RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07486-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07486-00

Fecha
13 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07486-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la UGPP, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07486-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07486-00
Accionante: César Augusto Lozano Pérez y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros2
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Publicación de sentencia penal
condenatoria sin estar ejecutoriada. Caducidad / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de legitimación en la causa por activa y de relevancia constitucional. No allegó
poder requerido y aportado no cumple con presupuesto de especificidad. Reproches
pretenden emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario y carecen de carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley3, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 25 de noviembre de 2025, el abogado Jaime Mora Valero, actuando como
apoderado de los señores Cesar Augusto Lozano Pérez, Teresa Alba Delgado
Robles y James Augusto Lozano Delgado presentó acción de tutela 4 contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Sexto Administrativo de Cali,
la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGGP), con el fin
de que se dejaran sin efectos las sentencias de 6 de junio de 2024 y 31 de julio de
2025, emitidas dentro del proceso de reparación directa5 incoado contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación y UGPP. Asunto que tenía por finalidad obtener el

1 Teresa Alba Delgado Robles y James Augusto Lozano Delgado.
2 Juzgado Sexto Administrativo de Cali, Fiscalía General de la Nación y Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGGP).
3 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
4 Invocaron sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, dignidad humana, debido proceso y acceso a

la administración de justicia.
5 Expediente 76001-33-33-006-2022-00185-01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07486-00
Accionante: César Augusto Lozano Pérez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

resarcimiento de los perjuicios causados por la publicación de la sentencia del 20 de
noviembre de 2019 del Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali 6, en la que se
condenó al señor Lozano Pérez por el delito de fraude procesal 7 , sin que se
encontrara ejecutoriada y que luego quedó sin efectos con la sentencia de 23 de
junio de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, al casar dicha providencia y
absolverlo de aquel ilícito.

2.
Mediante la providencia de 31 de julio de 2025, se confirmó la sentencia de 6 de
junio de 2024 del Juzgado Sexto Administrativo de Cali, que declaró probada de
oficio la caducidad del medio de control. Se determinó que el afectado tuvo
conocimiento del daño alegado a su honra, imagen y buen nombre desde su
ocurrencia con la publicación de la sentencia en la página electrónica de la Fiscalía
General de la Nación, esto es, desde el 27 de noviembre de 2019, al tratarse de un
daño de carácter instantáneo o inmediato. Es decir, la parte actora, en principio, tenía
hasta el 28 de noviembre de 2021 para presentar la demanda ordinaria. No obstante,
dicho término se suspendió con ocasión a la pandemia generada por el virus Covid-
19, conforme al Decreto 564 de 2020, entre el 16 de marzo y el 30 de junio de esa
anualidad (faltando 1 año, 8 meses y 13 días). Por tanto, una vez reanudado el
respectivo término, el 1º de julio de 2020, la parte demandante tenía hasta el 13 de
marzo de 2022 para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo,
hasta el 31 de mayo de 2022 formuló la respectiva solicitud de conciliación
extrajudicial, y el 29 de agosto siguiente radicó la demanda de reparación directa.

3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, pues se desatendió jurisprudencia del Consejo
de Estado relativa al cómputo de la caducidad en casos de daños continuados,
máxime cuando la publicación se mantuvo durante más de un año causando
afectaciones diarias, la cual cesó con la sentencia absolutoria de 23 de junio de 2021.
Para tal fin, hace alusión a las sentencias T-357 de 2015 y T-301 de 2019 de la Corte
Constitucional.

4.
Señaló que en la medida en que el afectado ejerce la profesión de abogado, la
afectación ocasionada es más gravosa. El señalamiento público de una condena
inexistente lo expuso durante más de un año al descrédito profesional, minando la
confianza de clientes, colegas y jueces, y lesionando de manera directa su buen
nombre y honra, derechos fundamentales que constituyen pilares del ejercicio de la
abogacía.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

5.
Mediante auto de 4 de diciembre de 2025 se requirió al profesional del derecho
Jaime Mora Valero, con el fin de que allegara el poder que lo facultaba para ejercer

6 Confirmada el 29 de enero de 2020 por el Tribunal Superior de Cali.
7 En el marco de las actuaciones relacionadas con el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes solicitada

como cónyuge supérstite de la señora Soledad Marín Lozano.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07486-00
Accionante: César Augusto Lozano Pérez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

la representación judicial de los accionantes en el presente trámite, porque se adosó
el conferido para promover el proceso ordinario. En cumplimiento de ello, el abogado
aportó un documento que contenía una única página de firmas suscritas por los
actores, pero no acreditó que correspondiera al mandato solicitado, razón por la cual
el 14 de enero de 2026 se le requirió nuevamente para que lo allegara en su
integridad, lo cual realizó, pero sin cumplir los requisitos fijados por la Corte
Constitucional. Aunque fue otorgado para el ejercicio de la acción de tutela, no
determina en forma concreta las actuaciones a las que se le atribuye la vulneración
alegada, ni los derechos que buscan protegerse.

6.
Conforme al panorama descrito, a través de proveído de 30 de enero de 20268,
se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las autoridades demandadas y
se requirió al aludido profesional del derecho, con el fin de que aportara en debida
forma el poder. De igual modo, ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Juzgado Sexto Administrativo de Cali

7.
Adujo que la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia se encuentra
fundamentada en las consideraciones allí contenidas, la cual fue confirmada en
segunda instancia. Por tanto, se le debe desvincular de la presente acción, toda vez
que lo actuado se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico.

(ii) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

8.
Sostuvo que en la sentencia de segunda instancia se realizó un análisis acucioso
de las pruebas, se observaron los postulados normativos y jurisprudenciales para
resolver este tipo de eventos y se dio aplicación a los criterios hermenéuticos y a la
sana crítica al momento de resolver el fondo del asunto.

9.
En ese sentido, se tiene que se analizaron todas y cada una de las pruebas
aportadas, así como las normas y la jurisprudencia que hacen referencia al término
de caducidad, además de la aplicación de la suspensión de términos que se generó
a partir de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

10.
Por lo anterior, no puede admitirse que el actor pretenda convertir la acción de
tutela en una tercera instancia, para revivir el proceso con cuestionamientos que ya
fueron analizados y decantados dentro del medio de control de reparación directa.

(iii) Fiscalía General de la Nación
11.
Señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva. No existe una relación
de causalidad de acción u omisión por parte de ese ente de investigación. En todo

8 Notificado el 10 y 11 de febrero de 2026.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07486-00
Accionante: César Augusto Lozano Pérez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

caso, no se evidencia vulneración arbitraria de derechos fundamentales. Por el
contrario, se emplea esta tutela como mecanismo para reabrir el debate.

(iv) UGPP
12.
Indicó que no se establece un nexo causal entre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de los tutelantes y acciones y omisiones desplegadas por
la entidad de las cuales se pueda imputar algún grado de responsabilidad. Por ende,
carece de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, solicita su
desvinculación de las presentes diligencias constitucionales.

13.
Además, se está conforme con lo decidido por los jueces de instancia en las
sentencias acusadas, pues en el escenario judicial se resolvió la pretensión conforme
a las reglas procesales del caso estableciéndose la caducidad del medio de control.

14.
Advirtió que el presente asunto no satisface el presupuesto de relevancia
constitucional. La parte actora no está de acuerdo con la valoración probatoria y
análisis jurídico y pretende reabrirlo.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

15. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la UGPP. Al juez de tutela le

asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida
entidad integró la parte demandada en el proceso de reparación directa en el que
se dictaron las providencias acusadas, era indispensable que fuera llamada a estar
diligencias como tercera interesada.

D. Análisis del caso concreto

16. En el caso bajo estudio no se satisface el presupuesto general de legitimación en

la causa por activa, por tal razón se declarará la improcedencia de la tutela. El
abogado Jaime Mora Valero, quien aduce representar a los accionantes, no acreditó
estar legitimado para promover esta acción.

17. En cuanto a dicha exigencia, se tiene que conforme al artículo 86 de la
Constitución Política cualquier persona puede acudir a la acción de tutela, bien sea
por sí misma o a través de un representante, para reclamar la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente, de los particulares. En consonancia con ello, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad de que el mecanismo constitucional sea
interpuesto mediante apoderado judicial.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07486-00
Accionante: César Augusto Lozano Pérez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

18. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el ejercicio de la

acción de tutela por medio de la figura del apoderamiento judicial, se habilita siempre
que: (i) el acto jurídico formal se concrete en un escrito que se denomina poder; (ii)
el referido poder sea especial, es decir, que haya sido otorgado por una sola vez y
con un objeto específico, de tal manera que “aquel que sea conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le
den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”9; y (iii) el destinatario
del acto de apoderamiento sea un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional.

19. La Corte Constitucional10 también ha precisado que el poder otorgado para
presentar una acción de tutela, además de ser especial, debe ser específico. Así, el
apoderamiento judicial debe contener de forma clara y expresa los siguientes
elementos: (i) los nombres y datos de identificación del poderdante y su apoderado;
(ii) la autoridad pública o el particular contra la cual se va dirigir la acción de tutela;
(iii) el acto o documento que motiva la solicitud de amparo, y (iv) los derechos
fundamentales cuya protección se busca reclamar.

20. De manera que, en este tipo de asuntos, el contenido del acto de apoderamiento

es el que permite al juez constitucional verificar el cumplimiento del presupuesto de
procedibilidad atinente a la legitimación en la causa por activa.

21. En suma, cuando la acción de tutela se promueve a través de apoderado judicial,

además de acreditar que se encuentra habilitado para ejercer la profesión, el
abogado debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar.

22. En el presente asunto, previo a su admisión, se advirtió, por medio de auto de 4

de diciembre de 2025, que el abogado Jaime Mora Valero, pese a que aducía actuar
en representación judicial de los accionantes en este trámite, no aportó el poder para
promover la acción de tutela, sino para el proceso ordinario, por lo que se le requirió
que aportara el respectivo mandato.

23. En cumplimiento de lo anterior, el mencionado profesional del derecho remitió un

documento que contenía una única página de firmas pertenecientes a los tutelantes,
de lo cual no se evidenciaba que correspondiera al otorgamiento del poder
solicitado. Por ende, a través de proveído de 14 de enero de 2026, se le requirió
para que aportara en su integridad el acto de apoderamiento, lo cual realizó.

24. No obstante, con proveído de 30 de enero de 2026, se le advirtió al aludido

abogado que el poder allegado no cumplía con los requisitos fijados por la Corte
Constitucional para tales efectos. Aunque se confirió para el ejercicio de la acción

9 Sentencia T-1025 de 2006, reiterada en la sentencia T-194 de 2012.
10 Ibidem.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07486-00
Accionante: César Augusto Lozano Pérez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

de tutela, no determinó en forma concreta las actuaciones a las que se le atribuye la
vulneración alegada, ni los derechos que buscan protegerse.

25. En esa medida, además de admitir estas diligencias constitucionales, se le
requirió nuevamente para que adosara el poder en debida forma y se le especificó
que, además “de los nombres, datos de identificación de los poderdantes y los
suyos, así como las autoridades que se pretenden demandar, el acto también debe
señalar de forma expresa los derechos fundamentales que buscan protegerse y el
actuar que dio origen a la interposición de la solicitud de amparo, concretamente las
providencias cuestionadas y el proceso dentro del cual fueron proferidas”. Sin
embargo, el profesional del derecho no lo aportó.

26.
La anterior omisión impide tener certeza sobre la voluntad de los accionantes de
que el mencionado profesional del derecho instaurara la presente acción contra las
providencias judiciales relacionadas en la solicitud de amparo, razón por la cual
precisamente se efectuó el respectivo requerimiento en el admisorio, pero el
abogado no lo atendió.

27.
En ese orden de ideas, el abogado Jaime Mora Valero no aportó el poder
requerido en el auto admisorio con el fin de que atendiera el principio de
especificidad. El que adosó, en virtud del requerimiento efectuado para tal propósito,
no cumple los presupuestos que habilitan el apoderamiento judicial en materia de
tutela. De obviarse tal omisión, se habilitaría al profesional del derecho para
promover en nombre de su poderdante diferentes acciones de tutela con objetos
distintos, al quedar facultado para atacar cualquier otra providencia judicial. Además,
ello representa un obstáculo para dilucidar el verdadero interés del poderdante, como
titular de las garantías superiores presuntamente quebrantadas.

28.
Se aclara que la especificidad en los poderes para la presentación de acciones de
tutela no desconoce la informalidad que reviste este trámite, que propende por la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial, diferente es que su
ejercicio deba superar unos requisitos mínimos para su procedencia, que surgen de
su naturaleza jurídica y de los elementos especiales que la componen.

29.
En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional, al sostener que este
mecanismo constitucional “no admite que se pueda asumir de manera indeterminada
o ilimitada la representación de otro, ni la informalidad que caracteriza a la acción de
tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de
procedibilidad”11.

30.
En consonancia con lo anterior, la exigencia de especificidad no resulta
desproporcionada ni caprichosa, sino que, por el contrario, es razonable a la luz del
marco normativo y jurisprudencial que ha fijado una serie de requisitos para habilitar
el apoderamiento judicial en los procesos de tutela. Sin mencionar, que un abogado

11 Sentencia T-417 de 2013.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07486-00
Accionante: César Augusto Lozano Pérez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

que pretenda representar a otra persona en un proceso judicial debe tener claro el
alcance de las facultades concedidas y, en igual sentido, está obligado a acreditar la
especificidad de su encargo profesional, pues justamente se trata de un poder
especial. Admitir la omisión en su delimitación, implica considerar el mismo como un
poder general y, consecuentemente, exigir los requisitos que para el mismo dispone
la ley, como que su otorgamiento se haga por escritura pública12.

31. Además, no se puede pasar por alto el hecho de que se admitió la tutela, en

garantía del acceso a la administración de justicia, momento en el cual se le indicó
al abogado las falencias de las que adolecía el poder. No obstante, hizo caso omiso
en acogerlas, pues no aportó mandato alguno. Lo que denota su falta de interés en
demostrar la legitimación en la causa para presentar la solicitud de amparo.

32.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción.

33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la
UGPP, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

12 Código General del Proceso, Artículo 74.
13 VF

7

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.