relación con el
testimonio del señor López Ramos, indicó que, si bien existían indicios acerca de la
revocatoria del trámite contravencional por la infracción de tránsito derivada de los
hechos ocurridos el 18 de julio de 2015 a favor del demandante, lo cierto es que
dicho declarante no fue testigo presencial de los hechos ni rindió una versión que
permitiera controvertir las afirmaciones de quienes declararon en contra del actor y
que sí acudieron al lugar de los hechos para constatar su estado anímico y el aliento
alcohólico.

9. Como fundamento de la vulneración, afirmó que la providencia
disciplinaria incurrió en un defecto fáctico, al otorgar valor probatorio a un video
aportado desde el dispositivo personal del médico tratante, sin que se acreditaran
los requisitos de autenticidad, integridad y cadena de custodia.

10. Alegó que las faltas imputadas en el proceso disciplinario exigían la
afectación del deber funcional, circunstancia que no se configuró, toda vez que

3
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2
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Demandante: Hoover Ernesto Calderón Perdomo

quedó demostrado que no se encontraba en servicio al momento de los hechos, lo
que, a su juicio, configuró un defecto sustantivo por atipicidad de la conducta.

11. Señaló que el fallo disciplinario de segunda instancia incurrió en un defecto
procedimental, al fundamentar la sanción en una supuesta infracción de tránsito por
conducción en estado de embriaguez, pese a que dicho procedimiento fue revocado
en su integridad por la autoridad competente, quedando desprovisto de existencia
y eficacia jurídica.

12. Añadió que la providencia judicial carece de motivación sustancial, al no
justificar de manera clara, suficiente y verificable la admisión de una prueba irregular
como lo fue el video del médico tratante, la omisión en la práctica de pruebas
oportunamente solicitadas4 y la valoración de una actuación administrativa
previamente revocada, en contravía del deber reforzado de motivación exigible en
decisiones de carácter sancionatorio, por lo que desconoció el precedente
constitucional5.

13. Indicó, además, que se omitió injustificadamente el testimonio de William
Menandro López, solicitado con el fin de demostrar la inexistencia de soporte
probatorio del supuesto estado de embriaguez, a partir de la nulidad del
procedimiento contravencional.

14. Finalmente, sostuvo que el Tribunal convirtió una apreciación subjetiva en
certeza probatoria, con lo cual desconoció el principio de presunción de inocencia y
la exigencia de certeza reforzada que rige en materia disciplinaria.

Intervenciones6

15. El Tribunal Administrativo de Nariño rindió informe en el que precisó que,
dentro del proceso ordinario, se analizó el comportamiento del accionante y quedó
acreditado que su conducta se adecuó a la falta disciplinaria prevista en el numeral
26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al demostrarse que se encontraba bajo
los efectos de bebidas embriagantes mientras cumplía servicio de disponibilidad en
su condición de hombre de protección.

16. Señaló que se efectuó un análisis integral de los elementos probatorios
recaudados, tanto documentales como testimoniales, los cuales dieron cuenta del
estado anímico alterado y del aliento alcohólico que presentaba el demandante al
momento de ser requerido por las autoridades policial y de tránsito, cuando
conducía. Para esa fecha, el actor fungía como hombre de protección del alcalde
del municipio de Barbacoas (Nariño), razón por la cual se encontraba en servicio de
disponibilidad al ocurrir los hechos investigados.

4
Según el escrito de tutela solicito las siguientes pruebas: «prueba técnica, análisis del video, testigos presenciales.»
5
Sentencias SU-360 de 1999, C-496 de 2015, y SU-047 de 2019 de la Corte Constitucional.
6
Mediante Auto de 27 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Nariño y vinculó al Juzgado 3 Administrativo de Pasto, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Fanny
Mildey Trujillo Bravo y a SCGA (en aras de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, así como su interés
superior, se suprime su nombre de las providencias judiciales.), como terceros interesados.

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17. En ese contexto, sostuvo que la presente acción constitucional resultaba
improcedente, por cuanto no involucra un asunto de relevancia constitucional,
conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. En efecto, la acción
de tutela no puede erigirse en una instancia adicional ni utilizarse como mecanismo
para reabrir debates de mera legalidad o de valoración probatoria que no
comprometan derechos fundamentales, máxime cuando la providencia cuestionada
resolvió los cargos de la apelación con fundamento en argumentos jurídicos y
pruebas válidamente practicadas.

18. El Juzgado 3 Administrativo de Pasto7 informó que las actuaciones surtidas
en esa instancia se desarrollaron con estricta observancia de la normativa procesal
aplicable y que todas las providencias fueron proferidas conforme a los criterios
legales y jurisprudenciales que ese despacho consideró pertinentes para la
resolución del caso.

19. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que se
denieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se configuró
un perjuicio irremediable ni una amenaza inminente a derechos fundamentales que
justificara la procedencia del amparo constitucional como mecanismo excepcional.
Señaló que el accionante dispuso de otros medios de defensa judicial, los cuales
resultaban idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, y que, en efecto,
fueron ejercidos, circunstancia que refuerza la improcedencia de la presente acción,
habida cuenta del carácter subsidiario de la tutela. Asimismo, precisó que los
hechos constitutivos del alegado perjuicio irremediable no se presumen y, en
consecuencia, deben ser debidamente acreditados por quien los invoca, carga
probatoria que no fue satisfecha en el caso concreto.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Nariño desconoció y/o vulneró los derechos fundamentes
al debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la administración de justicia8

7
Dicha autoridad remitió la copia digital del proceso No. 52001-33-33-003-2017-00188-00/01.
8
También mencionó las garantías constitucionales de presunción de inocencia y motivación de las decisiones judiciales, así
como el principio de legalidad en materia disciplinaria.

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del hoy accionante, al proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso
con radicado No. 52001-33-33-003-2017-00188-02.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional, de acuerdo con los argumentos que
pasan a exponerse:

23. La Corte Constitucional ha sostenido que, para que proceda una acción de
tutela contra decisiones judiciales, es necesario cumplir con ciertos requisitos
mínimos de argumentación. En tal sentido, quien interpone la tutela debe exponer
de manera razonada los hechos que a su juicio originaron la vulneración de
derechos fundamentales, identificar con claridad los derechos comprometidos y
precisar el defecto o causal específico que haría procedente la acción.

24. Estas exigencias no constituyen cargas formales incompatibles con la
naturaleza de la acción de tutela ni suponen una barrera excesiva no contemplada
en la Constitución. Por el contrario, su finalidad es asegurar que el escrito de tutela
presente una exposición clara y suficientemente sustentada de la presunta
vulneración, evitando así que el juez de tutela ejerza un control oficioso e indebido
sobre decisiones adoptadas por otras autoridades judiciales9.

25. En consecuencia, quien solicita el amparo debe explicar con claridad,
detalle y coherencia los hechos que dieron origen a la supuesta vulneración,
identificar los derechos fundamentales presuntamente afectados y sustentar sus
afirmaciones con rigor jurídico y probatorio. Solo así puede considerarse acreditada
la existencia del defecto alegado y su impacto en los derechos invocados10.
9
Cfr. Corte constitucional. Sentencia SU-072 de 2024.
10
Sobre este requisito, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
«30. Como se explicó en las primeras secciones de esta providencia, la acción de tutela contra providencias judiciales se
admite de manera excepcional con el objeto de proteger derechos fundamentales. La Corte ha sido enfática en señalar, que
la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
31. En consecuencia, la jurisprudencia ha hecho énfasis en la necesidad de que la acción de tutela contra providencias
judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de
dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios. En este sentido, es fundamental
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en
asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución. En esta línea,
el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente
para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados.
[…]
33. Así pues, la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las
competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.
34. Para determinar si una acción de tutela en contra de una providencia judicial, cumple con el presupuesto de relevancia
constitucional, esta Corporación ha identificado algunos criterios relevantes, a saber:
35. En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; es decir, la cuestión “debe
revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.” De acuerdo con la Sentencia SU-573 de 2019 el
asunto debe ser “trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”.

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26. Examinados los reparos formulados por el accionante, la Sala advierte que
estos no revisten la entidad constitucional exigida para la procedencia del amparo.
Por el contrario, evidencian que el mecanismo de tutela fue promovido como una
instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito de reabrir el debate
suscitado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual ya fue
analizado y resuelto de manera razonable por el juez natural de la causa.

27. En efecto, el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante Sentencia del 27
de octubre de 2025, determinó que dentro del proceso quedó acreditado que el
comportamiento del señor Calderón Perdomo se adecuó a la falta disciplinaria
prevista en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al comprobarse
que se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes mientras cumplía
servicio de disponibilidad como hombre de protección.

28. El Tribunal estableció que tanto las pruebas testimoniales como las
documentales permitieron concluir que el accionante se hallaba bajo el influjo del
alcohol. Asimismo, precisó que el testimonio de William Menandro López Ramos no
fue valorado, en la medida en que dicho declarante no presenció los hechos que
dieron lugar a la sanción disciplinaria.

29. Igualmente, dicha autoridad judicial sostuvo que «la disponibilidad del
miembro de la Policía Nacional no se circunscribe a la prestación material del
servicio, sino que implica que el uniformado se encuentre en condiciones óptimas
para ejercerlo. En consecuencia, quien se halla en servicio de disponibilidad no
puede estar bajo el influjo ni ingiriendo bebidas embriagantes u otras sustancias que
afecten la adecuada prestación del servicio de policía, aun en días y horas que no
correspondan a su turno ordinario, con mayor razón cuando se trata de funcionarios
designados como hombres de protección […]».

30. Aunado a lo anterior, no puede pasarse por alto que los cuestionamientos
del escrito de tutela se dirigen, en su mayoría, contra el proceso disciplinario y que
los reproches formulados frente a la sentencia de segunda instancia se concentran
en la valoración del testimonio de William Menandro López Ramos, en la legalidad

36. En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica. […]
37. Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”.
38. En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial
afectó de manera grave un derecho fundamental. En ese sentido, no basta con la sola referencia a la afectación de las
garantías superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, pues “la acreditación de esta exigencia, más allá de
la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental”.
39. Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de
los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las
altas cortes son tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de jurisprudencia como forma de precisar
con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.»

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de un video aportado desde un archivo personal y en la revocatoria de la sanción
de tránsito. Tales argumentos ya habían sido planteados en el recurso de apelación,
respecto de los cuales el Tribunal Administrativo de Nariño se pronunció de manera
expresa, efectuando un análisis integral del caso concreto.

31. En ese orden, resulta evidente que la parte actora pretende convertir la
acción de tutela en una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate probatorio
ya surtido ante los jueces competentes y lograr que se imponga la interpretación
que considera favorable a sus intereses.

32. En consecuencia, la Sala concluye que el presente asunto carece de
relevancia constitucional, razón por la cual se declarará improcedente la acción de
tutela instaurada por Hoover Ernesto Calderón Perdomo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
Hoover Ernesto Calderón Perdomo contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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