Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07473-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07473-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07473-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
20 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07473-00
Accionante: JHONATAN ALFONSO BARRIOS CAMARGO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. TUTELA-Carácter
subsidiario del amparo. ACTO ADMINISTRATIVO-Para controvertirlo el afectado dispone del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el solicitante contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, el Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla, el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Secretaría Distrital de
Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 25 de noviembre de 2025, Jhonatan Alfonso Barrios Camargo, en nombre propio,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la dignidad, igualdad, petición, debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, junto con los principios de favorabilidad, legalidad de la
sanción, pro homine y pro libertate. Alega vulnerados estos derechos por el Juzgado
Quinto Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico al
haber proferido las sentencias del 26 de mayo y 19 de junio de 2025,
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Accionante: Jhonatan Alfonso Barrios Camargo
Acción de tutela – Primera instancia
respectivamente, en el marco de la acción de cumplimiento1 que adelantó contra el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Secretaría Distrital de
Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. A su vez, depreca la vulneración de sus
derechos fundamentales por parte de las autoridades del nivel distrital referidas.
En virtud del amparo, solicitó que se ordene a la autoridad judicial accionada declarar
la pérdida de ejecutoria del acto administrativo No. 3946 del 12 de diciembre de 2018
y, en su lugar, (i) activar y habilitar su licencia de conducción, y (ii) actualizar las
bases de datos QX, SIMIT y RUNT.
2. Hechos relevantes
El solicitante describió que, mediante Resolución 3946 del 12 de diciembre de 2018,
la Inspección Sexta de la Secretaría de Movilidad de Barranquilla le impuso sanción
por conducir bajo efectos del alcohol y determinó cancelar su licencia de conducción
por 25 años.
La conducta sancionada no fue reincidente, de modo que el 10 de abril de 2025 el
solicitante radicó petición ante la Secretaría de Movilidad de Barranquilla, en la cual
pidió que se reduzca la sanción impuesta a 3 años. Mediante oficio QUILLA-25-
080643 del 22 de abril de 2025, la autoridad respondió la petición «de forma
defectuosa».
Inconforme con ello, el solicitante formuló acción de cumplimiento en contra de la
autoridad distrital. El 26 de mayo de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de
Barranquilla profirió sentencia que declaró improcedente la acción. La parte
demandante impugnó la decisión. En sentencia del 19 de junio de 2025, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la decisión.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la dignidad, igualdad, petición, debido proceso y de acceso a la
1 Identificado con número de radicado: 08001-33-33-005-2025-00094 -00/01.
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administración de justicia, junto con los principios de favorabilidad, legalidad de la
sanción, pro homine y pro libertate. Lo anterior, con ocasión de la Resolución 3946
del 12 de diciembre de 2018, el oficio QUILLA-25-080643 del 22 de abril de 2025 y
las sentencias proferidas el 26 de mayo y 19 de junio de 2025. Al respecto, señaló
que se encuentra privado de tener licencia de conducción:
«… con base en una decisión que según los precedentes jurisprudenciales
constitucionales, perdió su fuerza ejecutoria, desconociendo en mi favor el
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS PENAS, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD,
PRINCIPIO PRO HOMINE, PRINCIPIO PRO LIBERTATE y EL DEBIDO PROCESO,
porque existe un precedente judicial que me habilita para gozar de tales privilegios y
que las autoridades administrativas y judiciales se rehúsan a darle la correcta
aplicación en detrimento de mis derechos constitucionales fundamentales».
El solicitante argumentó que la sentencia C-428 de 2019 constituye precedente
judicial, en tanto determinó la constitucionalidad condicionada del artículo 3 de la Ley
1696 de 2013, el cual preveía que el conductor sancionado con la cancelación de su
licencia podrá volver a solicitarla transcurridos 25 años. La Corte Constitucional
estableció que el término de 25 años solamente se aplica ante la reincidencia de la
conducta sancionada, es decir, conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias
psicoactivas. En los demás casos, sería aplicable el término de 3 años contemplado
en el último inciso del parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010.
En tanto la sanción impuesta por la autoridad accionada fue proferida en Resolución
3946 del 12 de diciembre de 2018, el solicitante planteó que ya se había agotado el
término de tres años previsto en la ley, de modo que «la sanción ya fue cumplida».
También manifestó que, conforme a la sentencia C-428 de 2019, operó el fenómeno
de pérdida de ejecutoriedad de la sanción.
4. Trámite procesal
El 18 de diciembre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
a las autoridades accionadas. También se comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se solicitó al Juzgado
Quinto Administrativo de Barranquilla copia del expediente ordinario.
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En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo del Atlántico anotó que la
decisión objeto de estudio declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento
formulada por el solicitante, en tanto (i) no atendió el requisito de constitución en
renuencia, y (ii) su objeto es perseguir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o de actos administrativos, más no de decisiones judiciales.
Es así que pidió que se declare improcedente la tutela, al no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, habida cuenta que el actor pretende una instancia adicional
a la acción de cumplimiento. A su turno, señaló que el solicitante demoró cinco
meses en formular este mecanismo constitucional, situación que podría desvirtuar la
vulneración actual de derechos fundamentales y la urgencia del eventual amparo.
El Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla-Secretaría Distrital de
Tránsito y Seguridad Vial constató que el solicitante se encuentra sancionado por
conducir bajo el influjo del alcohol o sustancias psicoactivas. Tal situación fue
resuelta en Resolución No. 3946 del 12 de diciembre de 2018 y, a su turno,
confirmada en Resolución No. 1010 del 3 de diciembre de 2019. A su turno, refirió
que la licencia de conducción del accionante se encuentra cancelada.
Explicó que el decaimiento de actos administrativos expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia C-428 de 2019 operaba frente a las sanciones impuestas
por 25 años, al desaparecer sus fundamentos de derecho, situación distinta a la del
proceso contravencional en contra del solicitante. Agotadas las anteriores
explicaciones, la autoridad distrital pidió que se declare improcedente la tutela, al no
haber vulneración de derechos fundamentales. Agregó que la aplicación de la ley no
puede constituir un perjuicio irremediable.
El Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla aportó enlace digital al expediente
ordinario y guardó silencio en cuanto a la solicitud de tutela.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
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del 29 de mayo de 2025, en el marco de una acción de cumplimiento promovida por
el solicitante, así como los actos administrativos proferidos en el marco de una
contravención por conducir bajo los efectos del alcohol.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3 Ibidem.
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Acción de tutela – Primera instancia
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la C. Pol y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991
prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-07473-00
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Acción de tutela – Primera instancia
de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla
tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados5.
Caso concreto
El accionante considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, con motivo de la Resolución 3946 del 12 de diciembre de 2018, el
oficio QUILLA-25-080643 del 22 de abril de 2025 y las sentencias proferidas el 26
de mayo y 19 de junio de 2025. Sostiene que estas actuaciones desconocen lo
resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2019.
En lo atinente a la acción de cumplimiento formulada por el solicitante, en la cual
pretendía el cumplimiento de la sentencia C-428 de 2019, la Sala estudiará la
sentencia del 19 de junio de 2025 –que resolvió el proceso en forma definitiva–. En
su decisión, el Tribunal Administrativo del Atlántico determinó que la acción no
cumplía los requisitos de procedencia fijados en la Ley 393 de 1997:
«(…) puesto que en el caso particular no solamente no se satisface el requisito de
constitución en renuencia como lo indica el a quo, sino que adicionalmente, se
desonce el requisito principal de la presente acción constitucional consistente en
perseguir el cumplimiento de “normas aplicables con fuerza material de Ley o
Actos Administrativos”, mas no de decisiones judiciales como en este caso se
invoca por parte del actor».
El Tribunal anotó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
cualquier petición constituye en renuencia a la autoridad accionada; la solicitud debe
formularse, de manera expresa, con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia de cara a la acción de cumplimiento. Al revisar la petición presentada por
el actor a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, indicó que «la petición
no tiene la finalidad de constituir en renuencia a las entidades accionadas, así como
5 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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tampoco un señalamiento especifico o si quiera sumario de norma o acto
administrativo que se pretenda hacer valer».
Al margen de lo anterior, el Tribunal anotó que la acción de cumplimiento no resulta
procedente para exigir el cumplimiento de una sentencia de constitucionalidad, por
cuanto dicha decisión no tiene fuerza material de ley o acto administrativo.
La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por los jueces de conocimiento y esgrime divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues el juez natural del asunto, de conformidad
con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como el acervo probatorio
aportado, consideró que la acción de cumplimiento no reunía los requisitos de
procedencia previstos en la Ley 393 de 1997.
Es así que, considerando los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la
Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas
al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional de cara a las actuaciones judiciales controvertidas.
Ahora bien, en lo relacionado a la actuación en sede administrativa, la Sala considera
que la solicitud de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad. Teniendo de
presente los reproches expuestos por la accionante, los cuales se encuentran
dirigidos a cuestionar la Resolución 3946 del 12 de diciembre de 2018 y el oficio
QUILLA-25-080643 del 22 de abril de 2025, la Sala advierte que el artículo 138 del
CPACA dispone que toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo,
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
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administrativo particular, expreso o presunto, y se le reestablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño.
A su vez, debe recordarse que los artículos 229 y siguientes del CPACA disponen la
procedencia y requisitos de las medidas cautelares frente a los actos administrativos,
con el fin de suspender de manera provisional los efectos de los actos.
En efecto, de acuerdo con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, las medidas
cautelares ordinarias proceden en todos los procesos declarativos que se adelanten
en la jurisdicción contencioso administrativa, y pueden ser solicitadas en cualquier
estado del proceso, incluso antes de la notificación del auto admisorio de la
demanda. El artículo 230.3 dispone que las medidas cautelares proceden para
suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
Así las cosas, la actora tiene a su disposición el trámite previsto por el artículo 138
del CPACA para controvertir la legalidad de los actos que con base en los cuales
expone sus inconformidades y puede solicitar, con base en el artículo 229 del
CPACA, la suspensión provisional de la sanción impuesta. Esto, claro está, con la
debida acreditación de los supuestos fácticos que rodean la solicitud del decreto de
dicha medida.
Corolario de lo expuesto, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela impone a la
parte actora la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los
medios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de
las garantías fundamentales que estima vulneradas. Así las cosas, para acudir a la
acción de tutela, la parte accionante debe actuar con suma diligencia en tales
procedimientos. La falta injustificada de agotamiento de los recursos ordinarios o
extraordinarios a que haya lugar, deviene por completo en la improcedencia del
mecanismo tuitivo establecido en el artículo 86 superior6.
En conclusión, la Sala advierte la existencia de otros medios de defensa, eficaces e
idóneos, que deben ser agotados por la accionante antes de la interposición de la
presente solicitud de amparo. Como los hechos y argumentos que fundan la
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]
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vulneración de derechos fundamentales no fueron ni han sido objeto de debate ante
el juez natural de la causa, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad frente a
la actuación administrativa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Jhonatan Alfonso Barrios
Camargo contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Juzgado Quinto
Administrativo de Barranquilla, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
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