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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07511-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07511-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00 Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07511-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: JUAN CARLOS CÉSPEDES SILGADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de procedencia de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Céspedes
Silgado contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Juan Carlos Céspedes Silgado solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 5
de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 47001-33-33-010-2022-00004-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que es empleado de carrera en la Rama Judicial desde el 1.° de noviembre
de 2010, cuando ingresó como profesional universitario grado 16 en el Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá.

2.2. Relató que, ha ocupado varios cargos al interior de la entidad y que durante los
periodos de enero a mayo de 2018, del 2 al 28 de octubre de 2019 y del 2 de diciembre
de 2019 al 6 de marzo de 2023 ejerció el cargo de abogado asesor grado 23 y
profesional especializado grado 23 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

2.3. Señaló que el 15 de diciembre de 2020 formuló una petición de reconocimiento
y pago de salarios y demás prestaciones sociales derivadas de ejercer el cargo de
abogado asesor. En respuesta, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta denegó la petición mediante Oficio núm. DESAJSMO20-
1361 de 24 de diciembre de 2020.

2.4. Adujo que frente a la anterior negativa, presentó recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, los cuales fueron atendidos confirmando la negativa a través
de las resoluciones DESAJSMR21-44 de 25 de enero de 2021 y RH-3476 de 24 de
marzo de 2022.

2.5. Mencionó que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 47001-33-33-010-2022-00004-00/01 contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de que: i)
se inaplicaran unos acuerdos1 mediante los cuales se asignó el grado 23 al cargo
de abogado asesor de Tribunal Administrativo, ii) se declarara la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales le denegaron el reconocimiento y pago de la
asignación salarial del mencionado cargo, y iii) a título de restablecimiento del
derecho se ordenara el pago de las diferencias salariales dejadas de pagar desde
la fecha en que se posesionó en tal cargo, se reliquiden las prestaciones sociales
devengadas y se pague la sanción moratoria de conformidad con el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19902.

2.6. Señalóque el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 2 de junio de 2023 accedió parcialmente las pretensiones de la demanda,
en el sentido de inaplicar la expresión “grado 23” del artículo 88 del PSAA15- 10402
del 29 de octubre de 2015, declarar la nulidad de los actos administrativos acusados
y ordenar el pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas en el tiempo
que ejerció el cargo de abogado asesor.

2.7. Adujo que las partes interpusieron recursos de apelación contra la anterior decisión
y que el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través sentencia de 5 de febrero de
2025, modificó la decisión de primera instancia al destacar que el demandante no
fungió como abogado asesor entre el 19 de enero de 2018 y el 22 de mayo de 2018.

2.8. Refirió
que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en desconocimiento del
precedente judicial.

2.9. Como fundamento del desconocimiento del precedente judicial señaló que el
Tribunal no tuvo en cuenta el criterio que fijó el Consejo de Estado3 en el cual se
1
El Acuerdo PCSJAA22-11968 de 2022, el artículo 2 del Acuerdo PSAA 12-9554 de 2012 y los numerales 14 del literal b
del artículo 24 del Acuerdo PSAA15-10288 de 2015 y 1 del artículo 88 del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015, expedidos por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2
“[…] Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones […]”.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de noviembre de 2023. Radicación núm. 08001-23-33-000-2018-
00529-01.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

consideró que el Consejo Superior de la Judicatura desconoció lo previsto en el
artículo 4 del Decreto 1039 de 2011 al expedir el Acuerdo PSAA12-9219 de 2 de
febrero de 2012 debido a que se atribuyó una competencia que no le habían
otorgado ni la ley ni la Constitución y desmejoró una condición salarial para un cargo
cuya denominación no estaba señalada en los artículos del mencionado decreto.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 2.1 Se garanticen al tutelante los derechos fundamentales al derecho al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad de trata
(sic) jurídico.

2.2 Se deje sin valor ni efecto la sentencia de 5 de febrero de 2025 dictada por
el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 47001333301020220000401, para
que en su lugar, se ordene a la autoridad judicial accionada proferir una
sentencia sustitutiva que acoja y exponga la sentencia de unificación expedida
por el Consejo de Estado el 2 de noviembre de 2023 dentro del radicado interno
3071-2019, con ponencia del consejero César Palomino Cortés, dado que
resulta aplicable como precedente dentro del caso concreto en el aludido
expediente judicial […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 2 de diciembre de 2025, el Magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Santa Marta.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ) manifestó que no observa que en la providencia judicial se haya
incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías fundamentales ni se puede
predicar algún funcionamiento defectuoso de la administración de justicia. Al
contrario, esta acción de tutela se interpuso para revivir un debate que ya se agotó.

5.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela en razón a que las providencias judiciales del proceso
ordinario respetaron la regla de unificación la cual solo hace mención del
tratamiento que se le da al abogado asesor grado 23 cuando su real denominación
legal es de abogado asesor nominado, por lo que se accedió a las pretensiones de
la demanda.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20249.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es
así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en desconocimiento del precedente judicial.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. Elseñor Juan Carlos Céspedes Silgado solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y tutela judicial efectiva, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 5
de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicación 47001-33-33-010-2022-00004-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de inmediatez.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de inmediatez

18. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración14. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”15.

19. Al respecto, la jurisprudencia constitucional16, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos

14
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
15
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

de resolución de conflictos” […]”17. [Negrilla fuera de texto y cursiva original del
texto]

20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el
siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”18. [Negrilla
fuera del texto].

21. La jurisprudencia constitucional19 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular20, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”21.

17
Ibidem.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
Sentencia T-584 de 2011.
20
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
21
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

22. La Sala pone de presente que, para determinar si la presente acción de tutela
satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, se debe tener en
cuenta la fecha de notificación de la providencia controvertida. Ello en razón a que
la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que el plazo
razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la providencia
acusada por vía de tutela.

23. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima oportuno precisar que: (i) contra
la última de las providencias que motivó la interposición de esta acción de tutela se
presentó una solicitud de aclaración y adición que fue resuelta mediante auto de 30
de abril de 2025, notificado por estado el 19 de mayo de 2025 y (ii) la presente
solicitud de amparo fue presentada el 25 de noviembre de 2025.

24. Para la Sala no se presentaron argumentos que constituyeran una justificación
suficiente para flexibilizar el plazo razonable de seis (6) meses previstos, para la
presentación de esta acción constitucional.

25. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad de inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017,
proferida por la Corte Constitucional.

26. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará improcedente la presente
acción de tutela por no cumplir con el requisito general de inmediatez, como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07511-00
Accionante: Juan Carlos Céspedes Silgado

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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