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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07512-00

Fecha
16 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07512-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos Castañeda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07512-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-07512-001
Accionante : Juan Carlos Castañeda Mendoza
Accionados : Tribunal Administrativo del Quindío, Juzgado Primero
Administrativo de Armenia y Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones)
Acción : Tutela
Tema : Petición
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Juan Carlos Castañeda Mendoza contra el Tribunal Administrativo del Quindío, el
Juzgado Primero Administrativo de Armenia y la Administradora Colombiana de
Pensiones, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y
seguridad social.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 26 de noviembre de 2025, el señor Juan Carlos Castañeda Mendoza, actuando en
nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales de petición y seguridad social, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío, el Juzgado Primero Administrativo
de Armenia y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07512-00
Accionante: Juan Carlos Castañeda Mendoza
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

3. Por consiguiente, solicitó:

1- Se, me ampare mi derecho fundamental del derecho de petición, art 23 C.N y artículos
14 y subsiguientes, toda vez que nunca le han dado respuesta a los dos derechos de
petición, elevados y presentados el día 13 de febrero del año que esta finalizando.
2- Coetáneamente, lo establecido en el artículo 48 de nuestra Carta Política. […].
3- También como llevo más de 6 años, que me hice merecedor del derecho a la pensión por
lo fallado por ese alto Tribunal Administrativo, se me reconozca el lucro cesante el daño
emergente. Sobre todo los daños ocasionados a mi hijo menor de 10 años. Según el
artículo 44 de nuestra Constitución. (sic).

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, fue miembro del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Fiscalía General de la Nación.

5. Que solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de una pensión de vejez
especial por actividad de alto riesgo, en los términos del Decreto 1835 de 1994; no
obstante, la entidad negó tal prestación mediante las Resoluciones núm. SUB 345611
del 9 de octubre de 2024 y SUB DPE 22039 del 9 de diciembre de 20243.

6. En razón de lo anterior, presentó derecho de petición ante la entidad pensional, con el
propósito de obtener respuesta frente a su situación pensional, así:

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 3.
3
Visibles en el índice 3 de SAMAI, archivo «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 3» páginas 23 a 40.

2

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Accionante: Juan Carlos Castañeda Mendoza
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

7. Ante la falta de respuesta por parte de Colpensiones, interpuso acción de tutela, de la
cual conoció el Juzgado Primero Administrativo de Armenia4, que mediante sentencia
del 28 de agosto de 2025 declaró improcedente el mecanismo constitucional, al
considerar que:

[…]
Con la contestación de Colpensiones y con los actos administrativos allegados se vislumbra
que, le dieron respuesta mediante oficio del 7 de marzo de 2025 a unas peticiones del
accionante radicadas el 27 de febrero de 2025.
[…]
Por lo tanto, al no haber acreditado el accionante la presentación de derechos de petición
distintos a los indicados por la entidad Colpensiones, los cuales se advierte obtuvieron
respuesta frente al trámite endilgado, sin mayores elucubraciones, no queda otro camino que
declarar improcedente la presente petición de amparo.

8. Inconforme con esa decisión, la impugnó y, a través de sentencia del 9 de octubre de
2025, el Tribunal Administrativo del Quindío modificó lo resuelto por el a quo para, en su
lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, al constar que
Colpensiones había emitido respuesta de fondo a la petición del accionante y la notificó
en debida forma al correo electrónico dispuesto para ese fin. Además, precisó que, si
persistía la inconformidad con las resoluciones por medio de las cuales se negó la
pensión reclamada, debía de demandarlas para controvertirlas.

9. Afirma que Colpensiones no resolvió las peticiones que, según señala, presentó el 13
de febrero de 2025, dirigidas a que le explicaran las razones por la cuales no se le
reconoció la pensión de alto riesgo.

10. Asimismo, aduce la afectación de su derecho fundamental a la seguridad social,
pues, en su criterio, el ente pensional desconoce el régimen de transición previsto en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, pese a que asegura contar con 614 semanas
cotizadas y superar las 500 exigidas para el reconocimiento de la pensión por actividad
de alto riesgo. Agrega que tal situación compromete su núcleo familiar, dado que carece
de empleo y de cobertura en seguridad social, y tiene a cargo un hijo menor de edad con
atomismo, circunstancias que, en su sentir, hace necesaria la intervención del juez
constitucional.

II. TRÁMITE PROCESAL

11. A través de auto del 29 de enero de 2026, se admitió la presente acción de tutela y
en dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío, el Juzgado

4
Proceso núm. 63001-33-33-001-2025-00106-00/01.

3

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Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

Primero Administrativo de Armenia y a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones).

2.1 Contestación de la acción

2.1.1 La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)5

12. Solicitó declarar improcedente el amparo, al sostener, que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno del accionante. Además, precisó que, una vez revisados los
aplicativos de consulta de la entidad, no encontró registro de peticiones radicadas el 13
de febrero de 2025, ni constancia anexa en el expediente que demostrara su
presentación ante la administradora.

13. De otro lado, indicó que «el ciudadano, en fecha 07 de marzo de 2025, presentó bajo radicados
2025_4366694 y 2025_4366873, las siguientes peticiones 6:

14. Frente a las cuales emitió respuesta en esa misma fecha y la notificó al correo
electrónico informado por el actor, sin que actualmente exista trámite o petición pendiente
por resolver.

5
Visible a índice 20 de SAMAI, archivo «21RECIBEMEMORIAL_Memorial_tutela11001031500020(.zip)», documento «89dcd8eb-
1824-42e6-ba01-9a6a00724a3c».
6
Visible a índice 20 de SAMAI, archivo «21RECIBEMEMORIAL_Memorial_tutela11001031500020(.zip)», documentos «26d0dab3-
880f-4fcf-92e7-22b6dd91cb75, 3597f78a-6807-45b1-b9f5-67652941976c, b4d11ddf-e6d7-4375-ae3f-23cb86f06e88, c2b36a43-
b291-47d5-b389-32b23e30ef15».

4

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Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

15. De otra parte, adujo que, la presente solicitud de amparo pretende reabrir un asunto
ya examinado en una tutela anterior, dentro de la cual se declaró, en primera instancia,
la improcedencia y, en segunda, la carencia actual de objeto por hecho superado, lo que,
en su criterio, impide revivir el debate por esta vía. Por ello, afirmó que la acción resulta
improcedente por tratarse de una tutela contra tutela y por la existencia de cosa juzgada
constitucional.

2.1.2 El Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Primero Administrativo
de Armenia

16. Guardaron silencio frente a los hechos expuestos en este trámite. Sin embargo, el
Juzgado remitió copia del expediente núm. 63001-33-33-001-2025-00106-00/01.

III CONSIDERACIONES
3.1 Competencia

17. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 La acción

18. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión previa

19. Si bien el accionante señaló en el escrito de tutela como parte accionada al Tribunal
Administrativo del Quindío y al Juzgado Primero Administrativo de Armenia, la Sala
advierte que, una vez estudiada la acción, no formuló algún reproche concreto contra las
actuaciones desplegadas por las referidas autoridades judiciales.

5

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Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

20. En efecto, de las pretensiones se desprende que el amparo se dirige, de una parte,
a obtener la protección del derecho de petición, por la presunta falta de respuesta a las
solicitudes que afirma haber presentado el 13 de febrero de 2025; y, de otra, a la
protección de la seguridad social, así como el reconocimiento de perjuicios que dice
haber sufrido. Tales planteamientos se encaminan, en lo sustancial, contra la actuación
de Colpensiones, entidad a la que atribuye la vulneración alegada.

21. En consecuencia, el estudio del caso se circunscribirá a establecer si la actuación
del ente pensional comprometió los derechos fundamentales invocados por el señor
Juan Carlos Castañeda Mendoza.

3.4 Problema jurídico

22. Se contrae a determinar si Colpensiones ha vulnerado los derechos fundamentales
de petición y seguridad social del tutelante, al no dar respuesta a sus peticiones del 13
de febrero de 2025; o, si, por el contrario, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada,
como lo señaló la entidad accionada.

3.5 Caso Concreto

23. Se advierte, prima facie, que el objeto de la presente acción de tutela consiste en
obtener el amparo de los derechos fundamentales de petición y seguridad social del
accionante, bajo el supuesto que la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) no ha emitido respuesta a las solicitudes que, según afirma, presentó el
13 de febrero de 2025.

24. No obstante, la Sala observa que en un asunto de contornos fácticos similares ya fue
conocido por el Juzgado Primero Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo
del Quindío, dentro del proceso con radicado núm. 63001-33-33-001-2025-00106-00/01.
En esa oportunidad, el Juzgado en primera instancia declaró improcedente la acción y,
en segunda, el tribunal modificó la decisión para, en su lugar, declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado.

25. Pues bien, al revisar ambos asuntos constitucionales se constata lo siguiente:

Radicado 63001-33-33-001-2025-00106-00/01 11001-03-15-000-2025-07512-00

Partes Accionante: Juan Carlos Castañeda Mendoza Accionante: Juan Carlos Castañeda Mendoza

Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones - Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío,
Colpensiones Juzgado Primero Administrativo de Armenia y

6

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Accionante: Juan Carlos Castañeda Mendoza
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones

Pretensiones «Me sean reconocido el derecho fundamental de petición, «Se, me ampare mi derecho fundamental del
toda vez que ellos no dieron respuesta del porque no me derecho de petición, art 23 C.N y artículos 14 y
han reconocido mi pensión, […] no solo ésta siendo subsiguientes, toda vez que nunca le han dado
violado el premencionado artículo de nuestra Carta respuesta a los dos derechos de petición, elevados
Magna, sino que además el derecho a la igualdad, y presentados el día 13 de febrero del año que está
consagrado en el artículo 13 de la misma ley suprema finalizando.
nacional, y coadyuva efectivamente el artículo 44 de la
Carta Política.». (sic).
Coetáneamente, lo establecido en el artículo 48 de
nuestra Carta Política. […].

También como llevo más de 6 años, que me hice
merecedor del derecho a la pensión por lo fallado
por ese alto Tribunal Administrativo, se me
reconozca el lucro cesante el daño emergente.
Sobre todo los daños ocasionados a mi hijo menor
de 10 años. Según el artículo 44 de nuestra
Constitución.». (sic).

Hechos El accionante relata que es exintegrante de la Policía Reitera que el 13 de febrero de 2025 presentó dos
Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación de la derechos de petición ante Colpensiones para que se
Fiscalía General de la Nación, y que entre 1991 y 2012 le explicara por qué no se le reconoce la pensión y
desempeñó labores de policía judicial y escolta en por qué no se aplica, en su caso, el régimen de
actividades que considera de alto riesgo. transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003,
pese a que asegura haber cumplido los requisitos
Afirma que desde hace más de seis años viene desde años atrás.
reclamando ante Colpensiones el reconocimiento de su
pensión y que la entidad ha negado reiteradamente ese
derecho. Señala que el 13 de febrero de 2025 presentó Refiere que, ante la falta de contestación de esas
dos derechos de petición dirigidos a Diana Carolina solicitudes, promovió una tutela previa ante el
Montaña Bernal y Jenny Marcela Vizcaíno Jara, mediante Juzgado Primero Administrativo, pero dicha
los cuales solicitó explicar las razones por las que no se autoridad la declaró improcedente con fundamento
le reconoce la prestación, pese a que, según dice, en una comunicación de Colpensiones del 7 de
cumplió la edad y el número de semanas exigidos. marzo de 2025, según la cual ambas peticiones
contenían la misma información y, por ello, se
Sostiene que tales peticiones no fueron respondidas de respondería un solo radicado. Indica que impugnó
fondo. Según su versión, únicamente se le indicó que esa decisión y que el Tribunal Administrativo del
ambos escritos trataban el mismo asunto y que se Quindío la modificó para declarar la carencia actual
contestaría uno solo, sin que posteriormente se produjera de objeto por hecho superado.
una respuesta material y eficaz; incluso afirma que los
entregó personalmente en la sede de Colpensiones de
Armenia. Aduce que esas decisiones judiciales no resolvieron
realmente la vulneración, porque nunca obtuvo una
respuesta sustancial a los derechos de petición y
Finalmente, manifiesta que es hipertenso, carece de porque los jueces dieron por satisfecha una
empleo y seguridad social, y que tiene un hijo menor con actuación que, en su criterio, fue apenas formal.
autismo, circunstancias que, según afirma, agravan la
afectación económica y familiar derivada de la falta de
reconocimiento pensional. Agrega que es una persona hipertensa, sin empleo
ni seguridad social, y que tiene un hijo de 10 años
con autismo, cuyo sostenimiento y educación
especial se han visto afectados por la negativa
pensional; por ello afirma que la ausencia de
reconocimiento de la prestación y la falta de
protección judicial efectiva le han ocasionado
perjuicios personales, familiares y económicos.

26. Conforme a lo anterior, la Sala advierte que entre ambas acciones de tutela existe
coincidencia sustancial. En efecto, tal como se indicó en la cuestión previa, no se formuló
reproche alguno contra el Tribunal Administrativo del Quindío ni el Juzgado Primero
Administrativo de Armenia, de manera que, Colpensiones figura como la entidad
accionada en los dos casos. A ello se suma que concurren los mismos supuestos
fácticos, relacionados con la presunta falta de respuesta a las solicitudes elevadas por
el actor el 13 de febrero de 2025, y que las pretensiones, en lo esencial, se encaminan
a obtener la protección del derecho fundamental de petición, aunque en esta oportunidad
se hayan añadido consecuencias subsidiarias en relación a la seguridad social y
reconocimiento de perjuicios.

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27. Así las cosas, existen eventos en los que se presenta una idéntica solicitud de
amparo frente a otra que ya fue decidida o se radica una misma acción ante varios jueces
simultáneamente, situaciones que dan lugar a la posible configuración de la cosa juzgada
y/o temeridad de la acción.

28. Respecto de la figura de la cosa juzgada, la Corte Constitucional, en sentencia T-053
de 20127, señaló lo siguiente:

La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto
presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes
situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que
se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro proceso de
la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las
que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se
configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea
de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha
aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.

29. De acuerdo con lo anterior, respecto de la cosa juzgada en materia de tutela, la Corte
Constitucional ha precisado que es esta una institución que pretende prevenir las
múltiples presentaciones de acciones que versen sobre un mismo asunto y bajo iguales
presupuestos fácticos y jurídicos8. De esta forma, señaló como requisitos para declarar
su ocurrencia: la identidad i) fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción
de tutela; ii) de demandante, en cuanto la otra acción que se presenta por parte de la
misma persona o su representante; y iii) del sujeto accionado9.

30. Así, precisó que tal figura opera frente a los efectos jurídicos de las sentencias, en
virtud de los cuales aquéllas adquieren carácter de inmutables, vinculantes y definitivas,
de tal manera que, sobre los asuntos tratados y resueltos en ellas no resulta admisible
plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento. Lo anterior, a efectos de
proteger la coherencia de las decisiones, evitar el desgaste innecesario del aparato
judicial y garantizar la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema
jurídico10.

31. Por otra parte, sobre la actuación temeraria, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991
establece que: «[…] [e]l que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del

7
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8
Sentencia T-001 de 2016.
9
Sentencia T-089 de 2019 M. P. Alberto Rojas Ríos.
10
Sentencia T-001 de 2016 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

8

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juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se
le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio». Así mismo, el artículo 38 ibidem

señala «[c]uando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes».

32. Dicho aparte normativo ha sido objeto de análisis en múltiples pronunciamientos de
la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU-027 del 2021, en la que, dicha
corporación resumió su línea jurisprudencial al respecto, así:

2.1. La temeridad en el ejercicio de la acción de tutela

2.1.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación temeraria se
configura cuando se presenta la misma acción de tutela por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado. Lo
anterior, trae como consecuencia su rechazo o la decisión desfavorable de todas las
solicitudes.

2.1.2. Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su posible
configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los siguientes:

1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela
presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata
de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud.

2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen
una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la
jurisprudencia.

3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior
con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se
sustentan en las mismas razones y solicitud.

2.1.3. Respecto del primero de los aspectos antes anotado, el juez debe analizar si hay una
triple identidad entre las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva,
teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la misma
persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se dirija contra el
mismo demandado.

2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se
fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción de la
misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.

De la misma manera, esta Corporación ha entendido la temeridad desde dos perspectivas.
La primera alude a su estructuración cuando una persona presenta simultáneamente varias
acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales y la segunda extiende la temeridad a
aquellos eventos en los cuales la persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma
acción.

2.1.4. No obstante, este Tribunal también ha sostenido que el juez de tutela al realizar el
anterior análisis debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio
pormenorizado del expediente. Pues no solo basta con que concurran los elementos antes

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mencionados, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe a favor del (a)
accionante. Por lo anterior, solo procederán las sanciones en caso de que se acredite la mala
fe o el dolo en su actuación.

2.1.5. Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar los elementos que
constituirían la triple identidad entre las acciones de tutela para concluir que hay una actuación
temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia. Si no que, de acuerdo a todo lo
expuesto, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso específico.

Bajo esta línea, la Corte ha establecido algunas excepciones a los supuestos mencionados,
aun cuando se llegaren a configurar todos los elementos de la triple identidad. Estos son:

(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en que
los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe.

(ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho.

(iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición
de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no
se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad
de proteger los derechos fundamentales del demandante.
(iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.

2.1.6. Como puede verse, una de las excepciones a la temeridad que justifican la presentación
de una nueva acción de tutela tiene sustento en la consideración de hechos nuevos que se
presentaron con posterioridad a la interposición de la misma y que habilita al juez
constitucional a pronunciarse de fondo sobre el asunto puesto a su consideración

33. En el mismo sentido, y conforme a la jurisprudencia constitucional, la omisión del
legislador de establecer expresamente lo que constituye un motivo justificado para
presentar una acción de tutela más de una vez, implica que el juez debe determinar el
carácter del motivo11. No obstante, dicha razón debe ser expresa, es decir que, el
accionante tiene la obligación de manifestar que ya ha interpuesto otra acción y de
expresar las causas por las cuales lo hace nuevamente.

34. Ello, por cuanto la declaración de temeridad en materia constitucional está
supeditada a una comprobada mala fe por parte del accionante, es decir, que debe estar
acreditado que el interesado acudió al juez constitucional con la intención de hacerlo
incurrir en error. Entonces, esa figura busca «sancionar el uso irracional y desmedido del recurso
de amparo que (…) desconoce el deber de las personas de actuar de buena fe y con moralidad en el
desarrollo de las actuaciones judiciales» 12

35. Así, la Corte Constitucional en sentencia T-146 de 2023, explicó que, para determinar
la configuración de la actuación temeraria, los jueces deben verificar los presupuestos

11
Sentencia T-053 de 1994, Magistrado Ponente: Fabio Morón.
12
Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2021.

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Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

de la cosa juzgada y de manera adicional «una conducta originada en la mala fe». Esto
último, ocurre cuando el accionante «(a) actúa de manera deshonesta o desleal o, (b)
cuando acude al recurso de amparo de manera desmedida, por los mismos hechos y sin
presentar una justificación razonable»13. Entonces, la configuración de la temeridad se
ha asociado con un actuar doloso y de mala fe del accionante14, que se evidencia cuando
su actuación «(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada
demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; (ii) denote el
propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando
con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia»15.

36. Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que entre la tutela promovida ante
el Juzgado Primero Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío,
radicada bajo el núm. 63001-33-33-001-2025-00106-00/01, y la presente acción, sí
concurre la identidad relevante para efectos de configurarse la cosa juzgada. Si vienen
esta oportunidad el actor alude también al derecho a la seguridad social y al
reconocimiento de perjuicios, tales planteamientos no introducen una causa nueva ni
modifican el objeto material del asunto, pues, dependen del mismo supuesto fáctico ya
sometido a un conocimiento previo del juez constitucional, esto es, la alegada falta de
respuesta a las solicitudes del 13 de febrero de 2025. En esas condiciones, no basta
adicionar pretensiones accesorias para afirmar que se está ante una controversia
distinta.

37. Así las cosas, en el caso bajo estudio se configura la cosa juzgada, en tanto la
controversia ya fue objeto de decisión dentro de una acción de tutela previa, en la que el
juez de primera instancia declaró improcedente la tutela y, en segunda, se modificó esa
decisión para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, de modo que no
resulta admisible reabrir por esta vía el mismo debate, máxime cuando el actor no aporta
hechos nuevos que justifiquen un nuevo pronunciamiento.

38. De otro lado, no se advierte la configuración de una actuación temeraria por parte del
señor Castañeda Mendoza, pues, no se puede inferir un actuar de mala fe. Por el

13
Ibidem.
14
Corte Constitucional, sentencia T-497 de 2020.
15
Corte Constitucional, sentencia T-497 de 2020.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07512-00
Accionante: Juan Carlos Castañeda Mendoza
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

contrario, puso de presente que ya había promovido una acción de tutela por la misma
situación, circunstancia que, prima facie descarta una conducta dolosa orientada a
obtener un pronunciamiento contrario a lo manifestado por los jueces de instancia que
conocieron de la primera demanda.

39. Finalmente, a modo de pedagogía judicial, la Sala pone de presente al señor Juan
Carlos Castañeda Mendoza que, si su propósito es obtener el reconocimiento de una
pensión a cargo de Colpensiones y, en su caso, el reconocimiento de perjuicios
materiales por daño emergente y lucro cesante puede acudir a un consultorio jurídico de
alguna universidad de su lugar de residencia o a la Personería Municipal, con el fin de
recibir orientación sobre el trámite que, resulte procedente.

IV. DECISIÓN

40. Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, al
configurarse la cosa juzgada.

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Juan Carlos Castañeda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07512-00
Accionante: Juan Carlos Castañeda Mendoza
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otros

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

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