Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07474-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07474-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07474-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07474-00
Accionante: Antonio José Sánchez Martínez y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se declara improcedente por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela2 instaurada por los señores Antonio José Sánchez Martínez,
Fania Sánchez Ledesma, Denia Damaris Sánchez Palacios, Dalys Sánchez
Gracia, Adelaida del Carmen Sánchez Gracia, Alicia Antonia Sánchez Gracia,
Liseth Yuliana Sánchez Palacios, Yomir Sánchez Moreno, Yenny Sánchez
Moreno, Pedro Felipe Sánchez Moreno, Francisco Antonio Sánchez Moreno,
Letelier Sánchez Moreno, Antonio José Sánchez Gracia y María Valeriana
Sánchez Gracia, quienes actúan por conducto de apoderado, en contra del
Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso administración de justicia
presuntamente ocurrida con ocasión de la providencia núm. 68 del 28 de mayo
de 2025 que confirmó la sentencia núm. 34 del 7 de febrero de 2024, proferida
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Quibdó, al interior del medio
de control de reparación directa seguido bajo el radicado núm. 27001-33-33-003
2020-00171-00/01/02.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela se colige que, el 11 de junio de 2018, a las 04:50 a.m.,
en el establecimiento “Barra La Choqui” de Quibdó, fue asesinado el señor
Guillermo Antonio Sánchez Gracia mediante múltiples disparos propinados por
varios sujetos3. De acuerdo con lo expuesto por la parte actora el ataque ocurrió
1
Fania Sánchez Ledesma, Denia Damaris Sánchez Palacios, Dalys Sánchez Gracia, Adelaida del Carmen Sánchez
Gracia, Alicia Antonia Sánchez Gracia, Liseth Yuliana Sánchez Palacios, Yomir Sánchez Moreno, Yenny Sánchez
Moreno, Pedro Felipe Sánchez Moreno, Francisco Antonio Sánchez Moreno, Letelier Sánchez Moreno, Antonio José
Sánchez Gracia y María Valeriana Sánchez Gracia
2
Presentada el 25 de noviembre de 2025.
3
Hechos que quedaron registrados en la investigación penal SPOA 270016001100201801265
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Accionante: Antonio José Sánchez Martínez y otros
dentro del local, el cual estaba abierto al público pese a la restricción horaria4.
3. Aunado a lo anterior, la parte actora afirmó que desde el C.A.D.5 y la sala
de comunicaciones de la Policía se observó, mediante cámaras ubicadas a pocos
metros, que “Barra La Choqui” seguía atendiendo público entre las 03:00 y las
04:50 a.m., toda vez que el operario incluso enfocó la cámara hacia la entrada,
registrando los hechos violentos e identificando a los agresores, pero que, pese
a ello, no se adoptaron medidas de control ni de cierre.
4. Por lo anterior, los accionantes señalaron que las patrullas y cuadrantes de la
Policía de Quibdó omitieron aplicar el cierre obligatorio previsto en el artículo 87,
parágrafo 1, de la Ley 1801 de 20166. Alegaron que dicha omisión impidió
preservar el orden público y ejecutar labores preventivas, permitiendo así la
operación irregular del establecimiento y facilitando el posterior homicidio del
señor Sánchez Gracia.
5. En consideración a lo expuesto, el 06 de octubre de 2022 la parte actora
instauró una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, la
cual fue de conocimiento del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó, que
mediante sentencia núm. 34 del 07 de febrero de 2024, negó lo pretendido7. En
sede de apelación8, el Tribunal Administrativo del Chocó, a través de la
providencia núm. 68 del 28 de mayo de 2025, notificada el 3 de junio de 2025,
confirmó la decisión del a quo.
4
Al respecto, los accionantes sostuvieron que el establecimiento contaba con un permiso de amanecida otorgado por la
Secretaría de Gobierno de Quibdó hasta las 3:00 a.m. del 11 de junio de 2018. No obstante, indicaron que el local continuó
operando más allá del horario autorizado pese a que la hora de cierre había sido notificada al comandante de la Estación
de Policía de Quibdó para ejercer control y cierre. 5
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6
"Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" modificado por la Ley 2000 de 2019
"por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia
en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad y
se dictan otras disposiciones". Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio, para el
ejercicio de cualquier actividad: comercial, industrial, de servicios, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de
diversión; con o sin ánimo de lucro, o que, siendo privadas, trasciendan a lo público; que se desarrolle o no a través de
establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir
previamente a la iniciación de la actividad económica los siguientes requisitos: "(…)"PARÁGRAFO 1. Los anteriores
requisitos podrán ser verificados por las autoridades de Policía en cualquier momento, para lo cual estas podrán ingresar
por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus actividades económicas"(…)". 7
Rad. 27001-33-33-002-2022-00566-00.- El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó concluyó que el homicidio
del señor Guillermo Sánchez Gracia, ocurrido el 11 de junio de 2018, fue ejecutado por bandas criminales sin que existiera
conocimiento previo por parte de la Policía Nacional toda vez que no se acreditó información, denuncia o alerta que
permitiera prever el ataque. La autoridad judicial indicó que, por ello, no se configuró falla del servicio en materia de
protección o seguridad. Si bien el Despacho reconoció una omisión administrativa en el control del permiso de amanecida
del establecimiento, determinó que dicha omisión no fue causa adecuada ni determinante del daño. Al respecto,
señaló que no existe prueba de que el cierre oportuno del local hubiera evitado el homicidio, por lo que la imputación
resultaba meramente conjetural. También descartó la responsabilidad del Estado por daño especial al no existir una
actuación legítima y lesiva atribuible a la administración. Finalmente, el juzgado declaró configurado el eximente de hecho
exclusivo y determinante de un tercero, al verificarse la irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad del ataque armado. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. 8
La parte actora insistió en que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio al omitir el cierre obligatorio de la
barra “Choqui” a las 03:00 a.m., pese a la notificación de la Secretaría de Gobierno, aduciendo que esa omisión permitió
que el establecimiento siguiera funcionando y con público presente al momento del homicidio tal y como lo evidenciaban
las cámaras de seguridad del C.A.D., lo que en su sentir desvirtuaba la calificación del a quo respecto a que se presentó
un hecho irresistible, pues la imputación a la institución policial se centró en el incumplimiento de un deber preventivo. Adicionalmente, enfatizó en que los artículos 2, 6 y 90 constitucionales y los artículos 1, 4, 8, 10 y 20 de la Ley 1801 de
2016 imponen obligaciones estrictas de protección y convivencia, por lo que la inactividad policial, pese a contar con
facultades expresas y medios técnicos, generó condiciones propicias para la alteración del orden público y la comisión
del delito.
Asimismo, precisó que la Resolución 0012 de 2009 y el reglamento de servicio de policía exigen celeridad y
eficacia en la actuación, deberes que consideró incumplidos en este caso por lo que solicitó revocar la sentencia y
reconocer la responsabilidad de la Policía Nacional.
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2.2. Fundamento jurídico
6. Los accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con
ocasión de las decisiones de las autoridades judiciales accionadas.
7. La parte actora alegó que las providencias incurrieron en un defecto
fáctico pues en su sentir existió una indebida valoración probatoria, en especial
de los videos del CAD que mostraban la operación irregular del establecimiento,
la permanencia de público y la identificación de los agresores.
8. Al respecto, señaló que las autoridades judiciales realizaron una
valoración caprichosa y arbitraria, desconociendo la sana crítica y los deberes
constitucionales de prevención y seguridad ciudadana. Adujo que esta omisión
probatoria incidió directamente en las decisiones, al validar la inactividad policial
como irrelevante frente al homicidio del señor Sánchez Gracia.
9. Adicionalmente, sostuvo que también se presentó un defecto sustantivo,
pues desde su perspectiva, la interpretación normativa fue irrazonable y contraria
a la Constitución, al omitir la aplicación sistemática del Código Nacional de Policía
y las disposiciones sobre el cierre obligatorio del establecimiento.
10. Alegó que la decisión del ad quem desconoció que fue la omisión de la
Policía, y no la del dueño del negocio, la causa directa del homicidio, pese a tener
conocimiento pleno de la infracción, con lo que trasgredió el derecho fundamental
al debido proceso y los artículos 2, 90 y 218 constitucionales, así como la Ley
1801 de 2016 y la jurisprudencia aplicable9 al asunto, que se limitó a citar, sin
precisar cómo era aplicable de manera específica a su caso concreto.
2.3. Pretensiones
11. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«Se ruega amparar los derechos fundamentales ya determinados y en
consecuencia, dejar sin efecto la sentencia proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo del Chocó número 68 del 28 de mayo de 2025, en proceso de
reparación directa, figurando como demandante ANTONIO GRACIA SANCHEZ
y otros, radicado 27001-33-33-003-2020-00171-01 del honorable Tribunal
administrativo del Chocó, para que en su lugar se ordene la emisión de una
nueva sentencia dentro de los parámetros que fije el Honorable Consejo de
Estado restableciendo los derechos fundamentales violentados. » SIC en toda
la cita.
2.4. Intervenciones
12. Mediante auto del 2610 de noviembre de 2025 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó
y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó como
9
El actor citó, entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-334 de 2018, T -301 de 2019, T-026 de 2022, T-340
de 2023, T-269 de 2024, SU-573 de 2017, SU-918 de 2013, SU-063 y T-208A de 2018.
10
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accionados. Asimismo, a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, al
Municipio de Quibdó y a la Procuraduría 186 Judicial I Administrativa de Quibdó,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
13. Adicionalmente, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia y se reconoció personería al
abogado Jhon Milton Gracia Maturana, identificado con tarjeta profesional
356.515 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte
actora.
2.4.1 El Tribunal Administrativo del Chocó11 a través del magistrado Ariosto
Castro Perea indicó que la acción de tutela era improcedente, pues las sentencias
del 07 de febrero de 2024 y del 28 de mayo de 2025, proferidas dentro del medio
de control 27001-33-33-003-2020-00171-00/01/02, negaron las pretensiones con
plena observancia de las garantías procesales sin trasgredir los derechos
invocados por la parte actora.
14. El ad quem reiteró que la omisión en el control del cierre del
establecimiento no fue una causa suficiente para imputar responsabilidad a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por el homicidio del señor
Guillermo Antonio Sánchez Gracia, por lo que se advertía que la acción
promovida pretendía reabrir el debate probatorio y constituir una tercera
instancia, lo cual desnaturalizaba la finalidad del amparo constitucional.
15. Finalmente, señaló que tampoco se cumplía con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que las inconformidades de la parte actora con la
decisión podían ventilarse a través del recurso extraordinario de revisión.
2.4.2. El Municipio de Quibdó12 solicitó ser desvinculado de la acción aduciendo
que no está legitimada en la causa por pasiva ni ha trasgredido ningún derecho
fundamental de la parte actora por lo que pidió que se negara cualquier
pretensión respecto a esa entidad territorial.
2.4.3. La Policía Nacional13 solicitó negar las pretensiones de la parte
accionante o declarar improcedente la acción, toda vez que sostuvo que no se
configuró un perjuicio irremediable ni existió ninguna vulneración ius
fundamental, aunado a que la parte actora tampoco demostró en el proceso
ordinario la falla del servicio alegada14.
2.4.4. No se rindieron más informes.
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Índice 13 del aplicativo SAMAI
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Índice 15 del aplicativo SAMAI, 23_110010315000202504339002MemorialWeb20258418316
13
Índice 16 del aplicativo SAMAI
14
Toda vez que, si bien el daño alegado (la muerte del señor Guillermo Antonio Sánchez Gracia) se encontraba
plenamente acreditado, no ocurrió lo propio respecto del nexo causal entre dicho daño y una conducta atribuible a las
entidades demandadas, pues las pruebas demostraron que el resultado fue ocasionado de manera exclusiva por terceros,
lo cual constituye causal eximente de responsabilidad y descarta la configuración de la falla en el servicio alegada por la
parte demandante, sin que se evidenciara una omisión estatal determinante o idónea para generar la imputación jurídica
pretendida.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
17. El Municipio de Quibdó solicitó ser desvinculada de la acción aduciendo
que no ese encuentra legitimado en la causa por pasiva. No obstante, dicha
solicitud no se aceptará, en consideración a que fue vinculado a la presente
acción en calidad de tercero interesado y se hace necesario garantizar su
derecho de defensa.
3.2.2. De la providencia objeto de estudio
18. A pesar de que la parte actora interpuso la acción de tutela en contra del
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Quibdó que profirió la sentencia núm. 34
del 07 de febrero de 2024 que negó las pretensiones y del Tribunal Administrativo
del Chocó que dictó la providencia núm. 68 del 28 de mayo de 202515, notificada
el 3 de junio de 2025 que confirmó la decisión del a quo, la única que se estudiará
en esta sede constitucional es esta última, en consideración a que fue la que dio
fin al proceso. Lo anterior, previa verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Problema jurídico
19. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Chocó, con ocasión de la providencia
núm. 68 del 28 de mayo de 2025, notificada el 3 de junio de 2025, que confirmó
la decisión del 07 de febrero de 2024 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Quibdó, dentro del medio de control de reparación directa
con radicado núm. 27001-33-33-003 2020-00171-00/01/02 incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo, y si con ellos, trasgredió los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia del señor Antonio José Sánchez Martínez y otros16.
20. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia constitucional.
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Índice 8 del aplicativo SAMAI, 004Sentencia_14MAYO201079501EJECc
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Fania Sánchez Ledesma, Denia Damaris Sánchez Palacios, Dalys Sánchez Gracia, Adelaida del Carmen Sánchez
Gracia, Alicia Antonia Sánchez Gracia, Liseth Yuliana Sánchez Palacios, Yomir Sánchez Moreno, Yenny Sánchez
Moreno, Pedro Felipe Sánchez Moreno, Francisco Antonio Sánchez Moreno, Letelier Sánchez Moreno, Antonio José
Sánchez Gracia y María Valeriana Sánchez Gracia
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3.3. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
22. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al
recurso de amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe
sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el
control de autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución.
23. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige
cumplir unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de
elaboración jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la
autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales,
permitiendo subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco
constitucional.
24. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
25. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito17. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
17
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
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impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.
26. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 202218, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
27. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general19.
28. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de
justicia o a la reparación efectiva, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la
«existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»20. (Negrillas de la Sala).
29. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia
o un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios. Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que
la tutela contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de
validez del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo
se justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho
al debido proceso»21. Negrillas y subrayas de la Sala.
30. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.22
31. En el caso concreto se advierte que la acción de tutela no cumple con la
carga de relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretende que, a
través del amparo constitucional, se resuelva un debate que es de competencia
del juez natural de la causa y claramente desborda sus límites y finalidad.
32. Al respecto, la parte actora insiste en que la omisión de la Policía Nacional
en cerrar el establecimiento “Choqui” generó el nexo causal con el homicidio del
señor Guillermo Sánchez. Sin embargo, este planteamiento corresponde a un
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
19
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte
Constitucional.
20
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
21
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
22
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
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debate estrictamente probatorio y de imputación jurídica, propio de la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, sin que se advierta una vulneración directa de
derechos fundamentales.
33. En ese entendido, la acción de tutela se dirige a cuestionar la
interpretación judicial de normas legales y reglamentarias, así como la
apreciación de pruebas por parte de las autoridades judiciales accionadas,
aspectos que carecen de relevancia constitucional. Así las cosas, la
inconformidad con la decisión judicial no basta para habilitar el amparo, pues ello
implicaría desnaturalizar la finalidad de la acción y la convertiría en una instancia
adicional.
34. Adicionalmente, la Sala observa que los jueces de instancia analizaron de
manera razonada la existencia del daño, el nexo causal y la imputación,
concluyendo que el homicidio fue causado por terceros y que la omisión
administrativa no constituía una causa adecuada del mismo. Esta valoración,
aunque discutida por los accionantes, no revela arbitrariedad manifiesta ni
desconocimiento de garantías constitucionales.
35. Por otro lado, el planteamiento de la parte actora sobre la presunta
trasgresión ius fundamental es bastante débil, pues en gracia de discusión, sus
alegaciones son las mismas que fueron planteadas en sede de apelación, las
cuales ya fueron resueltas por el Tribunal Administrativo del Chocó. En
consecuencia, el actor no desarrolló de forma robusta, el cómo la autoridad
judicial a través de su providencia incurrió en la vulneración alegada,
incumpliendo con la carga de argumentación mínima que debe plantearse
cuando se ataca una providencia judicial.
36. En consideración a lo expuesto, la parte accionante no logró demostrar
cómo fueron afectados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia ni alguna otra garantía que se
desprenda de estos, por lo que se recuerda que en sede constitucional no
basta con alegar la supuesta trasgresión, sino que debe probarse.
37. Por el contrario, se pudo evidenciar que el proceso en general se ha
llevado de manera transparente, atendiendo los requerimientos de las partes, en
los plazos establecidos por la ley, con respeto al derecho de defensa y de
contradicción, sin vulnerar en medida alguna ningún derecho fundamental de la
parte actora, por lo que resultan claramente frágiles sus argumentos, pese a que
no se desconoce lo lamentable de los hechos acaecidos al señor Sánchez
Gracia.
38. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la
Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció
que la misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de acuerdo
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Municipio de
Quibdó por las razones expuestas en el numeral 3.2.1. de la presente
providencia,
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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