Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07522-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: MARISOL ADRIANA VERBEL BRAVO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO – Se
respondió la petición presentada el 2 de octubre de 2025 por parte de la Unidad de
Administración Judicial de la Carrera Judicial en el trámite de la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela1 instaurada por la
señora Marisol Adriana Verbel Bravo, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de
1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 26 de noviembre de 2025, la señora Marisol Adriana Verbel Bravo, en nombre
propio, presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial, con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales de petición, dignidad humana, salud e igualdad.
Hechos relevantes
2. La señora Marisol Adriana Verbel Bravo es empleada de carrera. Por tanto, se
encuentra vinculada a la Rama Judicial en el cargo de oficial mayor en un juzgado
municipal.
3. Desde 2023, la señora Marisol Adriana Verbel Bravo presenta un cuadro clínico
de salud, que consiste en un trastorno de pánico con agorafobia y de ansiedad
generalizada con depresión e insomnio mixto. Esta situación ha generado
incapacidades prolongadas, atención por urgencias, medicación, entre otros.
1 Que ingresó para fallo el 10 de diciembre de 2025.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
4. A su vez, la señora Verbel Bravo trabajaba en el Juzgado Tercero Civil Municipal
de Sincelejo. Sin embargo, ella indicó que sufría de acoso laboral, motivo por el cual
interpuso una acción de tutela que fue conocida por el Tribunal Administrativo de
Sucre. En la sentencia fue reconocida como sujeto de especial protección y se
ordenó que accediera al teletrabajo.
5. Motivo de lo anterior, la accionante fue trasladada de manera transitoria al
Juzgado Segundo Civil Municipal de Sincelejo. Sin embargo, denunció que debió
sortear barreras administrativas, por lo que presentó otra acción de tutela ante esta
Corporación, que se encuentra en trámite.
6. De otra parte, le surgió la posibilidad de desempeñarse como docente de tiempo
completo en la Escuela de Formación de Infantería de Marina (ESFIM) en Coveñas.
Por lo que el 2 de octubre de 2025, presentó un derecho de petición a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial – Nivel Central con copia a la dependencia de
atención al usuario – Nivel Central con el fin de aclarar dudas sobre la licencia no
remunerada y los traslados. No obstante, transcurrieron más de 30 días sin que se
resolviera su petición.
Pretensiones
7. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“Solicito al despacho:
1. Amparar mi derecho fundamental de petición, así como mis derechos a la
dignidad humana, a la salud (particularmente mental) (sic), al trabajo en
condiciones dignas y a la igualdad.
2. Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo, dé respuesta de fondo, clara, precisa,
congruente y debidamente motivada a la consulta elevada el 2 de octubre de
2025, pronunciándose expresamente sobre:
o La procedencia o no de la licencia no remunerada para desempeñarme
como docente de tiempo completo en la ESFIM.
o La procedencia o no de un traslado por razón del servicio durante el
período de licencia no remunerada y, en caso negativo, las alternativas
administrativas concretas (traslado, reubicación, comisión u otras) que
permitan evitar mi retorno a despachos donde se han configurado riesgos
psicosociales y antecedentes de acoso laboral.
o El fundamento normativo y procedimental de su decisión, considerando las
órdenes de tutela vigentes, mi situación clínica y las obligaciones derivadas de
la Convención sobre Discapacidad.
3. Disponer que, al emitir la respuesta, la entidad accionada tenga en cuenta
expresamente:
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
o La sentencia de tutela del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Cuarta
de Decisión, de 31 de enero de 2025, rad. 70-001-23-33-000-2025-00003-00,
que ordenó que teletrabajara en casa hasta que se definiera mi situación
médico-laboral.
o El trámite actual de tutela ante el Consejo de Estado, radicado
70001233300020250004701, con ponencia del Consejero William Edgardo
Barrera Muñoz.
o Mis diagnósticos actuales de trastorno de pánico con agorafobia, trastorno
mixto de ansiedad generalizada con depresión e insomnio mixto, como
base del deber de adoptar ajustes razonables.
4. Ordenar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que adopte
medidas internas para asegurar, en lo sucesivo, el cumplimiento estricto de la
Ley 1755 de 2015, especialmente frente a las consultas formuladas por
servidores judiciales en situación de vulnerabilidad por razones de salud.
5. Disponer que la respuesta sea notificada al correo electrónico
mverbelb@cendoj.ramajudicial.gov.co y, de ser el caso, al correo personal
mverbel01@gmail.com”2.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte accionante indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales, tales
como: (i) petición, al no responder dentro del término legal; (ii) dignidad humana,
dado que el silencio le genera incertidumbre, angustia y desprotección, lo cual
afecta sus trastornos e insomnio mixto; (iii) salud “en conexidad con la sentencia de
tutela del Tribunal Administrativo de Sucre y con el trámite actual ante el Consejo
de Estado”3, al impedir el acceso oportuno a la información para consolidar sus
alternativas laborales; (iv) trabajo en condiciones dignas y justas; (v) a la igualdad y
a la no discriminación por razones de salud de conformidad con la Ley 1346 de
2009.
9. De otra parte, indicó que cuenta con legitimación en la causa, así como su
procedencia e inmediatez.
Trámite en primera instancia
10. A través de auto del 28 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador
admitió la tutela de la referencia y, en consecuencia, ordenó notificar a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de accionado y a la Oficina de Atención al Usuario de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial como tercero con interés en las resultas del proceso, para
que intervinieran si lo consideraban necesario.
2 Ver pág. 6 y 7 del escrito de tutela.
3 Ver pág. 4 del escrito de tutela.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Intervenciones
11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura (DEAJ) solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela,
dado que se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva. Motivo de
lo anterior, citó el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. De igual modo, la actora
expresó que la petición fue dirigida a la Unidad de la Carrera Judicial, así como a la
Oficina de Atención al Usuario, dependencias que no pertenecen al dominio de la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
12. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura informó que no ha vulnerado el derecho fundamental de petición
de la accionante, debido a que le brindó una respuesta de fondo, clara y coherente
frente a los requerimientos allegados. Lo anterior ocurrió el 3 de diciembre de 2025,
a través del Oficio CJO25-6604, el cual fue enviado al correo electrónico
mverbelb@cendoj.ramajudicial.gov.co. Para esto, allegó copia de la respuesta y la
constancia de envío correspondiente4.
13. La Oficina de Atención al Usuario de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no intervino pese a estar notificado5.
CONSIDERACIONES
Competencia
14. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
15. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura respondió la solicitud elevada por la señora Marisol Adriana Verbel Bravo
mediante oficio CJO25-6604 del 3 de diciembre de 2025. En consecuencia, le
corresponde a la Sala determinar si en la presente acción de tutela se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
16. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado en relación
con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, así como el de
4 Obra en certificados 86EB79CA178A96BF 9DC83D319C6C2414 8434B95C8CFB6F8B
63518A228B6921B2 y E703749FB2A0EEE2 546EE45C3099DF30 375105DE966A571B
955846CC59EB890B, del índice 10 de samai.
5 Fue notificado al correo electrónico deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co, el 2 de diciembre de 2024.
Ver índice 7 de samai.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
dignidad humana, salud e igualdad; y, (ii) el análisis del caso concreto, con base en
los hechos probados dentro del expediente.
El derecho de petición y carencia actual de objeto por hecho superado
17. El artículo 23 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de
toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, ya sea por
motivos de interés general o particular, y a obtener una respuesta oportuna y
efectiva.
18. La Ley 1755 de 2015 desarrolló dicho derecho. Entre otros aspectos, el estatuto
mencionado establece los requisitos para formular una petición y los criterios que
permiten considerar que ha sido debidamente resuelta. Por su parte, la
jurisprudencia Constitucional ha sintetizado los elementos de este derecho de la
siguiente forma:
Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición6
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las
autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o
Formulación abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho deben
recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un
tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la
Pronta solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo
resolución corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud de
información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i) clara,
“inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de
manera concreta lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir
Respuesta en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la
de fondo materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv)
consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como
si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales
la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución
de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de
notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación genera para la
6 Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Notificación administración la responsabilidad de actuar con diligencia para que su
respuesta sea conocida.
19. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea.
20. No obstante, el juez constitucional puede encontrarse con escenarios en los
que, al momento de adoptar una decisión, la situación fáctica que dio lugar a la
acción de tutela por presunta afectación del derecho fundamental de petición ha
desaparecido. En tales casos, se configura la figura de la carencia actual de objeto,
toda vez que cesó la causa que motivó la intervención del juez constitucional, y ya
no subsiste un interés jurídico que justifique una orden de protección.
21. La Corte ha reconocido que dicha figura se presenta cuando durante el trámite
de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que originaron la presunta
vulneración de derechos fundamentales, lo que hace innecesario un
pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del juez carecería
de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver 7. El Tribunal
Constitucional8 ha identificado tres supuestos para la configuración de la carencia
actual de objeto: (i)hecho superado; (ii) daño consumado o (iii) situación
sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la Subsección se
detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado.
22. La figura del hecho superado se configura cuando la vulneración o amenaza del
derecho fundamental desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de
manera voluntaria y oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho
presuntamente vulnerado9. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya no
subsiste la situación lesiva que justifique una intervención del juez constitucional.
23. En suma, frente a la configuración de la carencia actual por hecho superado, el
juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, toda
vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de amparo fueron
superados, o bien porque las pretensiones del actor fueron satisfechas por
mecanismos distintos a la acción de tutela10.
7 Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022. M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.
9 Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-771 de 2014. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Análisis del caso concreto
24. La señora Marisol Adriana Verbel Bravo interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
al considerar que dicha autoridad vulneró su derecho fundamental de petición, el de
dignidad humana, salud e igualdad, dado que no brindó una respuesta a la consulta
elevada el 2 de octubre de 2025.
25. Por su parte, mediante correo electrónico del 3 de diciembre de 2025 a las
18:23, la Unidad de la Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura respondió la petición a la señora Marisol Adriana Verbel Bravo
mverbelb@cendoj.ramajudicial.gov.co11 a través de oficio CJO25-6604, tal como se
puede ver a continuación:
Solicitud Respuesta de la Entidad Accionada
1. ¿Un empleado judicial puede solicitar La entidad indicó que “sea lo primero
licencia no remunerada para advertir que la norma aplicable a servidores
desempeñarse como docente de tiempo de la rama judicial y relativos a licencias
completo en la Escuela de Formación de para ejercer la docencia, como es el caso
Infantería de Marina de la Armada por usted planteado, es la Ley Estatutaria
Nacional?” de Administración de Justicia,
específicamente, el artículo 142 de la Ley
270 de 1996, cuyo contenido es el
siguiente:
(…) Ahora bien, esta norma fue
recientemente modificada por la Ley 2430
de 2024, en el sentido de retirar del trámite
para la obtención de licencia no
remunerada para ejercer la docencia, la
etapa consistente en obtener concepto
favorable por parte del Consejo Superior de
la Judicatura. Así, en el caso de la consulta
presentada por usted, en calidad de
servidora judicial, la potestad de
otorgamiento de la licencia del caso que
nos ocupa es exclusiva de del
nominador”12.
2. ¿Un empleado judicial puede pedir “En atención a su consulta, [la entidad]
traslado por razón del servicio durante el inform[ó] que la licencia no remunerada
período de licencia no remunerada? En constituye una situación administrativa en
caso negativo, ¿qué alternativa la cual el servidor judicial se separa
administrativa existe para no tener que temporalmente del ejercicio de sus
regresar al mismo juzgado del cual salió, funciones para ejercer otro cargo, en los
especialmente cuando se han presentado términos de la norma antes citada, sin que
antecedentes de acoso laboral? ello implique la terminación de la
vinculación laboral ni la pérdida de sus
derechos de carrera. En consecuencia,
dicha situación no impide, en principio, la
posibilidad de solicitar un traslado por
11 Se advierte que ese mismo correo electrónico fue mencionado por la accionante en su escrito de
tutela para efectos de notificación.
12 Cita original del texto: “1. Artículo 131 de la Ley 270 de 1996”.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
razón del servicio, siempre que se cumplan
los requisitos y condiciones establecidos en
los artículos 14 y siguientes del Acuerdo
PCSJ25-12352 del 26 de noviembre de
2025, en concordancia con el numeral 5 del
artículo 134 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
No obstante, si como en el caso expuesto,
se trata de una presunta situación de acoso
laboral en el despacho de origen, bajo ese
contexto, los servidores judiciales cuentan
con los mecanismos de prevención de las
conductas de acoso laboral dispuestos en
la Ley 1010 de 2006, la Resolución 2646 de
2008 del Ministerio de Protección Social, la
Resolución 0652 de 2012 y la Resolución
1356 del 2012 del Ministerio de Trabajo y el
Acuerdo PSAA16-1558 del 9 de Agosto de
2016, mediante el cual el Consejo Superior
de la Judicatura creó los comités de
convivencia laboral de la Rama Judicial, los
cuales tienen las funciones establecidas en
el artículo 6° de la Resolución No. 652 del
30 de abril de 2012 del Ministerio del
Trabajo, dentro de las que se encuentran
recibir y dar trámite a las quejas
presentadas en las que se describan
situaciones que puedan constituir acoso
laboral, trámite en el cual no tiene injerencia
esta Unidad.
La presente respuesta tiene los alcances
del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015”.
26. Así las cosas, la Sala encuentra que la Unidad de la Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura respondió la petición presentada por
la accionante en su totalidad. Del mismo modo, se advierte que, pese a que la
respuesta sea desfavorable a la parte accionante, no implica que se presentó una
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-07522-00
Accionante: Marisol Adriana Verbel Bravo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de la Administración de la Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
vulneración al derecho de petición. Dado que dicha respuesta cumplió al ser clara,
de fondo, oportuna y coherente con lo solicitado.
27. Por lo anterior, se evidencia que los hechos que dieron origen a la presente
acción de tutela cesaron durante el trámite de esta, en tanto que la consulta
inicialmente no atendida, fue respondida de fondo y debidamente notificada a la
accionante. En consecuencia, se configuró el hecho superado, ya que desapareció
la situación que motivó la interposición del amparo, lo que priva al juez constitucional
para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la presunta vulneración alegada.
28. En ese sentido, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, al haber observado durante el trámite constitucional la circunstancia que
motivó la interposición del mecanismo de amparo constitucional que desapareció al
ser contestada en su totalidad por parte de la Unidad de la Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la petición que presentó la
accionante el 2 de octubre de 2025.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección 7A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO de la acción de tutela presentada por la señora Marisol Adriana Verbel
Bravo contra la Unidad de la Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.