Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07462-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07462-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07462-01
Accionante: RUBEN DARIO VILLA GONZÁLEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA
SUBSECCION A Y OTRO
Tema: Relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de enero de
2026 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 4 de diciembre de 20252, dicha autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante la providencia del 11 de diciembre de 2025 concedió
la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Rubén Darío Villa González, actuando por medio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela en contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Risaralda. Con la
solicitud de amparo pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración
de justicia.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de: i) el auto del 28 de septiembre de 2020, dictado por el Tribunal
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
como autoridades accionadas al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y al
Tribunal Administrativo de Risaralda y vinculó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía.
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Administrativo de Risaralda, que declaró probada la excepción de cosa juzgada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 promovido por el actor
contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante, Casur)
y, ii) la providencia del 14 de mayo de 2025 dictado por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de primera
instancia.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
se ordene al Tribunal Sala Contencioso Administrativa de Risaralda (Pereira) y/o
al Honorable CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO
PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES, que expidan nuevo auto en el
proceso de Nulidad Y restablecimiento del derecho radicado 66001-23-33-000-
2019-00396-01:
Que decida Negativamente la EXCEPCION DE COSA JUZGADA y en
consecuencia se dé continuación al proceso,
En su defecto se expida sentencia de reemplazo por parte del Juez de Tutela, ya
sea reconociendo el derecho a la asignación de retiro de RUBEN DARIO VILLA
GONZALEZ o negando la prosperidad de la excepción de COSA JUZGADA y la
consecuente continuación del proceso. Y en consecuencia se restablezcan los
derechos del señor Intendente ® RUBEN DARIO VILLA GONZALEZ.
1.2. Hechos
4. El señor Villa González prestó servicio en la Policía Nacional hasta
alcanzar el grado de intendente y fue retirado mediante la Resolución 52 del 15
de enero de 2013 bajo la modalidad de «separación absoluta», por condena
penal. Al momento de su retiro, el actor contaba con 16 años, 11 meses y 23 días
en servicio activo.
5. El actor solicitó el reconocimiento de su asignación de retiro, petición que
fue negada mediante el Oficio 27253 GAG-SDP del 28 de octubre de 2014. La
entidad consideró que el interesado no cumplió con el tiempo mínimo requerido
para ello, esto es, 20 años de servicio, en virtud del motivo por el cual fue
separado del cargo.
6. El señor promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 4
contra Casur, y solicitó que se declarara la nulidad de dicho acto. En sentencia
del 14 de septiembre de 2015, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el solicitante no cumplía
con los requisitos para acceder a la asignación de retiro, al no cumplir con el
tiempo mínimo de 20 años exigido para el reconocimiento de la prestación, dado
que su retiro se dio en virtud de una separación absoluta.
3 Proceso identificado con el radicado 66001-23-33-000-2019-00396-00/01.
4 Proceso identificado con el radicado 66001-33-33-002-2015-00074-00/01.
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7. Inconforme, el actor apeló dicha decisión. Mediante fallo del 24 de
noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la decisión
de primera instancia. El tribunal descartó la aplicación del artículo 2 del Decreto
1858 de 2012, puesto que se trataba de un funcionario con derechos adquiridos
bajo el régimen de transición de la Ley 923 de 2004. A su vez, se consideró que
la figura de separación absoluta del cargo no habilitaba el pago de la asignación
con solo 15 años de servicio, puesto que para ello debía cumplir con el tiempo
mínimo de 20 años se servicio para acceder al reconocimiento de la prestación.
Lo anterior, en aplicación de los Decretos 1212 y 1213 de 1990.
8. El señor Villa González elevó una nueva solicitud de reconocimiento de su
asignación mensual de retiro, la cual fue resuelta mediante el Oficio E-00003-
201827564-CASUR Id: 387422 del 21 de diciembre de 2018, mediante el cual la
entidad reiteró la negativa del reconocimiento.
9. El actor promovió una nueva demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Casur, en la que solicitó que se declarara la nulidad de dicho acto
administrativo y que se reconociera y pagara la asignación de retiro en cuantía
del 58% de los factores tenidos en cuenta para su liquidación. Señaló que,
aunque fue separado del servicio, en aplicación del Decreto 1212 de 1990 y la
Ley 923 de 2004 se le debía reconocer dicha prestación, puesto que ya había
superado el mínimo de tiempo requerido para ello. Agregó que el Decreto 1858
de 2012 había sido anulado mediante fallo del Consejo de Estado, motivo por el
cual la negativa de la entidad en el reconocimiento del derecho prestacional
desconocía la normativa y jurisprudencia vigente.
10. Mediante auto del 28 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Risaralda declaró probada la excepción de cosa juzgada, al considerar que
existía identidad de partes, objeto y causa respecto del proceso promovido con
antelación. Concluyó que en ambo trámites, el actor pretendió obtener el
reconocimiento de la misma prestación. Descartó que la declaratoria de nulidad
del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 dictada por el Consejo de Estado en
sentencia del 3 de septiembre de 2018 constituyera un hecho nuevo que lo
habilitara para presentar una nueva reclamación administrativa y, como
consecuencia, que le permitiera acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para solicitar el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
Lo anterior, puesto que dicha norma no fue determinante para la solución del
asunto estudiado, en la medida en que se aplicaron los Decretos 1212 y 1213 de
1990.
11. Inconforme con ello, el actor interpuso recurso de apelación. Sostuvo que
en el asunto no se configuraba el fenómeno de cosa juzgada, puesto que, a su
juicio, surgieron hechos nuevos que permitían reabrir el análisis del asunto, de
conformidad con la normativa y jurisprudencia vigente. Como fundamento de ello,
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citó un proceso5 en el que se debatió una situación similar y alegó vulneración de
su derecho a la igualdad, por haberse tomado una decisión distinta a la adoptada
en dicho trámite en el que se reconoció la asignación de retiro.
12. Mediante auto del 14 de mayo de 20256, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. Advirtió que,
a diferencia de lo señalado por el apelante, se configuró la identidad de causa
puesto que en ambos procesos versaban sobre el mismo objeto, esto es, el
reconocimiento y pago de su asignación de retiro.
13. Sostuvo que el argumento relacionado con la anulación del artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012 mediante la sentencia del 3 de septiembre de 2018 del
Consejo de Estado, no desvirtuaba la configuración de la cosa juzgada. Lo
anterior, dado que en el proceso que se promovió se analizaron y aplicaron los
Decretos 1212 y 1213 de 1990, normativa que el actor invocó en la nueva
demanda. A su vez, se advirtió que el artículo 2 del Decreto 1858 no se aplicaba
a su situación y que, en todo caso, la negativa de la autoridad demandada para
el reconocimiento de la asignación de retiro se fundamentó en el incumplimiento
del tiempo requerido para el efecto, esto es, 20 años de servicio. Agregó que este
tiempo se debió acreditar, dado que la causal de retiro fue la separación absoluta
del cargo.
14. Concluyó que no se vulneró su derecho a la igualdad, pues no se
encontraron acreditados los presupuestos de circunstancias fácticas y jurídicas
que permitieran establecer que no se aplicó la misma solución a situaciones
análogas resueltas por la misma autoridad judicial.
1.3. Sustento de la vulneración
15. La parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, con fundamento en los siguientes
argumentos.
16. Afirmó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron sus
facultades extra y ultra petita e inaplicaron los principios pro homine y pro
persona, al no indicarse los motivos por los cuales se desconoció lo resuelto por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en casos análogos al suyo y se limitó
a afirmar que no se habían acreditado las circunstancias fácticas de dichos
asuntos. Como fundamento de ello, citó amplios apartados textuales de las
siguientes sentencias:
• Sentencia del 30 de abril de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo
de Pereira en el proceso con radicado 66001-23-33-000-2016-00151-00.
5 Identificado con radicado 66001-23-33-000-2016-00151-00.
6 Notificado el 9 de junio de 2025.
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• Sentencia del 22 de mayo de 2020 del Tribunal Administrativo de Caldas,
dictada en el proceso con radicado 17-001-23-33-000-2018-00516-00.
• Sentencia del 28 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en el proceso con radicado 17001-23-33-
000-2018-00516-01.
• Sentencia T-261 de 2019 de la Corte Constitucional
17. Alegó que las autoridades judiciales accionadas no sustentaron los
motivos por los cuales adoptaron decisiones distintas en casos con presupuestos
fácticos análogos, en detrimento de sus derechos fundamentales. Al respecto,
sostuvo que se vulneraron sus derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, dado que esta ausencia de argumentos frente al
desconocimiento del precedente judicial vinculante implica la ausencia de
motivación bajo parámetros de legalidad, razonabilidad y coherencia.
18. Sostuvo que en las sentencias que consideró desconocidas, se adoptaron
decisiones distintas en relación con la figura de la separación absoluta del cargo,
puesto que allí se accedió a las pretensiones formuladas en las respectivas
demandas. Aseguró que, de conformidad con este precedente, frente a casos en
donde opere la causal de separación absoluta del cargo, solo se debe exigir 15
años de servicio para acceder a la asignación de retiro para aquellos funcionarios
que se encontraran activos en la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004.
19. Argumentó que las decisiones cuestionadas no eran coherentes, puesto
que se aplicó la excepción de cosa juzgada sin tomar en consideración el cambio
de precedente que operó mediante la sentencia del 3 de septiembre de 2018,
dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puso
de presente que en esta providencia se ordenó declarar con efectos ex tunc la
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012. Agregó que, «al existir
jurisprudencia nueva» las autoridades judiciales accionadas han «debido
continuar con el proceso» y, de tal forma, dictar un pronunciamiento de fondo.
20. Alegó que su servicio durante más de 15 años a la institución fue en vano,
puesto que su derecho a la asignación de retiro fue desconocido tanto por Casur,
como por las autoridades judiciales accionadas. Añadió que ello implicó una
situación de desprotección, puesto que las providencias cuestionadas se
fundamentaron en un error de interpretación al aplicar indebidamente la figura de
la cosa juzgada. Puso de presente que ello le impidió acceder nuevamente a la
administración de justicia, aun cuando los lineamientos en relación con el
reconocimiento del derecho prestacional en su caso habían variado.
21. Finalmente, argumentó que se desatendió lo dispuesto por el artículo 53
constitucional, puesto que se desconoció el principio de decidir de conformidad
con la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación o
interpretación de las fuentes formales del derecho. A su vez, afirmó que se
transgredió el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, al
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desconocer que el actor contaba con una expectativa legítima de reconocimiento
del derecho prestacional que solicitó.
1.4. Intervenciones
22. Casur solicitó que se le desvinculara del presente trámite al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que lo pretendido por el
actor no está relacionado con alguna actuación por parte de la entidad. Esto, en
la medida en que lo cuestionado por el señor Villa González es una providencia
judicial. A su vez, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, puesto
que el tutelante pretende usar el mecanismo de amparo como una tercera
instancia.
23. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción, al considerar que no se identificó
ninguna causal de procedencia especial de tutela contra providencias judiciales
y tampoco se acreditó la configuración de alguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Agregó que la providencia judicial fue adoptada de
conformidad con las normas vigentes y mediante una valoración adecuada del
material probatorio obrante en el expediente.
1.5. Sentencia de primera instancia
24. Mediante fallo del 30 de enero de 2026, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción al considerar que
el asunto carecía de relevancia constitucional. Argumentó que el actor
simplemente se limitó a manifestar su inconformidad con lo decidido y, en tal
sentido, las razones expuestas eran una evidente reiteración de lo sustentado
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
25. Indicó que el objetivo del señor Villa González es imponer la forma como
debió valorarse y decidirse el asunto en dicho trámite que promovió ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Advirtió que, aunado a lo anterior,
el actor no cumplió con la carga argumentativa requerida, puesto que no se
encuadraron los argumentos formulados en las causales específicas de
procedencia de la tutela contra providencia judicial.
1.6. Impugnación
26. El accionante solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y
que, en su lugar, se accediera al amparo solicitado.
27. Reiteró las citas textuales de las providencias que, a su juicio, las
autoridades judiciales accionadas desconocieron al proferir las providencias
cuestionadas. Señaló que en la sentencia dictada en el proceso con radicado
66001-23-33-000 2016-00151-00 y en su caso existe una identidad en relación
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con «los aspectos primordiales para acceder a la asignación de retiro» al tratarse
de casos asuntos en los que la causal de retiro fue la separación absoluta y en
los que los funcionarios tenían un tiempo de servicios inferior a 20 años.
28. Señaló que la ritualidad exigida por el juez de la primera instancia se debía
entender por satisfecha, a pesar de que esta no es requerida por el Decreto 2591
de 1991, puesto que «el Consejo de Estado debe conocer ampliamente sus
posiciones en lo que atañe a sus posiciones de cada materia».
29. Insistió en que, al declararse la cosa juzgada en su caso, se desconoció
el cambio de jurisprudencia producto de la sentencia del 3 de septiembre de
2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
Agregó que, en dicha providencia, se citó un caso análogo al suyo en el que se
accedió a la asignación de retiro solicitada. Al respecto, citó el artículo 304 del
Código General del Proceso y estableció que dicho fallo configuraba un nuevo
hecho que le permitía presentar una nueva demanda en la que exigiera el
reconocimiento de su derecho prestacional.
30. Argumentó que en la sentencia de primera instancia no hubo
pronunciamiento sobre la vulneración de sus derechos fundamentales ni sobre
la transgresión de los principios de la primacía de la realidad sobre las formas y
de favorabilidad en favor del trabajador, los cuales fueron invocados en el escrito
de tutela.
1.7. Manifestación de impedimento
31. Los magistrados Omar Joaquín Barrero y Gloria María Gómez Montoya
manifestaron estar impedidos para conocer de la acción constitucional del
asunto. Consideraron que estaban inmerso en la causal 5.º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.
32. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala
declaró infundada la causal, pues no se encontró́ acreditado el supuesto de
hecho establecido en la norma.
II. CONSIDERACIONES
33. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela presentada por la parte actora. En tal
sentido, se demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
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34. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial.
35. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
36. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.
37. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
38. La Sala advierte que el señor Rubén Darío Villa González está legitimado
en la causa por activa, en la medida en que fue el demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. A su vez, se evidencia que la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Risaralda están legitimados en la causa por pasiva al haber proferido las
providencias controvertidas en este proceso. Sin embargo, se advierte que el
estudio se centrará exclusivamente en el fallo de segunda instancia, debido a que
fue el que puso fin al trámite.
39. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional11, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
10 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
11 Sentencia SU-215 de 2022.
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derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
40. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que: (i) la parte actora
reiteró argumentos que fueron expuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y, (ii) la acción carece de carga argumentativa en
clave de derechos fundamentales.
41. En primer lugar, en lo que respecta a los reproches que sustentan el cargo
por desconocimiento del precedente, la Sala considera que el actor no cumplió
con la carga argumentativa requerida para su estudio. Lo anterior, puesto que el
actor se limitó a referenciar extensas citas textuales de las sentencias que, a su
juicio, fueron desatendidas, sin identificar alguna regla o subregla de derecho
aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida por la Subsección
demandada, en consideración a las particularidades del caso concreto. A su vez,
tampoco se expuso mínimamente en qué sentido los asuntos tratados en tal
providencia guardan similitud fáctica con el litigio objeto de esta acción, con lo
que no cumplió con la carga mínima requerida para que exista un
pronunciamiento de fondo por parte de la sala.
42. Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso resaltar que
esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir
con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii)
la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión
final que adopte el fallador de instancia. Los anteriores criterios no fueron
desarrollados por la parte demandante, por lo que no se satisface el deber de
una carga mínima que permita superar la relevancia constitucional.
43. Al respecto, se pone de presente que el actor sostuvo que en las
sentencias que referenció se decidieron asuntos con presupuestos fácticos
análogos al objeto de esta acción y en los que se habría reconocido la acción de
retiro en casos en los que se aplicó la causal de separación absoluto. No
obstante, frente a ello es necesario hacer las siguientes precisiones.
44. Estas razones corresponden a afirmaciones generales, que no tuvieron el
desarrollo argumentativo requerido en el marco de una acción de tutela contra
una providencia judicial del órgano de cierre en la materia. En efecto el actor no
expuso en qué sentido tales providencias guardaban relación con la providencia
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que, en segunda instancia, declaró probada la excepción de cosa juzgada. El
señor Villa González se limitó a exponer motivos de simple inconformidad con lo
decidido por los jueces de instancia, sin aludir a los fundamentos del criterio
adoptado por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Por
tanto, de las afirmaciones que llevó a cabo el actor no es posible establecer en
qué sentido las providencias aludidas corresponden a situaciones análogas al
asunto de su interés.
45. En este sentido, del incumplimiento de la carga argumentativa requerida
para que el juez de tutela efectúe el respectivo estudio, se sigue que lo pretendido
por el actor es manifestar un simple desacuerdo con una decisión desfavorable
a sus intereses. En efecto, de las razones presentadas en el escrito inicial no es
posible advertir, prima facie, alguna arbitrariedad o capricho por parte de la
autoridad judicial accionada que permita concluir que la controversia propuesta
versa sobre la amenaza, transgresión o alcance de algún derecho fundamental.
En efecto, el actor no alude a ninguno de los motivos que sustentaron la
declaratoria de cosa juzgada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, puesto que los argumentos del actor simplemente desarrollan el sentido
en el que, a su juicio, se ha debido decidir el medio de control.
46. En lo que respecta a los argumentos restantes, tal como fue advertido por
el juez de la primera instancia, se pone de presente que aquellos no fueron
formulados de conformidad con las exigencias de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de esta Corporación en materia de tutela contra providencia
judicial. Esto, dado que en el escrito de tutela no se aludió a la configuración de
alguna de las causales específicas de procedibilidad de este tipo de acción.
47. A su vez, uno de los argumentos en los que insistió el señor Villa González
es el relacionado con el error en que habría incurrido el órgano de cierre en la
materia al no tomar en consideración que la sentencia del 3 de septiembre de
2018, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
constituía un hecho que le posibilitaba promover un nuevo proceso de nulidad y
restablecimiento para solicitar nuevamente el reconocimiento y pago de su
asignación de retiro. No obstante, tal como fue expuesto en los antecedentes del
presente fallo, esto corresponde a una de las razones que sustentaron tanto la
demanda como el recurso de apelación en el proceso adelantado ante el juez de
instancia. En tal sentido, corresponde a un asunto ya resuelto en el proceso
ordinario y, en tal sentido, ya zanjado por el juez natural de la causa.
48. Sobre este punto, resulta pertinente poner de presente que la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que el simple hecho de
que se hubiera proferido dicha sentencia no desvirtuaba la configuración de la
cosa juzgada. Lo anterior, dado que en el proceso que se promovió se analizaron
y aplicaron los Decretos 1212 y 1213 de 1990, normativa que el actor invocó en
la nueva demanda. A su vez, se advirtió que el artículo 2 del Decreto 1858 –cuya
nulidad fue declarada en dicho fallo– no se aplicaba a su situación y que, en todo
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caso, la negativa de la autoridad demandada para el reconocimiento de la
asignación de retiro se fundamentó en el incumplimiento del tiempo requerido
para el efecto, esto es, 20 años de servicio.
49. En tal sentido, el litigio propuesto en sede de tutela no cuenta con la
relevancia constitucional que permita al juez de tutela llevar a cabo un estudio de
fondo, dado que lo pretendido es que se efectúe un análisis de corrección sobre
el ejercicio hermenéutico del operador judicial. En tal medida, la formulación de
esta controversia se sustenta, como se ha insistido, en una inconformidad con la
decisión del órgano de cierre en la materia, finalidad para la cual no fue prevista
la acción de tutela contra providencias judiciales.
50. De igual forma, se pone de presente que la Corte Constitucional ha
reiterado10 que, respecto de las acciones de tutela contra providencias dictadas
por altas cortes –como lo es el Consejo de Estado–, las razones presentadas
deben cumplir con una carga argumentativa transversal, elemento que se
concreta en un estudio más restrictivo y riguroso de los requisitos generales de
procedencia, en especial, el de relevancia constitucional. Esto tiene justificación
en que tales corporaciones cumplen un rol especial en el sistema judicial, en la
medida en que son los órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones. Por
tal motivo, la intervención del juez de tutela se justifica exclusivamente cuando la
providencia judicial cuestionada sea abiertamente incompatible con el alcance y
límite dado por la Corte Constitucional a los derechos fundamentales, o cuando
se genere una anomalía en el sistema judicial de tal envergadura que posibilite
la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.
51. Finalmente, se enfatiza en que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2026 que declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Rubén Darío Villa
González.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Accionante: Rubén Darío Villa González
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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