Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07477-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07477-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07477-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07477-01
Demandante: ARGENIDA MARÍA LUGO BURGOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD
Temas: Tutela contra providencia judicial – Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales –
Improcedencia por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 30 de enero de 2026, por medio del cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 25 de noviembre de 2025, la señora Argenida María Lugo Burgos, a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, junto con el principio pro homine.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 28 de mayo de 2025, dictada por la
autoridad judicial accionada, que revocó la proferida el 25 de febrero de 2025 por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Turbo, que accedió
parcialmente a las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la actora contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, en adelante FOMAG y el departamento de Antioquia, identificado con el
radicado 05837-33-33-001-2023-00328-00/01.
Demandante: Argenida María Lugo Burgos
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07477-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en sentencia
del 28 de mayo de 2025 proferida del medio de control identificado con No. 05837-
33-33-001-2023-00328-01 transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCPIO PRO HOMINE de la señora ARGENIDA MARÍA LUGO
BURGOS, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana
crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al
caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis
integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de
la situación de la parte demandante y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad
que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la
gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los
docentes del Fomag.1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El accionante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales ante el
departamento de Antioquia, la cual fue resuelta de manera favorable mediante
Resolución 2021060130263 del 30 de noviembre de 2021. Sin embargo, señaló
que el pago fue efectuado hasta el 29 de enero de 2022.
Por lo anterior, formuló reclamación de sanción moratoria ante el FOMAG y la
Secretaría de Educación del departamento de Antioquia el 20 de octubre de 2022.
No obstante, precisó que no se emitió respuesta sobre el asunto, configurándose
así el silencio administrativo negativo, en consecuencia, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
FOMAG y el departamento de Antioquia.
El proceso fue conocido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Turbo que, en providencia del 25 de febrero de 2025, accedió parcialmente a las
pretensiones de la parte actora, al encontrar probado que la demandante radicó
solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales el 4 de octubre de 2021,
mientras que el acto administrativo de reconocimiento de la prestación fue proferido
el 30 de noviembre de 2021, es decir, por fuera del término de los 15 días hábiles
para su expedición.
1 Transcripción literal del texto original.
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Demandante: Argenida María Lugo Burgos
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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Contra la anterior decisión, la demandada presentó recurso de apelación, el cual
correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que
a través de sentencia del 28 de mayo de 2025, revocó el fallo impugnado y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda.
El tribunal señaló que, de acuerdo con el criterio de dicha corporación, se debía
tomar como fecha de radicación de la solicitud de cesantías la que fue señalada en
la resolución que reconoció la prestación, por ser un acto administrativo en firme y
cuya legalidad no ha sido desvirtuada e indicó que normalmente esta es la única
prueba fehaciente de la presentación de la petición.
Argumentó que, en casos similares, la prueba que se pretende hacer valer es el
formato de solicitud de prestación, que suele contener un número de radicación que
no es relacionado al interior del acto administrativo y, aunado a lo anterior, no sería
posible tomar la fecha de dicho formato, toda vez que existen escenarios en los que
la solicitud es radicada de forma incompleta y se vuelve necesario requerir
documentos adicionales, quedando presentada correctamente en una fecha
posterior, y añadió que «sería injusto comenzar el cómputo de los términos a partir
de un momento en que la entidad territorial no tiene la información suficiente para
pronunciarse de fondo».
Igualmente, la autoridad judicial hizo referencia a la «hoja de revisión» del FOMAG,
prueba decretada de oficio en primera instancia, y resaltó que los datos allí
contenidos demostraban que la solicitud fue efectivamente presentada el 4 de
octubre, sin embargo, reiteró que existía la posibilidad de que hubiera sido radicada
de forma insuficiente, lo que da lugar a que la fecha oficial de radicación sea
posterior.
El tribunal concluyó que el pago de la prestación se realizó dentro de los 45 días
siguientes a la notificación de la resolución, motivo por el cual no se configuró la
mora.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La accionante adujo que el amparo solicitado cumple con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, con respecto al
presupuesto de la relevancia constitucional, expuso que este se cumple en el caso
concreto, en atención a que la autoridad judicial, al haberse separado de los hechos
debidamente probados en el proceso y haber decidido de forma arbitraria la
controversia, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva. A su vez, indicó que la decisión dictada en segunda instancia
incurrió en defecto fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente.
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En lo relativo al defecto fáctico, alegó que la autoridad enjuiciada no realizó una
valoración integral y adecuada de los medios de prueba contenidos en el
expediente, puesto que tomó como fecha de radicación de la solicitud de cesantías
la contenida en el acto administrativo que las reconoció, esto es, el 19 de noviembre
de 2021, y no tuvo en cuenta el formato de radicación de petición aportado, a pesar
de que dicho documento acredita que esta fue presentada el 4 de octubre de 2021.
Afirmó que, si bien la decisión se sustentó en la presunción de legalidad de la
resolución de reconocimiento de cesantías, la estimación probatoria se apartó de
las reglas de la sana crítica, toda vez que se desestimó, sin ofrecer una motivación
razonable, el formato de radicación de la solicitud, a pesar de tratarse de un formato
genérico elaborado por el ente territorial demandado y de no haber sido tachado de
falso o cuestionado por la contraparte.
Expuso que la autoridad judicial restó valor probatorio a la «hoja de revisión» del
FOMAG, prueba que fue incorporada al expediente como prueba de oficio en
primera instancia, la cual consagra que la solicitud fue presentada el 4 de octubre
de 2021.
Señaló que el tribunal sostuvo, erróneamente, que la solicitud fue presentada de
forma incompleta, y que tal falencia fue subsanada posteriormente, motivo por el
cual consta una fecha distinta en el acto administrativo, hecho que no fue
demostrado en el trámite ordinario. A su vez, adujo que, de no existir certeza sobre
la fecha de presentación, correspondía al tribunal adoptar una interpretación más
favorable a la parte actora, en virtud del principio pro homine.
De la misma forma, manifestó que el ad quem le impuso una carga probatoria
desproporcionada al exigirle acreditar que la solicitud fue radicada de forma
completa el 4 de octubre de 2021, y que en ningún momento le fue requerido
subsanarla, circunstancia que, de acuerdo con el operador judicial, se podía
acreditar por medio de la plataforma «Humano en Línea». Sobre esto, sostuvo la
demandante que desconocía que la actuación administrativa no se inició por medio
del referido sistema, sino de forma presencial.
En su criterio, la obligación de demostrar que la petición fue elevada de forma
incompleta recaía exclusivamente sobre el departamento de Antioquia, por ser la
entidad responsable del trámite administrativo, sin embargo, no se probó.
Por otro lado, expuso que la autoridad judicial no motivó de manera suficiente las
razones por las cuales privilegió un medio de convicción sobre el otro, y que dicha
falta de consistencia en la justificación de lo decidido evidencia una incongruencia
entre lo probado y lo que finalmente se resolvió.
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Por último, la accionante trajo a colación varios fallos de tutela proferidos por
diversas secciones del Consejo de Estado en los que, al estudiar situaciones
fácticas similares a la expuesta en el presente mecanismo constitucional, se ordenó
el amparo de las garantías fundamentales invocadas, y refirió que estas constituyen
un precedente constitucional que fue desconocido por el tribunal en el caso
concreto.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 1º de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A admitió la tutela y ordenó notificar a la parte actora y, como entidad
accionada, al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.
Igualmente, dispuso vincular al ministro de Educación Nacional, al representante
legal de Fiduprevisora S.A. (en su calidad de vocero del FOMAG), al gobernador
del departamento de Antioquia y al director de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital, se recibieron las siguientes:
1.6.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Turbo
Mediante correo electrónico allegado el 4 de diciembre de 2025, remitió el enlace
al expediente digital del medio de control que dio origen a la demanda de tutela, sin
emitir pronunciamiento sobre la solicitud de amparo.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.
Allegó escrito el 4 de diciembre de 2025, la magistrada ponente de la decisión
cuestionada solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Esto, al
considerar que no se cumple el requisito de la relevancia constitucional, ya que no
se satisface la carga argumentativa necesaria para concluir que existió una
amenaza a los derechos fundamentales alegados por la accionante.
Aunado a lo anterior, indicó que no se configuraron los defectos alegados y expuso
que, contrario a lo alegado por la parte actora, en la providencia objeto de reparo sí
se analizó el caso particular, al igual que la fecha de expedición del acto y la
información contenida en la «hoja de revisión» del FOMAG, en la que obra fecha de
radicación y, a su vez, argumentó que la estimación realizada en la sentencia
enjuiciada se ajusta a la posición jurisprudencial que ha adoptado el tribunal al
resolver casos fundamentados en supuestos de hecho similares.
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Adicionalmente, refirió que los argumentos que sustentan la presunta configuración
del defecto fáctico denotan una inconformidad con la interpretación de los hechos
que se encontraron acreditados dentro del proceso, mas no exponen una valoración
errónea o arbitraria de las pruebas que reposan en el expediente.
1.6.3. Nación, Ministerio de Educación Nacional
Mediante comunicación enviada el 5 de diciembre de 2025, la profesional
especializada de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que no es la autoridad que
profirió la sentencia objeto de cuestionamiento.
Igualmente, puso de presente que no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que versa sobre un asunto de naturaleza estrictamente
económica, que involucra intereses privados, lo que excede la competencia del juez
de tutela. En este sentido, solicitó también declarar la improcedencia del mecanismo
de tutela.
1.6.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Fiduprevisora
S.A. (en calidad de representante del FOMAG), a pesar de haber sido notificadas
en debida forma, no se pronunciaron.
1.7 Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en providencia del 30 de
enero de 2026, declaró improcedente la acción por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional.
Argumentó que lo pretendido por la tutelante es reabrir un debate ya resuelto
razonablemente por los jueces de la causa y convertir este mecanismo en una
instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento. De igual manera,
sostuvo que el asunto debatido ostenta una naturaleza legal con efectos
estrictamente económicos, por lo que no presente alguna incidencia o posible
afectación de derechos fundamentales.
Explicó que la autoridad demandada, al advertir una contradicción entre la
información consignada en la resolución de reconocimiento de las prestaciones y
la que obraba en el formato de solicitud de cesantías, acudió a las reglas de la
experiencia y la sana crítica y concluyó que las incoherencias entre el serial de
radicación del formulario y el acto administrativo, así como la falta de prueba de
trazabilidad de la solicitud, le impedían establecer a ciencia cierta si la solicitud
resuelta mediante la resolución correspondía a la que fue radicada el 4 de octubre
de 2021.
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Añadió que la justificación expuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad fue razonable y concluyó que no merecía reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. Con relación a las providencias que
la accionante trajo a colación, expuso que, al tratarse de sentencias de tutela, sus
efectos no pueden extenderse a otros asuntos, máxime cuando no fueron
proferidas por la misma subsección.
Por último, refirió que, de conformidad con la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte
Constitucional, los asuntos relacionados con la sanción moratoria por consignación
tardía de cesantías no tienen relevancia constitucional, al tratarse de pretensiones
que ostentan un carácter netamente económico, que no tiene el alcance de
transgredir derechos fundamentales.
1.8. Impugnación
En escrito presentado de manera oportuna, la tutelante impugnó el fallo de primera
instancia, reprochó que el a quo hubiera declarado la improcedencia de la acción
de tutela con fundamento en el incumplimiento del presupuesto de relevancia
constitucional y reiteró los argumentos sustentan la presunta configuración del
defecto fáctico. Al respecto, insistió en que el departamento de Antioquia no
demostró que la petición hubiera sido presentada de forma incompleta y que, en
todo caso, tampoco controvirtió la veracidad del formato de presentación de la
reclamación.
De igual forma, cuestionó que en la sentencia impugnada se hubiere manifestado
que «la decisión censurada se motivó de manera suficiente y adecuadamente», a
pesar de que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad no identificó los medios de prueba que lo llevaron a concluir que la solicitud
fue subsanada posteriormente a su presentación, ni explicó porqué debía tomarse
como cierta la fecha consagrada en el acto administrativo que reconoció la
prestación.
Indicó que el fallo objeto de cuestión se separó abiertamente de los hechos
debidamente probados en el proceso, y trajo a colación las sentencias T-237 de
2017, T-442 de 1994 y T-902 de 2005, proferidas por la Corte Constitucional, en las
que se aborda el estudio del defecto fáctico por omisión en la valoración y por la
valoración arbitraria del acervo probatorio.
1.9. Cambio de ponente
En sala del 9 de abril de 2026, el magistrado Barreto Suárez presentó ponencia que
no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, motivo por el cual el
expediente pasó al Despacho de la consejera ponente de esta providencia para
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adoptar decisión de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Argenida María Lugo Burgos contra la providencia dictada por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 30 de enero de 2026, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20152, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
Como se evidencia en su intervención, la Nación, Ministerio de Educación Nacional
solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que ello
hubiese sido resuelto por el a quo.
Sobre el particular, se advierte que esta petición será negada por cuanto dicha
entidad fue vinculada en atención al posible interés que le asiste en las resultas del
presente asunto, dado que es la parte demandada en el proceso dentro del cual se
profirió la sentencia reprochada en este mecanismo, por lo que su comparecencia
resultaba necesaria para garantizar su derecho de defensa y contradicción, por
cuanto podría verse afectada por la decisión que se adopte en este asunto.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A el 30 de enero
de 2026. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora al proferir la
sentencia del 28 de mayo de 2025, que revocó la dictada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Turbo, que accedió
2 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la accionante en contra de la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y el departamento de
Antioquia, identificado con radicado 05837-33-33-001-2023-00328-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y; (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia.5
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20226.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal7 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
6 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
7 Sentencia SU-573 de 2019.
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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional9.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal10”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales11”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal13. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
La señora Argenida María Lugo Burgos adujo que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a «la
prevalencia del derecho sustancial», así como el principio pro homine, con ocasión
de la sentencia del 28 de mayo de 2025, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En dicha providencia, la autoridad judicial accionada revocó la decisión del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Turbo, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ib.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Argenida María Lugo Burgos
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07477-01
En primera instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
consideró que el asunto no superaba el requisito de relevancia constitucional, en la
medida que el debate sobre el reconocimiento de la mora en la consignación de
cesantías es un asunto de orden económico y que lo pretendido por la actora es
reabrir el debate de instancia.
Por su parte, la actora en su impugnación insistió en la procedencia de los defectos
alegados, especialmente el defecto fáctico, por cuanto, la entidad no probó que la
actora haya tenido que corregir su solicitud de reconocimiento.
Verificado el fallo en cuestión, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión reconoció que la solicitud de reconocimiento y
pago de cesantías radicada por la señora Lugo Burgos ante la entidad territorial se
dio el 4 de octubre de 2021, sin embargo, en la Resolución 202106030263 del 30
de noviembre de 2021 se señaló que la petición fue radicada el 19 de noviembre de
2021.
Por lo tanto, al no observarse recurso alguno por parte de la demandante, el tribunal
acusado afirmó que ello le dio firmeza al acto administrativo y la actora estuvo de
acuerdo con su contenido, razón por la que la Sala Séptima de Decisión debía tomar
la fecha de la radicación como cierta, igualmente consideró que existían eventos en
los que la solicitud debía ser complementada.
Por lo que, la fecha que ofrecía una mayor certeza y estaba amparada por la
legalidad era la contenida en el acto administrativo que le reconoció el derecho a la
señora Lugo Burgos, por lo tanto, al no ser controvertido, ni en las fechas allí
enunciadas, el tribunal debía dar veraz la totalidad de su contenido, incluida la fecha
de radicación.
En consecuencia, la autoridad tutelada, consideró que:
«Así las cosas, los 15 días hábiles con que contaba la entidad para expedir y
notificar el acto administrativo vencían el 13 de diciembre de 2022, observándose
que este fue expedido el 30 de noviembre y notificado el 6 de diciembre de 2021,
sumado a que la remisión del expediente se hizo el 9 de diciembre de 2021, lo
cual deja en evidencia que todas las actuaciones a cargo de la entidad territorial
se efectuaron dentro del término legal con que contaba para el efecto.
En hilo de lo anterior, a efectos de determinar si se causó mora o no en el pago
de las cesantías, deberá acudirse a la hipótesis 3 y 7 reseñadas por el Consejo
de Estado en la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018, de las que se
desprende que, cuando las actuaciones se ejecutan en tiempo y el interesado
renuncia a términos de ejecutoria, la mora comenzará a correr tras 45 días hábiles
contados a partir de la notificación de la resolución, los que, para el caso concreto,
fenecían el 9 de febrero de 2022.
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En ese orden de ideas, como la Fiduprevisora pagó los recursos el 29 de enero
de 2022, resulta claro que no se configuró la mora reclamada con la demanda, por
lo que lo procedente es negar las pretensiones incoadas, tal como lo solicita la
entidad recurrente.
Por ello, al evidenciar que el pagó se realizó el 29 de enero de 2022, el tribunal no
encontró razón alguna para considerar la configuración de la sanción moratoria
solicitada.
Así las cosas, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por la parte actora es
reabrir el debate ordinario y que se realice nuevamente un análisis sobre la fecha
en la cual debe tenerse por presentada la solicitud de reconocimiento y pago parcial
de cesantías. Esto, con el fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses.
Al no avizorar configuración del defecto fáctico alegado ni la vulneración de sus
garantías fundamentales, no se halla razón alguna que amerite la intervención del
juez constitucional. Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de
tutela no puede realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida
por otra autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están
amparados por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen
el respeto por la cosa juzgada.
Por las razones expuestas, se confirmará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente
el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de
los derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Negar la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró improcedente la
acción constitucional promovida por la señora Argenida María Lugo Burgos, por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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