Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07477-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07477-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07477-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: ARGENIDA MARÍA LUGO BURGOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / declara improcedente por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Argenida María Lugo
Burgos contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 333 de 2021 1.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 25 de noviembre de 2025, la señora Argenida María Lugo Burgos, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por la sentencia del 28 de mayo de 2025,
dictada por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en
virtud de la cual se revocó la sentencia del 25 de febrero de 2025, que accedió
parcialmente a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que la actora promovió contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia,
y, en su lugar, las negó. La demanda se tramitó bajo el radicado 05837-33-33-001-
2023-00328-01.
Hechos relevantes
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Argenida María Lugo Burgos demandó a la Nación – Ministerio de Educación
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de
Antioquia, a fin de que se ejerciera control de legalidad del acto ficto o presunto,
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Que ingresó al despacho para fallo el 11 de diciembre de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
configurado el 20 de enero de 2023, mediante el cual se le negó el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías 2.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se reconociera y pagara la
sanción, equivalente a un día de retraso por cada día de retardo, causada a partir
de los 70 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de cesantías, así
como la respectiva indexación de los valores y la condena en costas en contra de
las demandadas.
4. El proceso le correspondió, por reparto, al Juzgado Primero Administrativo de
Turbo, que, mediante sentencia del 25 de febrero de 2025, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda. El a quo declaró la nulidad del acto administrativo
ANT2023EE014680 del 24 de mayo de 2023 expedido por el departamento de
Antioquia y del acto administrativo ficto o presunto configurado el 20 de enero de
2023, con ocasión de una petición radicada ante la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, a través de los cuales se negó la señora Lugo Burgos el
reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías.
5. Para sustentar su decisión, el a quo expuso que, de acuerdo con las pruebas
obrantes en el expediente, la demandante presentó la solicitud de reconocimiento y
pago de sus cesantías el 4 de octubre de 2021; sin embargo, el ente territorial
demandada solo expidió el acto administrativo de reconocimiento hasta el 30 de
noviembre de 2021, es decir, excediendo el término de 15 días con el que contaba
para tal efecto. Asimismo, destacó que el trámite de la notificación también fue
extemporáneo, pues se efectuó seis días después de la fecha en la que debió
realizarse y que, además, también se incurrió en una tardanza al momento de remitir
el expediente a la Fiduprevisora, toda vez que, de acuerdo con la hoja de revisión
allegada al expediente administrativo, el acto administrativo fue recibido por dicha
entidad hasta el 27 de diciembre de 2021.
6. En suma, concluyó que en el trámite para el reconocimiento y pago de las
cesantías de la señora Lugo Burgos el departamento de Antioquia incurrió en mora
durante 61 días; sin embargo, descartó la responsabilidad de la Fiduprevisora, tras
verificar que dicha entidad recibió el acto administrativo el 27 de diciembre de 2021
y efectuó el pago el 21 de enero de 2022, es decir, dentro del plazo legal con el que
contaba para ello.
7. Así, condenó al departamento de Antioquia a pagar a favor de la demandante el
equivalente en dinero a un día de salario por cada día de retraso, en el periodo
comprendido entre el 26 de octubre y el 26 de diciembre de 2021.
8. Inconforme con la decisión, la entidad que resultó condenada apeló. En esa
oportunidad, alegó que no incurrió en la mora que se le endilgó, pues la fecha que
debió tenerse en cuenta para la contabilización de los términos no era la consignada
en la constancia de radicación aportada por la parte demandante —4 de octubre de
2
La demanda fue reformada en el sentido de adicionar las pretensiones de la demanda, para que se
declarara también la nulidad del acto administrativo ANT2023EE014680 del 24 de mayo de 2023
emitido por el departamento de Antioquia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
2021—, sino la que obraba en la resolución de reconocimiento de la prestación —
19 de noviembre de 2021—. De modo que, realizada la verificación del plazo a partir
de esta última fecha, no podía considerarse que había excedido los términos legales
para adelantar el trámite y, menos aún, que el pago se hubiera efectuado
extemporáneamente.
9. Mediante sentencia del 28 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Consideró que no había lugar al reconocimiento de la
sanción solicitado por la parte demandante, pues, en su criterio, ésta no cumplió
con la carga probatoria que le asistía para demostrar que, en efecto, la radicación
formal de la solicitud ocurrió el 4 de octubre de 2021 y que luego de eso no fue
requerida por la entidad demandada para que la adicionara o la corrigiera; de modo
que, dado que existía una contradicción entre lo consignado en el documento
aportado por la parte actora y en la hoja de revisión expedida por el FOMAG en
relación con la información que al respecto se consignó en la Resolución
2021060130263 del 30 de noviembre de 2021, era procedente otorgarle credibilidad
a lo que se dispuso en este último elemento de convicción, por cuanto se trataba de
un acto administrativo que gozaba de presunción de legalidad, cuyo contenido no
había sido objeto de cuestionamiento ni en sede administrativa ni en sede judicial.
10. Expuso que no podía pasar por alto que existen eventos en los que la
documentación presentada por la solicitante resulta incompleta o el formato se
encuentra indebidamente diligenciado, eventos en los que el ente territorial debe
requerir para que se subsanen dichas irregularidades, dando como resultado que la
solicitud se radique efectivamente en una fecha posterior. En ese orden, resaltó que
dicha situación pudo ser verificada a través del sistema «Humano en Línea», en el
cual se registra la trazabilidad del requerimiento; sin embargo, la parte demandante
se abstuvo de probar que no fue requerida para completar o enmendar la solicitud
y que, en consecuencia, la tardanza en la validación de la información, así como en
la expedición del acto y en la remisión al FOMAG, obedecieron exclusivamente a la
entidad demandada.
11. En consecuencia, tuvo como presentada la solicitud el 19 de noviembre de 2021
y a partir de allí contabilizó los términos con los que contaba la entidad para darle
el trámite correspondiente, concluyendo que el plazo no se excedió y que, al
contrario, la solicitud fue resuelta oportunamente y la resolución de reconocimiento
fue enviada de inmediato al FOMAG para el respectivo pago, con lo cual descartó
la nulidad de los actos censurados y negó el pretendido reconocimiento de la
sanción moratoria por pago inoportuno de las cesantías.
Pretensiones
12. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en
sentencia del 28 de mayo de 2025 proferida dentro del medio de control
identificado con No. 05837-33-33-001-2023-00328-01 transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la
señora ARGENIDA MARÍA LUGO BURGOS, al haber adoptado una decisión
que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración
probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la parte demandante y, (ii) aplicando
en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el
procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de
reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.
Fundamentos de la demanda de tutela
13. Según la parte actora, la sentencia del 28 de mayo de 2025 adolece de los
siguientes defectos: (i) fáctico, por indebida valoración probatoria, al restar
injustificadamente mérito probatorio a un elemento de convicción debidamente
incorporado al expediente; y (ii) falta de motivación, pues no contiene una
explicación suficiente y razonable de los motivos por lo que se desestimó la
información relativa a la fecha de presentación de la solicitud, consignada en
constancia de radicación del formulario de solicitud de cesantías que aportó —4 de
octubre de 2021— y, en contraste, se otorgó plena credibilidad a lo consignado al
respecto en otro elemento de juicio —19 de noviembre de 2021—.
14. En su criterio, el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó completamente
de los hechos probados en el plenario y resolvió el asunto a su arbitrio, omitiendo
realizar una exposición detallada de las razones por las cuales consideraba que la
información contenida en el documento de radicación que daba cuenta de que la
solicitud se presentó el 4 de octubre no resultaba fiable.
15. Alegó que la prueba desestimada corresponde a un formato «genérico
elaborado por el propio Departamento de Antioquia y dirigido a la Oficina de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo
de la Secretaría de Educación», el cual fue destinado para la tramitación de
solicitudes relacionadas con prestaciones económicas del personal docente, y que,
según indicó, acreditaba que fue diligenciado por ella, el 4 de octubre de 2021, para
solicitar el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, y daba cuenta de la
fecha y hora de presentación, tipo de solicitud y el nombre el funcionario que recibió.
16. Asimismo, sostuvo que, para sustentar su tesis, el ad quem presumió de manera
errada que la solicitud se radicó formalmente en la fecha consignada en el acto
administrativo de reconocimiento de las cesantías, porque el requerimiento inicial
se presentó de forma incompleta y, por tanto, la entidad territorial tuvo que requerirla
para su subsanación. Circunstancia ésta que no fue probada en el proceso.
17. Además, adujo que, al requerir la trazabilidad de la petición, el fallador de
segundo grado le impuso una carga probatoria desproporcionada, pues le exigió
demostrar que no fue requerida para subsanar la solicitud. Tal obligación, en su
sentir, correspondía exclusivamente a la entidad territorial demandada, quien debió
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
controvertir lo señalado en la demanda y allegar copia de la gestión que adelantó
con ocasión de la solicitud.
18. Además, insistió en que la autoridad judicial demandada no explicó de manera
suficiente las razones por las cuales privilegió un medio de convicción sobre otro,
limitándose a señalar que, en su criterio, debía tenerse como fecha de radicación la
consignada en el acto administrativo y no la consignada en el formato de solicitud.
En otras palabras, afirmó que la decisión carece de motivación, pues no contiene
un ejercicio argumentativo tendiente a interpretar y determinar justificadamente si,
a partir de los medios de prueba allegados al plenario, era viable desestimar el valor
demostrativo de un elemento de juicio que acreditaba directamente la fecha en la
que radicó su solicitud.
19. Por último, indicó que en oportunidades anteriores esta Corporación ha
concedido el amparo en casos fáctica y jurídicamente similares al suyo.
Trámite en primera instancia
20. Mediante auto del 1° de diciembre de 20253, el despacho sustanciador del
proceso admitió la acción de tutela contra la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia y vinculó, en calidad de terceros con interés, al ministro
de Educación Nacional, al representante legal —o quien haga sus veces— de la
Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y al gobernador del Departamento
de Antioquia. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
21. De igual forma, requirió a la Secretaría del Juzgado Primero Administrativo de
Turbo , con el fin de que remitiera copia digitalizada del expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-33-001-2023-00328-
00/01.
Intervenciones
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia 4, a través de la magistrada ponente
de la decisión cuestionada, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela,
por considerar que el asunto carece de relevancia constitucional. Explicó que la
controversia planteada constituye simplemente una inconformidad de la parte
demandante en relación con la valoración probatoria efectuada en la sentencia
cuestionada, es decir, sobre los hechos que se encontraron acreditados en el
proceso y aquellos que no; inconformidad que no da lugar a la intervención del juez
constitucional.
23. Por otro lado, señaló que, contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, en la
providencia censurada sí se valoró la constancia de radicación aportada por la parte
3
SAMAI, índice 5.
4
SAMAI, índice 10, documento electrónico con certificado 1E6A20EEBC98F11E
CF2A14F30F28DCC1 442C139BEE3205E2 924A38907A331A74.
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demandante, así como la hoja de servicios del FOMAG, que dan cuenta de que la
solicitud de cesantías se radicó el 4 de octubre de 2021. Sin embargo, aclaró que
allí también se destacó que la parte demandante no probó que la solicitud
presentada en la fecha inicial no fue objeto de requerimientos o devoluciones,
circunstancia fácilmente demostrable a partir de la trazabilidad del sistema
«Humano en Línea».
24. Concluyó que, tanto la valoración probatoria como la definición del litigio en el
caso concreto fueron adecuadas, pues se enmarcaron en el principio de autonomía
e independencia judicial y en plena observancia del precedente jurisprudencial
fijado por esta Corporación.
25. El Ministerio de Educación Nacional 5 adujo que carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues el objeto de la acción es cuestionar una providencia judicial.
A lo anterior, agregó que, aun en gracia de discusión, la solicitud de amparo también
es improcedente, en la medida en que la parte actora no se ocupó de probar que
con la decisión que censura se hubieran afectado sus derechos y prerrogativas
iusfundamentales.
26. El Juzgado Primero Administrativo de Turbo 6 allegó copia digitalizada del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-33-001-
2023-00328-00/01, pero no se pronunció respecto de la solicitud de amparo.
27. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino, pese a que
fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda 7.
CONSIDERACIONES
Competencia
28. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
29. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
30. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 28 de mayo de
5
SAMAI, índice 11, documento electrónico con radicado 5B88E121CA3069A4 891620DAE1ECD166
E1B10795D1B49D57 E301A99A9AA1B45F.
6
SAMAI, índice 9, documento electrónico con certificado 8046F7126854690D
14405EB0DA11EC72 9D30B257577C6ADE ED81B71A9F15E6E7.
7
Fue notificada a las siguientes direcciones electrónicas:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co, agencia@defensajuridica.gov.co, el 3 de
diciembre de 2025, tal como se puede observar en el índice 8 de SAMAI.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
2025 y si, por consiguiente, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la accionante, al haber omitido valorar en debida
forma un medio de convicción que demostraba que la solicitud de reconocimiento
de cesantías fue radicada el 4 de octubre de 2021 y que, en consecuencia, el
departamento de Antioquia sí incurrió en una tardanza injustificada en el trámite de
la misma.
31. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
32. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
33. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar 9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela 10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 11 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
8
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
9
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
34. Legitimación en la causa. La señora Argenida María Lugo Burgos se
encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es la titular
de los derechos que considera vulnerados, en su condición de demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 05837-33-33-001-2023-00328-
01, en el marco del cual se adoptó la decisión cuestionada.
35. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativa de Antioquia fue la autoridad
judicial que profirió la sentencia del 28 de mayo de 2025 a la que la parte actora
atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.
36. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada
fue proferida el 28 de mayo de 2025, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 25 de noviembre de ese mismo año. Este término que resulta
razonable.
37. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
38. Subsidiariedad 12. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
39. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
40. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues se
agotaron todos los medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico
para proponer la controversia que aquí se planteó y los defectos que se alegan no
se enmarcan en las causales previstas en la ley para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
41. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
12
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
42. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 13 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
43. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
44. En el caso en concreto, la señora Argenida María Lugo Burgos presentó acción
de tutela, a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, en su criterio, por la
sentencia del 28 de mayo de 2025.
45. A través de dicha providencia la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la sentencia del 25 de febrero de 2025, en virtud
de la cual el Juzgado Primero Administrativo de Turbo declaró la nulidad del acto
administrativo ANT2023EE014680 del 24 de mayo de 2023 expedido por el
departamento de Antioquia y del acto administrativo ficto o presunto configurado el
20 de enero de 2023 y ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías, por un periodo equivalente a 61 días de mora,
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
que se tramitó bajo el radicado 05837-33-33-001-2023-00328-00/01.
46. Para la accionante, la providencia censurada adolece de los siguientes defectos:
(i) fáctico, por indebida valoración de la constancia de radicación de la solicitud de
reconocimiento de cesantías; y (ii) motivación insuficiente, al no contener una
exposición razonable de los motivos que condujeron a privilegiar la información
contenida en la Resolución S2021060130263 del 30 de noviembre de 2021 en
relación con la fecha de presentación de la solicitud —19 de noviembre de 2021—,
sobre la que se consignó en la constancia de radicación de la petición —4 de octubre
de 2021—.
47. En su criterio, el defecto fáctico consiste en que el Tribunal accionado restó
injustificadamente mérito probatorio a la constancia de radicación de la solicitud,
elemento de juicio que daba cuenta de que la radicación ocurrió el 4 de octubre de
13
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
2021 y que, según dijo, no fue tachado de falso, ni su contenido desestimado por
parte del departamento de Antioquia. Además, destacó que dicha prueba es un
formato designado por la propia entidad territorial demandada para la tramitación de
solicitudes de esta naturaleza y en él obra constancia de la fecha y hora de
presentación, el numero de consecutivo asignado y el funcionario que la recibió.
48. En cuanto al defecto por falta de motivación, adujo que la providencia no
contiene una exposición de motivos razonables por los cuales se desestimó el
contenido de la constancia de radicación y, en contraste, se le otorgó plena
credibilidad a la información consignada en el acto administrativo que reconoció la
prestación.
49. Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un yerro al
concluir que la solicitud se presentó el 19 de noviembre de 2021 —fecha consignada
en la Resolución S2021060130263 del 30 de noviembre de 2021—, con fundamento
en la errada suposición de que, luego de la presentación de la solicitud, el
departamento de Antioquia la requirió a fin de que eventualmente la corrigiera o
adicionara.
50. Reprochó igualmente que se le hubiera atribuido la omisión de probar que no
fue requerido, pues tal consideración constituía una carga desproporcionada, en la
medida en que debió ser la entidad demandada la interesada en desestimar que la
solicitud se presentó el 4 de octubre de 2021, según se afirmó en la demanda.
51. Sin embargo, de entrada, se advierte que el presente asunto carece de
relevancia constitucional. La tesis de la Sala es que la controversia que se plantea
en esta instancia judicial pretende reabrir un debate que ya fue resuelto
razonablemente por los jueces naturales de la causa y, en ese sentido, convertir la
acción de tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Asimismo, resulta evidente que el asunto ostenta una naturaleza legal
con efectos estrictamente económicos, que no tendría ninguna incidencia o posible
afectación de derechos fundamentales.
52. En efecto, revisado el expediente ordinario, se evidencia que, mediante
sentencia del 28 de mayo de 2025, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió el recurso de alzada formulado por el
departamento de Antioquia contra la sentencia del 25 de febrero de 2025, en virtud
de la cual Juzgado Primero Administrativo de Turbo declaró la nulidad del acto
administrativo ANT2023EE014680 del 24 de mayo de 2023 expedido por el
departamento de Antioquia y del acto administrativo ficto o presunto configurado el
20 de enero de 2023 y ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías, por un periodo equivalente a 61 días de mora.
53. En su criterio, la solicitud debía tenerse por presentada el 19 de noviembre de
2021, fecha consignada en la resolución que reconoció y ordenó el pago de la
prestación reclamada, pues dicho acto administrativo goza de presunción de
legalidad, en tanto su validez no fue cuestionada ni en sede administrativa ni en
sede judicial. Para motivar su decisión, explicó que «normalmente» la resolución es
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
la única prueba fehaciente para acreditar la radicación formal de la solicitud,
teniendo en cuenta que «con las demandas suelen aportar la copia de un formato
de solicitud de prestación que, de un lado contiene un numero de radicación que no
es relacionado al interior del acto administrativo, lo que no permite tener certeza de
que sea la radicación de la solicitud que específicamente se está resolviendo en
dicho acto y no de otra anterior o posterior».
54. Asimismo, expuso que tampoco podía tomarse la fecha consignada en el
certificado de radicación, comoquiera que la normatividad que regula el trámite de
cesantías contempla el escenario en el que la solicitud es radicada en forma
incompleta y deben requerirse documentos, por lo que la petición solo se entendería
radicada correctamente una vez se subsanaran las falencias advertidas. En ese
sentido, destacó que el formato que suele aportarse con las demandas no es prueba
efectiva de la radicación y echó de menos que la parte demandante hubiera
aportado una prueba de la trazabilidad de la solicitud, a fin de acreditar con certeza
que la solicitud quedó formalmente radicada el 4 de octubre de 2021, sin que
hubiera sido objeto de requerimientos posteriores por parte de la entidad
demandada.
55. Así las cosas, la Sala observa que, al resolver la alzada promovida contra la
sentencia del 25 de febrero de 2025, la autoridad judicial accionada advirtió una
contradicción entre la información consignada en la resolución que reconoció y
ordenó el pago de la prestación reclamada y la que obraba en el formato de solicitud
de cesantías, respecto de la fecha de radicación de la petición.
56. De ese modo y, con el fin de resolver tal discordancia, acudió a las reglas de la
experiencia y la sana crítica y concluyó, razonablemente, que las incoherencias
existentes entre el serial de radicación del formulario en relación con el consignado
en el acto administrativo, así como la falta de prueba de trazabilidad de la solicitud,
le impedían establecer a ciencia cierta si la solicitud resuelta mediante la Resolución
S 2021060130263 del 30 de noviembre de 2021 correspondía a la que fue radicada
el 4 de octubre de ese mismo año o si, tratándose de la misma, la señora Lugo
Burgos había sido requerida para adicionarla y/o subsanarla.
57. En ese sentido, se estima que la decisión censurada se motivó suficiente y
adecuadamente, pues la justificación expuesta por el Tribunal Administrativo de
Antioquia para desestimar el contenido de la constancia de radicación es
absolutamente razonable y no merece reproche alguno desde una perspectiva
constitucional, luego, los reproches de la parte actora develan su intención de reabrir
un debate ya concluido, tratando de convertir la acción de tutela en una instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, porque se
encuentra inconforme con la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial
accionada, en relación con el mérito y alcance que le otorgó a un elemento de
convicción.
58. Debe mencionarse, además, que al resolver un asunto similar al sub lite esta
Subsección consideró que «el hecho de otorgarle mayor valor probatorio a un medio
de convicción sobre otro, no constituye, per se, un yerro en la valoración de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
prueba, ni un actuar arbitrario o ilegítimo por parte del juez natural, sino que se
enmarca dentro del ejercicio de la sana crítica y la autonomía judicial, siempre que
se exponga de manera clara, suficiente y coherente las razones que sustentan la
decisión adoptada»14.
59. De otro lado, se destaca que, aunque la parte accionante relacionó una serie de
providencias de tutela dictadas por distintas salas de esta Corporación, en las que
se concedió el amparo de los derechos de los accionantes, en asuntos similares al
que aquí se analiza, dichas decisiones son sentencias de tutela, cuyos efectos son
exclusivamente Inter partes, es decir, no pueden extenderse a otros asuntos.
Máxime cuando no fueron proferidas por esta Subsección, cuya postura en este tipo
de casos ha sido la de declarar improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional.
60. Por último, es menester indicar que, de acuerdo con lo razonado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, los asuntos relacionados con la
sanción moratoria por consignación tardía de cesantías no tienen relevancia
constitucional, toda vez que dichas pretensiones ostentan un carácter netamente
económico, que no tiene el alcance de trasgredir derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
la señora Argenida María Lugo Burgos, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2025,
dictada en el proceso con radicado 2025-03871-01; C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-00
Accionante: Argenida María Lugo Burgos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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