Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07435-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07435-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07435-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-07435-011
Accionante : Diana Lorena Osorio Morales
Accionado : Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional, municipio de
Armenia y Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Armenia
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia, diferencias salariales en escalafón
docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra el fallo de
11 de diciembre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Quinta2, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
La señora Diana Lorena Osorio Morales, quien actúa a través de apoderada judicial,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión.
1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-01
Accionante: Diana Lorena Osorio Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
confirmó la providencia de 4 de diciembre de 2024, en la que el Juzgado Tercero
(3°) Administrativo de Armenia negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Armenia (expediente 63001-33-33-003-2024-
00213-01). En su lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir una
nueva decisión «[…] con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y,
analizando de manera concreta [su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados
en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados ».
1.3 Hechos3.
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la
accionante, se puede evidenciar que, instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional
y el municipio de Armenia (expediente 63001-33-33-003-2024-00213-01),
encaminada a obtener la anulación de los oficios ARM2024EE005706 y 2024-EE-
059093 del 28 de febrero y 3 de abril del 2024, respectivamente; a través de los
cuales se le negó el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue
decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para el grado en
el escalafón docente 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento del
44.89%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008,
proferidos por el Ministerio de Educación Nacional, mientras que el incremento
efectuando a la categoría del escalafón 3CM fue del 32.71% en su salario para el
mismo año.
Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de
Armenia que, el 4 de diciembre de 2024 negó las pretensiones, al estimar que, no
se desconoció el derecho a la igualdad, pues, un docente ubicado en determinado
grado de escalafón tiene unas condiciones de experiencia y formación distintas a
las de uno que se encuentra ubicado en otro.
Inconforme con esa decisión, la accionante interpuso recurso de apelación,
desatado el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Cuarta de Decisión, en el sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] basa
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
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Accionante: Diana Lorena Osorio Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
su argumento referido a que no se justificó el incremento porcentual salarial diferente a cada
escalafón con base en un cálculo matemático, estableciendo los porcentajes diferentes de
incremento salarial. Sin embargo, el Órgano de Cierre de la Jurisdicción Constitucional, en sentencia
C-408 del 24 de noviembre del 20214, […] señaló que los análisis de igualación matemática entre
remuneraciones no tienen cabida, atendiendo a que, es relevante tener en cuenta las diferencias
fácticas de cada servidor, las cuales en el presente caso sí son apreciables, como lo son la formación
y la experiencia requerida para ocupar uno u otro escalafón».
Sobre la precedente situación, la actora expone que la providencia objeto de
censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, « […] realiza una
interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y
legales aplicables al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4
de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002 »; (ii) defecto fáctico, porque, «[…] desestimó las
pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta justificación relac ionada con la
corrección de una brecha salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada
en los decretos que ordenaron los incrementos cuestionados, ya que dichos actos administrativos
no aludieron en forma alguna a tal situación […]»; y (iii) desconocimiento del precedente,
al omitir «[…] aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar la igualdad
sustancial en la fijación de incrementos salariales ».
1.4 Contestaciones de la acción.
1.4.1 El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión5 pidió
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia por no satisfacer el
requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, puesto que, «[…] de un lado,
[…] se trata de un tema eminentemente legal y de contenido económico, por cuanto lo perseguido
por la accionante es que se reconozcan unas diferencias salariales y prestacionales a partir de
equiparar las condiciones de dos grados del escalafón docente que son diferentes (3CM respecto
del 3DM) y del otro, no se prueba siquiera sumariamente la presunta vulneración de los derechos
[…] [invocados] en tanto los reproches esgrimidos […] no se fundan en causa distinta a la negativa
de las pretensiones ventiladas y resueltas al interior del proceso ordinario con radicación No. 63-001-
3333-003-2024-00213-01».
1.4.2 La Nación - Ministerio de Educación Nacional6 deprecó su desvinculación
del presente trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva,
4
Corte Constitucional, sentencia C-408 del 24 de noviembre del 2021, MP: Cristina Pardo Schlesinger: “La Corte
Constitucional ha señalado que con este mandato “no se trata de instituir una equiparación o igualación matemática y
ciega, que disponga exactamente lo mismo para todos, sin importar las diferencias fácticas entre las situaciones
jurídicas objeto de consideración. Estas, por el contrario, según su magnitud y características, ameritan distinciones
y grados en el trato, así como disposiciones variables y adaptadas a las circunstancias específicas, sin que por el
sólo hecho de tal diversidad se vulnere el postulado de la igualdad ni se desconozcan los mandatos
constitucionales.” (Resaltado fuera de texto).
5
Índice 00009 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.
3
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Accionante: Diana Lorena Osorio Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
por cuanto «[…] la controversia planteada […] recae sobre una decisión adoptada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO», frente a lo cual no tiene injerencia alguna.
1.4.3 El Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Armenia7 adujo que, «[l]o que
realmente subyace en la presente acción de tutela es una simple inconformidad de la demandante
con el criterio judicial adoptado tanto en primera como en segunda instancia, [pues] no está de
acuerdo con la valoración jurídica que realizaron ambos jueces sobre la constitucionalidad y legalidad
de los incrementos salariales diferenciados, pero [no por] esto no configura una vulneración de
derechos fundamentales que amerite la excepcional intervención del juez constitucional ».
1.4.4 El municipio de Armenia guardó silencio en la oportunidad prevista para el
efecto.
1.5 Providencia impugnada8.
Mediante sentencia de 11 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Quinta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que
no satisface el presupuesto de la relevancia constitucional, comoquiera que, «[…]
los reproches planteados por la parte actora reflejan una mera inconformidad con lo decidido por el
tribunal accionado, por concluir que no existió vulneración al derecho a la igualdad, por tratarse de
sujetos en condiciones disímiles, de lo cual no se deriva una verdadera cuestión iusfundamental que
justifique la intromisión del juez de tutela».
1.6 La impugnación9.
Inconforme con esa determinación, la demandante la impugnó, para lo cual, reiteró
los argumentos expuestos en su escrito inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201913 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
7
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00021 del expediente de Samai de primera instancia.
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
4
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2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Legitimación en la causa por pasiva
El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en el escrito de intervención solicitó
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
profirió la providencia cuestionada.
Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad
de tercero con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso contencioso
en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción,
por lo que, se negará su solicitud.
2.4 Problema Jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 29
de mayo de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Cuarta de Decisión confirmó la providencia de 4 de diciembre de 2024, en la que el
Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Armenia negó las pretensiones formuladas
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la tutelante
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-01
Accionante: Diana Lorena Osorio Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Armenia
(expediente 63001-33-33-003-2024-00213-01); y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de
amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
6
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identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07435-01
Accionante: Diana Lorena Osorio Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos16.
2.6 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio de la
actora, en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada
con la fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii)
14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la
providencia atacada quedó ejecutoriada el 9 de junio de 202517 y la solicitud de
amparo se presentó el 24 de noviembre siguiente, es decir, dentro de los 6 meses;
y (v) la sentencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, comoquiera que, pese a que la actora alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y valoración
probatoria relacionada con el incremento salarial del escalafón docente, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial18, resulta procedente
analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, comoquiera que, pese a que la actora alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y valoración
probatoria relacionada con el incremento salarial del escalafón docente, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial19, resulta procedente
analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.
17
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.
18
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
19
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
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2.6.1 Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional20 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 21.
2.6.2 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »22.
La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello.
Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo que alude a
aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en
que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material
probatorio que lo demuestra23.
20
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
21
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
23
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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2.7 Análisis del caso concreto.
En el asunto sub examine, la demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del
escalafón docente.
Asimismo, en defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] » y, aun así, «[…]
desestimó las pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta justificación relacionada
con la corrección de una brecha salarial […] ».
Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,
sostuvo:
Ciertamente se constata que contrario a los sostenido por el apelante, en la sentencia
de primera instancia se efectuó un análisis completo e integral sobre la afirmada
vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto a la justificación de la administración
en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para la fijación de los incrementos
salariales de los años 2008, 2009 y 2011, de manera disímil a los años 2005 a 2007 y
2012 en adelante.
Lo afirmado encuentra sustento en que en la sentencia apelada, luego de un análisis
amplio del régimen especial del escalafón docente regulado en la Ley 2277 de 1979, el
Estatuto que desarrolló esa materia dispuesto en el Decreto 1278 de 2002, aplicable a
partir del 02 de junio de ese año, emprendió un análisis de la política pública
implementada para el sector docente mediante los Decretos expedidos por el Ministerio
de Educación Nacional 624, 714 y 1407 de 2008 y 702 y 1238 de 2009, enfatizando en
lo regulado en cada uno de ellos en cuanto a título, grado de escalafón, el nivel salarial
y la asignación básica respectiva.
Enseguida efectuó un examen de la vulneración del derecho a la igualdad frente a la
escala salarial del escalafón docente, apoyándose en la metodología vertida en la
sentencia C-078 del 15 de febrero 2012 de la Corte constitucional, en la que se analizó
la inconstitucionalidad del numeral 2 del art. 36 del Decreto Ley 1278 de 2002, “Por el
cual se expide el Estatuto de profesionalización Docente” sosteniendo que en desarrollo
del principio de igualdad, corresponde al Legislador deparar el mismo trato jurídico a
todas aquellas situaciones que puedan compararse y, efectuar las respectivas
diferenciaciones, ante situaciones fácticas disímiles, sin que un tratamiento legislativo
distinto pueda significar la violación del principio de igualdad, siempre y cuando sea
objetivo y razonable.
[…]
Siguiendo la metodología de la Corte Constitucional sobre el test de igualdad, el A quo
sostuvo que no puede equipararse un nivel salarial con otro, pudiendo darse un trato
diferenciado, con base en los criterios previstos en la misma normatividad tendiente a
estimular la profesionalización y excelencia de quienes hacen parte del magisterio, de
modo tal que en los casos examinados, no se desconoce el derecho a la igualdad, en
razón a que un docente ubicado en determinado grado de escalafón, tiene unas
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condiciones de experiencia y formación distintas a las de un docente que se encuentre
situado en otra, siendo congruente la diferencia salarial de acuerdo a su nivel de
escalafón, en tanto las variables de la escala salarial se encuentra justificada por el
Legislador en criterios como la formación profesional del docente, significando con ello
que las asignaciones salariales no se erigen caprichosas, ni arbitrarias y por ende, no
desconocen los derechos laborales de los docentes entre uno y otro grado, resaltando
que en los aumentos decretados en los años 2008, 2009 y 2011, se respetó el mínimo
que la jurisprudencia ha considerado como básico para mantener el poder adquisitivo
de los funcionarios y empleados públicos, esto es, el porcentaje de pérdida del poder
adquisitivo o inflación y, de allí en adelante se atendió, siguiendo el art.19 del Decreto
1278 de 2002 sobre el sistema nacional de clasificación de los educadores, a los
factores de formación, capacitación y experiencia para aumentar los salarios de los
docentes, que sirvieron como parámetro para los subsiguientes aumentos salariales.
Se precisa que este Tribunal comparte las consideraciones de la sentencia de instancia
para concluir la inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad, en tanto la Corte
Constitucional ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato
diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium comparationis) consiste en
determinar si el criterio de diferenciación utilizado observó el principio de igualdad (art.
13 C.P), por ende, “Esta concepción supone que el establecimiento de algunos tratos
diversos es posible. El análisis constitucional de la situación desigual reprochada exige
la identificación de los siguientes presupuestos: i) los términos de comparación, es decir,
las personas, elementos, hechos o situaciones que efectivamente son comparables;
y, ii) respecto a los cuales se establece un trato desigual”24. (Negrillas fuera de texto
original).
Así entonces, es claro que, como se sostuvo en el fallo recurrido, la situación
reprochada como desigual, no cumple las primeras exigencias de comparación, si se
verifica que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en condiciones
diferentes, así sean ambos docentes profesionales, son servidores a los que se les
exige distinta cualificación, evaluación y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez
de la existencia de tratos diversos a diferentes sujetos 25. Además, la demandante
pretende equiparar el nivel salarial C con maestría con el D con maestría, sin tener en
cuenta que uno y otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento de
la reglamentación distinta, en tanto el educador profesional con maestría que está en el
Nivel Salarial C tenía una remuneración visiblemente menor al de mayor trayectoria y
que ha seguido ascendiendo en los niveles salariales, razón por la cual, no son dos
situaciones comparables de uno y otro servidor.
Por tanto, la reglamentación objeto de reproche, permite identificar una base salarial
acorde con la realidad de cada servidor docente, a fin de que los aumentos salariales
que en lo sucesivo hiciese el Gobierno Nacional no permitan generar una brecha notable
entre remuneraciones de docentes, sin que se desconozca que el docente con mayor
grado y nivel seguirá percibiendo una mejor remuneración salarial.
De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por la tutelante, la autoridad
demandada sí aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2022, distinto es que
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
24
Corte Constitucional, sentencia C-084 del 27 de febrero del 2020. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad: 25000-23-42-000-2013-01319-
01 (2828-2018), del 25 de agosto de 2022. “Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la
estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos;
y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que
responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos».”
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para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.
Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio
fijado por esta subsección en un asunto de miliares contornos26, según el cual, «[…]
El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional propio del juicio
de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al
desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de
un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia
constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la
aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima
facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos ». (Énfasis propio).
Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento de la tutelante
con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió la
providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial
alegada, pues, la autoridad accionada, además de todo lo mencionado en
precedencia, advirtió que, «[l]a justificación para fijar las […] escales salariales por parte del
gobierno nacional que echa de menos […], la otorga el mismo escalafón docente establecido en el
Decreto 1278 de 2002 y los artículos 2º y 3º de la Ley 4ª de 1992 que permiten el establecimiento
de rangos de remuneración para los educadores, atendiendo al nivel de los cargos, naturaleza de
las funciones, responsabilidades y calidades, tal y como preceptúa el artículo 46 del Decreto 1278
de 2002».
Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de
Decisión ya había resuelto con suficiente motivación la inconformidad planteada por
la tutelante en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 4 de diciembre
de 2024, en el que el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Armenia negó las
pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Armenia (expediente 63001-33-33-003-2024-00213-01), la cual reiteró en esta
acción de tutela (para lo cual invocó las causales de defecto sustantivo, defecto
26
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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fáctico y desconocimiento del precedente), lo que denota que su intención, más allá
de manifestar la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar
este mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de
obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados por
la accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente
fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con la postura
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
La Sala considera que, en el presente asunto la parte actora no acreditó que la
providencia cuestionada haya incurrido en las causales especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial invocadas (defecto sustantivo y
defecto fáctico), por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo
deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, conforme a la motivación.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta que declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial
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Accionante: Diana Lorena Osorio Morales
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión
efectiva invocados por la señora Diana Lorena Osorio Morales, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Quinta de esta
Corporación y remitir copia.
QUINTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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