Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07494-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07494-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07494-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07494-00
Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Temas: Tutela vacaciones servidor de la Rama Judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Mónica Margarita Moncada Chacón en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Mónica Margarita Moncada Chacón promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo y descanso, con ocasión
de la negativa a concederle el disfrute de las vacaciones individuales en su
condición de Juez Promiscuo de Familia de Ubaté - Cundinamarca, porque laboró
al servicio de la justicia, en forma continua e interrumpida durante un año.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. La demandante desempeñó el cargo de Juez Promiscuo de Familia de Ubaté
desde el 24 de julio de 2017, hace casi 9 años. El régimen de vacaciones de los
juzgados promiscuos de familia del país era individual hasta la reforma incorporada
por el artículo 74 de la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024, por lo que, con
posterioridad, aquellos ingresaron al régimen de vacaciones colectivas.
2.2. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas le
concedió 25 días de vacaciones por el periodo comprendido entre el 24 de julio de
2023 al 23 de julio de 2024 para disfrutar a partir del 20 de diciembre de 2024 hasta
el 13 de enero de 2025, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 81 del 22 de
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
octubre de 2024 y certificado de disponibilidad presupuestal 124, emitido por la
Coordinadora del Área de Asuntos Laborales de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.
2.3. El 11 de diciembre de 2024 solicitó la suspensión de las vacaciones individuales
concedidas, debido a que estas se verían subsumidas por las vacaciones colectivas,
sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura, el 30 de mayo de 2025, dio
respuesta negativa con el argumento de que se causaron con las colectivas.
2.4. Insistió en su solicitud, pero la autoridad demandada argumentó que, al entrar
al régimen de vacaciones colectivas ingresó de manera automática a su disfrute por
lo que las correspondientes al periodo del 24 de julio de 2023 al 23 de julio de 2024
ya se le concedieron y se hicieron efectivas y pagadas en diciembre de 2024, de tal
manera la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y
Amazonas afirmó que las únicas pendientes eran las del periodo entre el 24 de julio
de 2024 y el 23 de julio de 2025.
2.5. De acuerdo con esa interpretación de las autoridades demandadas, pidió una
vez más la vacaciones el 15 de septiembre de 2025, mediante oficio 972, ante lo
cual la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y
Amazonas, el 19 de igual mes y año, le informó que las vacaciones
correspondientes al periodo mencionado serían disfrutadas y pagadas durante la
vigencia judicial programada para diciembre de 2025, conforme al calendario
establecido por la Rama Judicial.
2.6. El 6 de noviembre de 2025, mediante oficio 1185, presentó nuevamente la
solicitud de vacaciones ante la presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca y Amazonas, no obstante, a la fecha de presentación de este
mecanismo de amparo constitucional, según su dicho, no se le dio respuesta
2.7. Al respecto, adujo: «se logra inferir que la postura de la Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas – siempre va a hacer la misma, por cuanto lo que al parecer
ocurrió acá, es que, por conveniencia presupuestal, obligaron a todos los trabajadores de
la rama judicial a ingresar a un Régimen de Vacaciones Colectivas de una reforma a la ley
estatutaria la cual fue posterior. Claramente sin tener en cuenta el conflicto de leyes en el
tiempo y en el espacio, ya que, para la época de la vigencia de la reforma a la Ley
Estatutaria (9 de octubre de 2024), la suscrita tenía sus vacaciones causadas, reconocidas
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas y la misma
administración inclusive había expedido el CDP. De contera obligándome a ingresar al
nuevo régimen de vacaciones colectivas cercenándome el derecho a disfrutarlas y al pago
de mis vacaciones individuales itero, pues lo que como consecuencia ocurrió es que las
subsumieron las individuales en las colectivas y a estas alturas no las he disfrutado ni me
las han pagado con el argumento que ya las disfrute y que las que se causaron en el periodo
comprendido entre 24 de julio de 2024 al 24 de julio de 2025 están pendientes pero que las
disfrutaré y me las pagaran en diciembre» (sic).
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
2
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«2) Se ORDENE a la parte demandada, adelantar las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan para la provisión de los recursos y como
consecuencia, se entregue el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal
necesario para que al suscrito funcionario judicial le sea ordenado por el Tribunal
Superior de Cundinamarca y Amazonas, el disfrute físico de las vacaciones individuales
suspendidas en la entrada en vigencia de INDIVIDUALES a COLECTIVAS AÑO 2024
en el cargo de Juez Promiscuo de Familia Circuito de Ubaté – Cundinamarca, y pueda
nombrar mi reemplazo durante UN PERIODO solicitado, que van, Del VEINTICUATRO
(24) DE JULIO DE 2024 AL VEINTICUATRO DE JULIO DE 2024, POR VEINTICINCO
(25) Días pues para la época era el término de las correspondientes a los Juzgados
Promiscuos de Familia del País.
3) Se advierta a las entidades demandadas, que antes de expedir acuerdos deben
tenerse en cuenta los derechos laborales los cuales son inalienables, intransferibles e
irrenunciables, amparados por derechos internacionales, y que, en todo caso, deben
ceder ante las conveniencias presupuestales y de administración». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas2
solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela y su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto no existió vulneración de derechos
fundamentales de la demandante en relación con sus solicitudes de vacaciones,
pues el período que ella afirma como pendiente (24/07/2023–23/07/2024) fue
debidamente concedido, pagado y disfrutado en diciembre de 2024, según
certificaciones oficiales y acuerdos internos, y desde la expedición de la Ley 2430
de 2024 su despacho pasó al régimen de vacaciones colectivas, lo que impide
jurídicamente otorgar vacaciones individuales fuera de las excepciones legales, las
cuales no se configuran en el caso; en consecuencia, actuó dentro de su
competencia, con apego estricto a la normatividad vigente y a las certificaciones de
la Dirección Seccional de Administración Judicial, de tal forma, resolvió las
solicitudes mediante acuerdos formales y comunicación efectiva, y el debate
planteado resulta de naturaleza administrativa y laboral, con mecanismos ordinarios
de defensa disponibles, sin que se acredite perjuicio irremediable.
5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 pidió declarar
improcedente la solicitud de tutela y su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva con fundamento en la Ley 270 de 1996, la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado, y el carácter subsidiario de este mecanismo
constitucional. Al respecto, señaló que el asunto planteado corresponde a una
discusión de naturaleza administrativa y presupuestal relacionada con la expedición
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para vacaciones y el
nombramiento de reemplazo, competencia que recae en la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y en el nominador, y no en esa entidad
por lo que concluye que no intervino en los actos que la demandante considera
lesivos.
2 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
3
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6. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca -
Amazonas4 solicitó declarar su improcedencia, al considerar que no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados, en la medida en que la demandante
pertenece al régimen de vacaciones colectivas, conforme lo preceptúan la Ley 270
de 1996, la Ley 2430 de 2024 y demás normatividad aplicable, por lo cual no es
procedente expedir un certificado de disponibilidad presupuestal individual para el
reemplazo de vacaciones, ya que ello afectaría la planeación presupuestal, la
programación del servicio judicial y el principio de responsabilidad fiscal. Además,
precisó que las vacaciones causadas por la demandante serán pagadas y
disfrutadas dentro del período colectivo correspondiente, sin que exista perjuicio
irremediable ni daño cierto e inminente que habilite la tutela como mecanismo
transitorio, razón por la cual la actuación administrativa se ajustó al marco
constitucional y legal vigente y no generó afectación alguna a derechos
fundamentales.
7. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio5.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) problema jurídico,
iv) procedencia de la tutela contra actos que definen situaciones administrativas de
servidores de la Rama Judicial; v) el derecho al descanso del servidor judicial; vi)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros.
2.2. Cuestión previa - legitimación en la causa por pasiva
10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
4 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
5 Mediante auto del 27 de noviembre de 2025, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó
notificar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.
4
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dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
11. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente6:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
12. Ahora bien, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron que en
relación con esas entidades se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho fundamental alguno de la parte
demandante y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones
que esas autoridades puedan desplegar para su cumplimiento.
13. Así pues, revisado el expediente, se advierte que, en el auto admisorio de la
solicitud de tutela se ordenó su vinculación en calidad de demandados al ser las
autoridades contra las cuales se dirigen las pretensiones de tutela y quienes hacen
parte del procedimiento administrativo para pronunciarse en lo correspondiente
respecto a las solicitudes de vacaciones de los servidores de la Rama Judicial, como
sucede en el asunto bajo examen, y en aras de salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
14. La Sala deberá definir: ¿si la presente solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva, especialmente, el de subsidiariedad en
6 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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tratándose de actos que definen situaciones administrativas de servidores de la
Rama Judicial?
14.1. Asimismo, ¿si las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos
fundamentales al trabajo y disfrute de las vacaciones de Mónica Margarita Moncada
Chacón debido a la negativa a concederle el disfrute de las vacaciones individuales
en su condición de juez promiscuo de familia de Ubaté - Cundinamarca, por haber
laborado al servicio de la justicia, en forma continua e interrumpida durante un año?
2.4. De la procedencia de la solicitud de tutela
15. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, dispone, entre otras, como causals de improcedencia de
la solicitud de amparo:
[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]
16. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia10, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
17. Lo anterior, no quiere decir que el juez constitucional al momento de decidir
acerca de la procedencia de la tutela, se limite a determinar la existencia o no de
otros mecanismos de defensa judicial frente a la situación planteada, sino que debe
establecer las necesidades y circunstancias propias de cada caso11, pues no se
debe olvidar que la solicitud de tutela puede interponerse como mecanismo
definitivo o transitorio.
18. Debe entenderse como mecanismo definitivo, cuando frente a la situación
fáctica planteada, la parte actora no cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial que resulten idóneos, eficientes y eficaces frente a la problemática
presentada, por lo que se hace necesaria una solución definitiva por parte del juez.
Por el contrario, se entiende la necesidad de hacer uso de la solicitud de tutela como
mecanismo transitorio, cuando pese a que existen acciones ordinarias aptas para
10 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
11 Ver sentencia SU-961 de 1999.
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proveer una solución definitiva a la situación del usuario, las mismas no resultan
suficientes para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
19. Dentro de este marco normativo es incuestionable que la solicitud de tutela
contra actos administrativos generales (artículo 6º numeral 5º del Decreto 2591 de
1991) y contra actos administrativos particulares, es, en principio, improcedente, en
la medida en que: (i) el ordenamiento constitucional y legal ha establecido
mecanismos ordinarios de defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el
derecho al debido proceso con el objeto de discutir la legalidad de los mismos; y, (ii)
porque en muchos eventos la pretensión de restarle validez a los mismos sólo se
consigue previo un análisis legal especializado que no es competencia del juez
constitucional. Frente al tópico aquí referido la Corte Constitucional en la Sentencia
T-548 de 2010, M.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó:
«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia
de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para
controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que
se ejerce ante la jurisdicción contencioso-administrativa “gracias a la cual el interesado
puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los
derechos cuya protección se invoca. […]».
20. Pese a lo anterior, el juez de tutela, por excepción, puede suspender la
aplicación de estos actos administrativos en los siguientes eventos: i) como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando éste se alegue
y se pruebe dentro del proceso por la parte demandante [artículo 8º del Decreto
2591 de 1991], o ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción principal no
sea eficaz e idónea para la defensa judicial de quien demanda. Al respecto, en la
providencia T-244 de 201012 se afirmó:
«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los
cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar
de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera
de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta
cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en
la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca,
excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por
la jurisprudencia de esta Corporación. […]».
21. El perjuicio irremediable, a su turno, ha sido entendido como aquel que presente
las características de: inminente, esto es que amenaza o está por suceder;
urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del
mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado
con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente
[determinado o determinable] relevante para el afectado; e, impostergabilidad, lo
12 MP Luis Ernesto Vargas Silva,
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que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social
justo en su integridad13.
22. Ahora bien, en tratándose de la procedencia de la solicitud de tutela contra actos
administrativos de la Rama Judicial que definan situaciones administrativas de
servidores se entiende que por regla general es improcedente al contar con
mecanismos idóneos de defensa judicial como los medios de control ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, además de que la pretensión de
restarle validez solo se logra a través del análisis legal especializado, no obstante
de comprobarse la configuración de un perjuicio irremediable en cada caso en
particular se habilita la procedencia transitoria.
23. En el presente asunto, si bien es cierto, en principio, el acto o los actos
administrativos con los que se dio respuesta negativa a las solicitudes de
vacaciones presentadas por la demandante podrían ser enjuiciados a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el que se puede
solicitar como medida cautelar la suspensión provisional, no es posible omitir que,
de acuerdo a la situación particular planteada por aquella, no resulta ser un medio
idóneo para el amparo de los bienes ius fundamentales invocados, debido a que
aquella no pretende atacar la legalidad del pronunciamiento de la administración.
24. En este orden de ideas, debido a que con la solicitud de tutela impetrada no se
pretende cuestionar la legalidad del acto o actos administrativos que negaron las
vacaciones solicitadas y a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no pareciera procurar una solución efectiva e inmediata con la urgencia
que la situación planteada requiere, el juez constitucional debe efectuar un estudio
del fondo del asunto para determinar si se configura la vulneración de garantías
fundamentales invocadas.
2.5. Derecho al descanso del servidor judicial
25. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana14, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo
53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales
que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del
artículo 25 ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas.
13 Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La
primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio
inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de
medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del
perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de
protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.
14 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-
035 de 2005.
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26. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales15 en su artículo
7º determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al
goce de condiciones de trabajo que aseguran «[…] el descanso, el disfrute del tiempo
libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas,
así como la remuneración de los días festivos […]». En similar sentido lo indica el artículo
716 del Protocolo de San Salvador17.
27. La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial
que ha establecido que «[…] uno de los derechos fundamentales del trabajador, es
el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o
pausa en el trabajo o fatiga […]»18. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho
15 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva
York, el 16 de diciembre de 1966".
16 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone
que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual
dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda
a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán
en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra
prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años
y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se
trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre
educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o
ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán
de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales.
17 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de
1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
18 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó
la siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El
derecho de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre
otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud
física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas
que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los
principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07494-00
Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
se deduce de la interpretación sistemática19 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta,
en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y
constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo20.
28. En cuanto al derecho al descanso, la Corte Constitucional, a través de la
sentencia C-019 de 2004, consideró:
«[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro
fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse
paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.
[…]
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de Derecho
que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de todo el régimen
de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador que le ha ayudado
al patrono a crear riqueza para él y su empresa, necesita su apoyo en todas las
contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus fuerzas por el
trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo, enfermedades, muerte,
invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el trabajador entrega a su patrono
parte de su fuerza física y de su ser. Y debe reponerlos (para seguir entregándoselos al
patrono) haciendo pausas, pues de lo contrario se agota, envejece o muere
prematuramente. […]».
29. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho,
así lo ha dicho la Corte: «[…] ¿el derecho fundamental al descanso, puede protegerse a
través de la tutela?. Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso
debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza
jurídica de la vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa,
por lo que el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86
de la Carta consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo
otro medio de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la
protección transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado […]».
entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra
como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos
sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus
servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho
por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de
treinta y seis horas semanales, la remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado.
Cuando no se cumplen los requisitos exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el
derecho a la remuneración, pero no al descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que
nace del vínculo laboral.”
19 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
20 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1.3.2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
2.5.1. De las vacaciones de los servidores de la Rama Judicial
30. Ahora bien, en cuanto a las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial, la Ley 270 de 199621, en su artículo 146, establecía:
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año
de servicio. […]» (Subrayado fuera del texto)
31. No obstante, la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024, a través de su artículo 74,
modificó la citada norma que quedó de la siguiente manera:
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, de conformidad con lo establecido en la ley. Salvo para
los que laboren en el Consejo Superior de la Judicatura y consejos seccionales de la
judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones
seccionales, los juzgados penales municipales y los juzgados de ejecución de penas y
medidas de seguridad, de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales de la
judicatura, por la sala de gobierno del respectivo tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós (22) días continuos por cada
año de servicio.
PARÁGRAFO. En ningún caso las vacaciones individuales podrán acumularse por más
de (3) periodos consecutivos. […]
32. Así, en atención al carácter fundamental del derecho al descanso, la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de
mayo de 202422, en la que estableció las directrices para la programación de
vacaciones individuales de servidores judiciales de la siguiente manera:
Artículo 1. PROGRAMACIÓN. Los nominadores de los servidores judiciales del régimen
de vacaciones individuales, en el ámbito de su distrito judicial, realizarán la programación
de vacaciones de cada vigencia fiscal, la cual deberán remitir a los consejos seccionales
de la judicatura y direcciones seccionales de administración judicial, a más tardar al
finalizar el mes de febrero de cada año.
21 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
22 Con el que dejó sin efectos la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 y las demás
disposiciones que le fueran contrarias.
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
Parágrafo. La programación de vacaciones deberá contener, al menos, la identificación
del distrito judicial, despacho, nombre y cédula del servidor judicial, cargo, periodos
causados pendientes por disfrutar, periodos a disfrutar durante la vigencia, periodos
aplazados y fecha probable del disfrute, con el visto bueno del nominador. Para ello, la
DEAJ pondrá a disposición el formato que deberá diligenciarse.
Artículo 2. REEMPLAZO PARA SERVIDORES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES
COLECTIVAS. No es procedente el reemplazo y la consecuente expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para funcionarios y empleados judiciales del
régimen de vacaciones colectivas, salvo en las siguientes excepciones:
a. Cuando el disfrute del periodo de vacaciones coincida con licencia por maternidad
o paternidad.
b. Cuando el disfrute del periodo de vacaciones coincida con licencia por enfermedad.
c. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen individual sea designado en
juzgados del régimen de vacaciones colectivas y le hayan quedado pendientes
vacaciones por disfrutar.
d. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen de vacaciones colectivas sea
designado en programas de descongestión judicial, cuya vigencia coincida total o
parcialmente con el periodo de la vacancia judicial.
e. Cuando el disfrute del periodo de vacaciones se suspenda para atender turnos de
habeas corpus o control de garantías.
Artículo 3. RECONOCIMIENTO. Para el reconocimiento de las vacaciones de los
funcionarios y empleados judiciales del régimen individual, los nominadores deberán
contar con el certificado de disponibilidad presupuestal del reemplazo, el cual será
expedido por parte de las direcciones seccionales de administración judicial, al menos
con una antelación de treinta (30) días calendario al disfrute del periodo vacacional.
Una vez las vacaciones sean concedidas y reconocida, no habrá lugar a su aplazamiento
o interrupción, salvo por necesidades del servicio.
Parágrafo. El certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones
de funcionarios y empleados judiciales del régimen de vacaciones colectivas a los que
se les haya interrumpido su disfrute por los consejos seccionales de la judicatura, deberá
expedirse a más tardar el 31 de enero de cada año. […]
33. Con el mencionado acuerdo se consolidó la normatividad cuyo fin es eliminar
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho e incluso aquellos casos
excepcionales del régimen de vacaciones colectivas.
34. De tal forma, el referido instrumento estableció que los funcionarios judiciales
del régimen de vacaciones individuales deben reportar la programación de
vacaciones correspondientes al siguiente año ante el Consejo Seccional de la
Judicatura y la Dirección Seccional del respectivo distrito judicial, hasta el mes de
febrero de cada año.
35. Asimismo, reguló lo propio para designar los reemplazos por encargo dentro del
mismo despacho y también la destinación de recursos para tales situaciones
administrativas, imponiéndole tal obligación a las direcciones seccionales para que
incluyan dentro del proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
recursos que permitan efectuar amparar los reemplazos de las vacaciones de los
mencionados servidores judiciales.
2.6. Análisis de la Sala
36. Mónica Margarita Moncada Chacón acudió al juez de tutela con el fin de lograr
el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la negativa a concederle el disfrute de las vacaciones individuales en su
condición de juez promiscuo de familia de Ubaté (Cundinamarca), por haber
laborado al servicio de la justicia, en forma continua e interrumpida durante un año.
37. Para efectos de dirimir la controversia planteada en el sub examine, es
pertinente relacionar los supuestos acreditados a través de los medios probatorios
aportados por las partes, de la siguiente manera:
37.1. La demandante ingresó a la Rama Judicial desde el 24 de abril de 1996 y
ocupa el cargo de Juez Promiscuo de Familia de Ubaté desde el 1. º de septiembre
de 2023 a la fecha, conforme al certificado expedido por la coordinadora del área
de talento humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca – Amazonas del 11 de noviembre de 2025.
37.2. El 14 de agosto de 2024, la demandante presentó solicitud de vacaciones ante
el presidente del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas por periodo
comprendido del 24 de julio de 2023 al 23 de julio de 2024 para disfrutarlas del 20
de diciembre de 2024 al 13 de enero de 2025 para lo cual aportó la certificación
emitida por la coordinadora del área de talento humano de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas del 14 de agosto de 2024
que hace constar:
«[…] – Que actualmente desempeña el cargo de JUEZ CIRCUITO en el JUZGADO 001
PROMISCUO DE FAMILIA DE UBATE CUNDINAMARCA.
• Que el régimen de vacaciones que le corresponde es individuales consagradas por el
artículo 146 de la Ley 270 de 1996 (Estatuto de la Administración de Justicia), y en
concordancia con el Decreto 1660 de 1978, artículo 107.
• Que revisada la base de datos se pudo establecer que a la fecha presenta un (1)
periodo de vacaciones pendientes de pago y disfrute, causados entre el 24 de julio de
2023 y el 23 de julio de 2024. […]»
37.3. Con posterioridad, el 27 de septiembre de 2024, la demandante envió al
presidente del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas constancia23 del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 124 en la que la coordinadora del Área
de Asuntos Laborales de la Dirección Seccional de Administración Judicial
23 Certificación DESAJCUNCER24-684 del 23 de septiembre de 2024.
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
Cundinamarca – Amazonas, informa cuenta con los recursos para el reemplazo por
vacaciones a partir del 23 de diciembre de 202424.
37.4. El 22 de octubre de 2024, la secretaria del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas le informó: «[…] la Sala de Gobierno virtual de
la Corporación, mediante Acuerdo No. 81 de 22 de los corrientes, le concedió 25 días de
vacaciones a partir del 20 de diciembre de 2024 y hasta el 13 de enero de 2025, por el
periodo laborado entre el 24 de julio de 2023 y el 23 de julio de 2024. […]»
37.5. La demandante le solicitó a la presidencia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas el aplazamiento de las vacaciones y no uso
del certificado de disponibilidad presupuestal.
37.6. El 19 de noviembre de 2024, la secretaria del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas le informó: «[…] la Sala de Gobierno virtual de
la Corporación, mediante Acuerdo No. 93 de 19 de los corrientes, le negó el cambio de
fecha para disfrutar las vacaciones que el fueron concedidas a partir del 20 de diciembre
de 2024 mediante Acuerdo 81 de 22 de octubre pasado, que corresponden al periodo
laborado entre el 24 de julio de 2023 y el 23 de julio de 2024. […]». Lo anterior, toda vez
que le fueron concedidas conforme a la solicitud elevada y el cdp fue expedido para
la fecha requerida.
37.7. El 11 de diciembre de 2024, la demandante, nuevamente, le solicitó a la
presidencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas
el aplazamiento de las vacaciones y no uso del certificado de disponibilidad
presupuestal con los siguientes motivos:
«[…] 4.- Así, en consecuencia, se profiere Acuerdo No. 81 de fecha 22 de octubre de
2024 expedido por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
y Amazonas mediante el cual ACORDÓ conceder a la suscrita 25 días de VACACIONES
a partir del 20 de diciembre de 2024 y hasta el 13 de enero de 2025 por el periodo
laborado entre el 24 de julio de 2023 y el 23 de julio de 2024.
5.- En ese interregno de línea temporal ya se encontraba en videncia la nueva Ley
Estatutaria de Administración de Justicia Ley 2430 del 9 de octubre de 2024, el cual
cambia el régimen de vacaciones de este despacho judicial JUZGADO PROMISCUO
DE FAMILIA -de un régimen individual a uno colectivo el cual no es electivo sino
obligatorio.
6.- Se itera para esa data ya se encontraban aprobados el CDP y la concesión de mis
vacaciones individuales. Con ocasión de ello, solicito a la Honorable Corporación el
cambio de fecha de disfrute de mis vacaciones ya que el CDP estaba aprobado, petición
negada por la H. Corporación en cuanto ya existía el CDP otorgado por un espacio
temporal determinado.
Así las cosas, sin mucho esfuerzo intelectivo se subsumen el disfrute de mis vacaciones
individuales en las colectivas pensaríamos que el propósito ha sido alcanzado en tanto
igual voy a disfrutar las vacaciones, sin embargo, no comparto tal postura toda vez que
24 Fecha corregida para el 20 de diciembre de 2024, a través de Certificación DESAJCUNCER24-
737 del 8 de octubre de 2024.
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
las vacaciones individuales ya estaban causadas y concedidas sólo que me vi inmersa
por una disposición legal en otro régimen, el cual es de obligatorio cumplimiento, y que
en todo caso en pretéritas oportunidades las solicitaba para esa época para encontrarme
con mi familia, situación que ya no es camisa de fuerza pues ya cuento con esas
vacaciones, sin embargo el disfrute y pago de las vacaciones individuales es un derecho
que ya había sido concedido.
SOLICITUD:
Solicito de forma respetuosa a su Honorable despacho el aplazamiento del disfrute de
mis vacaciones individuales, para una fecha posterior a la de las vacaciones colectivas,
advirtiendo además que me quedarían pendiente por disfrute y pago cinco (5) meses
después de causadas mis vacaciones individuales, toda vez, que el régimen colectivo,
es de un (1) año a partir de 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada anualidad.
De no ser posible el disfrute del periodo pendiente de 5 meses solicito de ordene su
equivalente en pago. […]» (sic)
37.8. El 13 de diciembre de 2024, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
emitió un comunicado general, el cual fue remitido a los correos institucionales, para
precisar las directrices aplicables al cambio de régimen de vacaciones individuales
a colectivas de los juzgados promiscuos, en virtud de lo preceptuado en la
modificación realizada por el artículo 74 de la Ley 2430 de 2024 al artículo 146 de
la Ley 270 de 1996, de la siguiente manera:
37.9. El 30 de mayo de 2025, la coordinadora del área de talento humano de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
expidió la certificación DESAJCUNCER25-600 del 30 de mayo de 2025, en la que
hace constar:
37.10. El 6 de noviembre de 2025, la demandante presentó solicitud de vacaciones
ante el presidente del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y
Amazonas por el periodo comprendido del 24 de julio de 2024 al 23 de julio de 2025
para disfrutarlas del 24 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025 para lo
cual aportó la certificación emitida por la coordinadora del área de talento humano
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas
del 17 de septiembre de 2025 que hace constar:
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37.11. El 12 de noviembre de 2025, la presidencia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas envió correo electrónico al grupo de asuntos
laborales y talento humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas, en el que solicitó:
37.11. El 12 de noviembre de 2025, el grupo de asuntos laborales y talento humano
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas
envió correo electrónico a la presidencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cundinamarca y Amazonas con el que le informó:
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
37.12. El 19 de noviembre de 2025, la secretaria del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas le informó: «[…] la Sala de Gobierno virtual de
la Corporación y celebrada de manera ordinaria, mediante Acuerdo de la referencia, negó
su solicitud de vacaciones individuales teniendo en cuenta la certificación
DESAJCUNCER25-966 del 17 de septiembre de 2025, remitida por el coordinador del
Grupo de Asuntos Laborales de la Seccional, que indica el régimen de vacaciones
colectivas para el despacho a su cargo conforme a lo señalado en el artículo 146 de la Ley
270 de 1996 (mod. Ley 2430 de 2024). Así mismo, a través de esta comunicación, se
atiendo en igual medida su petición del pasado 06 de noviembre del año en curso […]».
38. En el caso bajo estudio, revisadas las pruebas y los informes aportados, esta
Sala de decisión debe precisar que la demandante ingresó a la Rama Judicial desde
el 24 de abril de 1996 y funge como Juez Promiscuo de Familia de Ubaté desde el
1. º de septiembre de 2023 a la fecha y que su reclamo gira en torno al disfrute de
los periodos de vacaciones causados del 24 julio de 2023 al 23 de julio de 2024 y
del 24 de julio de 2024 al 23 de julio de 2025.
39. Al respecto, sea lo primero indicar que con la expedición de la Ley 2430 de 2024,
los juzgados promiscuos de familia como en el que se encuentra adscrita Mónica
Margarita Moncada Chacón, pasaron del régimen individual al colectivo a partir de
la promulgación de la norma mencionada, es decir, desde el 9 de octubre de 2024,
razón por la cual las respectivas direcciones seccionales de administración debían
programar las respectivas vacaciones de los servidores judiciales con periodos
pendientes por liquidar o disfrutar, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo
PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024 y la Circular DEAJC24-47 del 13 de
diciembre de igual anualidad.
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40. En este orden de ideas, en cuanto el primero de los periodos de vacaciones
causadas, es decir, del 24 de julio de 2023 al 23 de julio de 2024, se observa que,
si bien es cierto que la demandante acreditó que efectuó las correspondientes
solicitudes de vacaciones, lo cierto es que, de acuerdo con el material probatorio
aportado se entiende que el período cuya existencia afirma como «pendiente» fue
concedido, pagado y disfrutado, conforme consta en:
40.1. El Acuerdo 81 del 22 de octubre de 2024, mediante el cual el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas otorgó 25 días de vacaciones a
partir del 20 de diciembre de 2024.
40.2. El Acuerdo 93 del 19 de noviembre de 2024 con el que la referida autoridad le
negó la modificación de las fechas de disfrute solicitadas por la demandante, lo cual
reafirma que el período fue tramitado y consumado conforme a las reglas del
régimen individual vigente para esa anualidad.
40.3. La certificación DESAJCUNCER25-600 del 30 de mayo de 2025, expedida por
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca–Amazonas, que
consigna expresamente que el período 24/07/2023–23/07/2024 se encuentra
«disfrutado y pagado en diciembre de 2024», y que a la fecha no registra períodos
pendientes de pago o disfrute.
41. Por su parte, la demandante presentó una nueva solicitud de vacaciones el 6 de
noviembre de 2025, la cual fue remitida a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca–Amazonas, quien, mediante oficio del 12 de noviembre
de igual mes y año, precisó que a la servidora le corresponde el régimen de
vacaciones colectivas, que el período 24/07/2023–23/07/2024 fue concedido y
pagado en diciembre de 2024, y que el período 24/07/2024–23/07/2025 será
reconocido como vacaciones colectivas en diciembre de 2025, razón por la cual no
era procedente la expedición de un nuevo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal.
42. De tal manera, contrario a lo expuesto por la demandante en el escrito de tutela
inicial, tal petición si fue resuelta por la autoridad competente, es decir, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, por cuanto el asunto fue
sometido a consideración de la Sala de Gobierno en sesión del 18 de noviembre de
2025, que negó el disfrute del período reclamado mediante Acuerdo 111, decisión
que fue comunicada oportunamente al día siguiente al correo institucional de la
tutelante.
43. Así las cosas, efectuado el estudio pertinente, no se evidencia vulneración
alguna de derechos fundamentales, ni mucho menos un perjuicio irremediable que
haga procedente el amparo, por el contrario, las actuaciones del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas se encuentran ajustadas a la
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normatividad que reglamenta el régimen de vacaciones en la Rama Judicial y al
cumplimiento estricto de las certificaciones expedidas por la autoridad competente.
44. Ahora bien, el debate planteado por la demandante es eminentemente
administrativo, pues involucra la determinación de períodos causados, la
programación de vacaciones y la aplicación del régimen colectivo frente a lo cual,
debe aclararse, la solicitud de tutela no es procedente para controvertir decisiones
administrativas de naturaleza laboral cuando existen mecanismos de defensa tanto
en sede administrativa como judicial, salvo que se acredite un perjuicio irremediable,
el cual, se reitera, no se configura en este caso, pues la demandante continúa
vinculada a la Rama Judicial, no se afectó su remuneración ni su estabilidad laboral,
y la programación de vacaciones colectivas se encuentra definida para diciembre
de 2025, sin perjuicio alguno para su mínimo vital.
3. Conclusión
45. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por Mónica Margarita Moncada Chacón en
la solicitud de tutela presentada contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cundinamarca y Amazonas y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Mónica Margarita
Moncada Chacón en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Superior de
Cundinamarca y Amazonas, la Dirección Ejecutiva de Administración judicial y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Demandante: Mónica Margarita Moncada Chacón
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
21
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