RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07482-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07482-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07482-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el Departamento de Boyacá contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección, Segunda, Subsección E y el Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. 10Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 7 noviembre de 2024, radicado . 2500023370002016-02057-01 (5366-2022). M.P Luis Eduardo Mesa Nieves (E). 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Departamento De Boyacá Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección E y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00 SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07482-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

12 de febrero de 2026

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07482-00
Demandante: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA, SUBSECCION E Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional. Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por el Departamento de Boyacá,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El Departamento de Boyacá1 por intermedio de apoderada judicial, con escrito
radicado el 25 de noviembre de 2025 presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Juzgado
40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica, confianza legitima y tutela judicial.

La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con
ocasión del fallo del 30 de mayo de 2025, que confirmó la sentencia el 30 de
noviembre de 2022, con los cuales dichas autoridades judiciales declararon
probada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-37-040-2021-00144-00/01, que promovió contra
de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

1 Secretaría de Hacienda - Dirección Departamental de Pasivos Pensionales de Boyacá.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

2.1 Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la justicia, seguridad jurídica, confianza legítima, prevalencia del
derecho sustancial y tutela judicial efectiva del Departamento de
Boyacá, vulnerados por la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 30 de mayo de 2025, notificada el día 30 de mayo
de 2025.

2.2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso No.
1100133370402021-00144-01, y en su lugar, ordenar que se emita una
nueva decisión judicial en la que se resuelva de fondo el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el
Departamento de Boyacá2.

1.2. Hechos

La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

El Departamento de Boyacá el 24 de junio de 2021 promovió una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación y el Ministerio de
Defensa, solicitando la nulidad parcial de la resolución de 1996 que reconoció la
pensión del señor Juan Francisco Mejía Eslava, al estimar incorrecta la
liquidación de la cuota parte pensional.

Expuso que el Ministerio había remitido el proyecto de resolución y los soportes
mediante oficio del 6 de mayo de 1996, y que posteriormente, a través de la
Resolución No. 9282 del 3 de julio de 1996, otorgó la prestación dentro del
expediente EJC No. 13073 de 1995.

Señaló que la cuota parte del Departamento se tuvo por aceptada ante la falta
de respuesta de la Caja de Previsión de Boyacá dentro del plazo legal, conforme
a la Ley 33 de 1985. Finalmente, sustentó la oportunidad de la demanda en el
artículo 164 del CPACA, que permitía demandar prestaciones periódicas en
cualquier tiempo.

Comentó que, el Juzgado 40 Administrativo de Bogotá declaró acreditada la
excepción de caducidad mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022. La
autoridad judicial estimó que se trataba de una obligación de carácter crediticio
y no del reconocimiento de un derecho pensional, razón por la cual aplicó el
término general de cuatro meses y descartó la excepción de imprescriptibilidad.

Explicó que interpuso recurso de apelación, bajo el entendido de que el cómputo
del término de caducidad debía efectuarse conforme al principio de actuación
administrativa continua y compleja, dado que las obligaciones derivadas de las
cuotas partes pensionales configuraban relaciones de tracto sucesivo y no actos
de ejecución instantánea.

2 Trascripción literal del original con posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

En segunda instancia, la Sección Segunda, Subsección E del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la declaratoria de caducidad mediante
sentencia del 30 de mayo de 2025, aunque modificó la sustentación jurídica del
fallo. La corporación aplicó de manera retroactiva el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, disposición posterior a la demanda que fijó un plazo de cinco años para
reclamar prestaciones periódicas.

1.3. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte actora, al haberse radicado el proceso en junio de 2021, la
norma aplicable era el artículo 164 del CPACA, el cual permitía reclamar en
cualquier momento las prestaciones periódicas.

Señaló que ello produjo una vulneración del debido proceso y de la seguridad
jurídica, al modificarse de manera sorpresiva las reglas procesales mediante una
ley posterior.

Alegó la configuración de un defecto sustantivo, pues el operador judicial había
aplicado una norma ajena al caso en su origen y había ignorado la naturaleza
jurídica de las cuotas partes pensionales.

El departamento argumentó que estas obligaciones correspondían a relaciones
de tracto sucesivo y no a actos de ejecución inmediata, razón por la cual no
podían estar sometidas a la caducidad rígida impuesta por el tribunal;
igualmente, advirtió que la decisión se apoyó en una disposición cuya validez
«estaba en entredicho» o suspendida por la Corte Constitucional.

Asimismo, invocó el desconocimiento del precedente judicial, pues en su sentir,
la autoridad judicial se apartó sin justificación de la jurisprudencia consolidada
por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Mencionó que se pasaron por alto las sentencias del 29 de noviembre de 2024
y del 12 de febrero de 2025, las cuales habían determinado que el término de
caducidad de la nueva ley no era aplicable a los procesos en curso y habían
reafirmado que las cuotas partes constituían obligaciones imprescriptibles
mientras se mantuviera el pago de la mesada.

Sustentó la existencia de un defecto procedimental absoluto que produjo una
denegación de justicia, al impedir el acceso a una decisión de fondo; al declarar
la caducidad mediante una interpretación formalista y retroactiva, el tribunal
clausuró el análisis de la controversia sustancial sobre recursos públicos,
vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales.

Finalmente, alegó que la acción se había basado en la vulneración de la
confianza legítima y de la buena fe, pues la entidad territorial había actuado bajo
la legalidad vigente en 2021. La imposición inesperada de un término de
caducidad de cinco años, establecido por una ley expedida tres años después
de interpuesta la demanda, defraudó la expectativa de estabilidad en las reglas
procesales y generó un ambiente de incertidumbre jurídica contrario al Estado

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

de Derecho.

1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones

Por medio de auto del 27 de noviembre de 20253, se inadmitió la acción
constitucional al advertir el despacho que la abogada representante de la parte
actora no había acreditado en debida forma su legitimación en la causa por activa
dentro del trámite, igualmente dentro del mismo proveído se ordenó identificar
con claridad cuál era la autoridad efectivamente accionada, debido a una
inconsistencia advertida en el escrito de tutela. Dichas irregularidades fueron
subsanadas mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 20254.

Por lo anterior en escrito del 10 de diciembre de 20255 se admitió la solicitud de
tutela, y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y a la juez 40
Administrativa del Circuito Judicial de Bogotá.

Así mismo, se vinculó al ministro de Defensa Nacional y al señor Juan Francisco
Mejía Eslava, como terceros con interés en las resultas del proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.4.1. Departamento de Boyacá

La apoderada del Departamento de Boyacá remitió escrito6 por medio del cual
indicó que no tenía los datos de contacto del señor Juan Francisco Mejía Eslava,
pues se consideraba que la tutela no afectaba su situación jurídica individual.
Como el conflicto trataba sobre la cuota parte y no sobre el reconocimiento
pensional, la abogada solicitó con respeto la desvinculación de dicho tercero del
trámite.

1.4.2. Ministerio de Defensa Nacional

El apoderado7 del Ministerio de Defensa Nacional rindió informe en los siguientes
términos:

Respecto a los argumentos principales, afirmó que las providencias previas que
declararon la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho estaban plenamente ajustadas a la legalidad.
Argumentó que el Departamento de Boyacá buscaba invalidar la Resolución
9282, emitida en julio de 1996 sobre cuotas partes pensionales, pero solo
presentó la demanda ordinaria en junio de 2021.

3 Índice 5 de Samai.
4 Índice 9 de Samai.
5 Índice 11 de Samai.
6 Índice 16 de Samai.
7 Índice 18 y 19 de Samai.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

Indicó que, aunque existía debate sobre si la acción caducaba en cuatro meses
«por tratarse de una obligación crediticia» o si debía aplicarse otro término, la
Ley 2381 de 2024 fijó un plazo de cinco años para este tipo de procesos. Por lo
tanto, concluyó que, al haber transcurrido más de veinticuatro años entre la
notificación del acto y la presentación de la demanda, el término estaba
ampliamente vencido. Asimismo, se afirmó que a la accionante se le habían
garantizado sus derechos procesales y el acceso a la justicia durante todo el
trámite.

Por último, el apoderado pidió a la Sala del Consejo de Estado que se abstuviera
de conceder la tutela solicitada por la accionante, reafirmando que las
providencias impugnadas fueron dictadas en estricto cumplimiento de la
normativa y de la jurisprudencia aplicable.

1.4.3. Juzgado 40 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Por medio de oficio No. J40-327 del 16 de diciembre de 2025 la jueza Teresa de
Jesús Montaña González recordó que, en el trámite ordinario, se profirió
sentencia anticipada el 30 de noviembre de 2022 declarando la caducidad del
medio de control.

Sostuvo que la cuota parte pensional correspondía a una obligación crediticia de
naturaleza parafiscal y no a una prestación periódica. Por ello, al haberse
presentado la demanda más de veinticuatro años después de la notificación del
acto administrativo, el término de caducidad de cuatro meses previsto en la ley
estaba ampliamente vencido.

Señaló que, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda
instancia, confirmó la decisión de declarar la caducidad, lo hizo con fundamentos
jurídicos distintos. El ad quem consideró que las cuotas partes constituían
prestaciones periódicas, pero aplicó el término de caducidad de cinco años
previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Explicó que, aunque el tribunal confirmó el fallo de primera instancia, la ratio
decidendi del juzgador fue modificada por el superior y que sustentó su decisión
en la aplicación de la nueva ley y en la naturaleza periódica de la prestación, La
jueza concluyó que la tutela se dirigía en realidad contra la sentencia de segunda
instancia, dado que los argumentos originales de su despacho ya habían sido
superados.

Finalmente, manifestó que acataría la decisión que en derecho emitiera el
Consejo de Estado, admitiendo que sus fundamentos originales fueron
desvirtuados por la instancia superior, y pidió que se reconociera como prueba
el expediente virtual completo del proceso ordinario, identificado con radicado
11001-33-37-040-2021-00144-00.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

1.4.4. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E

En escrito, enviado el 19 de diciembre de 20258 por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dio respuesta al
requerimiento sobre la acción de tutela promovida por el Departamento de
Boyacá.

En acatamiento del auto del 10 de diciembre, la oficial mayor remitió el enlace
de acceso al expediente de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicado 11001-33-37-040-2021-00144-01 e informó que la dirección física
consignada que tenía para el señor Juan Francisco Mejía Eslava

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Departamento de Boyacá solicitó la desvinculación del presente asunto del
señor Juan Francisco Mejía Eslava al considerar que su vinculación no es
necesaria ya que la acción de tutela no afecta directamente su situación jurídica
individual.

Al respecto, se precisa que su vinculación se dio en calidad de tercero, debido a
ser el titular del derecho pensional que generó la controversia administrativa y
financiera entre las entidades públicas.

Por lo tanto, al asistirle un interés en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, la Sala negará la solicitud de desvinculación.

2.3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
la autoridad judicial demandada desconoció sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, seguridad
jurídica, confianza legitima y tutela judicial.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del del 30 de mayo de 2025, que
confirmó la sentencia el 30 de noviembre de 2022, con los cuales dichas
autoridades judiciales declararon probada la caducidad del medio de control de

8 Índice 22 de Samai.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-37-040-2021-
00144-00/01, que promovió contra de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos

9 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 2022, explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

En el asunto que ocupa a la Sala, el actor controvirtió la sentencia que, el 30 de
noviembre de 2022, confirmó la decisión mediante la cual la autoridad judicial
declaró probada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

El accionante alegó la vulneración de sus derechos por la aplicación retroactiva
del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a un proceso iniciado en 2021. Señaló
que la autoridad judicial desconoció la jurisprudencia que prohíbe tal aplicación,
la naturaleza de tracto sucesivo de las cuotas partes pensionales y que basó su
fallo en una norma suspendida, configurando defectos sustantivos y
procedimentales que cerraron el acceso a una decisión de fondo.

El cargo que propone el accionante se sustenta en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, que dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de
las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley. [énfasis
agregado]

Por su parte en la providencia cuestionada el tribunal decidió confirmar la
sentencia de primera instancia que declara probada la caducidad, argumentando
que, conforme al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, las acciones contenciosas
sobre pensiones reconocidas tienen un término máximo de cinco años, norma
aplicable incluso a procesos en curso.

El juez de instancia determinó que, pese a la alegación del apelante sobre la
naturaleza periódica de las cuotas partes, la acción es extemporánea. Al haber
transcurrido más de 24 años entre el acto de 1996 y la demanda de 2021, por lo
que se superó el término legal de caducidad. Sobre el particular indicó lo
siguiente:

« En similar sentido lo consideró la Sección Segunda en reciente
pronunciamiento, en el que en un caso similar al que nos ocupa indicó:

[…] La Sala considera necesario señalar que, tal como se explicó en el marco
normativo de esta providencia, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 dispuso un
término de caducidad de 5 años para presentar acciones administrativas y
contencioso administrativas frente a pensiones reconocidas, norma que se
encuentra vigente y resulta aplicable, incluso, a los procesos que se hallan en

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

curso. En ese orden, resulta necesario verificar la oportunidad en la interposición
del medio de control de la referencia […]»10 .

Por lo anterior, el despacho concluyó que « aun acogiendo la posición de la
entidad demandante en el recurso de apelación, según la cual las cuotas partes
pensionales constituyen prestaciones periódicas, el medio de control se
encuentra afectado por la caducidad, conforme lo ha señalado recientemente la
Sección Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia, se impone confirmar
la sentencia de primera instancia».

En ese orden de ideas, pese a la afirmación del accionante sobre un
desconocimiento del precedente y la vinculación de los demás reproches a dicho
supuesto, el defecto no se demostró. Los argumentos del actor se redujeron a
una repetición del cuestionamiento ventilado en el proceso ordinario, lo que
evidenció su intención de reabrir la discusión.

La Sala advierte que la parte actora presenta argumentos tendientes a buscar
una instancia adicional del proceso, con lo que pretende reabrir las etapas
procesales de la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa. Esto se
evidencia en la manifestación de una inconformidad con el criterio adoptado por
la autoridad judicial accionada y en la reiteración de argumentos que ya son
estudiados en el trámite ordinario.

En atención a lo expuesto, la Sala concluye que en este caso no se acredita el
defecto de desconocimiento del precedente, señalado como sustento de la
presunta vulneración de derechos.

Resulta evidente que el precedente fijado por la Corporación sobre el objeto de
debate no se desconoce. Por ello, la Sala declara la improcedencia del
mecanismo en lo concerniente al defecto sustantivo alegado, vinculado al cargo
de desconocimiento del precedente judicial.

Por consiguiente, La Sala evidencia que la parte actora busca una decisión
sustitutiva, lo cual no constituye motivo suficiente para que el juez de tutela
intervenga en la protección de derechos fundamentales, pues ello implicaría
invadir la competencia del juez natural. En consecuencia, la Sala declara la
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
Departamento de Boyacá contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección, Segunda, Subsección E y el Juzgado 40 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

10Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 7 noviembre de 2024, radicado .
2500023370002016-02057-01 (5366-2022). M.P Luis Eduardo Mesa Nieves (E).

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Departamento De Boyacá
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07482-00

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el
expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.