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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07484-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07484-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto emitido el 4 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso ejecutivo con radicado 11001-33-43-063-2022-00302-01, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia SEGUNDO. ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión, en la que estudie el artículo 1653 del Código Civil, sin condicionarse al hecho de no haberse invocado en los actos procesales iniciales del proceso ejecutivo. TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07484-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07484-00
Demandante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo. Proceso
ejecutivo. Aplicación del artículo 1653 del Código Civil.
Decisión: Accede al amparo solicitado

La Sala decide la acción de tutela formulada por el Fideicomiso Inversiones
Aritmétika Sentencias contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 25 de noviembre de 2025, el Fideicomiso Inversiones Aritmétika
Sentencias, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de lo anterior, solicitó
dejar sin efectos las providencias emitidas el 18 de septiembre y 8 de octubre de
2024 por el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá y el 4 de julio de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado No. 11001-33-43-063-2022-
00302-00/01, para que, en su lugar, se emitiera una nueva decisión en la que se
atendieran las disposiciones jurídicas y fácticas descritas en la presente acción.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte accionante
afirmó que es cesionario, titular y beneficiario final de los derechos económicos de
Elio Guevara Ruiz, Yuri Paola Sánchez Ruiz, Johan Sebastián Guevara Sánchez,
María Isabel Ruiz Ruiz, Flor María Guevara Ruiz y Ana Edelmira Guevara Ruiz,
derivados del Auto proferido el 18 de octubre de 2016 por el Juzgado 63
Administrativo de Bogotá, mediante la cual se aprobó una conciliación en el proceso
de reparación directa con radicado No. 11001-33-43-063-2016-00137-00.

3. El 16 de octubre de 2018, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, mediante el Oficio No. OFI18-99607 MDN-DSGDAL-GROLJC
aceptó sin condición alguna la cesión y lo reconoció como cesionario y beneficiario
final de los derechos mencionados.

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4. Por lo anterior, la hoy accionante presentó demanda ejecutiva en contra de
la entidad mencionada, con el fin de obtener el pago de capital, por concepto de
perjuicios morales e intereses moratorios derivados de la conciliación judicial.
Proceso al cual le fue asignado el radicado No. 11001-33-43-063-2022-00302-00.

5. El 31 de agosto de 2022 y el 22 de marzo de 2023, el Juzgado 63
Administrativo de Bogotá libró mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la
ejecución en los términos señalados en la demanda.

6. El 26 de septiembre de 2023, el apoderado de la parte ejecutante indicó que
mediante resolución de pago la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional reconoció la suma de $1.141.897.381, la cual fue imputada en primer lugar
a perjuicios materiales y daño a la salud, quedando como saldo la suma de
$622.463.889 que fue atribuida a perjuicios morales ($275.781.600 de capital y
$368.056.100 de intereses moratorios a 22 de septiembre de 2022); operación de
la cual concluyó que existía un saldo a capital de $21.373.811, valor por el que, en
los términos del artículo 1653 del Código Civil, debía continuarse el cobro de
intereses desde el 23 de septiembre de 2022 y hasta la fecha en la que se efectuara
el pago total de la obligación.

7. El 8 de noviembre de 2023, el despacho judicial mencionado aprobó la
liquidación de crédito realizada por la Oficina de Apoyo, en la que se determinó un
saldo a favor de la entidad ejecutada por un valor de $497.726.793. En
consecuencia, decretó la terminación del proceso por pago del capital, los intereses
moratorios y las costas procesales y ordenó el archivo del expediente.

8. En desacuerdo con lo anterior, la parte ejecutante interpuso recurso de
apelación al estimar que la liquidación del crédito presentaba un error en la
imputación del pago, pues el contador aplicó la suma consignada por la entidad
ejecutada ($1.141.897.381) únicamente al concepto de perjuicios morales, a pesar
de que con este valor también se pagaron los otros perjuicios.

9. El 24 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión recurrida y, en su lugar, le
ordenó al Juzgado 63 Administrativo de Bogotá estudiar la liquidación de crédito,
debido a que esta se basó en una suma que canceló el Ejército Nacional a favor de
la parte ejecutante por obligaciones no consignadas en el mandamiento de pago y,
por ende, el juez de primera instancia no efectuó un análisis sobre el valor real que
adeudó y pagó la entidad ejecutada por los perjuicios morales.

10. El 18 de septiembre de 2024, el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá
obedeció y cumplió lo dispuesto por su superior funcional. En esa medida, modificó
la liquidación de crédito presentada por la parte ejecutante y, en consecuencia,
aprobó la liquidación de crédito realizada por esa autoridad judicial.

11. Para fundamentar la anterior decisión, explicó que el capital de
$275.782.000 generó intereses moratorios del 22 de octubre de 2016 (día siguiente

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a la ejecutoria de la condena) hasta el 22 de septiembre de 2022 (fecha en que se
realizó el pago), por un valor de $353.599.593, de manera que el final de la deuda
era de $643.768.088, al cual se le restó el pago de $632.008.208, lo que dio como
resultado $ 11.759.880, que más el valor de $13.789.100 por concepto de costas,
asciende a la suma final de $25.548.980, «precisándose que respecto de monto
correspondiente al saldo por concepto de intereses no procede la causación de más
intereses como quiera que el pago que la entidad ejecutada efectuó se imputa
primero al capital de la obligación y el saldo corresponde a los intereses y sobre
esta suma se reitera no procede la liquidación de intereses moratorios».

12. Contra esta nueva decisión se presentó nuevamente recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación, porque el juez de primera instancia realizó una indebida
imputación del pago efectuado por la entidad demandada pues se ordenó aplicar
primero al capital y negar los intereses posteriores, desconociendo con ello el
artículo 1653 del Código Civil, según el cual el pago debe imputarse primero a los
intereses.

13. El 9 de octubre de 2024, el Juzgado no repuso su decisión, al estimar que
no era procedente aplicar el artículo 1653 del Código Civil, tal como lo adujo la
demandante, en tanto que el CPACA contiene normas específicas sobre la
efectividad de las condenas en contra de entidades públicas, pues conforme a lo
previsto en sus artículos 192 y 195, ese pago se computa primero a capital y luego
a intereses, por lo que no existe ningún vacío normativo que deba suplirse con esa
norma civil. De otro lado, concedió el recurso de apelación en efecto diferido.

14. El 4 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia, puesto
que la regla de imputación establecida en el artículo 1653 del Código Civil no era
aplicable al caso, dado que la parte ejecutante no la invocó desde el escrito de
demanda y tampoco fue incluida en el mandamiento de pago ni tenido en cuenta en
la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución. Por tanto, consideró
que exigir su cumplimiento implicaría una contravención al principio de congruencia
y generaría una situación contradictoria para la parte ejecutada, al no haber tenido
oportunidad procesal para ejercer su derecho de defensa, afectando de manera
clara los derechos de las partes.

15. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que el Juzgado
63 Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la expedición de las providencias
del 18 de septiembre y 9 de octubre de 2024, así como del 4 de julio de 2025,
incurrieron en defecto sustantivo, debido a que el artículo 1653 del Código Civil no
establece en ninguno de sus apartados que, para aplicar su contenido a un proceso
judicial, la parte ejecutante o el acreedor deban manifestarlo desde el escrito de
demanda inicial o solicitud de ejecución.

16. Por el contrario, señaló que la norma dispone expresamente que la regla no
se aplicará únicamente cuando el acreedor lo comunique de manera expresa. En

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consecuencia, a su juicio, la regla de imputación debe aplicarse en todos los
negocios jurídicos en los que la obligación no se haya extinguido, sin necesidad de
que el acreedor manifieste su voluntad de acogerse a ella, basta la existencia de
una obligación de esta naturaleza (pecuniaria) para que dicha regla resulte
aplicable.

17. Adicionalmente, manifestó que las providencias censuradas adolecen de
defecto procedimental, ya que al aplicar la referida disposición en esos términos no
estaría fallado extra petita sino ex lege, comoquiera que el artículo 230 de la
Constitución Política establece que las decisiones judiciales deben fundarse
exclusivamente en la ley, de manera que los jueces no pueden crear obligaciones,
imponer cargas o establecer requisitos que no estén expresamente previstos en el
ordenamiento jurídico.

18. En ese sentido, sostuvo que el Tribunal accionado incurrió en error, al
afirmar que la aplicación de la regla de imputación en la etapa de liquidación del
crédito vulneraría el principio de congruencia si no se hubiera solicitado desde la
demanda, pues, de conformidad con el Código General del Proceso, es
precisamente en la etapa de liquidación del crédito donde se realiza el debate y se
fijan los valores correspondientes a capital e intereses adeudados a los acreedores.

19. Finalmente, indicó que se desconoció la regla fijada por el Consejo de
Estado, en la cual se determinó que, para la naturaleza de obligaciones distintas a
temas pensionales o laborales, el artículo 1653 del Código Civil si es aplicable.
Concretamente, citó las sentencias proferidas por la Subsección B de la Sección
Tercera el (i) «6 de agosto de 2021;» (ii) 8 de septiembre de 2021 en el proceso con
radicado No. 25000-23-36-000-2015-00386-01 (59.004); y (iii) 17 de junio de 2024
en el expediente No. 25000-23-36-000-2022-00508-01 (70.736).

Intervenciones1

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca aseguró que la acción de tutela era improcedente, en la medida en
que no superó los requisitos exigidos para su procedencia, toda vez que el actor
pretendió reabrir un debate ya resuelto en sede ordinaria, convirtiendo este
mecanismo en una tercera instancia para cambiar la interpretación jurídica que le
fue desfavorable.

21. En todo caso, adujo que los argumentos expuestos por la parte accionante,
según los cuales las providencias cuestionadas incurrieron en un supuesto defecto
sustantivo por inaplicación del artículo 1653 del Código Civil y en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, carecen de sustento jurídico si se tiene
en cuenta que en el auto acusado no se negó la aplicabilidad abstracta del artículo

1
El 27 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado 63 Administrativo de Bogotá y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional.

4
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1653 del Código Civil, ni se desconoció su vigencia dentro del ordenamiento jurídico.
Por el contrario, esa corporación partió expresamente de reconocer que dicha
norma resultaba, en principio, aplicable a las entidades públicas en calidad de
deudoras, incluso en el marco de procesos ejecutivos adelantados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

22. Explicó que la obligación perseguida en el proceso ejecutivo quedó definida
de manera precisa desde los actos iniciales del proceso, esto es, desde la demanda
ejecutiva, el mandamiento de pago y la providencia que ordenó seguir adelante la
ejecución. En dichos actos procesales, todos ellos impulsados a partir de la solicitud
del propio ejecutante, se reclamó un capital determinado y unos intereses
moratorios liquidados conforme a los parámetros expresamente indicados, sin que
en ningún momento se hubiera solicitado al juzgador la aplicación de una fórmula
especial de imputación de pagos parciales con base en el artículo 1653 del Código
Civil.

23. Aunado a ello, afirmó que no se desconoció ningún precedente
jurisprudencial, dado que a la fecha no existe una sentencia de unificación —ni de
la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado— que haya fijado una regla
vinculante en torno a la aplicación automática e incondicionada del artículo 1653 del
Código Civil en los procesos ejecutivos derivados de condenas judiciales o
conciliaciones a cargo de entidades públicas. En esos términos, solicitó declarar
improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo invocado.

24. El Juzgado 63 Administrativo de Bogotá solo aportó copia digital del
expediente ejecutivo con radicado No. 11001-33-43-063-2022-00302-00/01, sin
emitir algún pronunciamiento frente a los hechos expuestos en el escrito de tutela.

25. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional no rindió el informe
solicitado, a pesar de que fue debidamente notificado del auto admisorio de la
acción de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

27. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que el análisis se centrará únicamente en la providencia emitida en segunda
instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

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Cundinamarca, al ser la autoridad judicial que confirmó la decisión adoptada por el
Juzgado 63 Administrativo de Bogotá en el proceso ejecutivo.

28. Adicionalmente, se precisa que la controversia que debe resolverse en esta
oportunidad se contrae en determinar si el estudio del artículo 1653 del Código Civil
al caso concreto se encuentra condicionado a que esta norma hubiese sido
invocada expresamente en la demanda ejecutiva, de tal manera que la discusión no
recae en la aplicación directa, en la medida en que este examen compete de manera
exclusiva al juez natural de la causa.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
defectos sustantivo y/o procedimental, al exigir que la aplicación del artículo 1653
del Código Civil se supedita a que hubiese sido solicitada expresamente por la parte
ejecutante desde la demanda ejecutiva.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como
pasiva, puesto que el accionante es titular de las garantías constitucionales que se
invocan como vulneradas, y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fue la autoridad que profirió la decisión que se
cuestiona en el escrito de amparo; (2) no existe otro mecanismo judicial que permita
a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (3) la acción
de tutela se presentó el 25 de noviembre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia del 4 de julio de 20252; (4) se cuestionó
una irregularidad procesal esta podría tener un efecto decisivo en la decisión y
afectar los derechos fundamentales del actor; (5) se identificaron razonablemente
los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.

31. Adicionalmente, frente a la exigencia de relevancia constitucional 3 , se
estima que esta se cumple porque la controversia planteada no se trata de una
simple discrepancia interpretativa entre las partes o de un asunto meramente
económico, ya que la decisión cuestionada incide de manera directa en los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante, al
supeditar la aplicación de una norma sustantiva a una exigencia procesal no prevista
expresamente en el ordenamiento jurídico.

2
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 7 de julio de 2025.
3
Ver, entre otras, la Sentencia T-311 de 2021 de la Corte Constitucional. Para la Sala, esta exigencia tiene tiene 3 finalidades:
(i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o económicos; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de importancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

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32. Ciertamente, la discusión no se limita a determinar el acierto o desacierto
de una providencia judicial desde una perspectiva estrictamente legal, sino que
involucra el análisis de si la interpretación adoptada por las autoridades judiciales
accionadas desconoció el alcance normativo del artículo 1653 del Código Civil,
imponiendo a la parte ejecutante una carga procesal.

33. Asimismo, la acción de tutela no se plantea como una instancia adicional
para revisar la decisión judicial, sino como un mecanismo excepcional dirigido a
restablecer el goce efectivo de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados por una interpretación judicial que desborda los límites.

Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos

34. La Sala accederá al amparo solicitado por la parte accionante, al haberse
estructurado el defecto sustantivo invocado.

35. El accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, al proferir la providencia del 4 de julio de 2025, comoquiera que
incurrió en defecto sustantivo, debido a que el artículo 1653 del Código Civil no
establece en ninguno de sus apartados que, para aplicar su contenido a un proceso
judicial, la parte ejecutante o el acreedor deban manifestarlo desde el escrito de
demanda inicial o solicitud de ejecución.

36. Pues bien, para resolver la anterior inconformidad corresponde analizar los
argumentos en que se apoyó la autoridad judicial precitada para confirmar la
decisión de primera instancia. Al respecto, se observa que aquella autoridad indicó
que a pesar de que la parte deudora sea una entidad pública, le es aplicable el
contenido del artículo 1653 del Código Civil; no obstante, en virtud del principio de
congruencia señalado en el artículo 281 del Código General del Proceso, la
aplicación de dicho precepto exige que su invocación y los criterios de liquidación
correspondientes hayan sido expresamente solicitados en la demanda,
incorporados en el mandamiento de pago y tenidos en cuenta en la providencia que
ordena seguir adelante con la ejecución.

37. En ese sentido, sostuvo que para que proceda la liquidación de conformidad
con la norma civil mencionada, esta debió solicitarse en la demanda, incluida en el
mandamiento de pago y en la orden de seguir adelante con la ejecución, toda vez
que esa forma de liquidación impacta en el resultado final de la deuda, por lo que el
deudor desde un principio del proceso debe tener el conocimiento del valor cobrado
y las imputaciones que para el efecto se hagan.

38. Adicionalmente, afirmó que la omisión de tales precisiones, como lo es la
forma de imputación del pago, en los actos iniciales del proceso conllevaría una
vulneración al debido proceso, en la medida en que se modificarían las condiciones

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del cobro sin que haya mediado una oportunidad procesal adecuada para
controvertirlas.

39. Sin embargo, la Sala estima que no puede pasarse por alto que el Código
Civil establece el régimen normativo de los modos de extinción de las obligaciones,
dentro de los cuales se encuentra el pago 4 . Dichas disposiciones no tienen un
carácter meramente facultativo o dispositivo para el juez, sino que constituyen
normas sustantivas que deben ser observadas en todo análisis judicial relacionado
con la determinación del saldo de una obligación pendiente de pago.

40. El artículo 1653 del Código Civil consagra como regla general que, si se
adeudan capital e intereses, todo pago efectuado debe imputarse primero a los
intereses, salvo que exista una manifestación expresa y clara del acreedor en
sentido contrario. De la literalidad de la norma se desprende que su aplicación opera
por ministerio de la ley y no está supeditada a que el acreedor solicite expresamente
su aplicación desde la demanda o desde los actos iniciales del proceso ejecutivo.

41. No obstante, la interpretación adoptada por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según la cual la aplicación
del artículo mencionado exige una manifestación expresa y previa del acreedor en
la demanda, introduce un requisito inexistente en el ordenamiento jurídico y
desnaturaliza el alcance de la norma sustancial, pues el texto legal de esta no
supedita su aplicación a una solicitud procesal previa, ni condiciona su eficacia a
una previsión expresa en los actos iniciales del proceso, sino que impone un
mandato objetivo que el juez está obligado a estudiar al momento de determinar los
efectos del pago parcial realizado.

42. De esta manera, la carga procesal impuesta por la autoridad accionada no
solo carece de respaldo legal, sino que desconoce que el análisis de la imputación
del pago constituye una consecuencia jurídica del pago parcial. En ese sentido,
condicionar la aplicación del artículo 1653 del Código Civil a su invocación expresa
implica vaciar de contenido su fuerza normativa de esta regla propia de régimen de
las obligaciones y trasladar indebidamente a la parte ejecutante la carga de solicitar
la aplicación del derecho objetivo, en abierta contradicción con el principio iura novit
curia.

43. Adicionalmente, si bien el Tribunal accionado justificó la ausencia del
estudio de la norma en comento, en virtud del principio de congruencia señalado en

4
Artículo 1625. Modos de extinción. «Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1.) Por la solución o pago efectivo.
2.) Por la novación.
3.) Por la transacción.
4.) Por la remisión.
5.) Por la compensación.
6.) Por la confusión.
7.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción.
De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición resolutoria se ha tratado en el título De las
obligaciones condicionales».

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el artículo 281 del Código General del Proceso, la aplicación de dicho precepto exige
que su invocación y los criterios de liquidación correspondientes hayan sido
expresamente solicitados en la demanda, incorporados en el mandamiento de pago
y tenidos en cuenta en la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución.
Sin embargo, este principio no habilita al juez para prescindir de normas
sustanciales imperativas que gobiernan los efectos jurídicos de los hechos probados
en el proceso, ya que una imputación legal del pago no altera el objeto del litigio,
sino que define jurídicamente cómo debe entenderse satisfecho el pago efectuado.

44. Ahora, se observa que la autoridad judicial accionada sostuvo que la
omisión de una precisión expresa sobre la imputación del pago desde el inicio del
trámite ejecutivo impediría modificar dichas reglas en etapas posteriores del
proceso, por cuanto ello vulneraría el derecho al debido proceso de la parte
ejecutada al alterar sorpresivamente el contenido de la obligación sin una
oportunidad real de contradicción, tal razonamiento no resulta de recibo desde la
perspectiva constitucional, por cuanto, ante la ausencia de una regulación
específica en el CPACA sobre la forma en que debe imputarse el pago, resulta
procedente acudir de manera supletoria al artículo 1653 del Código Civil, disposición
que establece la consecuencia jurídica prevista por la ley para el evento de un pago
parcial de capital e intereses.

45. En consecuencia, se concluye que el Auto del 4 de julio de 2025 incurrió en
defecto sustantivo al supeditar el análisis del artículo 1653 del Código Civil a una
manifestación expresa del acreedor en los actos iniciales del proceso ejecutivo y,
por tanto, vulneró los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y
al acceso efectivo a la administración de justicia.

46. De otra parte, si bien el accionante puso de presente la configuración de
otros defectos en la providencial judicial cuestionada, lo cierto es que la acreditación
del defecto sustantivo anteriormente expuesto resulta suficiente para acceder al
amparo solicitado, ya que con ella basta para concluir que la decisión judicial
censurada transgredió garantías fundamentales.

47. Por tanto, la Sala accederá al amparo invocado y, en consecuencia, dejará
sin efectos la providencia emitida el 4 de julio de 2025 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso
ejecutivo No. 11001-33-43-063-2022-00302-01 y, en su lugar, le ordenará a la
autoridad judicial referida dictar, en el término de los 10 días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, una nueva decisión, en la que se analice el artículo
1653 del Código Civil, sin condicionarse al hecho de no haberse invocado en los
actos procesales iniciales del proceso ejecutivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07484-00
Demandante: Fideicomiso Inversiones Aritmétika Sentencias

III. RESUELVE

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS
el auto emitido el 4 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso ejecutivo con radicado
11001-33-43-063-2022-00302-01, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte motiva de la presente providencia

SEGUNDO. ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término de los 10 días siguientes
a la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión, en la que estudie el
artículo 1653 del Código Civil, sin condicionarse al hecho de no haberse invocado
en los actos procesales iniciales del proceso ejecutivo.

TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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