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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07472-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07472-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07472-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de marzo de 2026

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07472-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cinco [5] de marzo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07472-01
Demandante: LEONILDA GUTIÉRREZ LOBO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Análisis del requisito de procedibilidad
de relevancia constitucional. Confirma decisión de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Leonilda Gutiérrez Lobo
contra la sentencia de 22 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la
referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radicado el 25 de noviembre de 2025, la señora Leonilda Gutiérrez
Lobo, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Santander con el
fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de: (i) la sentencia de 17 de julio de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo de
Santander dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la actora contra el Distrito Especial de Barrancabermeja, en el sentido
de negar las pretensiones de la demanda; causa que se identificó con el radicado

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Leonilda Gutiérrez Lobo
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07472-01

68081-33-33-001-2018-00063-00/01; y (ii) la providencia de 14 de octubre de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el marco
del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la referida
sentencia ordinaria de 17 de julio de 2025.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Primera. - Declarar la Procedencia de la presente Acción de Tutela para la protección
y salvaguarda de mis Derechos Fundamentales al Debido Proceso, Igualdad ante la
Ley, Acceso a la Administración de Justicia, bajo los principios de Buena Fe,
Legalidad, Confianza legítima de los ciudadanos colombianos en el Estado Social de
Derecho, por las razones arriba expuestas.

Segundo. - De manera respetuosa solicito al Honorable Juez Constitucional para que
ordene: REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia de Primera Instancia dentro del
Radicado 680813333001-201800063-00 con respecto del artículo SEGUNDO del
proveído sobre la cual se solicita [...]1.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora Leonilda Gutiérrez Lobo informó que se vinculó al Distrito Especial de
Barrancabermeja mediante nombramiento en carrera administrativa desde el 22 de
marzo de 1994 en el cargo de nivel asistencial de secretaria I, que luego pasó a
llamarse secretaria ejecutiva grado 05.

Manifestó que obtuvo el título de abogada y, debido a ello, se le dio la oportunidad
de ser encargada como inspectora de policía en el área rural. Luego, en el año 2013,
mediante la resolución 2400 y el acta de posesión 0188, fue encargada como
comisaria de familia, código 202, grado 03 en el nivel de profesional especializado.

Puntualizó que la nueva secretaria de Gobierno llegó el 7 de julio de 2016 y le asignó
como puntaje en la evaluación de desempeño parcial correspondiente al primer
semestre de 2016, un 23% sobre un 50% posible, teniendo en cuenta para ello solo
los 24 días que habían transcurrido desde su posesión hasta la fecha de
culminación de dicho periodo. Agregó que, a pesar del reclamo efectuado a la
evaluadora, esta le mantuvo la calificación en un 23% sobre el 50%, mientras que

1 Cita del texto original con énfasis y posibles errores.

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en la segunda calificación le dio un total de 68% sobre el 100%, lo cual no le permitía
continuar en el encargo.

Afirmó que contra esas calificaciones interpuso los recursos correspondientes y,
además, le solicitó a la secretaria de gobierno que se declarara impedida para emitir
la segunda evaluación semestral, no obstante, el 22 de agosto de 2017 se le notificó
la resolución 2230, mediante la cual se dio por terminado el nombramiento en
encargo como comisaria de familia, entre otras razones, por la baja calificación
obtenida.

Indicó que ejerció del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Distrito Especial de Barrancabermeja con el fin de que se declarara la
nulidad de la resolución 2230 de 18 de agosto de 2017. A título de restablecimiento
solicitó el reintegro al cargo que estaba desempeñando y el pago de todo lo dejado
de percibir a partir de la desvinculación y hasta el reintegro.

Adujo que el asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja que, en sentencia de 10 de
septiembre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al
declarar la nulidad de la resolución 2230 de 2017, en atención a que: (i) consideró
que la evaluación de desempeño laboral definitiva fue expedida sin que la
recusación formulada contra la secretaria de gobierno hubiera sido resuelta, por lo
que se desconoció el artículo 39 del Decreto 760 de 2005; y (ii) el recurso de
reposición contra la aludida evaluación de desempeño no podía ser resuelto por la
secretaria de gobierno por carecer de competencia y, pese a que debía sanearse el
trámite, lo conoció y lo decidió.

Refirió que, en cuanto a las pretensiones restitutorias ordenó el pago de las
diferencias salariales y prestacionales «causadas entre lo devengado por la
accionante una vez cumplido su retiro del empleo en el que se encontraba
encargada [Comisario de Familia grado 03 código 202], y el que desempeñó en la
planta de personal del ente accionado hasta la fecha en que se había provisto
inicialmente el encargo, esto es, hasta el 8 de septiembre de 2017», y negó las
demás súplicas dentro de las cuales se enlistaba el reintegro.

Afirmó que la mencionada determinación obedeció a que el encargo como comisario
de familia se limitaba a 6 meses y en el presente caso con la resolución 676 de 2017
se había prorrogado esa situación administrativa desde el 9 de marzo al 8 de
septiembre de ese año, por lo que el lapso se ajustaba al plazo original; además, la
autoridad indicó que una extensión posterior del encargo era eventual e incierta,

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sometida a requisitos como la calificación de desempeño sobresaliente y a ocupar
el cargo inmediatamente inferior.

Acotó que el recurso de apelación lo resolvió el Tribunal Administrativo de
Santander en proveído de 17 de julio de 2025 en el sentido de confirmar la decisión
del a quo al precisar que el Decreto 760 de 2005 establecía que la recusación debía
resolverse con anterioridad al inicio de la evaluación, sin embargo, en el presente
caso se había continuado con el proceso de evaluación sin definir dicha situación,
de manera que la evaluación que apoyó la terminación del encargo fue irregular al
vulnerar el debido proceso y el derecho defensa.

En relación con la restitución, aseguró que el tribunal compartió la tesis del juez
consistente en que el encargo es una situación temporal de 6 meses y no otorga
vocación de permanencia al ascendido como sí ocurre con el nombramiento en
provisionalidad, por lo tanto, dejó incólume la orden de restablecimiento desde el
retiro del encargo hasta la finalización de la última prórroga [8 de septiembre de 2017].

Señaló que ejerció el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra
la sentencia de 17 de julio de 2025, marco en el cual planteó los siguientes reparos:

(i) Se desconoció la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado en el expediente 11001- 03-25- 000-
2017-00151-00 (0892-2017), por cuanto en esta providencia se estudió un cargo
en provisionalidad, así como los descuentos de salarios y prestaciones en casos
de reintegro laboral tras una desvinculación ilegal.

(ii) La sentencia de unificación referenciada señaló que la condena producto de
un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene naturaleza
restitutoria y esto se acompasa con los derechos laborales, por lo que en los
eventos de desvinculaciones ilegales del servicio «[…] los efectos retroactivos
son los que protegen en mayor medida los derechos laborales de los servidores
públicos afectados por el acto viciado de nulidad, pues no de otra manera sería
plausible la orden de reintegro sin solución de continuidad.».

(iii) No se observó la sentencia del 27 de octubre de 2005 proferida dentro del
expediente 14979 en la que se indicó que: «[e]n reiterada jurisprudencia, esta
Sección ha precisado que los fallos de nulidad producen efectos "ex tunc", es
decir, desde el momento en que se profirió, el acto anulado, esto es, que por
tener efectos retroactivos las cosas deben retrotraerse al estado en que se
encontraban, antes de la expedición del acto anulado».

(iv) A pesar de lo anterior, el tribunal limitó el restablecimiento del derecho a la
conclusión de la prórroga de la resolución 676 del 7 de marzo de 2017, esta
interpretación careció de sustento legal porque la Ley 909 de 2004 estableció el

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encargo como indefinido hasta la realización de un concurso que ofertara los
cargos en vacancia definitiva.

(v) El artículo 1. ° del Decreto 648 de 2017 adicionó el Decreto 1083 de 2015 en
torno a los cargos en vacancia definitiva y, al momento del retiro del encargo de
la demandante, el cargo que desempeñaba se encontraba en vacancia definitiva.

(vi) La modificación de la Ley 1960 de 2019 al artículo 24 de Ley 909 de 2004
eliminó el límite de 6 meses de la legislación de carrera administrativa y esta era
aplicable a la demandante por contar con vínculo laboral con el municipio de
Barrancabermeja cuando se expidió la Ley 1960 de 2019, es decir, el 27 de junio
de 2019.

(vii) Debido al artículo 24 ibidem y la nulidad de la Resolución 2230 de 2017 la
demandante «debería ostentar el Cargo de Comisaria de Familia en calidad de
Titular y como por supuesto, este hecho jurídico no es posible, lo único que queda
es el pago de todos los salarios y demás prestaciones laborales dejadas de recibir
desde que fui desvinculada injustamente del encargo hasta el día que me retiré
de la prestación del servicio público en beneficio del Estado, esto es, el 31 de
diciembre del año 20212».

Aseveró que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en providencia
de 14 de octubre de 2025 analizó la admisibilidad del mecanismo extraordinario y
determinó su rechazo al considerar que «la demandante no pretendió demostrar la
contradicción o el desconocimiento de una sentencia de unificación del Consejo de
Estado, sino que buscó mostrar su desacuerdo respecto del análisis jurídico que
llevó al tribunal a negar parcialmente sus peticiones», en ese sentido, concluyó que
el recurso fue encaminado a reabrir un debate jurídico abordado ante el juez natural.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Leonilda Gutiérrez Bedoya alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en los
siguientes términos:

1.4.1. En relación con la sentencia de 17 de julio de 2025 dictada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adujo que se incurrió
en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente por
cuanto el tribunal accionado «[...] ni siquiera hizo mención, menos realizó análisis
alguno o se refirió en manera alguna a la Ley 1960 de 2019 que modificó el artículo

2 Resumen extraído de la providencia de 14 de octubre de 2025, mediante la cual se rechazó el
recurso extraordinario de revisión.

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2422 de la Ley de carrera administrativa, y era esencial la manifestación de los
argumentos para que se apartara de la aplicación solicitada en el recurso de alzada
por lo tanto este defecto lo considero aplicable por el desconocimiento de la ley
aplicable y falta de motivación argumentativa para la resolución del reconocimiento
y pago de los contenidos pecuniarios al desatar el recurso de alzada».

Así, agregó que la judicatura reprochada no atendió los argumentos expuestos por
la demandante tendientes a que se modificara la orden del restablecimiento del
derecho y el pago de los conceptos a que tiene derecho, puesto que, si se declara
la nulidad del acto, ello implica que el nombramiento en el encargo como comisario
de familia permanece incólume, lo cual se acompasa con la decisión del Consejo
de Estado de «14 de junio de 1915» la cual fue iterada en el pronunciamiento emitido
en el expediente «11001-03-25-000-201-00151-00», y con la SU-354 de 2017 de la
Corte Constitucional en la que se dispuso que «la esencia del restablecimiento del
derecho es retrotraer las cosas a su estado inicial [...]».

Aseguró que el tribunal accionado se limitó a validar lo considerado por el juez de
primera instancia ignorando el «precedente judicial» del Consejo de Estado
contenido en el referido expediente 11001-03-25-000-201-00151-00 «[…] puesto en
su conocimiento, tampoco tuvo en cuenta la mención de la necesidad de la
aplicación de la Ley 1960 de 2019, que dispuso la eliminación del término de los 6
meses, de la legislación de carrera administrativa, es decir, a junio 27 de 2019
cuando salió a la luz esta disposición, me encontraba cobijada con esta normativa
al encontrarme vinculada laboralmente al Municipio de Barrancabermeja […]».

1.4.2. De otro lado, en cuanto a la providencia de 14 de octubre de 2025 dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el marco del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, sostuvo que el tribunal censurado
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al fundamentar el
rechazo del referido mecanismo en las reglas y formalismos de la Ley 1437 de 2011
sin efectuar un análisis detallado de su caso, particularmente sobre «”[…] el estudio
de la aplicabilidad de la ratio decidendi vaciada en la parte motiva del Precedente
Judicial del Radicado No.11001-03-25-000-2017-00151-00 […]”».

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 28 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de primer grado
admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar como demandados al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y al Tribunal Administrativo de
Santander; y vincular en calidad de tercero con interés al Juzgado Primero

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Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja y al Distrito Especial de
Barrancabermeja.

1.6. Contestaciones

1.6.1. El Distrito Especial de Barrancabermeja aseguró que no desconoció
derecho fundamental alguno de la señora Leonilda Gutiérrez Bedoya, razón por la
solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional ante la falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.6.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado realizó
un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite del recurso extraordinario, y
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad, comoquiera que la parte accionante contaba con el
recurso de reposición y en subsidio el de súplica para recurrir o reprochar la decisión
que rechazó el mencionado mecanismo.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Santander señaló que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional por cuanto con esta se pretende agotar una
instancia adicional al proceso ordinario para recabar sobre una discusión que fue
decidida por el juez natural.

1.6.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barrancabermeja
solicitó declarar la improcedencia del asunto de la referencia en atención a que no
cumple con los requisitos fijados por la Corte Constitucional, particularmente el de
relevancia constitucional debido a que controvierte decisiones adoptadas en
derecho por esa autoridad judicial y por el Tribunal Administrativo de Santander.

1.7. Fallo impugnado3

Mediante providencia de 22 de enero de 2026 la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al no advertir superados: (i)
el requisito de relevancia constitucional respecto de la sentencia ordinaria de 17 de
julio de 2025 luego de concluir que se trataba de la reapertura de un debate zanjado
ante el juez natural de la causa; y (ii) la exigencia de la subsidiariedad frente a la
providencia de 14 de octubre de 2025 que rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en tanto la accionante no agotó la reposición y la
súplica.

3 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 28 de enero de 2026.

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Finalmente, negó la solicitud de desvinculación elevada por el Distrito Especial de
Barranquilla.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado oportunamente el 4 de febrero de 2026, la señora Leonilda
Gutiérrez Bedoya impugnó la decisión del a quo al manifestar su inconformidad con
la resolutiva en el sentido de iterar los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente contra la sentencia ordinaria, y aseguró que los recursos de
reposición y de súplica no eran eficaces dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto fenecieron las oportunidades procesales,
razón por la cual resaltó que el único mecanismo que tiene a su disposición es la
tutela.

Aclaró que no demandó la decisión de 14 de octubre de 2025 que rechazó el recurso
extraordinario, en tanto «[...] sólo hice mención en la tutela del mismo como una
irregularidad procesal por vía excepcional atendiendo a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional según sentencia T-112-20. Por lo tanto, no se trató de un argumento
recursivo, sino para exponer el hecho jurídico del rechazo como un requisito general
para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales».

Agregó que la decisión de declarar la improcedencia de la acción por falta de
relevancia constitucional es inaceptable «porque el sólo hecho de ni siquiera
analizar la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado y no pronunciarse con
argumentos válidos de porqué se apartaba de tal precedente judicial, como soporte
para reclamar mis derechos, además de considerarlo una grave vulneración al
debido proceso, constituye un defecto fáctico al no valorar este instrumento de
soporte para dilucidar el caso».

Insistió en que el Tribunal Administrativo de Santander: (i) no analizó si era aplicable
en la solución de su caso, el precedente de la sentencia de unificación del Consejo
de Estado contenida en el expediente 11001-03-25-000-2017-00151-00; (ii) dio
prioridad a los derechos del personal nombrado en provisionalidad frente a los
funcionarios que ingresan por mérito a la carrera administrativa; (iii) omitió el estudio
y análisis de las pruebas arrimadas al proceso; (iv) no atendió lo dispuesto «por la
Ley 1960 de 2019 que modificó el artículo 24 de la Ley de carrera administrativa»
en el sentido de eliminar el término de los 6 meses para los encargos, y «dispuso
que después de tres (3) meses en el encargo, el funcionario quedaría en el puesto
en propiedad»; y (v) vulneró el principio de Legalidad al poner en riesgo la seguridad
jurídica y al limitar el poder del Estado.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora
Leonilda Gutiérrez Lobo contra la sentencia 22 de enero de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20214, así como
los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

En este punto la Sala advierte necesario aclarar que, de conformidad con el escrito
de impugnación presentado por la señora Leonilda Gutiérrez Lobo, el estudio de la
solicitud de amparo se limitará a la sentencia de 17 de julio de 2025 dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 68081-33-33-001-2018-
00063-00/01.

Ello, en atención a que la accionante manifestó que la referencia realizada en la
tutela respecto a la providencia que resolvió el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia de 14 de octubre de 2025 [frente a la cual el a quo constitucional
indicó que no se superaba el análisis de la subsidiariedad], obedecía a la intención de
acreditar la procedencia de la acción de tutela y no como «argumento recursivo»
contra esa decisión, lo cual se acompasa con las pretensiones de la demanda de
tutela que están dirigidas únicamente contra lo decidido en la causa ordinaria.

De conformidad con lo expuesto, también se precisa que, si bien en la petición
segunda se indicó: «REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia de Primera Instancia
dentro del Radicado 680813333001-201800063-00 con respecto del artículo
SEGUNDO [...]», lo cierto es que, tal como se indicó en líneas previas, el estudio de
este caso se realizará desde la perspectiva del fallo de 17 de julio de 2025 por ser
este el que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 22 de enero de 2026 proferida por la Sección

4 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.

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Primera del Consejo de Estado, a través de la cual se declaró la improcedencia de
la solicitud de amparo constitucional.

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) el análisis del caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. La Sala precisa que, en consonancia con a lo señalado por el a quo
constitucional, el requisito de relevancia constitucional no se advierte superado

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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en el asunto de la referencia frente a la providencia de 17 de julio de 2025, marco
en el cual los argumentos expuestos por la señora Leonilda Gutiérrez Lobo no
cumplen con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 215 de 16 de junio de 20229.

En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto
esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.

9 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.

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Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que
se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.10

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»12.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general13.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con

10 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ibídem.

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derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»14.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso15, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.5.1.1. Ahora, al descender al análisis del escrito inicial y de impugnación, esta
colegiatura no avizora que las inconformidades de la señora Leonilda Gutiérrez
Lobo contengan la entidad argumentativa requerida. Es decir, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, es indispensable que la parte accionante además
de identificar los yerros de los cuales adolece la decisión, así como las garantías
superiores que considera vulneradas, debe exponer con suficiencia las razones del
por qué el asunto requiere la intervención del fallador de esta sede.

Si bien el extremo tutelante resaltó que en este caso se configuró una vulneración
al derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión
de la expedición de la sentencia de 17 de julio de 2025, lo cierto es que hasta este
punto del debate no se advierte, a priori, que la decisión censurada sea arbitraria,
irrazonable o caprichosa, debido a que, en el marco de su autonomía el tribunal que
conoció la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los mismos términos del
a quo ordinario

Ello es así, debido a que, salta a la vista que los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente elevados contra la decisión del Tribunal
Administrativo de Santander se concentran en plantear la reapertura del debate
legal que se surtió y zanjó ante los jueces de lo contencioso administrativo, quienes
consideraron tanto en primera como en segunda instancia que no procedía la
restitución del derecho en los términos exigidos por la demandante teniendo en
cuenta, en síntesis, que el cargo de comisario de familia lo ocupaba en la modalidad
de encargo en virtud de lo estipulado en el artículo 2416 de la Ley 909 de 2004, por

14 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
15 Sentencia SU-573 de 2019.

16 «ARTÍCULO 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de
carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no
han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es
sobresaliente».

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lo tanto, no era pertinente reconocer y ordenar el pago de salarios y prestaciones
hasta la fecha de su retiro definitivo de la carrera, sino hasta el momento en que
finalizó la última prórroga [8 de septiembre de 2017].

Adicionalmente, en relación con el defecto fáctico no se advirtió la carga
argumentativa mínima exigida y, consecuentemente, la carga desde la perspectiva
constitucional para que proceda el estudio de dicho argumento, comoquiera que la
tutelante se limitó a señalar de manera general que el tribunal no tuvo en cuenta las
pruebas aportadas al proceso con el fin de comprobar que su desvinculación fue
ilegal y que al quedar incólume el acto de su nombramiento, lo que procedía era el
total restablecimiento de sus derechos.

En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación desde la esfera constitucional y de la violación de las
garantías que la parte actora alegó como desatendidas, que demuestren lo urgente
de la intervención del juez de tutela y de su pronunciamiento en el asunto de la
referencia.

No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión censurada se
transgredieron determinados derechos superiores o se presentaron determinadas
vías de hecho, por el contrario, es menester que quien se considera afectado,
cumpla con el deber de argüir el concepto de la vulneración que se deriva de una
providencia judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que
implique en esta sede un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.

Así las cosas, es evidente que este medio de amparo persigue emplear una tercera
instancia y además, carece de la carga argumentativa suficiente a través de la cual
se justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la
violación, lo cual implica un ejercicio explicativo, jurídico y lógico que le permita a
esta colegiatura advertir una prominente vulneración de sus prerrogativas
superiores con ocasión de la providencia dictada por la autoridad censurada, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de unificación
215 y 103 de 202217.

17 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,

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Todo lo anterior da lugar a que esta Sala de decisión confirme la decisión de primer
grado en cuanto declaró la improcedencia de la acción de la referencia, de
conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

2.6. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 22 de enero de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró la
improcedencia de la acción de la referencia promovida por la señora Leonilda
Gutiérrez por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de enero de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.

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