Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07436-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07436-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07436-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, DC, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07436-00
Demandante: Jairo Augusto Murcia Archila
Demandado: Sanitas EPS y otro
Temas: Tutela contra entidad promotora de salud. Autorización de
servicios médicos.
Decisión: Concede parcialmente el amparo
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Jairo
Augusto Murcia Archila contra el Sanitas EPS y otro.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 24 de noviembre de 2025, Jairo Augusto Murcia Archila interpuso una
acción de tutela contra Sanitas EPS y Clínica Mar del Caribe, tras considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y salud.
Señaló que la EPS no autorizó las citas médicas de ortopedia, traumatología,
psiquiatría y neurología entre el 10 y el 19 de noviembre de 2025.
2. Como medida de amparo, solicitó ordenar su hospitalización y el traslado
urgente a una institución de cuarto nivel de complejidad que contara con las
especialidades de neurocirugía y manejo avanzado del dolor, con el fin de estabilizar
su condición y garantizar el tratamiento integral que demanda su «urgencia vital».
Asimismo, pidió que los resultados de laboratorio e imágenes diagnósticas fueran
compartidos con su médico de cabecera.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, relató que, el 2 de noviembre
de 2025, ingresó al servicio de urgencias de la Clínica Mar del Caribe. El 5 de
noviembre de 2025, solicitó la entrega de los resultados de laboratorio tomados
durante su hospitalización y pidió el egreso voluntario de la institución. Ese mismo
día, solicitó su ingreso por urgencias en la Clínica Avidanti en la ciudad de Santa
Marta, en donde fue dado de alta el 8 de noviembre de 2025.
4. El 10 de noviembre de 2025, acudió nuevamente al servicio de urgencias
de la Clínica Mar del Caribe, tras ser remitido por un médico del punto de atención
de Sanitas EPS en Santa Marta, quien ordenó interconsulta con ortopedia y
traumatología, psiquiatría y neurología.
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Demandante: Jairo Augusto Murcia Archila
5. El 15 de noviembre de 2025, radicó una queja ante la Clínica Mar del
Caribe, en la que solicitó valoración por neurocirugía, la asignación de una
habitación individual, la explicación de los resultados de exámenes de laboratorio e
imágenes diagnósticas practicadas y aclaraciones sobre la restricción de movilidad
dentro de la institución.
6. El 18 de noviembre de 2025, la coordinadora de la Clínica Mar del Caribe lo
remitió a consulta externa con neurocirugía para el 19 de noviembre de 2025. Sin
embargo, la cita no pudo realizarse porque Sanitas EPS emitió la autorización para
la Clínica Avidanti.
7. El mismo 19 de noviembre de 2025, acudió a la oficina de atención al
usuario de Sanitas EPS para solicitar la autorización del examen «sangre oculta en
heces», donde le informaron que la EPS solo tenía convenio con la Clínica Mar del
Caribe para servicios de urgencias.
8. Sanitas EPS autorizó los servicios de neurocirugía para el 17 de diciembre
de 2025 en la Clínica Avidanti de Santa Marta.
9. Como fundamento de la vulneración, el accionante afirmó que la falta de
asignación oportuna de las especialidades de psiquiatría, ortopedia/traumatología y
neurología entre el 10 y el 19 de noviembre de 2025 comprometió sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud.
Intervenciones1
10. La Superintendencia Nacional de Salud manifestó que no existe nexo
causal entre las presuntas vulneraciones alegadas y su actuación, dado que no se
evidenció acción u omisión atribuible a la entidad. Señaló que no ejerce autoridad
jerárquica sobre los actores del sistema de seguridad social en salud y, en
consecuencia, solicitó que se declarara su falta de legitimación por pasiva y su
desvinculación del trámite.
11. Sanitas EPS y la Clínica Mar del Caribe no se pronunciaron a pesar de
haber sido debidamente notificadas.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
1
Mediante Auto de 26 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra Sanitas EPS y la Cínica
Mar del Caribe y vinculó a la Superintendencia Nacional de Salud.
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13. Es precio señalar que, si bien es cierto en principio, de conformidad con las
reglas de reparto (Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decreto 333 de 2021
y 799 de 2025), el conocimiento de esta acción correspondía a otra autoridad
judicial, en aras de efectivizar los principios que guían el trámite y decisión de este
mecanismo de amparo, así como los derechos cuya protección se reclama
(derechos a la vida en condiciones dignas y a la salud), la Sala avocó conocimiento
sobre el mismo.
Cuestión previa
14. No se accederá a la solicitud elevada por la Superintendencia Nacional de
Salud comoquiera que el objeto de la acción de amparo guarda relación directa con
las funciones que dicha autoridad en el sector salud.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala, una vez verificados los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela, determinar si Sanitas EPS y la Clínica Mar del Caribe
incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, al
presuntamente no asignar los servicios de psiquiatría, ortopedia/traumatología y
neurología durante los días 10 al 19 de noviembre de 2025.
Procedibilidad de la acción de tutela
16. La presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia,
pues: 1) se orientó a lograr el amparo de los derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas y salud; 2) se tiene acreditada la legitimación, tanto por activa
como por pasiva, puesto que el accionante es el titular de las garantías
constitucionales que se invocan como violadas, y la Sanitas EPS y Clínica del Mar
del Caribe las entidades que presuntamente vulneraron dichos derechos; 3) no
existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de
sus derechos constitucionales, dada la naturaleza de estos (todos ellos relacionadas
con los derechos al mínimo vital y la salud)2; y 4) hubo un plazo razonable en la
presentación de la acción de tutela, debido a que la omisión de las entidades aún
permanece.
Análisis de la vulneración alegada
17. La Sala concederá parcialmente el amparo solicitado por las razones que a
continuación pasa a explicarse:
2
Sobre el particular: Corte Constitucional, Sentencia SU-508 de 2020, SU-124 de 2018 y T-185 de 2024.
En la última providencia mencionada, la Corte sostuvo: «el medio de defensa judicial ante la Superintendencia de Salud no
es eficaz para resolver las solicitudes que pretenden la protección inmediata de los derechos fundamentales de los usuarios
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Sala pone de presente que dichas circunstancias no han sido
superadas y que la Superintendencia, de acuerdo con sus propios informes de gestión, continúa en mora al punto de que
tarda más de un año en resolver las solicitudes que les son presentadas, a pesar de que deberían ser resueltas en veinte
días. Adicionalmente, que las dificultades normativas referidas no han sido superadas, por lo cual, en tanto el contexto
normativo no ha cambiado, los derechos fundamentales de los usuarios podrían no ser oportunamente protegidos si no se
adoptan medidas cautelares, lo que genera que dicho mecanismo ordinario no siempre sea eficaz en los supuestos indicados
jurisprudencialmente, razón por la que ha de entenderse que la tutela en tales casos resulta ser el medio de defensa
procedente para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los accionantes».
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18. El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida
en condiciones dignas y a la salud, al considerar que Sanitas EPS y la Clínica Mar
del Caribe vulneraron tales garantías al no asignarle oportunamente las citas
médicas de psiquiatría, ortopedia/traumatología y neurología entre el 10 y el 19 de
noviembre de 2025.
19. En el escrito de tutela solicitó: (i) que se garantizara su hospitalización y
traslado inmediato a una institución de IV nivel de complejidad con servicios de
neurocirugía y manejo avanzado del dolor, para atender la «urgencia vital»
diagnosticada, (ii) que se remitieran a su médico de cabecera los resultados de
laboratorio e imágenes diagnósticas, y (iii) que se asegurara la continuidad e
integralidad de su tratamiento, sin exigir trámites administrativos adicionales o
generar nuevas dilaciones.
20. El derecho a la salud ha sido reconocido por la Corte Constitucional como
un derecho fundamental, especialmente cuando su protección resulta indispensable
para garantizar otros derechos como la vida, la dignidad humana y la integridad
personal. Desde la Sentencia T-760 de 2008, la Corte ha reiterado que la salud es
un derecho autónomo que debe prestarse conforme a los principios de
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
21. En términos generales, la salud comprende no solo el bienestar físico del
individuo, sino también su estabilidad mental y funcional, permitiéndole
desarrollarse plenamente como persona3. Al tratarse de un derecho con doble
connotación (fundamental y a la vez servicio público esencial), su prestación debe
ser oportuna, continua e integral, sin interrupciones injustificadas.
22. Del acervo probatorio se advierte que el señor Murcia Archila fue
diagnosticado con «compresiones de las raíces y plexos nerviosos en trastorno de
los discos intervertebrales (G551)» y «dolor agudo (R520)». El 10 de noviembre de
2025, un médico del punto de atención de Sanitas EPS en Santa Marta lo remitió al
servicio de urgencias y ordenó interconsultas con ortopedia y traumatología,
psiquiatría y neurología.
23. No obstante, una de las pretensiones de la tutela consiste en solicitar su
traslado inmediato a una institución de IV nivel de complejidad, sin que exista orden
médica que sustente la necesidad de dicho manejo especializado. En consecuencia,
Sanitas EPS no vulneró derechos fundamentales en relación con esta solicitud.
Cabe recordar que el juez de tutela no puede ordenar prestaciones médicas sin
respaldo del médico tratante, pues ello implicaría sustituir la labor de quien, por su
formación, es el único facultado para determinar los requerimientos clínicos del
paciente.
24. Por otro lado, pese a existir órdenes médicas vigentes para citas con
ortopedia y traumatología, psiquiatría y neurología, Sanitas EPS solo autorizó la
3
Corte Constitucional, Sentencias T-597 de 1993; T-454 de 2008; T-566 de 2010.
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consulta de neurocirugía para el 17 de diciembre de 2025 en la Clínica Avidanti de
Santa Marta, sin programar las demás. En garantía del derecho fundamental a la
salud, se ordenará a Sanitas EPS adelantar el trámite necesario para autorizar y
programar las citas pendientes, si aún no lo ha hecho.
25. Adicionalmente, se observa que Sanitas EPS no contestó la acción de
tutela, circunstancia que activa la presunción de veracidad prevista en el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991. Al no haberse desvirtuado los hechos expuestos por el
accionante y tratándose de citas requeridas para la continuidad de su tratamiento,
se ordenará a la EPS autorizar las interconsultas pendientes.
26. Finalmente, la pretensión relativa a la entrega de resultados de laboratorio
e imágenes diagnósticas radicada el 5 de noviembre de 2025 será negada, pues al
momento de la interposición de la tutela aún no había vencido el término establecido
en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, para resolver la
solicitud presentada. No obstante, comoquiera que para la fecha de esta decisión
judicial ya se superó el respectivo término legal, se instará a la Clínica Mar del
Caribe para que, si no lo ha hecho, de forma inmediata atienda la solicitud
presentada por el aquí accionante.
27. En conclusión, aunque no se acreditó la necesidad médica que justificara el
traslado inmediato a una institución de mayor complejidad, sí se evidenció una
afectación al derecho fundamental a la salud del accionante por la falta de
asignación oportuna de varias de las citas especializadas ordenadas por el médico
tratante. La protección constitucional se concede de manera parcial, garantizando
la continuidad e integralidad del tratamiento médico del accionante, sin que haya
lugar a acceder a la pretensión relativa a la entrega de resultados diagnósticos por
no haberse vencido los términos legales al momento de la interposición de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación pasiva
en la causa presentada por la Superintendencia Nacional de Salud.
SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida en
condiciones dignas de Jairo Augusto Murcia Archila, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. ORDENAR a Sanitas EPS que adelante las gestiones necesarias para
autorizar y programar las citas médicas en las especialidades de
ortopedia/traumatología y psiquiatría, conforme a las órdenes vigentes emitidas por
el médico tratante.
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Demandante: Jairo Augusto Murcia Archila
CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de acuerdo con lo dispuesto en la
parte motiva de esta providencia.
QUINTO. INSTAR a la Clínica Mar del Caribe para que, si al momento de
notificación no ha atendido la petición de 5 de noviembre de 2025 presentada por
Jairo Augusto Murcia Archila, imparta el trámite correspondiente de forma
inmediata.
SEXTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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