Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07459-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07459-00
Demandante: Luis Fernando Sosa Betancur
Demandado: Tribunal Superior de Pereira
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA|
Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las decisiones a través de las que la autoridad
judicial accionada (1) realizó un nombramiento en provisionalidad y (2) rechazó de plano
una solicitud de revocatoria directa.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis Fernando Sosa
Betancur en contra del Tribunal Superior de Pereira.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 18 de noviembre de 2025, Luis Fernando Sosa Betancur, en nombre
propio, presentó una acción de tutela en contra del Tribunal Superior de
Pereira, por la aparente vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a cargos públicos y los principios de
confianza legítima y “promoción en carrera judicial”, con ocasión de la
expedición de la Resolución No. 136 de 27 de agosto de 2025, mediante la
cual la autoridad accionada realizó un nombramiento en provisionalidad, y
el Auto de 28 de octubre de 2025, a través del que rechazó de plano una
solicitud de revocatoria directa.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. Tutelar mis derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal Superior de
Pereira.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07459-00
Demandante: Luis Fernando Sosa Betancur
Demandado: Tribunal Superior de Pereira
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2. Ordenar la revocatoria del acto administrativo contenido en la Resolución
No. 136 del 27 de agosto de 2025.
3. Dejar sin efectos el auto que rechazó de plano la solicitud de revocatoria
directa.
4. Ordenar la recomposición de la actuación administrativa, disponiendo que
el Tribunal Superior de Pereira convoque de manera interna para proveer el
cargo de juez en provisionalidad del Juzgado Décimo Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Pereira. Dicha convocatoria debe garantizar la
participación de los empleados de carrera judicial adscritos a ese despacho,
conforme al régimen de carrera judicial, respecto de los tres funcionarios que,
a la fecha del acto administrativo (27 de agosto de 2025), se encontraban
vinculados y desempeñando funciones en dicho Juzgado.
5. Ordenar al Tribunal Superior de Pereira, en especial a la Sala Penal, que en lo
sucesivo garantice la realización de convocatorias internas entre los empleados
de carrera judicial adscritos a cada despacho para la provisión de vacancias
temporales en cargos de juez. Asimismo, ordenar que se expida un protocolo
claro y uniforme para este procedimiento y que dicha formalidad sea difundida
oficialmente en la Seccional de Risaralda, asegurando transparencia, igualdad
y respeto al régimen de carrera judicial.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 27 de agosto de 2025, la Sala Plena del Tribunal Superior de Pereira
expidió la Resolución No. 136 de 2025, mediante la cual se designó en
provisionalidad a Olga Lucía Flórez Rendón como Jueza 10 Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento de Pereira, a partir del 1 de septiembre de
2025 y por el tiempo que durara la licencia no remunerada concedida a
Ángela Viviana López Bermúdez, titular, en propiedad, de ese cargo.
5. 2) El 12 de septiembre de 2025, Luis Fernando Sosa Betancur, quien se
desempeñaba como secretario en carrera administrativa del Juzgado 10
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, presentó ante
la Presidencia del Tribunal Superior de Pereira, una solicitud de revocatoria
directa de la Resolución No. 136 de 27 de agosto de 2025, con fundamento
en que el nombramiento en provisionalidad de Olga Lucía Flórez Rendón fue
realizado sin que mediara una convocatoria, ni una consulta al personal de
carrera de ese despacho, lo que, a su juicio, estaba en contravía del artículo
132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.
6. 3) Mediante Auto de 17 de septiembre de 2025, la Sala Plena del
Tribunal Superior de Pereira decidió iniciar la actuación administrativa con
ocasión de la solicitud de revocatoria directa presentada por Luis Fernando
Sosa Betancur, frente a la Resolución No. 136 de 2025, tras verificar que la
petición cumplía los requisitos formales del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, que no había
operado la caducidad del medio de control y que el actor no había
interpuesto recursos contra el acto.
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Demandante: Luis Fernando Sosa Betancur
Demandado: Tribunal Superior de Pereira
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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7. 4) El 28 de octubre de 2025, la Sala Plena del Tribunal Superior de Pereira
profirió un Auto mediante el cual dejó sin efectos la decisión que había
iniciado la actuación administrativa de revocatoria directa y, en su lugar,
rechazó de plano la solicitud presentada por Luis Fernando Sosa Betancur
por falta de interés jurídico, tras concluir que la Resolución No. 136 de 2025
era un acto particular y concreto que creó una situación individual en favor
de Olga Lucía Flórez Rendón.
8. Indicó que la revocatoria directa de ese tipo de actos le correspondía
al titular del derecho, a un tercero directamente afectado o al Ministerio
Público y que, en el caso del peticionario, su condición de secretario de
carrera del juzgado y su manifestación de interés para ser designado sólo le
otorgaban una mera expectativa y no un derecho subjetivo afectado
directa e inmediatamente por el nombramiento, pues la norma invocada
(artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024) no
establecía un orden jerárquico entre los empleados de carrera del
despacho; por ello consideró que no se acreditaba la legitimación activa
para promover la revocatoria.
9. Como fundamento de la vulneración, el accionante sostuvo que el
Tribunal Superior de Pereira se apartó del procedimiento reglado para la
provisión de cargos en provisionalidad, ya que nombró a Olga Lucía Flórez
Rendón, como Jueza 10 Penal Municipal en Pereira, sin realizar una
convocatoria interna, ni consultar el interés de los tres empleados de carrera
judicial de ese despacho, pese a que el artículo 132 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, imponía una
preferencia para que se designara a un empleado de carrera de ese
juzgado, en caso de vacancia temporal.
10. Aunado a ello, expuso que ha manifestado, de forma reiterada, su
interés para postularse y cubrir vacantes en cargos de carrera, incluso por
periodos de vacaciones, pero que, el hecho de designar a una persona
ajena a la planta de personal para cubrir la vacante de juez vulneraba el
derecho a la igualdad, frustraba una expectativa legítima de promoción y
vulneraba su derecho a participar en un procedimiento reglado de provisión
de vacancias temporales.
11. Respecto del Auto proferido por el Tribunal Superior de Pereira el 28 de
octubre de 2025, indicó que desconoció su afectación directa como
servidor de carrera administrativa, por lo cual no era correcto afirmar que
solo la beneficiaria del nombramiento tendría legitimación para solicitar la
revocatoria, en la medida en que las personas que fueron excluidas de la
posibilidad de acceder al cargo en condiciones de igualdad serían los
directamente afectados.
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Demandante: Luis Fernando Sosa Betancur
Demandado: Tribunal Superior de Pereira
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
12. El Tribunal Superior de Pereira3 señaló que la acción de tutela era
improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, pues este
mecanismo constitucional no fue instituido para cuestionar actos
administrativos, ya que los medios de control a los que podía acudir el
demandante para cuestionar los actos aquí controvertidos eran el de
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales constituían las
herramientas judiciales idóneas y eficaces para proteger sus derechos.
13. Además, agregó que en caso de que se considerara que era
procedente estudiar de fondo la controversia planteada, se debía tener en
cuenta que las decisiones adoptadas pretendieron armonizar los intereses
en conflicto de los servidores judiciales involucrados, y garantizar una
administración de justicia de calidad, en la medida en que Olga Lucía Flórez
Rendón tenía un interés legítimo de ser designada como juez especializada,
dado que también ostentaba un cargo de carrera administrativa como
Auxiliar Judicial Grado 2 en el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de
Pereira.
14. Olga Lucía Flórez Rendón4 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela por falta de subsidiariedad, en la medida en que existían
otros mecanismos judiciales ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, los cuales, según indicó, eran idóneos y eficaces para
cuestionar los actos administrativos aquí enjuiciados. Adicional a ello, hizo
referencia a que no se estableció un perjuicio irremediable que posibilitara
la intervención del juez de tutela.
15. Ángela Viviana López Bermúdez5 solicitó que (1) se declarara la falta
de legitimación pasiva en la causa, pues consideró que el nombramiento
cuestionado en la tutela era el que se efectuó mediante la Resolución No.
136 de 2025, por el Tribunal Superior de Pereira, el cual no influía en su
nombramiento como Juez 1 Especializada de Pereira. Y (2) que de
estudiarse de fondo la acción de tutela se negara ante la ausencia de
vulneración de derechos fundamentales comoquiera que la Resolución No.
136 de 2025 estaba ajustada a legalidad y al procedimiento que se debía
aplicar para la provisión de cargos.
2Mediante Auto de 1 de diciembre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) avocar conocimiento de la acción
de tutela (dado que venía remitida de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia), en virtud de
la regla de reparto dispuesta en el numeral 8 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, (2) admitir la acción de tutela
de la referencia, (3) tener como parte demandado al Tribunal Superior de Pereira y, (4) vincular, en calidad de
terceras interesadas a Olga Lucía Flórez Rendón y Ángela Viviana López Bermúdez.
3 Índice 9 de Samai
4 Índice 11 de Samai
5 Índice 10 de Samai
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
16. Pese a que Ángela Viviana López Bermúdez consideró que carecía de
legitimación pasiva en la causa, la Sala negará su desvinculación de la
presente acción de tutela, comoquiera que su vinculación se realizó como
tercero con interés en el asunto, por ser la titular, en carrera administrativa,
del cargo de Jueza 10 Penal Municipal con funciones de conocimiento de
Pereira, motivo por el que le podría asistir interés en lo que aquí se decidiera.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
17. En el caso bajo estudio, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
18. Para estudiar el aludido requisito, debe indicarse que la parte
demandante pretendió que, por vía de tutela, se “revocara” la Resolución
No. 136 de 27 de agosto de 2025, y se dejara sin efectos el Auto de 28 de
octubre de 2025, mediante el que se rechazó una solicitud de revocatoria
directa, los cuales fueron proferidos por el Tribunal Superior de Pereira.
19. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resultaba improcedente cuando
existieran otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se
utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
20. La Corte Constitucional6 ha sostenido que es un deber de la parte
demandante desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales.
21. En ese orden de ideas, la Sala considera que, en el presente caso, no
se configuró el mencionado requisito (subsidiariedad) porque respecto de
la Resolución No. 136 de 27 de agosto de 2025: a) no se ha ejercido el medio
de control de nulidad electoral ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo7 y, b) no se acreditó un perjuicio irremediable.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-252 de 2021.
7 El artículo 139 del CPACA dispone que “Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por
voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y
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22. a) La Sala advierte que, como lo pretendido por el señor Sosa
Betancur fue controvertir la Resolución No. 136 de 27 de agosto de 2025,
dicha pretensión debe exponerse ante el juez natural del asunto a través del
medio de control de nulidad electoral, que es el mecanismo procesal
idóneo y eficaz para la consecución de dichas pretensiones.
23. Habida cuenta de que la parte demandante no ha agotado ese
mecanismo que le otorgó el ordenamiento jurídico, la acción de tutela se
torna en improcedente, pues este mecanismo constitucional no fue
instituido para reemplazar los medios judiciales ordinarios dispuestos por el
legislador.
24. Adicionalmente, debe mencionarse que, pese a que la parte
demandante consideró que el referido medio de control no era eficaz, ni
idóneo, ya que los efectos de las decisiones que se adoptaran podrían
resultar tardíos, lo cierto es que, al interior de ese mecanismo ordinario,
también podría solicitar el decreto de medidas cautelares, tal como lo
dispone el artículo 229 del CPACA8, las cuales pueden ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión9. En el mismo sentido, podría
hacer uso de la figura de medidas cautelares de urgencia, contempladas
igualmente, en el CPACA, si consideraba que la situación lo ameritaba.
25. b) Además, el actor no estableció, de manera puntual, y mucho
menos probó la existencia y/o configuración de un perjuicio irremediable,
autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer
vacantes en las corporaciones públicas. (…)”
8 “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante
esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.“
9 “Artículo 230. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y
deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:// 1. Ordenar que se mantenga la
situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante,
cuando fuere posible. // 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para
que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. // 3. Suspender
provisionalmente los efectos de un acto administrativo. // 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa,
o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus
efectos. // 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer. // Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la
decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto
en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos
para ello en el ordenamiento vigente.”
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solo se limitó a mencionar que la tutela pretendía evitar un perjuicio real,
actual y grave, sin precisar en qué consistía.
26. En relación con el Auto de 28 de octubre de 2025, por medio del cual
el Tribunal Superior de Pereira rechazó de plano una solicitud de revocatoria
directa, se debe advertir que, tal como lo ha establecido la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, en la Sentencia de Unificación de 5 de noviembre
de 2024, proferida en el expediente Rad. 25000-23-37-000-2020-00174-02, los
actos administrativos que deciden, de oficio o a solicitud de parte, sobre la
revocatoria directa de otros actos administrativos no son susceptibles de
control judicial pues, en principio, no se trata de una decisión administrativa
novedosa, sino de la misma decisión de la que solicitó la revocatoria, la cual
se encuentra en firme.
27. En consecuencia, dado que la decisión mediante la que se rechazó
la solicitud de revocatoria directa, no adoptó una nueva decisión, ni
modificó la decisión que ya se había adoptado (nombramiento de la Juez
10 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira), dicho acto
no es susceptible de control judicial.
28. Así, respecto de dicho acto tampoco se superó el requisito de
subsidiariedad en la medida en que este no busca otra cosa que revocar el
nombramiento efectuado, para lo cual, como se explicó líneas atrás, el
mecanismo idóneo y eficaz para la satisfacción de sus pretensiones es el
medio de control de nulidad electoral contra la Resolución 136 de 27 de
agosto de 2025.
29. En consecuencia, la Sala concluye que la parte demandante tiene
otro medio de defensa judicial que torna improcedente la acción de tutela,
la cual no puede ser entendida como un mecanismo complementario y/o
anterior a los procesos ordinarios.
2.3. Conclusión
30. Esta Sala considera que no se superó el requisito general de
subsidiariedad, ya que la parte demandante no hizo uso de los recursos
judiciales idóneos y eficaces para proteger los derechos invocados y no se
logró acreditar la existencia de un perjuicio irremediable. Por lo tanto, se
declarará improcedente la presente acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Demandante: Luis Fernando Sosa Betancur
Demandado: Tribunal Superior de Pereira
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Ángela
Viviana López Bermúdez, con fundamento en las razones dadas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Luis Fernando Sosa Betancur, por las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 10.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
8 de 8
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