Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07516-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07516-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / IMPROCEDENCIA – Tercera
instancia.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 26 de noviembre de 20252, el señor Efraín Amador Valera Guerra, a través de
apoderada judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia; así como de los principios
de tutela judicial efectiva y favorabilidad. Considera que estos fueron vulnerados por
la autoridad accionada al proferir la sentencia del 22 de mayo de 2025 3, al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4 que promovió en contra de
la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Valledupar.
2.
El medio de control se ejerció con la pretensión de que se inaplicaran una serie de
decretos nacionales relacionados con la asignación salarial de los docentes
oficiales5 y, en consecuencia, se declarara la nulidad de los actos administrativos
que le negaron al actor el derecho a la diferencia en el incremento salarial que fue
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 El proceso ingresó a despacho para fallo el 16 de diciembre de 2025.
3 Notificada el 26 de mayo de 2025.
4 Con radicado número 20001-33-33-002-2024-00190-00/01.
5 El Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el 887 del 2 de junio de 2023, que derogó a su vez el 449 de
2022, que a si mismo derogó el 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el 319 de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
establecido de manera desigual en los referidos actos administrativos6. Sustentó su
demanda en que los preceptos debatidos hicieron un incremento salarial desigual
entre los escalafones 3AM y 2AE en el año 2011, por lo que solicitó el pago de las
diferencias salariales.
3.
En la providencia cuestionada el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
decisión a quo de negar las pretensiones de la demanda. Estimó que, revisados los
decretos demandados, se podía verificar que los incrementos dispuestos se hicieron
acorde a lo consagrado por las normas que rigen la materia y con base en la amplia
potestad de configuración normativa que fue otorgada al Gobierno Nacional, con el
fin de contrarrestar el efecto de la inflación. Aclaró que los decretos que establecen
la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes están
contenidos en un acto administrativo de carácter general, por lo que no requieren
ser justificados con el mismo detalle que un acto particular y concreto.
4.
También que no se violó el principio de “trabajo igual salario igual”, en la medida
en que los miembros del escalafón 3AM tienen un grado diferente, por lo que no
podría predicarse de ellos igualdad. Concluyó que el Gobierno cuenta con amplia
potestad de configuración normativa para fijar la escala salarial en tanto se ajuste a
lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, tal como lo hizo en el caso de estudio.
5.
La parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un
defecto sustantivo, en la medida en que realizó una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 1992
y el Decreto Ley 1278 de 2002.
6.
Afirmó que desconoció que la controversia no giraba en torno a la diferencia
estructural y permanente entre grados del escalafón, sino a un trato desigual en los
incrementos porcentuales aplicados en el año 2011, en donde se concedió un 11,3%
de aumento a la categoría 3AM frente a un 5,7% para la 2AE, diferencia que proyectó
efectos permanentes sobre la base salarial y que no fue compensada en los años
posteriores.
7.
Expresó que la providencia desconoció el alcance normativo de los principios de
igualdad y progresividad, al asimilar el debate a una comparación abstracta entre
grados del escalafón, en lugar de verificar si existían razones objetivas y
constitucionalmente válidas para justificar un incremento salarial tan dispar en un
mismo año para categorías que, si bien son diferentes en requisitos, comparten la
misma fuente de regulación y están sujetas a un régimen salarial unitario establecido
por la Ley 4 de 1992.
8.
Adujo que al asumir que cualquier trato diferenciado queda automáticamente
justificado por el diseño del escalafón docente, el Tribunal desnaturalizó el test de
igualdad, omitiendo indagar por la proporcionalidad de la medida y por la obligación
6 Oficio 2024-EE-062320 y VAL2024ER003276-VAL2024ER003276.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
del Estado de no generar retrocesos o discriminaciones arbitrarias en materia de
remuneración laboral.
9.
Manifestó que la sentencia dejó de aplicar el precedente constitucional vinculante
de la Corte Constitucional, concretamente la sentencia C-1064 de 2001, que exige
una justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia salarial.
Asimismo, desconoció la línea de la Corte según la cual la igualdad en el trabajo no
se reduce a la igualdad matemática, pero tampoco permite incrementos que generen
brechas irrazonables sin soporte técnico ni normativo.
10.
Indicó que la accionada en lugar de exigir a la Administración que acreditara las
razones de política pública y estudios que sustentaran el incremento diferencial,
validó su legalidad basándose en apreciaciones genéricas sobre formación y
experiencia, incurriendo así en una aplicación manifiestamente errada del
ordenamiento jurídico. Adicionó que la decisión se fundó en una interpretación
arbitraria que desconoció principios constitucionales aplicables al caso concreto.
11.
Arguyó que los apartes jurisprudenciales citados por ambas instancias para
resolver el litigio respaldan en realidad la procedencia de las pretensiones, pues
conforme a la doctrina constitucional y contencioso-administrativa referenciada, toda
diferenciación salarial debe fundarse en criterios objetivos y razonables tales como
la proporcionalidad, la cantidad y la calidad del trabajo desarrollado, y no en
tratamientos discriminatorios o carentes de justificación sustantiva. Así las cosas, la
sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión sustancial al no incorporar
ni analizar el precedente constitucional contenido en la sentencia C-1064 de 2001,
pese a su evidente aplicabilidad al caso concreto.
12.
Expuso que en dicha sentencia la Corte estableció que “los incrementos salariales
asignados a los grados superiores no pueden ser iguales ni superiores a los
asignados a los grados inmediatamente inferiores”. Ese criterio constituye una regla
de interpretación constitucional obligatoria para todas las autoridades judiciales y
administrativas, y es especialmente relevante en procesos donde se analiza la
legalidad de actos administrativos que determinan incrementos salariales
diferenciados. El precedente demuestra la inconstitucionalidad del trato otorgado a
los docentes del grado 3AM frente al grado 2AE durante la anualidad 2011.
13.
Manifestó que la falta de integración del precedente constitucional impidió que el
juez de segunda instancia aplicara un juicio de proporcionalidad sobre los actos
demandados y lo llevó a convalidar una medida regresiva y discriminatoria, violatoria
del artículo 13 de la Constitución y 21 del Decreto Ley 1278 de 2002, así como los
principios de equidad contenidos en la Ley 4ª de 1992. De haberse aplicado la
Sentencia C-1064 de 2001 la conclusión jurídica habría sido opuesta.
14.
Agregó que, aunque la parte demandante no hubiera invocado expresamente la
sentencia C-1064 de 2001, correspondía al juez su integración oficiosa, dado que
se trata de un precedente directamente aplicable que impone límites
constitucionales a la potestad del Gobierno en materia de incrementos salariales.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.
Defecto fáctico, en la medida en que realizó una indebida valoración probatoria
respecto del debate jurídico planteado, por cuanto no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la decisión
administrativa.
16.
Afirmó que resultaba imperativo cuestionar qué aspectos válidos y concretos
incidieron para otorgar un trato tan inequitativo, toda vez que ni el expediente ni la
sentencia ofrecen explicación alguna al respecto, lo que genera incertidumbre sobre
la legitimidad y justificación de la decisión administrativa que avaló el incremento
salarial desigual. La ausencia de sustento en tales parámetros no solo vulneró el
principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución, sino
que también desnaturalizó los fines del servicio educativo y comprometió la legalidad
de los actos cuestionados.
17.
Expuso que reprochaba la falta de justificación legal y técnica que se exige en
estos casos, como lo reconoció la jurisprudencia de las Altas Cortes al señalar que,
si bien puede darse diferencias en los aumentos salariales, tal decisión debe
sustentarse en requisitos claros y objetivos. Citó la sentencia del 7 de diciembre de
2022 dictada por la Corte Suprema de Justicia.
18.
Concluyó que era deber del juez colegiado abordar de manera rigurosa y
conforme a los postulados constitucionales y legales la problemática aquí planteada;
sin embargo, ello no ocurrió, pues desestimó las pretensiones de la demanda sobre
la base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni respaldada en los decretos
que ordenaron los incrementos cuestionados, ya que aquellos no aludieron en forma
alguna a tal situación, ni las autoridades demandadas ofrecieron explicación o
sustento fáctico o normativo al respecto; en consecuencia, se configuró una decisión
adoptada con fundamento en meras conjeturas.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
19. Mediante auto de 4 de diciembre de 20257, se resolvió admitir la demanda,
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, vincular al Ministerio
de Educación Nacional y al municipio de Valledupar en calidad de terceros con
interés, así como comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. También se requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar para que remitiera copia digital del expediente con radicado número
20001-33-33-002-2024-00190-00/01.
(i) Tribunal Administrativo del Cesar8.
20. Manifestó que reiteraba los fundamentos de orden constitucional, legal y
jurisprudencial expuestos en la providencia acusada. Asimismo, señaló que los once
7 Notificado el 9 de diciembre de 2025.
8 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 1 folio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
despachos del circuito de Valledupar y los seis del Tribunal Administrativo han
mantenido una línea uniforme en la decisión de los procesos relacionados con el
incremento salarial por concepto de escalafón docente desestimando las
pretensiones de las demandas presentadas, conforme al marco legal y constitucional
vigente.
(ii) Municipio de Valledupar9.
21. Arguyó que el accionante pretende reabrir mediante esta acción constitucional un
debate meramente legal ampliamente analizado y definido como corresponde por la
jurisdicción contencioso-administrativa, pretendiendo una tercera instancia.
22. Adicionó que tanto el juzgado como el tribunal accionado se pronunciaron sobre
la interpretación de las normas salariales y concluyeron que la actuación no fue
ilegal, lo que constituye una decisión en la órbita de su competencia, y sus decisiones
fueron proferidas en derecho.
(iii) Nación – Ministerio de Educación Nacional10.
23. Indicó que mediante acción de tutela el actor pretende controvertir una decisión
legítimamente adoptada dentro del ámbito procesal. Adujo que la providencia judicial
atacada no puede ser excluida del ordenamiento jurídico por la vía de la tutela,
puesto que pretender que se resuelva de fondo una cuestión que le competía a otro
juez, desconoce su independencia y autonomía judicial, así como la presunción de
acierto y legalidad que acompaña a las providencias. Agregó que en el caso
analizado no se evidencia violación alguna a los derechos del accionante.
24. Por otra parte, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa,
porque no ha lesionado derecho fundamental alguno al actor, ni tiene competencia
para pronunciarse sobre lo solicitado en esta acción constitucional.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
25.
Esta Sala negará la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional, en la medida en que su vinculación se dio por ser parte demandada en el
proceso ordinario donde se dictó la sentencia acusada. Por lo que su intervención es
indispensable en el presente asunto, ya que cualquier decisión adoptada en sede de
tutela puede afectar de forma directa sus intereses.
D. Análisis del caso concreto
26. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por falta de relevancia
constitucional, en la medida en que a través de los alegatos propuestos la parte
9 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 26 folios con anexos.
10 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 14 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
actora pretende convertir el mecanismo de amparo constitucional en una tercera
instancia al litigio tramitado y concluido, al querer reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa, por no estar de acuerdo con la decisión adoptada.
27.
Aunque la actora invocó 2 defectos, la Sala advierte que ambos están
relacionados entre sí y se refieren a un único asunto, que no es otro que insistir en
el presunto trato desigual entre los docentes pertenecientes al grado 3AM y 2AE,
primer grupo al cual se les habría otorgado una base salarial más alta que al primero
el año 2011, sin ninguna justificación aparente, pues los decretos nacionales que
consideró ilegales no ofrecieron explicación o sustento fáctico o normativo al
respecto.
28.
Delanteramente se vislumbra que dicho asunto ya fue estudiado de manera
suficiente, motivada y razonable por el Tribunal Administrativo del Cesar en el fallo
acusado. Dicha autoridad judicial explicó, concretamente frente a la falta de
justificación de los incrementos salariales, que los decretos que establecen la
escala única nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes están
contenidos en un acto administrativo de carácter general.
29.
En ese sentido, no requieren ser justificados con el mismo detalle que un acto
particular y concreto respecto de las modificaciones que pueda realizar, siempre y
cuando se ciña a los lineamientos de la Ley marco, pues la motivación se entiende
implícita en la amplia facultad de configuración normativa que fue conferida al
Gobierno Nacional por el legislador para la materia (citó la sentencia del Consejo
de Estado 11001-03-25-000-2013-01792-00 / 4754-13) del 27 de mayo de 2021.
30.
Adicional a lo anterior, también le explicaron al actor que la asignación salarial
en los años posteriores al 2004 no depende porcentualmente del importe pagado
el año inmediatamente anterior, pues el incremento no se calcula con un aumento
porcentual sobre ese valor, sino que se determina en un monto líquido.
31.
También, que la Ley 4ª de 1992 establece que corresponde al Gobierno Nacional
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos entre ellos la
población docente al servicio del Estado por remisión del artículo 46 del Decreto
1278 de 2002. Así, para fijar la remuneración de los servidores públicos docentes
se exige que el acto promulgado por el Gobierno Nacional se ajuste a los límites
establecidos por la ley marco, dentro los cuales se destaca (en lo que se refiere a
la modificación de las asignaciones salariales), que el valor debe aumentarse
anualmente con el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario y la
imposibilidad de desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores.
32.
Por ende, sostuvo que la Sala distaba de la posición planteada por la parte
demandante, en la que manifestó que el aumento en un porcentaje desigual que se
realizó para los años demandados afectó negativamente el valor del importe en el
año siguiente, pues este valor no es modificado porcentualmente, sino que el
decreto lo fija en un monto líquido que solo debe seguir los preceptos estipulados
por la ley marco.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
33.
Posteriormente, citó e hizo referencia a la sentencia C-1064 de 2001, para indicar
que, contrario a lo afirmado por el demandante y acorde con la jurisprudencia
transcrita, era posible concluir que, si bien era necesario aumentar los salarios de
los servidores públicos cada año con el fin de contrarrestar el efecto de la inflación,
el incremento entre unos y otros puede ser diferente teniendo en cuenta políticas
macroeconómicas y fiscales del país.
34.
Por lo que es erróneo afirmar que el Gobierno Nacional está imposibilitado para
fijar valores en los que se aumente la asignación salarial porcentualmente desigual
entre los diferentes escalafones y niveles salariales de los docentes. Toda vez que
el Gobierno cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar los
valores de incremento salarial cada año y los mismos deben obedecer a razones
de política macroeconómica y fiscal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2,
literal “h” de la Ley 4 de 1992.
35.
Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones
salariales de la población docente oficial de manera desigual considerando los
grados y niveles salariales para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo
consagrado por las normas que rigen la materia y con base en la amplia potestad
de configuración normativa que fue otorgada por la misma Constitución Política.
36.
Por último, respecto del principio de “a trabajo igual salario igual”, explicó que la
Corte Constitucional ha sido incisiva en destacar que en un estado social de
derecho la igualdad protegida por la Constitución no es matemática sino material.
Además, que no era posible evidenciar una vulneración a ese principio, bajo el
entendido que la población que se encuentra en el escalafón 2AE y 3AM no son
iguales.
37.
Concluyó que la diferencia porcentual en el aumento de la asignación salarial
para los dos grupos de docentes era ajustada a derecho, pues el Gobierno Nacional
no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el valor año tras año, ya que
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar la escala salarial
en tanto se ajuste a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, como lo hizo en el caso de
estudio.
38.
En síntesis, el Tribunal Administrativo del Cesar le explicó al actor que los
decretos tachados de ilegales dieron aplicación a los principios de igualdad
material, y que el Gobierno cuenta con amplia potestad de configuración normativa
para fijar la escala salarial en tanto se ajuste a lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992,
como lo hizo en el caso de estudio. Sumando a que, al no tratarse de un acto
particular o concreto, no requiere una mayor justificación como pretende el actor,
siempre y cuando se ciña a los lineamientos de la Ley marco, pues la motivación
se entiende implícita en la amplia facultad de configuración normativa que fue
conferida al Gobierno Nacional por el legislador para la materia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
39.
Bajo el anterior escenario, no cabe duda de que la parte actora esgrimió los
mismos argumentos que expuso en su demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, así como en el recurso de apelación que presentó contra la decisión de
primera instancia y, que, a su vez, aquellos fueron resueltos de forma clara, precisa
y razonable en el fallo cuestionado.
40.
Aunado a lo anterior, a pesar de que el accionante afirmó que en el fallo acusado
no se incorporó ni analizó el precedente constitucional contenido en la sentencia C-
1064 de 2001, pese a su evidente aplicabilidad al caso concreto; esta Sala advierte
de la simple lectura del proveído cuestionado que aquella afirmación es contraria a
la realidad. Como se indicó en párrafos precedentes, el Tribunal accionado la tuvo
en cuenta y aplicó para resolver el asunto puesto a su consideración.
41.
En esa medida, esta Subsección no identifica algún motivo por cual deba
intervenir en el caso bajo estudio, pues del contenido de la decisión acusada se
observa que, en ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los criterios de
libre apreciación probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de forma razonable
el acervo probatorio obrante en el expediente de cara a los reproches puestos a su
consideración, confrontándolo con las perspectivas legales y jurisprudenciales
respectivas. Todo con lo cual pudo concluir que se debía confirmar la decisión de
primera instancia, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos
acusados.
42.
Aunado a lo anterior, la parte actora no explicó y, por ende, no logró acreditar el
motivo por el cual se lesionaron los derechos fundamentales invocados con la
decisión acusada. Máxime si se tiene en cuenta que el asunto se reduce a una
situación netamente económica, ya que su fin último es obtener un aumento
retroactivo del salario, sin denotar en forma clara cómo es que esa reclamación
pecuniaria incide en la garantía de derechos.
43.
En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es reabrir un debate que ya fue zanjado
por los jueces naturales de la causa.
44. En tal sentido, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
45.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07516-00
Accionante: Efraín Amador Valera Guerra
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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