República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07504-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07504-01 (11901)
Accionantes: Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: defecto fáctico. Subtema 3: exposición suficiente de hechos y
argumentos y subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 28 de enero de
2026 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
1. Síntesis del Caso
Los señores Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana, mediante
apoderada judicial, presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá con ocasión de
la sentencia del 30 de octubre de 2025, dictada en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 15001-33-33-010-2018-00123-01.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07504-01 (11901)
Accionantes: Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. Los señores Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana son
propietarios del vehículo automotor de placas TSC-056, el cual resultó afectado en un
accidente el 19 de mayo de 2016. El siniestro se presentó mientras el automotor cubría
la ruta Miraflores-Boyacá, a la altura del municipio de Ramiriquí (específicamente en
el sector conocido como la «Y»), donde fue impactado por el vehículo de placas BFY-
552, que repentinamente realizó una maniobra en reversa desde el lavadero «Donde
Lucho», causando daños que produjeron la inmovilización del rodante.
3. El vehículo automotor de placas BFY-552 era de propiedad de Carlos Alberto
Contreras Ruiz. Por su parte, el lavadero «Donde Lucho» se encontraba bajo la
administración de Luis Eduardo Ramos Guerrero y funcionaba en un inmueble
perteneciente a la señora Mariela Argüello Valderrama. Además, para el momento de
los hechos, dicho establecimiento no se encontraba inscrito en la base de datos del
municipio de Ramiriquí ni contaba con registro mercantil ante la Cámara de Comercio
de Tunja.
4. Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón promovieron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra el municipio de Ramiriquí,
Lorena Mariela Arguello Valderrama, Carlos Contreras Ruiz y Luis Eduardo Ramos,
con el fin de que se declarara su responsabilidad patrimonial, civil y solidaria por los
daños causados con ocasión de los hechos del 19 de mayo de 2016.
5. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Décimo Administrativo
de Tunja, que vinculó a la Aseguradora Liberty Seguros S.A. Mediante sentencia del
28 de octubre de 2022, el a quo declaró administrativa, extracontractual y
solidariamente responsables a Luis Eduardo Ramos, Lorena Mariela Argüello
Valderrama y al municipio de Ramiriquí del daño antijurídico causado a los
demandantes y los condenó a pagar a título de indemnización de perjuicios por los
conceptos de daño emergente y lucro cesante. Dispuso que los señores Ramos y
Arguello Valderrama respondieran, cada uno, por el 40 % de la condena, y el ente
territorial por el 20 % restante. Finalmente, exoneró a Carlos Alberto Contreras Ruiz y
a la compañía aseguradora.
6. Los señores Lorena Mariela Argüello Valderrama y Luis Eduardo Ramos, y el
municipio de Ramiriquí interpusieron, de manera separada, recursos de apelación
contra la decisión de primera instancia. La Sala de Decisión núm. 5 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 30 de octubre de 2025, la modificó
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07504-00, índice 2.
2
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Accionantes: Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana
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en el sentido de declarar únicamente al señor Luis Eduardo Ramos como responsable
de los daños causados a la parte demandante y, en consecuencia, condenarlo al pago
de la indemnización. La autoridad judicial concluyó que el evento dañoso obedeció a
la materialización del riesgo derivado de la conducción de un vehículo en reversa, el
cual no dependía de la formalidad administrativa del establecimiento.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
PRIMERA. – CONCÉDASE LA TUTELA por los Derechos Fundamentales del Debido
Proceso, el Principio de Legalidad, derecho a la defensa, vulnerados con la modificación
la sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja, por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá. Sala
de Decisión No. 5; Magistrado Ponente: Dr. LALO ENRIQUE OLARTE RINCON, con base
en los razonamientos fácticos y legales de este libelo.
SEGUNDA. - En consecuencia, condénese solidariamente a la señora Lorena Mariela
Arguello Valderrama y al Municipio de Ramiriquí;
TERCERA. - Ordenar el reajuste de valores dispuesto en el artículo 187 del CPACA; en
relación a la condena de perjuicios establecida.
CUARTA. - Ordenar que la condena proferida, deberá cumplirse en los términos del
artículo 192 y concordantes del CPACA y devengará intereses moratorios conforme al
inciso 3 de esta disposición.
QUINTA. - Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, enviando
copia de esta decisión a los aquí tutelados y a la Suscrita en mi calidad de Apoderada. 2.
8. Para sustentar sus pretensiones, la parte actora sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en la sentencia del 30 de octubre de 2025, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
al exonerar de responsabilidad a la señora Lorena Mariela Argüello Valderrama y al
municipio de Ramiriquí. En relación con la primera, alegó que, en su condición de
propietaria y arrendadora del inmueble, le asistía responsabilidad al permitir el
funcionamiento de un lavadero de autos sin los permisos requeridos, lo que
evidenciaba una omisión en su deber de vigilancia en los términos del artículo 2347
del Código Civil. Respecto del municipio, indicó que también incumplió sus funciones
de control y vigilancia al permitir el funcionamiento de dicho establecimiento sin el
cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.
9. Además, afirmó que la providencia acusada incurrió en defecto fáctico y, para
sustentarlo, hizo alusión a conceptos generales sobre el derecho fundamental al
debido proceso.
2 Se transcribe con errores.
3
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10. La parte actora citó sentencias de la Corte Constitucional3 con el propósito de
ilustrar, de manera general, la configuración y el alcance de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
2.3. Trámite procesal
11. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Subsección B de la
Sección Tercera de esta corporación, que profirió auto el 1.º de octubre de 20254, en
el que admitió la solicitud de tutela, requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá que
rindiera informe sobre los hechos de inconformidad y ordenó las notificaciones de rigor.
Asimismo, vinculó en condición de terceros con interés al Juzgado Décimo
Administrativo de Tunja, al municipio de Ramiriquí, a la aseguradora Liberty S.A., a
Carlos Alberto Contreras Ruiz, a Luis Eduardo Ramos Guerrero y a Lorena Mariela
Argüello Valderrama.
2.4. Intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Boyacá5 solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que en la providencia cuestionada se efectuó una
valoración rigurosa y ajustada a la normatividad y jurisprudencia vigentes, conforme a
lo cual se estudió la responsabilidad del Estado imputada al municipio de Ramiriquí, y
la civil a los particulares. En ese sentido, sostuvo que la decisión no estaba viciada de
ningún defecto que vulnerara los derechos fundamentales de los accionantes.
13. El municipio de Ramiriquí6 solicitó que se negaran las pretensiones de la solicitud
de amparo, toda vez que la parte actora no identificó ningún defecto que permitiera
activar el control excepcional de la tutela contra providencias judiciales. Aunado a lo
anterior, sostuvo que el Tribunal actuó en el marco de la legalidad y con sujeción a los
principios de debido proceso, juez natural, autonomía judicial y motivación de las
decisiones judiciales.
14. El Juzgado Décimo Administrativo de Tunja7 rindió informe en el que manifestó
que la acción de tutela no formuló reparos contra la providencia dictada por ese
despacho judicial y adjuntó el expediente digital del proceso ordinario.
15. La señora Lorena Mariela Argüello Valderrama 8 pidió que se negaran las
pretensiones de la demanda tras considerar que la pretensión de los accionantes se
3 T-231 de 1994, T008 de 1998 y T-1017 de 1999.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07504-00, índice 5.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07504-00, índice 13, certificado núm. A5835CC8659A2BF4
37E1755982B09430 71A19BF90EDFA00E 90FE1E81905DA5D5.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07504-00, índice 14, certificado núm. EDB3B0D814F5BEEB
FC5F6930FACF122E A74A424DAFFF7E4E 6C140A9113ADA669.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07504-00, índice 15, certificado núm. 57ED0ED60B6BE222
3423A26ED8B030C3 5FAA07E93EA9D884 7D296282C2BCB6A1.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07504-00, índice 16.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07504-00, índice 19.
4
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orientaba a reabrir una discusión jurídica que compete al juez natural. Al respecto,
enfatizó que el Tribunal administrativo de Boyacá ya determinó que, en su calidad de
propietaria del inmueble en el que funcionaba el lavadero de autos, no le asiste
responsabilidad alguna en los hechos que dieron lugar a la demanda de reparación
directa.
16. Los demás vinculados en calidad de terceros con interés guardaron silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 28 de enero de 20269, declaró improcedente la solicitud de amparo por
no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
18. A juicio del juez de primera instancia, el escrito de tutela no satisfacía la carga
mínima argumentativa necesaria para evidenciar la configuración del defecto alegado,
por cuanto se limitó a afirmar la existencia de un defecto fáctico, sin precisar cuáles
pruebas fueron indebidamente valoradas o desconocidas, ni justificar de qué manera
su apreciación habría modificado el sentido del fallo. Esa omisión, adujo, impedía
establecer si se trataba de elementos de convicción determinantes para la decisión
judicial y si su eventual exclusión o indebida valoración pudo tener un efecto
trascendente en la resolución del litigio.
19. Además, señaló que la parte actora hizo una transcripción extensa de conceptos
generales desarrollados por la jurisprudencia constitucional, sin una aplicación
argumentativa al caso concreto.
20. Asimismo, advirtió que la parte actora cuestionó el análisis jurídico realizado por
el juez natural sobre los elementos de la responsabilidad, al insistir que la propietaria
del inmueble donde funcionaba el establecimiento de comercio y el municipio no
podían ser exonerados. Al respecto, estimó que tales argumentos buscaban imponer
una visión subjetiva de la parte actora sobre la interpretación que debió otorgarse a los
elementos de la responsabilidad.
21. Finalmente, recordó que las diferencias interpretativas que existieren entre la
parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas,
justificación para que el juez de tutela revise las decisiones de la jurisdicción ordinaria.
2.6. Impugnación
22. La parte accionante presentó escrito de impugnación10 contra la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Para ello,
relacionó nuevamente los hechos que dieron lugar a la acción de reparación directa y
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05951-00, índice 20.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-05951-00, índice 26.
5
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afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá omitió pronunciarse sobre el reajuste
de valores dispuesto en el artículo 187 del CPACA, con el fin de que la indemnización
reconocida se pagara en su valor actualizado, desde la fecha de causación de cada
uno de los emolumentos hasta la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo decidido
por el juez de primera instancia.
23. Aunado a lo anterior, sostuvo que, si bien se negó la protección constitucional
bajo el argumento de que no se individualizaron los elementos de convicción, lo cierto
era que «todas las pruebas se encuentran claramente especificadas y obrantes en la
demanda principal cursante en el Juzgado Décimo Administrativo del circuito judicial
de Tunja».
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 28 de enero de
2026 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa de Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos
Pachón Santana se encuentra acreditada, porque actuaron como parte demandante
en el proceso de reparación directa que finalizó con la sentencia del 30 de octubre de
2025, objeto de tutela, y, por lo tanto, son los titulares de los derechos que consideran
les fueron vulnerados.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Boyacá, porque es la autoridad que profirió la anterior providencia,
la cual, según afirmó la parte tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
27. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional12.
28. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la
integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional
para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
30. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.
3.4. Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala decidir si revoca o modifica el fallo del 28 de enero de
2026, dictado por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación. Para
ello, deberá resolver el siguiente problema jurídico:
32. ¿Es procedente la acción de tutela presentada por la parte actora contra la
sentencia del 30 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá?
De ser así, ¿la providencia cuestionada vulneró los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia?
3.6. Caso concreto
33. De acuerdo con el escrito de impugnación, los señores Luz Ángela Vargas Pachón
y Luis Carlos Pachón Santana consideran que la sentencia del 30 de octubre de 2025,
13
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
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dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrió en defecto fáctico y que las
pruebas indebidamente valoradas fueron identificadas en el proceso ordinario.
Además, sostuvo que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre el reajuste de
valores dispuesto en el artículo 187 del CPACA, con el fin de que la indemnización
reconocida se pagara en su valor actualizado.
34. Sobre el particular, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud
de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción u omisión que la
motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad accionada,
y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.
35. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de
procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal
constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:
[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial.
36. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga argumentativa
mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre la decisión judicial
enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
manifestó que:
[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca con
claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»15.
37. En el asunto bajo estudio, la Sala coincide con el juez de primera instancia en que
la parte accionante omitió precisar de qué manera se configuró el defecto fáctico
invocado, en la medida en que no identificó ni individualizó las pruebas que habrían
sido objeto de un análisis arbitrario, ni indicó en qué consistía el yerro en su
apreciación.
15
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente N° 25000-
23-36-000-2019-00003-01(AC).
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38. Al respecto, resulta insuficiente la simple afirmación de que los elementos de
convicción obran en el expediente ordinario; por el contrario, la procedencia del
amparo exige que la parte accionante despliegue un esfuerzo argumentativo mínimo
orientado a evidenciar cómo la supuesta deficiencia probatoria tuvo una incidencia
determinante en el sentido de la decisión. Al no haberse acreditado tal nexo, la tutela
no satisface la carga de exposición suficiente de hechos y argumentos, lo que impide
el estudio de fondo de la controversia.
39. Por otro lado, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá
omitió pronunciarse sobre el reajuste de valores dispuesto en el artículo 187 del
CPACA, para que la indemnización reconocida se pagara en su valor actualizado.
40. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de
199116, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente
con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso17.
41. Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que
estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección
de derechos fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables18.
42. Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la Corte
Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales19. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
16 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
17
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017, reiterada en sentencia T-019 de 2026.
18
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
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43. Bajo esa premisa, conviene indicar que, de acuerdo con el artículo 28720 del
Código General del Proceso (aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de
2011) dispone que cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía
ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte.
44. En consecuencia, si la parte actora consideraba que el Tribunal guardó silencio
sobre el reajuste de valores previsto en el artículo 187 del CPACA, lo procedente era
que solicitara la adición de la sentencia, en el término de ejecutoria. Este mecanismo
constituye el mecanismo de defensa judicial idóneo para solicitar al juez que se
pronuncie sobre asuntos propuestos en la demanda, en la contestación o en los
recursos, así como respecto de aquellos puntos que, por mandato normativo, deben
quedar expresamente definidos en la decisión. Este instrumento procesal se erige,
entonces, como la vía adecuada para suplir omisiones materiales en el contenido de
autos o sentencias.
45. Sin embargo, se observa que la parte accionante no hizo uso de esta herramienta,
pretendiendo ahora que la acción de tutela corrija dicha omisión. La Sala no advierte
elemento alguno que hubiera impedido al accionante promover oportunamente la
solicitud de adición frente a la sentencia que ahora se controvierte.
46. De esta manera, al no haberse agotado este instrumento idóneo, eficaz y efectivo
para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, no resulta procedente
analizar las razones propuestas por la parte actora en su escrito de tutela, toda vez
que las mismas debieron ser expuestas dentro de los escenarios judiciales previstos
por el legislador y no dentro de esta acción constitucional.
47. Así las cosas, comoquiera que la acción de tutela no puede ser ejercida como un
mecanismo para subsanar la falta de actividad de la parte tutelante, la Sala concluye
que la acción objeto de estudio es improcedente en el entendido de que el agotamiento
efectivo de los mecanismos de defensa judicial no sólo es un acto de diligencia exigible
a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario
para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de defensa.
20 Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por
medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma
oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con
la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le
devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada
en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también
la providencia principal.
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
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Accionantes: Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
4. Conclusión
48. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela presentada por Luz Ángela
Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana, no supera los requisitos de exposición
suficiente de hechos y argumentos, ni de subsidiariedad.
49. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 28 de enero de 2026, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 28 de enero de 2026, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por la parte actora, conforme a lo expuesto en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07504-01 (11901)
Accionantes: Luz Ángela Vargas Pachón y Luis Carlos Pachón Santana
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
EPG/SEJV
12
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