Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07456-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07456-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07456-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-07456-001
Accionante : Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial
Colombiana (FAC) y Juzgado Catorce (14) Administrativo de
Bogotá
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, reconocimiento y pago de prima de
vuelo, Oficial Piloto de aeronaves remotamente pilotadas
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por el señor Manuel Alexander Santamaría Álvarez contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a las providencias judiciales objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Manuel Alexander Santamaría Álvarez, quien actúa a través de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F.
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Por consiguiente, el actor solicitó «modificar la sentencia de primera y segunda instancia y
se le ordene al Ministerio de Defensa Nacional se [l]e reliquid[en] las prestaciones por retiro
liquidando el factor denominado prima de vuelo por haber superado los requisitos para tal efecto».
Hechos2.
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante
la Resolución No. 2467 del 22 de abril de 2019, retiró al señor Manuel Alexander
Santamaría Álvarez del servicio activo de las Fuerzas Militares cuando
desempeñaba el cargo de Oficial Superior de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
(FAC). De acuerdo con el certificado integral de horas de vuelo, la FAC reconoció
que, el Oficial cumplió un total de 3028 horas y 17 segundos de vuelo en
aeronaves tripuladas (2595 horas, 59 minutos y 46 segundos) y remotamente
tripuladas (432 horas y 31 segundos), durante su servicio activo en dicha entidad.
Mediante la Resolución No. 1123 del 18 de septiembre de 2019, la Dirección de
Nómina y Prestaciones Sociales de la FAC reconoció al actor el monto de las
cesantías definitivas a pagar, sin incluir la prima de vuelo, contemplada en el
artículo 103 del Decreto 1211 de 1990 como factor salarial y prestacional. En
consecuencia, mediante la Resolución No. 7945 del 22 de julio de 2019, la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) liquidó la asignación de retiro sin esa
prestación.
El actor interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 7945 de 2019
del CREMIL, y contra la Resolución No. 1123 de 2019 expedida por la FAC.
Posteriormente, mediante apoderado judicial, el señor Santamaría Álvarez
presentó demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Fuerza Aérea, para que se declarara la nulidad de la Resolución
No. 1123 del 18 de septiembre de 2019 por indebida aplicación del artículo 103
del Decreto 1211 de 1990, y se ordenara la reliquidación de las cesantías
definitivas, esta vez reconociendo la prima de vuelo a que alegaba tener derecho.
El proceso, bajo el radicado No. 11001-33-35-014-2022-00072-00, correspondió,
en primera instancia, al Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá D.C. Esa autoridad judicial, mediante sentencia del 22 de agosto de 2023,
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
negó todas las pretensiones de la demanda, porque el señor Santamaría Álvarez
«no cumplió los requisitos previstos en el artículo 168 del Decreto Ley 1211 de 1990, toda vez
que no acreditó las 3.000 horas de vuelo exigidas, razón por la cual no tiene derecho a que la
prima de vuelo sea reconocida como factor computable para la liquidación de las cesantías».
El demandante apeló la decisión y señaló que, pese a existir pruebas de su
desempeño como Oficial de Vuelo y tripulante de aeronaves de las Fuerzas
Militares, el juez adoptó una interpretación restrictiva al considerar que las
aeronaves remotamente tripuladas no prestan servicio a la FAC, criterio que
califica de erróneo y desactualizado, pues, dichas aeronaves hacen parte del
servicio activo y no están excluidas del Decreto Ley 1211 de 1990.
En segunda instancia, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca advirtió, en sentencia del 20 de agosto de 2025,
que el señor Santamaría Álvarez no cumplía los requisitos establecidos para que
la prima de vuelo fuera tenida en cuenta como factor salarial en la liquidación de
sus cesantías definitivas, porque (i) no acreditó el mínimo de 3000 horas de vuelo
exigidas por el artículo 168 del Decreto Ley 1211 de 1990, al haber reportado
únicamente 2592 horas con 46 minutos; y (ii) las horas cumplidas mediante
sistemas aéreos remotamente tripulados no son computables para este efecto, en
la medida en que la prima de vuelo está destinada a compensar el riesgo inherente
a la participación efectiva en misiones aéreas tripuladas desde el interior de la
aeronave, riesgo que no se configura en el contexto de la operación remota.
En su escrito de tutela, el actor alegó, como única causal, que la providencia
atacada adolece de un «defecto procedimental por exceso de ritualidad manifiesta en
aferrarse a la forma sin tener en cuenta el fondo del asunto», esto es, ignorando que «[e]l
Ministerio de Defensa Nacional expidió el Decreto N°2070 del 21 de octubre de 2022, por medio
del cual modifica la estructura de la Fuerza y reconoce a los Oficiales de Pilotos de Aeronaves
Remotamente Piloteadas como oficiales del Cuerpo de Vuelo y permite el c[ó]mputo de las horas
de vuelo con efectos prestacionales», razón por la que estima que cumplía con los
requisitos del artículo 103 del Decreto 1211 de 1990, para que en su liquidación
se incluyera la prima de vuelo como factor.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 25 de
noviembre de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, (i)
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, como parte accionada; y (ii) dispuso vincular a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y al Juzgado
Catorce (14) Administrativo de Bogotá, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.
2.1. Contestaciones de la acción.
2.1.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 argumentó que la presente
acción de tutela resulta improcedente, toda vez que, no reviste relevancia
constitucional alguna, por cuanto controvierte un asunto estrictamente legal y
pretende reabrir así un debate que ya fue resuelto, de manera razonable, en el
trámite del proceso ordinario. Agregó que, como lo precisó en su decisión, la
normativa vigente al momento del retiro del accionante no incluía a los operadores
remotos dentro del ámbito de aplicación de la prima de vuelo, y el Decreto 2070 de
2022 carece de efectos retroactivos en materia prestacional.
2.2. Respuesta de la entidad vinculada.
2.2.1. La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) guardó silencio, pese a que fue
debidamente vinculada al proceso.
2.2.2. El Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá4 remitió copia digital
del expediente del proceso No. 11001-33-35-014-2022-00072-00, y manifestó que
la solicitud de tutela no identifica de manera concreta el defecto alegado porque, si
bien el accionante menciona en términos generales la existencia de un defecto
procedimental y de indebida valoración probatoria, no identifica el acto procesal
puntual que configuraría el vicio, el contenido normativo vulnerado, la forma en que
la decisión del Juzgado desconoció el precedente, o el impacto constitucional
directo de la supuesta irregularidad. En consecuencia, considera que debería
negarse el amparo deprecado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
3
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 10.
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Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índices 13, 14 y 15.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2. La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3. Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que puedan comportar las
providencias del 22 de agosto de 2023 y del 20 de agosto de 2025, proferidas por
el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de las cuales fueron
negadas las pretensiones del accionante y, en caso afirmativo, si se vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso invocados en la solicitud
de amparo, al haber incurrido en defecto sustantivo.
3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió, de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó revestido de una forma
jurídica aparente, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
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contra decisiones judiciales, dado que, a pesar del reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, puede que este vulnere derechos fundamentales
mediante sus providencias judiciales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994,
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual debe presentarse al menos uno de los
siguientes vicios o defectos protuberantes: defecto sustantivo, defecto fáctico,
defecto orgánico, o defecto procedimental.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las que se encuentran
las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
en el sentido que solo procede cuando, de manera protuberante, se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados, y que lo hubiere alegado en el proceso judicial, siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corte Constitucional.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
genéricas de procedibilidad, con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, que se da solamente cuando el asunto
discutido goce de una indudable relevancia constitucional.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, el cual se origina cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento, por
parte de los servidores judiciales, del deber de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, frente
al que, según la Corte Constitucional, procede la tutela como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que
procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir,
en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí
se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, aunque en un principio la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado había sostenido que la acción
de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 5, rectificó
su posición mediante sentencia del 31 de julio de 20126, en el sentido de disponer
que, la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
5
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
6
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos7.
3.5. Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que:
(i) el asunto planteado consta de relevancia constitucional, en la medida en que, recae
sobre el reconocimiento de una prestación social, a la cual el actor no ha podido
acceder, a su juicio, por una indebida interpretación de sus requisitos; lo cual, de
comprobarse, conllevaría una vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad
y el debido proceso.
(ii) contra la decisión objeto de estudio no procede recurso alguno, dado que fue proferida
en sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada.
(iii) se satisface el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que, la acción de tutela fue
presentada el 24 de noviembre de 20258, dentro del término de seis meses contados
desde la ejecutoria de la providencia cuestionada, la cual fue notificada
electrónicamente el 15 de septiembre de 20259.
(iv) el accionante cumplió con la carga mínima consistente en determinar con claridad los
hechos y derechos vulnerados, de manera que se cuenta con antecedentes suficientes
para decidir de fondo.
(v) el fallo acusado no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto. Ahora, si bien el accionante invoca la causal específica denominada
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, referente a la inobservancia de
las formas del juicio, lo cierto es que su desacuerdo tiene origen en la interpretación
que la autoridad judicial acusada hizo del artículo 103 del Decreto 1211 de 1990,
que establece los requisitos para que la prima de vuelo sea reconocida.
En ese sentido, y en aplicación del principio iura novit curia —según el cual basta
con que al juez le acrediten los hechos para que con su conocimiento técnico
pueda aplicar el derecho que corresponde a las circunstancias que se discuten—,
esta Subsección advierte que, en realidad, se invoca el defecto sustantivo porque
7
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
8
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2.
9
Visible en el expediente electrónico de origen en SAMAI, índice 14
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013335014202200072012500023
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
se estima que, el fallador habría aplicado la norma en comento de forma
irrazonable o contraevidente, en perjuicio del derecho a la prima de vuelo del que
el señor Santamaría Álvarez sería titular.
Adicionalmente, si bien el accionante se refiere a la configuración de los defectos
tanto en la sentencia del 22 de agosto de 2023, como en la providencia del 20 de
agosto de 2025, esta Sala solo se referirá al proveído del ad quem, por ser
contentivo tanto de los argumentos del Juzgado Catorce (14) Administrativo de
Bogotá como del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que sirvieron de
fundamento para negar el reconocimiento de la prima de vuelo al demandante.
3.5.1. Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional10 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se
omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 11.
En el asunto sub examine, el accionante expuso lo siguiente:
La entidad acá accionada, [sic] emite una sentencia que vulnera [su] derecho
fundamental a un debido proceso por poseer un defecto procedimental por exceso de
ritualidad manifiesta en aferrarse a la forma sin tener en cuenta el fondo del asunto.
En el mismo sentido, al ser considerado un proceso con debate meramente jurídico
desde la primera instancia, el Tribunal fundamenta su posición en argumentos
subjetivos y anacrónicos que claramente exteriorizan opiniones personales de la
10
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
11
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Magistrada ponente, que demuestran su total desconocimiento del asunto puesto a
su conocimiento y falta de estudio y profundidad de su fallo.
Como fundamento de su desacuerdo, el demandante aduce que, aunque al
momento de su retiro cumplía con las 3.000 horas de vuelo exigidas por el artículo
103 del Decreto 1211 de 1990 para el reconocimiento de la prima de vuelo, la FAC
desconoció ese hecho cuando interpretó que no podían tenerse en cuenta, para
tales efectos, las horas de vuelo en aeronaves remotamente piloteadas. Además,
agregó que, si bien se desempeñaba como Oficial Piloto de aeronaves
remotamente pilotadas, actualmente, con base en el artículo 1° del Decreto 2070
de 2022 del Ministerio de Defensa, su cargo hace parte de los Oficiales
Especialistas del Cuerpo de Vuelo de la Fuerza Aérea.
Al respecto, en la sentencia del 20 de agosto de 2025 aquí acusada, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca expuso lo siguiente:
La Sala advierte que el señor Manuel Alexander Santamaría Álvarez no cumple los
requisitos establecidos para que la prima de vuelo sea considerada como factor
salarial en la liquidación de sus cesantías definitivas, por las siguientes razones:
De conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Decreto Ley 1211 de 1990,
la prima de vuelo será tenida en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro,
pensión y demás prestaciones sociales de los Oficiales y Suboficiales que desarrollen
actividades aeronáuticas en la Fuerza Aérea Colombiana, siempre que acrediten: i)
una antigüedad igual o superior a veinte (20) años de servicio, y ii) un mínimo de tres
mil (3.000) horas de vuelo.
En el presente caso, el accionante reportó un total de dos mil quinientas noventa y
dos horas con cuarenta y seis minutos (2592:46) de vuelo, cifra que no alcanza el
mínimo exigido por la norma. Además, la Sala considera que, para efectos del
cómputo de horas de vuelo, únicamente pueden ser tenidas en cuenta aquellas en
las que el servidor haya participado directamente en operaciones aéreas tripuladas,
es decir, estando físicamente a bordo de la aeronave.
Lo anterior obedece a que la prima de vuelo tiene como finalidad compensar el riesgo
que asumen los Oficiales y Suboficiales al participar en misiones aéreas desde el
interior de la aeronave. En consecuencia, no resulta procedente computar como horas
de vuelo aquellas realizadas mediante sistemas aéreos remotamente tripulados (US),
dado que en tales casos no se configura el riesgo inherente al acto de volar.
Así, al no verificarse dicho riesgo, no se configura el supuesto de hecho que da lugar
al reconocimiento de esta asignación, razón por la cual las actividades desarrolladas
mediante aeronaves remotamente tripuladas no pueden ser tenidas en cuenta para
efectos de la liquidación de prestaciones sociales que contemplen la prima de vuelo
como factor salarial.
Adicionalmente, el Decreto Ley 1211 de 1990 no estableció como beneficiarios de la
prima de vuelo a los operadores de US o pilotos remotos.
Asimismo, la Sala ha señalado que el elemento que justifica el reconocimiento de la
prima es la participación efectiva en misiones aéreas desde el interior de la aeronave,
por lo que no resulta procedente su pago en aquellos casos donde el servidor no se
encuentra físicamente a bordo, como sucede con los operadores de sistemas aéreos
no tripulados.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Esta Sala encuentra que las razones expuestas por el Tribunal para concluir que el
actor no cumplió los requisitos exigidos por el Decreto 1211 de 1990 (artículos 103
y 168) para el reconocimiento de la prima de vuelo, resultan razonables y
concuerdan con lo que ha dicho esta Corporación al respecto. En sentencia del 27
de agosto de 2020, la Subsección B de la Sección Segunda12 explicó que:
La prima de vuelo es una prestación que se otorga a los oficiales y suboficiales
pertenecientes a la Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, cuya finalidad es dar una
recompensa al desgaste y riesgo que se corre en el desarrollo de los vuelos
necesarios para el cumplimiento de las actividades y operaciones militares y policiales
en pro de la defensa del territorio nacional.
Adicionalmente, en sentencia del 27 de agosto de 202013, la misma Subsección
precisó que:
[…] la finalidad de la «prima de vuelo» es compensar el riesgo y las afectaciones o «desgaste»
a la salud que se «derivan de la exposición a la altitud durante el vuelo y el desplazamiento a
grandes velocidades a bordo de una aeronave», tales como la hiperventilación,14 los diferentes
tipos de disbarismo,15 los casos de hipoxias,16 la barotitis,17 las diversas formas de
barosinusitis18 y las denominadas aceleraciones.19
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de agosto de 2020, Rad. 25000-23-42-000-2012-
01064-01 (0878-2014), C.P. César Palomino Cortés. 13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-2013-
01011-00 (2268-2013), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 14
Sobre el particular, la demanda menciona que «el miedo, la ansiedad, la tensión nerviosa y la propia voluntad, provocan
un aumento en la frecuencia respiratoria que trae consigo una exhalación exagerada de bióxido de carbono, que es el
estimulante químico más importante del centro respiratorio». 15
Según el demandante, disbarismo «es el término que genéricamente se emplea para definir las alteraciones de los gases
en el organismo, como consecuencia de la exposición a los cambios en la presión atmosférica», y pueden ser de dos clases,
a saber, «disbarismo en el aparato digestivo y disbarismo en el oído medio». 16
Que de acuerdo con el demandante son, la «hipoxia hipoxica» que es la «reducción de oxígeno en los tejidos del cuerpo
resultante de respirar un aire con una presión parcial de oxígeno reducida, como sucede con la exposición a la altitud»; la
«hipoxia anémica» que consiste en «la reducción en la cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina en la sangre»; la «hipoxia
por anemia fisiológica», que el accionante define como «la `hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre puede reducir su
capacidad para transportar el oxígeno a los tejidos del cuerpo, cuando se combina con otros grases por los cuales presente
una mayor afinidad, como sucede con el monóxido de carbono, que es un producto de la combustión incompleta de la materia
orgánica, como el tabaco, en los fumadores y los combustibles de los automotores»; la «hipoxia estática» que hace referencia
a que «las fuerzas de aceleración durante un vuelo provocan el desplazamiento de la sangre circulante hacia diversos
segmentos del cuerpo, provocando que otros órganos reciban poca o ninguna irrigación sanguínea, lo cual reduce
consiguientemente el aporte de oxígeno a estas áreas del cuerpo»; y la «hipoxia histotóica», que es el «envenenamiento del
sistema citocromo respiratorio por substancias químicas como el cianuro, el plomo y otros metales pesados, y por el alcohol
etílico, principal ingrediente de toda bebida alcohólica, que provoca la incapacidad de las células intoxicadas para aprovechar
el oxígeno circulante en la sangre». 17
También conocida como «aerotitis», que consiste en «los procesos inflamatorios de las vías aéreas superiores de cualquier
causa, bacterianos, virales, alérgicos, traumáticos, etc., que den lugar a una oclusión parcial o total de la Trompa de
Eustaquio», lo que «dificulta o impide el paso del aire a través de este conducto y consecuentemente el equilibrio de presiones
en el oído medio no puede realizarse dando lugar a una presión diferencial exagerada, entre el aire del oído medio y el aire
atmosférico». 18
Que según informa el accionante, consiste en «la inflamación de la mucosa» por los cambios de altitud que generan una
presión diferencial entre el aire atmosférico y el contenido en la cavidad del seno».
El demandante menciona que la
barosinusitis o «aerosinusitis» puede ser: (i) «en el sistema musculo esquelético», porque «la liberación del nitrógeno en la
superficie de las grandes articulaciones (rodilla, hombros y codos) provoca irritabilidad de las membranas sinoviales de dichas
articulaciones, ocasionando dolor intenso de las superficies articulares (los llamados bends) que llegan a producir impotencia
funcional parcial o total de la articulación afectada por dolor, el cual se exacerba al frotar dicha articulación, debido a que con
ello se produce la fragmentación de las burbujas de nitrógeno en otras de tamaño menor que afectan una mayor superficie
sinovial, así mismo, los movimientos de la articulación afectada incrementan también el dolor articular»; (iii) «en el aparato
respiratorio», que se relaciona con «la liberación de burbujas de nitrógeno a nivel de las superficies del mediastino» que
«produce embolias gaseosas comprobadas radiológicamente en dicha región, lo cual ocasiona (como si estuviera respirando
aire seco en el desierto) tos seca no productiva (tos de perro) que no alivia los síntomas sino que por contrario incrementa el
dolor»; y (iii) «en el sistema nervioso central», que «afortunadamente es la más rara» y se trata de la «liberación del nitrógeno
en el líquido cefaloraquídeo que provoca los síntomas más graves, tales como, parestasias, parálisis parciales, trastornos
motores de tipo convulsivo parciales, trastornos neurológicos y psiquiátricos, y muerte por shock neurológico». 19
Que menciona el actor que hace referencia a las alteraciones orgánicas que afectan la salud de las personas a bordo,
generadas por los constantes y abruptos cambios de gravedad, debido a las variaciones de velocidad y de dirección de los
vuelos. 11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Según lo reiterado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y esta
Corporación, la prima de vuelo responde a un aspecto funcional (si la nave es
operada con el oficial como tripulante), y no a un criterio orgánico (los cambios
introducidos por el Decreto 2070 de 2022 en el organigrama de la FAC) como lo
pretende hacer ver el actor cuando alega que, bajo la nueva estructura de la Fuerza
Aérea establecida por el Decreto 1211 de 1990, hace parte de los Oficiales del
Cuerpo de Vuelo.
Esta norma no solo no estaba vigente al momento de su retiro, sino que, además,
no previó su aplicación retroactiva para efectos prestacionales y no controvierte o
modifica la finalidad perseguida con el reconocimiento de la prima de vuelo. Así, en
la medida en que las 432 horas y 31 segundos tripulados remotamente por el actor
no responden a la finalidad perseguida por dicha prestación, tal y como lo explicó
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, no
hay lugar a que le sea reconocida al actor.
En ese orden, se advierte que los argumentos expuestos por el accionante no
logran acreditar la configuración de un defecto sustantivo en la providencia del 20
de agosto de 2025, pues esta contiene una explicación razonable y debidamente
fundamentada, de conformidad con la postura jurisprudencial unificada, actual y
vigente sobre la materia.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, el
accionante no acreditó que las providencias del 22 de agosto de 2023 y el 20 de
agosto de 2025, proferidas por el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hubieran incurrido en defecto
sustantivo. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07456-00
Accionante: Manuel Alexander Santamaría Álvarez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y el
debido proceso invocados por el señor Manuel Alexander Santamaría Álvarez, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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