RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07452-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07452-00

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07452-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela presentada por Maira Alejandra Vásquez Silva contra Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo Seccional de la Judicatura, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07452-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionado: MAIRA ALEJANDRA VÁSQUEZ SILVA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales a la igualdad, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas, entre otros
/ INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – La accionante aún puede
disponer de medios idóneos de defensa contemplados en el ordenamiento jurídico /
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Además cursa actualmente un
conflicto de competencias para conocer quien debe resolver la situación de vacaciones.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Maira Alejandra Vásquez Silva, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591
de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 21 de noviembre de 2025, la señora Maira Alejandra Vásquez Silva, en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y
el Consejo Seccional de la Judicatura, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas, a la
no discriminación por su condición de mujer y madre así como el descanso
remunerado.

Hechos relevantes

2. La señora Maira Alejandra Vásquez Silva se encuentra vinculada a la Rama
Judicial como empleada desde el 6 de octubre de 2016.

3. El 26 de octubre de 2017, a través de Resolución 019-2017, la tutelante fue
nombrada en propiedad en el cargo de escribiente del Juzgado Segundo de Familia
del Circuito de Bucaramanga, cargo que asumió a finales de enero de 2018.

1 Que ingresó para fallo el 3 de diciembre de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4. El 24 de noviembre de 2022, se le otorgó una licencia de maternidad a través de
resolución No 015-2022 expedida por ese despacho. El periodo autorizado
correspondía a 126 días, desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 26 de marzo
de 2023. Se advierte que dicha licencia coincidió con la vacancia judicial del año
2022.

5. El 23 de marzo de 2023, la actora solicitó a la titular de ese Juzgado, la
autorización de las vacaciones correspondientes al periodo de diciembre de 2022,
mismas que fueron suspendidas por la licencia de maternidad. A través de oficio
No. 0560, el secretario del despacho solicitó a la Dirección Seccional Ejecutiva de
Administración Judicial la certificación sobre las vacaciones interrumpidas por la
licencia. Sin embargo, no hubo respuesta pese a la reiteración de la solicitud para
los días 6 de junio y 25 de agosto de 2023.

6. Ante el silencio de esa entidad, el 30 de agosto de 2023, la actora solicitó de
manera directa que se resolvieran las peticiones relacionadas con sus vacaciones.
Situación que también fue reiterada el 10 de octubre de 2023, con copia al Director
Ejecutivo Seccional y a través de oficio DESAJBUO23-2129 del 10 de octubre de
2023, el Coordinador de Talento Humano respondió al oficio inicialmente enviado,
pero sin resolver de fondo su situación.

7. Luego, la demandante solicitó a la oficina de Talento Humano precisar si estaba
disfrutando de sus vacaciones como anticipadas o vencidas. A lo cual respondió, el
14 de agosto de 2024, que no registraba periodos pendientes por disfrutar según lo
arrojado por el sistema de Efinómina. Esto porque se habían reconocido vacaciones
de manera anticipada por pertenecer al régimen colectivo. Sumado a que durante
la licencia de maternidad no se causaron vacaciones y que el periodo siguiente a
causar sería del 7 de octubre de 2023 al 6 de octubre de 2024.

8. Desde el 9 de septiembre de 2024, la accionante se vinculó como auxiliar judicial
del Tribunal Administrativo de Santander. Motivo por el cual ante la posible
prescripción del derecho sobre el reconocimiento de sus vacaciones interrumpidas
por la licencia de maternidad, elevó una petición a su nominador, quien negó la
solicitud por falta de competencia el 23 de octubre de 2025. A su vez, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander a través de oficio CSJSA25-2325 del 21
de noviembre de 2025, respondió que, quien debía decidir sobre esa situación era
el nominador de acuerdo con el Decreto 1045 de 1978.

Pretensiones

9. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad, al
descanso remunerado, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas y a
la no discriminación por mi condición de mujer y madre.

SEGUNDO. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER- DESPACHO 006, y al CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE SANTANDER, como protección constitucional de mis
derechos, que, en un término no mayor a 48 horas, expidan los actos
administrativos necesarios, para garantizar el disfrute de mi derecho

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

fundamental a las vacaciones para el periodo causado en la vacancia judicial
2022, suspendidas con ocasión a la licencia de maternidad que gozaba para
la época”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte demandante sostiene que hay una desigualdad frente a otras
servidoras judiciales a las cuales se les concedió la licencia de maternidad con la
vacancia y a quienes se les reconoció el derecho correspondiente. Pues han
transcurrido tres años sin que haya una respuesta efectiva.

11. Asimismo, la tutelante aduce que cumple específicamente el requisito de
subsidiariedad porque, de acuerdo con la Sentencia SU-296 de 2023, dictó como
regla de unificación que la acción de tutela constituye el único mecanismo judicial
eficaz con el que cuenta un servidor judicial cuando se niega el disfrute de
vacaciones y la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte
de la DEAJ para la protección de los derechos fundamentales.

12. Finalmente, señala que la acción de tutela es procedente de conformidad con
los artículos 1,2,5 y 9 del Decreto 2591 de 1991, pues lo que se pretende es que se
garantice el derecho a la dignidad humana, la igualdad, el descanso, el trabajo
digno, la salud. Lo anterior busca hacer efectivo un derecho. Además que si existe
otro medio de defensa, la acción de tutela no siempre resulta improcedente. Esto
porque en diferentes ocasiones se puede concluir que alguno de los otro medios
existentes es tan eficaz como la acción de tutela. Sustento de lo anterior, citó la
Sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992 de la Sala Primera de Revisión.

Trámite procesal

13. Mediante auto del 26 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Santander y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santander, como tercero con interés en las resultas del proceso. También se vinculó
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que interviniera si lo
consideraba necesario.

Intervenciones

14. En primer lugar, el Tribunal Administrativo de Santander mencionó que luego
de que negara las vacaciones de la accionante, remitió al Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander para que fuera dicha autoridad quien resolviera la
situación, sin embargo, promovió conflicto negativo de competencias, por no ser el
competente para pronunciarse sobre el asunto.

15. En segundo lugar, expuso que la negativa de la solicitud se debe a que no existe
una prueba o certificación oficial sobre la existencia del período pendiente. Además
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Recursos
Humanos, en una de sus comunicaciones, indicó que la servidora venía disfrutando

2 Ver pág. 3 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

vacaciones de manera anticipada y que el próximo período por causar era del
7/10/2023 al 06/10/2024 (sic) pero solo si no había interrupciones antes de la fecha
estipulada. Por esto, la información impide determinar la existencia de dichas
vacaciones pendientes.

16. Por último, argumentó que la suspensión o interrupción del descanso vacacional
no se produjo por ese Tribunal sino en el Juzgado Segundo de Familia, autoridad
que no ha expedido ninguna certificación que permita verificar la reclamación.
Sumado a que las vacaciones en ese despacho son colectivas.

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que la presente
acción de tutela involucra una discusión de naturaleza prestacional como lo son las
vacaciones entre la accionante y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga – Santander sobre los trámites administrativos para
certificar unos periodos de vacaciones. Por ello, se verificó que mediante reporte de
tiempos de servicio del 1°. de diciembre de 2025, la accionante, no prestó sus
servicios a nivel central, por ello corresponde es a la Dirección Seccional atender
ese requerimiento. Esto porque las pretensiones requeridas no guardan relación
con las funciones técnicas ni administrativas asignadas a la DEAJ. Incluso mencionó
la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996 y la sentencia 2016-
00482-00 del Consejo de Estado.

18. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga – Santander solicitó la improcedencia de la acción, debido a que
dicha entidad cumple a cabalidad con las funciones, atribuciones y competencias
designadas en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, por ello, no ha vulnerado
ningún derecho fundamental de la accionante, a la luz de las disposiciones
normativas alegadas, por esto, se opone a la prosperidad de las pretensiones.

19. A su vez, explicó que dicho asunto no cumple con el requisito de subsidiariedad
porque esa entidad no es quien tiene la facultad para conceder o autorizar el periodo
de vacaciones solicitado por la servidora judicial, porque no es la nominadora de
esta. Por tanto, la negativa de la solicitud corresponde a la normatividad vigente
relacionada con el régimen de vacaciones de la Rama Judicial. Además, señaló que
dicho asunto expuesto por la accionante no corresponde a uno que deba ser
resuelto en esa instancia excepcional porque no se demuestra un perjuicio
irremediable ni el agotamiento de los mecanismos ordinarios idóneos para sacar
avante sus pretensiones.

20. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander expuso que a través de
oficio CSJSAO25-2325 del 21 de noviembre, dio respuesta al magistrado, quien a
la fecha es el nominador de la accionante. Allí le indicó que aunque la funcionaria
estuvo sometida al régimen de vacaciones colectivas en el Juzgado Segundo de
Familia, durante ese periodo se encontraba disfrutando de licencia de maternidad.
Conforme a la Ley 270 de 1996, por ello, un servidor judicial no puede encontrarse
en dos situaciones administrativas, es decir, que las vacaciones no pudieron surtirse
en ese momento. Por lo anterior, la resolución No. 031 no analizó esa normativa ni
evaluó si existió una interrupción o aplazamiento de las vacaciones.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

21. Por lo anterior, mencionó que no es la competente para resolver esa solicitudes
o situaciones administrativas de empleados que no pertenecen a su planta, de
acuerdo con el artículo 101 de la Ley 270 de 1996. La competencia para decidir
corresponde al nominador de la servidora es decir el magistrado del Tribunal. Mismo
que debe analizar el expediente administrativo remitido por el Juzgado Segundo de
Familia y determinar si procede el reconocimiento y disfrute de las vacaciones
interrumpidas por la licencia de maternidad. Por último informó que a través de
resolución No. CSJSAR25-1032 del 26 de noviembre de 2025, remitió el conflicto
negativo de competencias planteado por el Despacho 06 del Tribunal Administrativo
de Santander y remitió las actuaciones adelantadas a la Sala de Consulta de
Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

22. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en acuerdo 080 de 20193.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
disponer la parte accionante de otros medios de defensa dentro del ordenamiento
jurídico para resolver su situación respecto de la vacaciones no disfrutadas con
ocasión de su licencia de maternidad y además se encuentra pendiente la definición
de un conflicto de competencias administrativas relevante para atender sus
solicitudes?

24. De resultar afirmativo la respuesta del anterior interrogante, se resolverá ¿si
Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo Seccional de la Judicatura,
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, trabajo en
condiciones dignas, a la no discriminación por su condición de mujer y madre, así
como el descanso remunerado de la parte accionante por negar la solicitud de
vacaciones?

25. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) el
requisito de subsidiariedad como presupuesto formal de la acción de tutela; y (ii) el
caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones de la administración, en
particular requisito de subsidiariedad

26. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
procede únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial de

3 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

defensa, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En concordancia con esta disposición, la Corte Constitucional
ha señalado que los mecanismos judiciales ordinarios previstos en la ley son medios
de carácter preferente a los cuales debe acudir la persona para obtener la
protección de sus derechos fundamentales. Por ello, la tutela tiene una naturaleza
residual y excepcional4.

27. En consecuencia, el juez constitucional debe verificar, en primer lugar, la
existencia de otros medios judiciales de defensa en el ordenamiento jurídico, con el
fin de establecer si el solicitante puede lograr la protección de sus derechos dentro
del proceso ordinario. Si encuentra que existen dichos mecanismos, deberá
examinar si son idóneos y eficaces para garantizar la protección oportuna de los
derechos invocados, atendiendo las circunstancias específicas del caso5.

28. Así mismo, esta Corporación ha precisado que la idoneidad y eficacia de los
mecanismos ordinarios solo pueden evaluarse de manera concreta, y no de forma
general o abstracta6. Aunque todo proceso debe respetar y proteger los derechos
constitucionales, no todos los medios ordinarios previstos por el legislador aseguran
una protección efectiva. Por ello, la valoración de su idoneidad y eficacia debe
atender las particularidades del caso analizado. Finalmente, la acción de tutela
también procede cuando se acredita su utilización como mecanismo transitorio
destinado a evitar un perjuicio irremediable

29. En la Sentencia SU-296 de 2023, la Corte Constitucional consideró que no
resulta razonable exigir la interposición del recurso de reposición como un requisito
estricto de procedibilidad de la acción de tutela, en particular cuando dicho recurso
no ha sido previsto por el legislador como condición para acudir ante la jurisdicción
contencioso administrativa. En esa medida, el examen de subsidiariedad debe
concentrarse en determinar si existen medios de control idóneos y eficaces dentro
de esa jurisdicción para garantizar la protección oportuna de los derechos
fundamentales. La Corte advirtió, además, que la ausencia de criterios uniformes
entre los jueces de tutela y las secciones del Consejo de Estado había generado
incertidumbre sobre cuál era el acto administrativo realmente controvertido —la
circular del Consejo Superior de la Judicatura, la negativa de las direcciones
seccionales de administración judicial o la decisión del nominador—, lo que tornaba
impreciso el análisis de subsidiariedad.

30. En consecuencia, la Sala Plena unificó su jurisprudencia y estableció que la
acción de tutela es procedente para proteger el derecho al descanso
remunerado de los jueces penales, quienes se encuentran sometidos a un
régimen especial de vacaciones distinto al régimen colectivo, cuando la
negativa de conceder dicho descanso proviene de la interacción de varios actos
administrativos que impiden su disfrute efectivo. En estos casos, la Corte sostuvo

4 Corte Constitucional. Sentencias T-106 de 1993, T-1017 de 2006, T-285 de 2014, T-341 de 2019

y SU-296 de 2023.
5 Decreto Ley 2591 de 1991, artículo 6.1.
6 Al respecto, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone expresamente que la
existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales “será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante.”

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

que exigir a los funcionarios judiciales acudir ante el juez contencioso administrativo
resultaría desproporcionado, dado que la negativa injustificada de las vacaciones
puede ocasionar un perjuicio irremediable en su salud física y mental, lo que
justifica la intervención del juez constitucional como mecanismo inmediato de
protección.

Caso concreto

31. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.

32. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política7,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 19918 precisan el carácter subsidiario de
la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.

33. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita la protección de sus
derechos fundamentales igualdad, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas,
a la no discriminación por su condición de mujer y madre así como el descanso
remunerado, con ocasión de la negativa de sus vacaciones no disfrutadas en el año
2022 por la licencia de maternidad que le fue otorgada en ese momento.

34. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, en primer
lugar se advierte que, la accionante puede acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 1389 de la Ley 1437 de
2011, el cual constituye un medio idóneo y efectivo de defensa, a través del cual la
accionante podía plantear ante el juez de lo contencioso administrativo los
argumentos que ahora presenta en sede constitucional. Lo anterior debido a que la
tutelante tiene la posibilidad de controvertir los actos administrativos definitivos a
través de los cuales se niegue el reconocimiento de sus vacaciones, cuando estos

7 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. “(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
8
“ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
9 “ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

sean emitidos y queden en firme. En este punto, es importante recordar que existe
la posibilidad de que la prescripción de estas prestaciones sociales se suspenda
con la formulación de su solicitud ante las entidades administrativas.

35. Conjuntamente, esta Sala de Subsección considera relevante explicar que la
situación fáctica y jurídica de la accionante difiere de los supuestos que dieron lugar
a la regla de unificación fijada en la Sentencia SU-296 de 2023, por lo que la
aplicación directa de dicha providencia en este caso resulta improcedente o, cuando
menos, debe efectuarse con un alcance claramente restringido, como se explicará
a continuación.

36. En primer lugar, en los expedientes acumulados resueltos en la Sentencia SU-
296 de 2023 la Corte Constitucional partió de un escenario en el que jueces y
empleados de despachos penales veían frustrado de manera sistemática el goce
efectivo de sus vacaciones, justamente porque la negativa de las Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca -
DESAJ Bogotá y Cundinamarca - de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal impedía al nominador conceder el descanso, lo que generaba una
cadena de actos administrativos (circular del Consejo Superior, negativa de la
DESAJ y posterior negativa del nominador) que hacía desproporcionado exigir el
agotamiento de los medios contencioso-administrativos ordinarios. Con base en
ello, la Sala Plena del Tribunal Constitucional resaltó que lo verdaderamente en
juego era la afectación actual e intensa del derecho al descanso y, con él, de la
salud física y mental de los funcionarios judiciales, al punto de justificar la
procedencia excepcional de la tutela como vía principal.

37. En contraste, la actora en el presente asunto se encuentra sometida al régimen
de vacaciones colectivas de la Rama Judicial, del cual efectivamente ha sido
beneficiaria. Ello implica que, a diferencia de los jueces penales cuyos casos fueron
estudiados en la SU-296 de 2023, su situación no es la de una servidora que ha
sido privada de todo periodo de descanso anual, sino la de una funcionaria que sí
ha disfrutado de un descanso remunerado periódico, aunque existe una
controversia puntual sobre la forma en que deben contabilizarse y reconocerse
determinados días de vacaciones en un periodo específico que coincidió con su
licencia de maternidad y, eventualmente, sobre años previos. Es decir, aquí no se
discute la imposibilidad material de descansar, sino el alcance prestacional y
temporal de un derecho de vacaciones ya ejercido parcialmente.

38. En segundo lugar, en la Sentencia SU-296 de 2023, la Corte consideró que
resultaba desproporcionado exigir el uso de los medios de control contencioso
administrativos porque lo que se pretendía era, de manera inmediata, habilitar el
goce del periodo vacacional ya causado, frente a una situación de sobrecarga
laboral que se prolongaba en el tiempo, con riesgo cierto para la salud de los
funcionarios. La regla de unificación se construyó precisamente sobre la idea de
que la tutela opera allí donde la negativa de la DESAJ de Bogotá y Cundinamarca
a expedir el certificado presupuestal y la consecuente imposibilidad del nominador
de designar reemplazo hacen ineficaz, en la práctica, el medio judicial ordinario,
dada la urgencia de proteger la integridad física y mental del trabajador.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

39. Por el contrario, en el caso de la señora Maira Alejandra Vásquez Silva no se
acredita una situación de ausencia total de descanso ni un riesgo actual e inminente
para su salud derivado de una carga laboral ininterrumpida. La accionante gozó de
una licencia de maternidad plenamente remunerada y está incorporada a un
esquema de vacaciones colectivas que, en los hechos, le ha permitido acceder a
periodos de descanso. La discusión se centra en si tiene derecho a que se le
reconozcan determinados días de vacaciones interrumpidos o no causados en un
período ya pasado, así como en definir cuál autoridad administrativa es competente
para hacerlo. El núcleo del litigio es, por tanto, de carácter prestacional y
administrativo (reconocimiento de tiempo y eventuales efectos económicos), no de
privación actual del derecho al descanso en los términos estrictos que analizó la
Sentencia SU-296 de 2023.

40. Finalmente, mientras que en Sentencia SU-296 de 2023 la complejidad del
entramado de actos administrativos (circular general, negativa de CDP y negativa
de vacaciones) generaba una zona de incertidumbre sobre cuál acto debía ser
demandado y llevó a la Corte a flexibilizar el análisis de subsidiariedad, en el
presente proceso la situación es distinta: los actos cuestionados (por ejemplo, la
decisión del nominador y la comunicación del Consejo Seccional) son
perfectamente identificables y controvertibles mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. En este contexto, exigir el uso de las vías
contenciosas no resulta desproporcionado, pues lo que está en juego no es la
garantía inmediata del descanso frente a una carga laboral insostenible, sino la
definición jurídica de un saldo de vacaciones y su eventual reconocimiento en un
período determinado.

41. Por estas razones, puede sostenerse que la actora se encuentra en una
situación cualitativamente distinta a la de los servidores judiciales penales
analizados en la Sentencia SU-296 de 2023: ella es beneficiaria de vacaciones
colectivas, ha disfrutado efectivamente de descanso remunerado y la controversia
actual se refiere a la delimitación de períodos de años anteriores, de naturaleza
eminentemente prestacional. En consecuencia, la regla de procedencia amplia de
la tutela fijada en la Sentencia SU-296 de 2023 no resulta automáticamente
trasladable a este caso, y el análisis de subsidiariedad debe permanecer anclado
en la existencia y eficacia de los medios contencioso-administrativos ordinarios
disponibles.

42. Ahora bien, también resulta importante mencionar que, una vez revisado el
aplicativo de samai y luego de lo informado en las diferentes contestaciones de
tutela, se advierte que en la actualidad está cursando un conflicto de competencias
ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, cuyo radicado se
identifica con el No. 11001-03-06-000-2025-00580-00. Mismo en el cual ya se fijó
por edicto No. 537 del 11 al 18 de diciembre de 202510, para surtir los trámites
correspondientes. Motivo por el cual la situación objeto de debate no ha concluido,
por lo que el juez de tutela, en principio no podría inmiscuirse en ese asunto. En esa
medida no se han agotado todos los medios de defensa judicial a disposición de la
tutelante. Sumado a lo anterior, la actora no explica ni ofrece evidencia siquiera

10 Ver índice 3 de samai en el proceso 11001-03-06-000-2025-00580-00.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07452-00
Accionante: Maira Alejandra Vásquez Silva
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

sumaria dirigida a mostrar que se encuentre frente a una situación que, conforme la
jurisprudencia constitucional tenga el alcance de ser un perjuicio irremediable. Es
importante reiterar que la actuación de la actora puede operar como una forma de
suspensión de la prescripción de la prestación social solicitada.

43. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

44. De conformidad con lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente
acción de tutela, en la medida en que no se cumplen los requisitos generales de
procedencia, específicamente el requisito de subsidiariedad, de acuerdo con los
argumentos previamente expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela presentada por
Maira Alejandra Vásquez Silva contra Tribunal Administrativo de Santander y el
Consejo Seccional de la Judicatura, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.