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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07430-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07430-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR el fallo del 22 de enero de 2026 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia para, en su lugar AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Martha Marín Villanueva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 23 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, y, ORDENAR a la citada autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas en esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07430-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07430-01
Demandante MARTHA MARÍN VILLANUEVA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Reconocimiento pensión de jubilación por aportes Ley 71 de 1988.
Docente. Tiempo de servicios en la docencia mediante contratos de
prestación de servicios, en propiedad y en el sector privado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Martha Marín Villanueva contra el
fallo del 22 de enero de 2026, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Martha Marín Villanueva, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 24 de noviembre de 20251, la señora Martha Marín Villanueva presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, con la sentencia del 23 de mayo de 2025 que negó
las pretensiones de reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-012-2022-
00041-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones (con posibles errores del texto original):
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA en sentencia
proferida el día 23 de mayo de 2025 dentro del expediente radicado bajo No. 08001-33-
33-012-2022-00041- 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA de la señora MARTHA MARÍN VILLANUEVA, por indebida
valoración de los elementos determinantes para la resolución del litigio.

«2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva en la que se efectúe un juicio valorativo de la
prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica a fin de resolver en debida forma la
pretensión de reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes contemplada en
la Ley 71 de 1988».

2. Hechos
Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría online del aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07430-01
Demandante: Martha Marín Villanueva

2.1. La señora Martha Marín Villanueva nació el 9 de enero de 1962. Laboró como
docente al servicio del municipio de Malambo mediante contratos de
prestación de servicios suscritos desde el 1º de febrero de 2002 hasta el 30
de septiembre de 2005.

Posteriormente se vinculó en propiedad como docente y laboró para la
Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla desde el 21 de enero de
2008 certificados hasta el 20 de febrero de 2020 fecha en que fue expedida
la constancia por parte de la entidad, pues la actora continuó vinculada a la
fecha de presentación de la demanda ordinaria.

2.2. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas emitido por la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, la señora Marín Villanueva hizo
aportes con ocasión de otras vinculaciones que tuvo, por periodos que
iniciaron el 7 de abril de 1988 y finalizaron el 31 de octubre de 1995 y que
arrojó un reporte total de 269.43 semanas.

2.3. El 15 de septiembre de 2021 la accionante solicitó a la Secretaría de
Educación de Barranquilla el reconocimiento y pago de la pensión conforme a
la Ley 71 de 1988. Dicha petición fue negada por la entidad territorial mediante
la resolución 00607 del 1º de febrero de 2022 al no haber acreditado 20 años
de servicio.

2.4. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la señora Martha Marín Villanueva demandó a la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla con el fin
de que se declarara la nulidad del acto administrativo por el que se negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
la mencionada prestación en cuantía del 75% de los salarios y demás
emolumentos recibidos con anterioridad al cumplimiento del estatus pensional,
es decir, del 9 de enero de 2019 sin que estuviera supeditado al retiro definitivo
del servicio.

2.5. En primera instancia, el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla
(expediente 08001-33-33-012-2022-00041-00-01) mediante sentencia del 31 de
marzo de 2025 negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que acorde al material probatorio allegado al expediente, la
condición de educadora de la demandante debía tenerse desde el 1º de
febrero de 2002 cuando ejerció funciones relacionadas con la profesión
docente para el municipio de Malambo a través de órdenes de prestación de
servicios.

Precisó que el análisis de los requisitos del derecho pensional se haría con la
Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta que los aportes cuando fue contratista
debieron hacerse al extinto ISS y que los generados en sector público como
docente debieron hacerse ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.

Verificados los tiempos de servicio, encontró que no se acreditaron los 20 años
de servicio requeridos para acceder a la pensión de jubilación, pues de los
contratos de prestación de servicios se certificó un tiempo de vinculación de 3
años y 7 meses; de su vinculación con el FOMAG un periodo de 12 años y 1
mes, de modo que el periodo acumulado por las labores en ambos periodos
era de 15 años y 8 meses y que, aun haciendo la contabilización desde la
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Demandante: Martha Marín Villanueva

fecha de afiliación de la actora al FOMAG, el tiempo total sería de 18 años los
cuales eran también insuficientes para acceder a la pensión por aportes
establecida en la Ley 71 de 1988.

Agregó que si bien no se desconocía que la actora cotizó al extinto ISS (hoy
Colpensiones) con aportes que arrojaron un total de 269.43 semanas de
cotización, la acumulación de este tiempo también era insuficiente para efectos
de completar el tiempo necesario para acceder a la pensión por aportes.

2.6. La decisión se apeló por la parte demandante.

2.7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A mediante
sentencia del 23 de mayo de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico
el 20 de junio de 2025) confirmó la decisión de primera instancia.

Explicó que el recurso de apelación interpuesto por la demandante, se centró
en que fuera tenido en cuenta el tiempo de servicios incluso a la fecha de
presentación del recurso de alzada ya que seguía activa en el servicio
educativo.

En esa línea, indicó que el examen de legalidad del acto demandado debía
realizarse acorde con los hechos que se encontraban probados a la fecha de
su expedición, es decir, el momento en el que la administración estableció que
la parte demandante no reunía los requisitos para acceder al derecho
pensional, de modo que en criterio del Tribunal, para el momento en que la
demandante presentó la solicitud de reconocimiento y pago del derecho
pensional y la prestación fue estudiada, no cumplía con el tiempo de servicios
requerido que eran 20 años.

Adicionalmente precisó que si bien la actora manifestó que a la fecha estaba
activa como docente, más allá del certificado de historia laboral del 17 de junio
de 2022 aportado por la parte demandada con el escrito de contestación de la
demanda, no había documental que acreditara su dicho y que, incluso con el
cómputo del tiempo reportado en dicha constancia, no era suficiente para
acreditar el tiempo necesario para acceder al derecho pensional reclamado.

Finalmente concluyó que no se evidenciaba una situación de debilidad
manifiesta o que con esa decisión pudiera causarse un perjuicio irremediable
a la demandante y sostuvo que por el contrario, si la señora Marín Villanueva
consideraba que ya contaba con los requisitos para acceder al derecho
pensional, lo que debía hacer era acudir nuevamente a la administración y
reclamar el derecho pensional acreditando los periodos que manifestó haber
laborado con posterioridad al mes de junio del año 2022.

3. Fundamentos de la acción

La accionante consideró que al proferir la sentencia del 23 de mayo de 2025 en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-012-2022-
00041-00-01 el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A incurrió
en defecto fáctico por las siguientes razones:

Consideró que existió una indebida valoración probatoria de las pruebas
documentales que fueron aportadas con la demanda, a saber:

(i) Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones con corte del 28 de noviembre
de 2018 expedido por la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, en el que se deja constancia que estuvo afiliada desde el 30 de

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Demandante: Martha Marín Villanueva

noviembre de 1988 hasta el 30 de septiembre de 1995, acumulando 269.43
semanas.

(ii) Certificación suscrita por la Oficina de Talento Humano del municipio de
Malambo, Atlántico de fecha 19 de marzo de 2019, en la cual se acreditó que
laboró en el Instituto Educativo Técnico Comercial Alberto Pumarejo de
Malambo, en el área de lenguas moderas entre los años 2002 y 2005.

(iii) Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral de la
Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla en el que consta que se
vinculó al FOMAG el 28 de enero de 2008 y permanecía activa para la fecha
de expedición del documento que fue el 20 de febrero de 2020 acumulando un
total de 12 años y 1 mes.

Insistió en que de haberse hecho una valoración integral de las pruebas
presentadas era posible tener por acreditado el tiempo de servicio para el
reconocimiento de la pensión ordinaria de jubilación contemplada en la Ley 71 de
1988.

Explicó que el período cotizado en Colpensiones correspondía a 269,43 semanas
equivalentes a 5 años, 2 meses y 1 día, el tiempo de servicio certificado en el
Formato Único de Expedición de la Historia Laboral era de 12 años y 1 mes y, el
lapso acreditado en la certificación suscrita por la Oficina de Talento Humano del
municipio de Malambo correspondía a 3 años, 7 meses y 29 días, con lo que
quedaba demostrado que laboró más de 20 años de servicio.

Dijo que la sentencia cuestionada mencionó que no tenía derecho al reconocimiento
pensional bajo la Ley 71 de 1988 pero que los referidos elementos probatorios
obrantes en el expediente demostraban lo contrario, de manera que al haberse
incurrido en una valoración probatoria indebida de pruebas que eran determinantes,
se había llegado a una conclusión contraria de los hechos probados lo que
conllevaba a la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.

Aseguró que una valoración conjunta y adecuada del material probatorio permitía
verificar con claridad que acumuló más de 20 años de servicio en los sectores
público y privado, tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.

Sostuvo que la Corte Constitucional en la sentencia C-197 de 1999 señaló que
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 26 de noviembre de 2025 el despacho ponente: (i) admitió la
acción de tutela interpuesta por la señora Martha Marín Villanueva contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A; (ii) ordenó la
notificación de las partes; (iii) como terceros con interés Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
FOMAG y al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (entidades
que actuaron como demandadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho) y (iv) al Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla (autoridad
judicial que emitió la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario).

4.2. Posteriormente en providencia del 7 de abril de 2026 el despacho ponente (i)
ordenó notificar en debida forma a la Fiduprevisora SA (encargada de la

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administración del patrimonio autónomo del FOMAG) ; (ii) advirtió una posible nulidad
saneable razón por la que dispuso ponerla en conocimiento de la
Fiduprevisora SA y, (iii) ordenó la vinculación de la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones al presente trámite constitucional en
calidad de parte accionada.

4.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, por
conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe
en el que anunció la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, se refirió a la ausencia de un perjuicio irremediable y citó
apartes de la providencia de segunda instancia que se cuestiona en esta
oportunidad con el fin de evidenciar que existieron argumentos suficientes que
soportaron la decisión conforme con los tiempos laborados como docente por
la actora y que obraban como prueba.

4.4. El Ministerio de Educación, presentó escrito de oposición por conducto
apoderada judicial quien manifestó que la tutela no superaba el requisito de la
relevancia constitucional y que se trataba de un asunto meramente económico
resuelto de manera suficiente por el juez natural.

4.5. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a través de
apoderado judicial presentó informe en el que manifestó que la tutela estaba
siendo utilizada para reabrir el debate ya expuesto y definido ante el juez
ordinario, por lo que la tutela no estaba instituida para insistir en los mismos
argumentos ante la inconformidad de la parte actora.

Agregó que no se advertía la configuración de un perjuicio irremediable que
hiciera procedente la presente acción al menos de manera transitoria.

4.6. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, rindió
informe por conducto de la directora de acciones constitucionales quien
manifestó que la accionante no cumplía con el requisito de 20 años de servicio
conforme lo disponía la Ley 33 de 1985.

Adicionalmente consideró no tener legitimación en la causa por pasiva al estar
afiliada la actora a un régimen exceptuado del Sistema General de Pensiones,
siendo el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG,
la entidad competente para el reconocimiento y pago de las prestaciones
pensionales de los docentes.

Consideró que el hecho de que la accionante hubiera efectuado algunas
cotizaciones al extinto Instituto de Seguros Sociales, esto no trasladaba la
competencia pensional a Colpensiones ni la convertía en responsable del
reconocimiento de la prestación reclamada.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo que en el caso no se cumplían los requisitos de procedencia
y agregó que la decisión cuestionada estaba debidamente fundamentada y
había hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que debía declararse improcedente
la solicitud de amparo.

4.7. El Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, allegó el link del
expediente ordinario sin pronunciamiento en relación con la demanda de
tutela.

4.8. La Fiduprevisora SA, no se pronunció en esta oportunidad pese haber sido
notificada en debida forma de la presente acción.

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5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 22 de enero de
2026 declaró improcedente la acción de tutela.

Consideró que no se cumplía con el requisito de la relevancia constitucional al
entenderse la tutela como una instancia adicional, conclusión a la que llegó luego
de verificar que lo pretendido con la solicitud de amparo era cuestionar la valoración
probatoria hecha por la autoridad judicial accionada al indicar que no fueron tenidos
en cuenta los elementos de prueba obrantes en el expediente tales como el reporte
de semanas cotizadas expedido por Colpensiones y los certificados de vinculación
expedidos por la Secretaría de Educación del municipio de Malambo y el FOMAG
con el fin de insistir que sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación al cumplir con los requisitos de la Ley 71 de 1988, específicamente el
relacionado con el tiempo de servicio, lo que ya había sido objeto de debate.

Citó algunos apartes de la providencia de segunda instancia y encontró que el juez
natural analizó y definió el problema jurídico planteado de manera suficiente razón
por la que consideró que la solicitud de amparo era improcedente al no cumplir con
el mencionado requisito de relevancia constitucional por entender la tutela como una
instancia adicional.

6. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia. Manifestó su inconformidad
con lo resuelto por el juez de primera instancia y reiteró los argumentos presentados
en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.

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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Aspecto previo

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, manifestó que no le
asistía legitimación en la causa por pasiva en la medida que la accionante estaba
afiliada a un régimen exceptuado del Sistema General de Pensiones,
concretamente, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
FOMAG quien era la entidad competente para el reconocimiento y pago de las
prestaciones pensionales de los docentes.

Al respecto debe precisar la Sala que su vinculación al presente asunto estuvo
justificada en que, conforme la revisión del expediente ordinario, obraban una serie
de aportes hechos por la actora a la administradora conforme unos tiempos
laborados en el sector privado, de manera que, al tratarse de un derecho pensional
lo que está en discusión es necesaria su intervención en el presente trámite
constitucional y por tal razón deberá continuar vinculada en calidad de parte
accionada.

4. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Consejo de Estado, Sección
Primera en declarar improcedente la presente acción por no estar acreditado el
requisito de la relevancia constitucional por entender la tutela como una instancia
adicional.

De encontrar superado este requisito y los demás requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, corresponderá a esta Sección
determinar si la decisión del 23 de mayo de 2025 proferida en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-012-2022-00041-00-01 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A incurrió en defecto
fáctico en los términos propuestos por la parte actora.

5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

7

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Demandante: Martha Marín Villanueva

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores6.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.

Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una tercera instancia para reabrir
el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se cumpla con una carga
argumentativa suficiente, entre otras condiciones.

Para verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional, al juez le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso
en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito
de tutela son iguales o semejantes. Justamente, la Sala encuentra que la
acción constitucional se está empleando como una tercera instancia, en tanto
que los argumentos desarrollados en el escrito de tutela ya fueron objeto de
debate ante el juez natural.

A juicio de la Sala, el asunto supera el requisito de la relevancia constitucional,
porque:
(i) En la solicitud de amparo se exponen los motivos por los que la tutelante
considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, al considerar que la decisión
de cierre del proceso que promovió, tendiente a obtener el
reconocimiento de la pensión por aportes incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria.
(ii) La controversia constitucional compromete el núcleo esencial de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la

6
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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Demandante: Martha Marín Villanueva

administración de justicia, y a los de seguridad social y mínimo vital,
como quiera que, el tiempo de servicios y/ o semanas de cotización que
se discuten en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho tiene una incidencia directa en el derecho pensional de la
actora, lo que reviste una indudable importancia constitucional.
La Corte Constitucional7 se ha pronunciado sobre la relevancia
constitucional en casos relacionados con derechos pensionales. A
modo de ejemplo, en la sentencia T-422 de 2011 precisó que «el derecho
al reconocimiento de la pensión de jubilación es un asunto de relevancia constitucional
por estar radicado en personas de la tercera edad; la privación de este derecho puede
afectar el derecho al mínimo vital de este grupo de ciudadanos, y la procedibilidad
para ser reclamado por vía de tutela se da cuando convergen otras circunstancias que
complican la existencia digna del sujeto, tales como padecimientos de salud, carencia
de otros recursos para subsistir, e indefinición del marco normativo en que se
encuentra el afectado; el reconocimiento extemporáneo del derecho con base en esta
última circunstancia puede convergir en la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
el juez de tutela está llamado a evitar mediante la utilización de la acción como
mecanismo transitorio».
(iii) La discusión planteada por la tutelante es constitucional y no netamente
legal o económica, comoquiera que concierne a la presunta afectación
de garantías superiores de las que son titulares los ciudadanos que
pretenden el reconocimiento de la pensión de jubilación por sus
servicios en la docencia oficial.
(iv) Si bien la decisión judicial cuestionada, confirmó la que negó las
pretensiones en primera instancia, y podría pensarse en la reiteración
de argumentos ante el juez constitucional, advierte la Sala que en la
tutela se cuestionan las razones que le asistieron al tribunal en segunda
instancia, para dar un alcance equivocado al recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y a una indebida
valoración de los medios de prueba que, en sentir de la actora,
permitían acreditar el requisito de tiempos de servicio exigido por la Ley
71 de 1988; de allí que se encuentra justificada la intervención del juez
de tutela en la medida que, involucra derechos de rango fundamental
tales como el derecho al mínimo vital, a la dignidad humana y a la
seguridad social.

En tal virtud, se procederá a verificar el cumplimiento de los demás requisitos
de procedencia de tutela contra providencia judicial y, de estar acreditados,
pasará la Sala al estudio del defecto fáctico propuesto por la señora Martha
Marín Villanueva.

5.2. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción se
encuentran satisfechos por las siguientes razones:
(i) La controversia alude a la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la señora Martha Marín Villanueva, con ocasión de la
providencia judicial del 23 de mayo de 2025 que decidió en segunda
instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
relacionado con la negativa al reconocimiento pensional de la docente
por encontrar que no cumplía con el tiempo de servicios (20 años
laborados).
(ii) La parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y
se advierte que frente al caso no proceden los recursos extraordinarios;

7
Sentencia SU-062 de 2023.

9

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(iii) Se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
cuestionada, pues la sentencia fue emitida el 23 de mayo de 2025, fue
notificada por correo electrónico a las partes el 20 de junio de 2025 y la
acción de tutela se presentó el 24 de noviembre de 2025 por lo que se
encuentra dentro del lapso considerado como razonable;
(iv) No se trata de una tutela contra sentencia de tutela,
(v) Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración
y los derechos afectados.

6. Análisis del defecto fáctico en el caso concreto

6.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto8.

Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.

La Corte Constitucional9 ha precisado que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios que tiene dos dimensiones:

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso9; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión 10; o (iii) no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo11.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión 12;
o (v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia12.
La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión13.
En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia14. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
12
Ibidem.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios 15.

6.2. En el caso propuesto se observa que no hay controversia en relación con la
norma aplicable al caso de la accionante a efectos del reconocimiento de su
pensión, esto es, La Ley 71 de 1988 que contempla la pensión por aportes y
que es aplicable a la actora en su condición de docente al haberse vinculado
con anterioridad a la Ley 812 de 2003, así como tampoco se discuten los
tiempos que laboró como docente vinculada a través de contratos de
prestación de servicios (desde el 1º de febrero de 2002 al 30 de septiembre de
2005) pues fueron tenidos en cuenta como tiempos computables por parte de
la autoridad judicial accionada.

El punto central estuvo en el incumplimiento del requisito de tiempo de servicio
para acceder a la pretendida prestación, que para el caso concreto es de 20
años de servicio.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A en la
providencia del 23 de mayo de 2025 hizo las siguientes consideraciones al
momento de resolver el problema jurídico:
«5.6.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico aplicable
50. La demandante, señora Martha Marín Villanueva, pretende la nulidad del acto
administrativo contenido en la Resolución No 00607 de 1 de febrero de 2022, mediante la
cual, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – D.E.I.P. de Barranquilla, le negó el reconocimiento y pago de una pensión por
aportes al no haber acreditado el requisito concerniente al tiempo de servicio exigido para
devengar la prestación deprecada.
51. En la sentencia de primer grado, el a quo negó las pretensiones de la demanda, es decir,
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, precisando que el tiempo
laborado por la demandante como docente mediante contratos de prestación de servicios en
favor del Municipio de Malambo Atlántico era perfectamente computable para determinar el
derecho pensional, i) que en ese orden, la parte actora había surtido vinculación en calidad
de docente con antelación al año 2003 y por consiguiente, con antelación a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por ende, al pretenderse la acumulación de tiempos servidos
en el sector privado y en el sector oficial, la situación debía ser examinada a la luz de lo
contemplado en la Ley 71 de 1988 que consagra la pensión por aportes, ii) según dicha
normativa, se requiere acreditar los siguientes presupuestos para acreditar el derecho
pensional: (a) 60 años de edad si es hombre o 55 si es mujer. (b) Haber realizado 20 años de
cotizaciones o aportes al Instituto de Seguros Sociales y a una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. (c) Las cotizaciones o aportes pueden ser continuos o
discontinuos en el tiempo. (d) Los aportes pueden realizarse en cualquier tiempo. iv) concluyó
que la demandante no había acreditado el requisito concerniente al tiempo de servicio por lo
que no existía derecho al reconocimiento pensional, denegando así las pretensiones de la
demanda.
52. La anterior decisión judicial fue objeto de impugnación por parte de la señora Martha Marín
Villanueva, solo en punto al cumplimiento del requisito del tiempo de servicio, exponiendo
que, se encuentra activa prestando sus servicios en calidad de docente, por ende, de
contabilizarse los tiempos de servicios hasta la fecha de presentación del recurso de
apelación, la conclusión sería que cumple los requisitos para acceder al derecho pensional,
por lo tanto, esta corporación, en virtud de los principios de congruencia y acorde con lo
previsto en el primer inciso del artículo 328 del Código General del Proceso, solamente habrá
de pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la apelante.
53. Dicho lo anterior, el presente caso se distingue por determinar el cumplimiento o no del
requisito del tiempo de servicio contemplado en la norma Ley 71 de 1988 para acceder al
derecho pensional – 20 años- el cual puede ser completado con labores desempeñadas tanto
en el sector privado como en el oficial, así como las cotizaciones realizadas en distintas
administradoras de pensiones.

15
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

11

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54. De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que, la demandante nació 9 de
enero de 1962, es decir, los 55 años de edad de que trata la norma los cumplió en el año
2017 el mismo día y mes.
55. En lo que respecta al tiempo de servicio laborado, se tiene que, entre los años 1988 al
1995 estuvo afiliada al ISS hoy COLPENSIONES, según reporte de semanas cotizadas,
aportes a pensión derivados de sus vinculaciones laborales con empleadores particulares
como: CTRO CIAL MIGUEL A BUILES, CENTR DE EDUCACION MEDIA MIGUEL AB y
LICEO MIXTO DE LA COSTA para un total de 269.43 semanas de cotización, de las cuales,
15 semanas corresponden al periodo cotizado a instituciones educativas, esto es, por el
periodo enero de 1995 y junio a septiembre de 1995, tal como consta en el reporte emitido
por Colpensiones.
56. La accionante se vinculó mediante relación contractual como docente en la Institución
Educativa Técnica Comercial Alberto Pumarejo de Malambo en el área de lenguas modernas,
en tiempo completo, mediante orden de prestación de servicio durante el periodo
comprendido entre el primero (1) de febrero de 2002 hasta el treinta (30) de septiembre de
2005, que corresponden aproximadamente a 3 años, 7 meses.
57. Acreditó además haber ingresado a la planta de docentes del Distrito de Barranquilla en
periodo de prueba desde el 7 de diciembre de 2007, con efectos fiscales a partir del 21 de
enero de 2008 hasta el 23 de abril de 2009 y en propiedad desde el 24 de abril de 2009
encontrándose activa al 17 de junio de 2022, según certificado de historia laboral aportado
por la demandada con el escrito de contestación de demanda, que corresponden
aproximadamente a 14 años y 5 meses.
58. Ahora bien, el Tribunal aclara que, el examen de legalidad del acto demandado debe
realizarse acorde con los hechos que se encontraban probados a la fecha de su expedición,
es decir, el momento en el que la administración estableció que, la parte demandante no
reunía los requisitos para acceder al derecho pensional, pues resultaría absolutamente
desproporcional que hubiere realizado un estudio con base en aspectos que le resultaban
imposible corroborar en dicho estadio.
59. En ese orden de ideas, la sentencia de primer grado debe ser confirmada, precisamente
porque para la data en la que la demandante presentó la solicitud de reconocimiento y pago
del derecho pensional y la prestación fue estudiada, no cumplía con los requisitos
establecidos en la Ley para su disfrute, en particular, el del tiempo de servicio, momento en
el que acumulaba menos de 20 años de servicios.
60. Así las cosas, aun tratándose de hechos sobrevivientes, no encuentra procedente el
Tribunal anular el acto administrativo demandando bajo el argumento de que la actora cumplió
los requisitos pensionales en el trascurso del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, tal como lo pretende la impugnante, pues se trata de elementos, de aspectos que la
administración no pudo tener en consideración a efectos de decidir la petición pensional de la
demandante. Además, si bien la demandante manifiesta que a la fecha se encuentra activa
como docente, más allá del certificado de historia laboral de fecha 17 de junio de 2022, que
fue aportado por la demandada con el escrito de contestación de demanda, no existe
documental que acredite su dicho, aclarándose que, inclusive con el cómputo del tiempo
reportado en dicho certificado no es suficiente para colmar los requisitos para acceder al
disfrute del derecho pensional reclamado, tal como lo concluyó la juez de primer grado».

6.3. De la anterior transcripción se evidencia que el Tribunal interpretó el recurso
de apelación de manera indebida, pues sostuvo que lo que pretendía la actora
era que fueran tenidos en cuenta tiempos de servicio hasta la fecha de
presentación del recurso de apelación al estar en servicio activo, afirmación
que no es del todo acertada, pues de la revisión del recurso de alzada se
evidencia que los fundamentos que presentó la accionante no solo atendieron
a manifestar que continuaba laborando en el servicio educativo y que su
principal intención era que se tuvieran en cuenta tiempos que el certificado no
generó a la fecha en fue expedido, pues de nuevo presenta al Tribunal los
tiempos laborados como docente que se allegaron al expediente desde el
inicio del proceso a efectos de que fueran debidamente contabilizados y se
revisara el cumplimiento del requisito de tiempo de servicio que extrañó el
juzgado en primera instancia.

6.4. Como lo advirtió la tutelante, la autoridad judicial accionada no hizo una
adecuada valoración de los elementos de prueba aportados al expediente

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ordinario, pues si bien los relaciona en el acápite de pruebas y los referencia
en la fundamentación de la decisión, sostuvo que:
(i) Entre los años 1988 a 1995 estuvo afiliada al ISS hoy Colpensiones y cotizó
unas semanas con empleadores particulares acumulando un total de 269,3
semanas de cotización «de las cuales, 15 semanas corresponden al periodo cotizado
a instituciones educativas, esto es, por el periodo enero de 1995 y junio a septiembre
de 1995, tal como consta en el reporte emitido por Colpensiones» aspecto que
sugiere que esos eran los tiempos a tener en cuenta por ser laborados en el
sector educativo, lo que desde ya se advierte, es inexacto, pues el derecho a
la pensión pretendido por la actora lo era conforme con la Ley 71 de 1988 esto
es, la pensión por aportes que permite el cómputo de tiempos tanto públicos
como privados a efectos del respectivo reconocimiento

(ii) Consideró el tiempo de servicio docente mediante relación contractual al
servicio del municipio de Malambo, Atlántico por el periodo comprendido entre
el 1º de febrero de 2002 al 30 de septiembre de 2005 que dijo, correspondían
aproximadamente a 3 años y 7 meses.

(iii) Reconoció el lapso laborado como docente en la planta de docentes del distrito
de Barranquilla con efectos fiscales desde el 21 enero de 2008 encontrándose
activa al 17 de junio de 2022 según el certificado de historia laboral que, para
el Tribunal correspondían aproximadamente a 14 años y 5 meses.

6.5. Sin embargo, en el expediente ordinario se evidencian los medios de prueba,
que a juicio de la accionante, fueron indebidamente valoradas, al momento de
verificar el cumplimiento del requisito de tiempo de servicios, para ser
acreedora a la pensión por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, consistente
en las siguientes certificaciones:

(i) La primera, certificó su vinculación como docente a través de contratos
de prestación de servicios desde el 1º de febrero de 2002 al 30 de
septiembre de 2005:

13

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(ii) La segunda, corresponde a su vinculación en la planta docente de la
Secretaría de Educación de Barranquilla en la que se lee que fue
vinculado desde el 21 de enero de 2008 sin fecha de finalización y cuya
fecha de expedición es del 20 de febrero de 2020:

14

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(iii) La tercera, correspondiente al tiempo que laboró en el sector privado y
cuyos aportes se ven reflejados en la historia laboral reportada por la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones que evidencia
aportes realizados desde el 7 de abril de 1988 al 31 de octubre de
1995:

Y si bien el Tribunal accionado se refirió a los certificados que anteceden, lo
cierto es que no hizo una adecuada valoración de dicha prueba documental,
pues partió de aproximaciones en la contabilización de los años, pero sin
establecer de manera detallada y concreta la totalidad de los tiempos
laborados, a efectos de verificar si a la señora Martha Marín Villanueva le
asistía o no el derecho a la pensión de jubilación por aportes cuyos tiempos
soportó con cada una de las certificaciones.

En síntesis, de la revisión a las pruebas relevantes para verificar si se cumplía
o no con el tiempo de servicios, se encuentran los siguientes períodos
debidamente certificados:

15

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Entidad Tiempo acreditado

Municipio de Malambo (vinculación Del 1/02/2002 al 30/09/2005
docente a través de contratos de
3 años, 7 meses, 29 días
prestación de servicios)

Secretaría Distrital de Educación de Del 21/01/2008 vinculada a la fecha de expedición
Barranquilla de la certificación el 20/02/2020
12 años, 1 mes y 29 días

Tiempos laborados en el sector CTRO CIAL MIGUEL A B:
privado reportados por
Del 07/04/1988 al 30/11/1988
Colpensiones
Del 29/03/1989 al 30/11/1989
Del 08/03/1990 al 30/11/1990
Del 02/04/1991 al 25/11/1991
Del 26/02/1992 al 24/11/1992
Del 09/03-1993 al 30/09/1993
Del 24/02/1994 al 31/12/1994
CENT DE EDUCACION ME:
Del 01/01/1995 AL 31/01/1995
LICEO MIXTO DE LA CO:
Del 01/06/1995 al 30/09/1995
Del 01/10/1995 al 31/10/1995

269,43 semanas
Equivalen a 5,16 años16

Lo anterior, da cuenta del cumplimiento del requisito de tiempo de servicios
exigido para el reconocimiento pensional acreditados tanto en el sector
público como en el sector privado, que permiten ser computados
indistintamente, a efectos de poder obtener la pensión por aportes a la que se
refiere la Ley 71 de 1988.

El Consejo de Estado17 en un caso en que se analizó la posibilidad de que una
docente tuviera derecho a la pensión por aportes referida en la mencionada
Ley 71 de 1988, indicó que era posible la acumulación de tiempos de servicio
públicos y privados de la siguiente manera:
«5. Análisis sustancial
[…]
En el presente caso se encuentra acreditado que la accionante se desempeñó de manera
interrumpida en el sector privado y en el sector público como docente así:
[…]
Precisado lo anterior, se tiene entonces que, como la vinculación de la demandante al servicio
docente se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y perduró
inclusive hasta la presentación de la demanda, le resulta aplicable el régimen especial
contenido en la Ley 91 de 1989 para los docentes oficiales, razón por la cual, su derecho
pensional ha de regirse por las disposiciones legales aplicables a los pensionados del sector
público nacional anterior a la Ley 100 de 1993, entre las cuales se encuentra la Ley 71 de
1988 que contempló la pensión de jubilación por sumatoria de aportes.
Ahora bien, respecto del ingreso base de liquidación, esta Sala de Subsección 18 en referencia
a la liquidación de la pensión de jubilación docente por aportes, ha precisado lo siguiente:

16
En Colpensiones un año laboral equivale a 52.14 semanas de modo que 269,43 semanas divididas en 52,14 semanas
arroja un resultado de 5,16 años.
17
Sentencia del 2 de junio de 2022 de la Sección Segunda, Subsección A, expediente 25000-23-42-000-2019-00143-01.
Ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Magistrado ponente: William Hernández Gómez, Sentencia del 18
de febrero de 2021. Radicación 25000 -23- 42-000-2013-06853-01(4391-14).

16

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“Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes oficiales con
acumulación de aportes en el sector privado, que solicitan el reconocimiento o reliquidación
de su pensión de jubilación no modifica la posición adoptada por esta Corporación mediante
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, pues es en cuanto al caso de marras que
en esta oportunidad nos remitimos a la mentada norma que complementa el régimen de
pensiones, en el sentido que ésta permite el cómputo de las cotizaciones efectuadas por el
trabajador cuando aquel hubiese laborado en entidades de orden público y privado con el
propósito de acceder a dicho beneficio pensional. Lo anterior, en observancia de los requisitos
de edad, tiempo y monto pensional previstos en la Ley 33 de 1985, como en efecto se
consideró en la mentada providencia. […]».

En el mismo sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación19 se refirió a la procedencia del reconocimiento de la pensión por
aportes contemplada en la citada Ley 71 de 1988 al personal docente, de la
siguiente manera:
«34. En consecuencia, se puede establecer que el régimen jurídico aplicable a los docentes
oficiales para el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, vinculados con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de expedición de la Ley 812 de 2002, es el dispuesto
en la Ley 33 de 1985, siempre y cuando acrediten con el cumplimiento de los requisitos vistos
con anterioridad.
35. Para los eventos en que los docentes no hayan servido al Estado durante toda su vida
laboral sino que hayan prestado sus servicios en entidades públicas y privadas, cotizando para
pensión al Instituto de Seguros Sociales (ISS)13, hoy COLPENSIONES, durante el periodo
laborado en el sector privado, la Ley 71 de 1988 «por la cual se expiden normas sobre
pensiones y se dictan otras disposiciones», estableció la pensión por aportes y en su artículo
7º indica:
“ARTICULO 7o. A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una
o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años
de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional
reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y
determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas».
[…]

En providencia más reciente, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado20 igualmente se pronunció en la misma línea, veamos:
«Bajo este contexto, encuentra la Sala que para los casos de docentes con acumulación de
aportes al ISS al igual que al FNPSM como es el de la parte activa, la regla jurisprudencial de
la sentencia de unificación relativa al régimen pensional aplicable a tales servidores,
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sería la Ley 71 de 1988.
Esta última para permitir el cómputo de los tiempos cotizados ante la actual Administradora
Colombiana de Pensiones y a la vez al aludido fondo, esto a fin de acceder al reconocimiento
de la pensión de jubilación. La aludida Ley 71 de 1988 previó para el referido efecto en su
artículo 11 una integración normativa en materia pensional para los empleados del sector
público y privado que se hicieran titulares de dicha prestación, a saber:
[…]
Por lo expuesto, la aplicación de la Ley 71 de 1988 en los asuntos de docentes oficiales con
acumulación de aportes en el sector privado o como contratistas independientes en su
momento, que solicitan el reconocimiento o reliquidación de su pensión de jubilación, no
modifica la posición adoptada por esta Alta Corte mediante la sentencia de unificación del 25
de abril de 2019. Para el caso de marras resulta necesario entonces remitirse a la mentada
norma que complementa el régimen de pensiones, en el sentido de que esta permite el
cómputo de las cotizaciones efectuadas por el trabajador cuando aquel hubiese laborado en
entidades de orden público y privado con el propósito de acceder a dicho beneficio pensional».

19
Sentencia del 28 de enero de 2021. Expediente 76001-23-33-000-2013-00942-01. Ponencia de la magistrada Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
20
Sentencia del 19 de enero de 2023. Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01. Ponencia del magistrado William
Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07430-01
Demandante: Martha Marín Villanueva

Por su parte la Corte Constitucional21 se refirió a la pensión por aportes en los
siguientes términos:
«5.4. Respecto al régimen de jubilación contenido en la Ley 71 de 1988, esta corporación en
sentencia C-623 de 1998, M. P. Hernando Herrera Vergara, estudio la constitucionalidad de
su artículo 7°, precisando que dicha disposición:
“… consagra la denominada pensión de jubilación por acumulación de aportes, es decir,
aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector público y privado. Así
pues, a partir de esta normatividad, los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón, y 20 años de aportes
sufragados en cualquier tiempo en una o varias entidades de previsión social o de las que
hagan sus veces, con los efectuados ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación
jubilatoria mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación
contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria.”
En la misma providencia se planteó la hipótesis de la pensión regulada por el artículo 7° de la
Ley 71 de 1988, de la siguiente manera:
“… ‘es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para ‘los
empleados oficiales y trabajadores’ el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de
edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante
20 años a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los
regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de
jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo
servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las
cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de
previsión social oficial o al ISS"».

De acuerdo con lo anterior, resulta clara la posibilidad de acumular tiempos
públicos y privados, para el reconocimiento de la pensión por aportes, por lo
que la Sala concluye que se incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria lo que incide de manera directa en el derecho pensional
de la accionante y por ende en la afectación de derechos fundamentales como
se advirtió en precedencia.

Por lo anterior, se ampararán los derechos al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la señora Martha Marín Villanueva y en
consecuencia se dejará sin efectos la sentencia del 23 de mayo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A
para que dicha autoridad judicial profiera una nueva decisión dentro de los 20
días siguientes a la notificación de la presente providencia en la que tenga en
cuenta las consideraciones hechas en esta sentencia.

7. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera
instancia del 22 de enero de 2026 proferida por la Sección Primera de esta
Corporación que declaró improcedente la acción de tutela al no cumplirse con el
requisito de procedencia de la relevancia constitucional y en su lugar amparará los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la actora al encontrar configurado el defecto fáctico propuesto contra la
sentencia del 23 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

21
Sentencia T 105 de 2012. Magistrado ponente Nilson Pinilla Pinilla.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07430-01
Demandante: Martha Marín Villanueva

FALLA

1. REVOCAR el fallo del 22 de enero de 2026 proferido por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia para, en su lugar AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Martha Marín
Villanueva, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 23 de mayo de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A,
y, ORDENAR a la citada autoridad judicial que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia
de reemplazo en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas
en esta providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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