Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07535-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07535-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07535-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07535-01
Demandante: IRMA STELLA PARDO CASTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – Revoca negativa para
declarar la improcedencia por no superar el requisito de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 29 de enero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que
negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 26 de noviembre de 20251, la señora Irma Stella Pardo Castro, actuando a
través de apoderado judicial2, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A 3 con la que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social.
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 19 de agosto de 2025, proferida por la autoridad
judicial accionada que, revocó la sentencia del 29 de septiembre de 2023, dictada
por el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en la que se
1 Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2 Índice 2 de Samai. Poder debidamente otorgado por mensaje de datos al abogado Álvaro Daniel
Reyes Arévalo.
3 Los Magistrados que integran la Sala son: Andrés José Quintero Gnecco, Néstor Javier Calvo
Chaves y Carlos Leonel Buitrago Chávez.
Demandante: Irma Stella Pardo Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07535-01
accedió a las pretensiones, para en su lugar, negarlas en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-028-
2022-00451-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
• SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”, en la providencia de fecha 19 de
agosto de 2025 que REVOCÓ la sentencia de primera instancia proferida por el
JUZGADO VEINTIOCHO (28) ADMINISTRATIVO CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 29 de septiembre de 2023
mediante la cual ACCEDIÓ a las suplicas de la demanda, dentro del proceso con
radicado No. 11001333502820220045100.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” a proferir
sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO ajustar la reliquidación de la pensión jubilación
al retiro del servicio de la docente, incluyendo además de los factores
reconocidos, adicionalmente se debe reconocer la PRIMA DE VACACIONES,
factor sobre el cual se hicieron cotizaciones a seguridad social4 (negrilla del
texto).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La señora Irma Stella Pardo Castro laboró como docente al servicio del Estado
desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 8 de febrero de 2021.
Mediante Resolución 8479 del 27 de agosto de 2018, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, Fomag) le reconoció y ordenó
el pago de la pensión de jubilación, efectiva a partir del 22 de noviembre de 2017,
teniendo dentro del ingreso base de liquidación la asignación básica, la
bonificación decreto y la prima de vacaciones.
Con ocasión de su retiro definitivo del servicio docente, la señora Pardo Castro le
4 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Irma Stella Pardo Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
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solicitó al Fomag la reliquidación de su pensión de jubilación, lo cual fue resuelto
por medio de la Resolución 4583 del 7 de julio de 2021, acto administrativo en el
que se incluyeron los factores salariales de asignación básica, bonificación
mensual y bonificación pedagógica, sin inclusión de la prima de vacaciones.
Ante la presunta omisión de incluir el factor dentro de la liquidación, el 30 de marzo
de 2022 la actora radicó solicitud ante el Fomag para que se efectuara el
reconocimiento, no obstante, en Resolución 4977 del 11 de mayo de 2022 fue
negado el ajuste.
En atención a lo expuesto, la señora Irma Stella Pardo Castro presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag y el Distrito Capital, Secretaría
de Educación de Bogotá con la que pretendió el estudio de legalidad de la
Resolución 4977 de 2022 y el reajuste de su pensión, teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados, así como la prima de vacaciones.
En sentencia del 29 de septiembre de 2023, el Juzgado 28 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá accedió a las pretensiones, tras advertir que del
certificado de ingresos aportado la accionante devengó los factores salariales de
asignación básica, prima especial, bonificación pedagógica, bonificación mensual,
prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, entre el 6 de febrero
de 2020 y 7 de febrero de 2021.
En consecuencia, resultaba procedente incluir en la reliquidación de la pensión de
jubilación la prima de vacaciones, aunque el factor no hiciera parte del ingreso
base de liquidación (IBL) pensional dispuesto en la Ley 33 de 1985. Máxime
cuando sobre este se hubiera cotizado, pues su reconocimiento no afectaba la
sostenibilidad financiera del sistema.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A dictó fallo el 19 de agosto de 2025, en el que se revocó la
decisión del a quo, para en su lugar, negar las súplicas de la demanda. Al respecto,
consideró que sobre el factor de prima de vacaciones no se realizaron
cotizaciones.
Por consiguiente, estimó que, pese a que en la Resolución 8479 del 27 de agosto
de 2018 se hubiera incorporado la prima de vacaciones como factor dentro de la
liquidación de la pensión de jubilación, posteriormente se excluyó dado que en la
Ley 62 de 1982 no se encuentra consagrada con incidencia salarial para efectos
pensionales.
3
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Demandante: Irma Stella Pardo Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 25 de agosto de 2025.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A incurrió en un defecto sustantivo, tras
desconocer el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la
Constitución Política, el cual sostiene en su artículo primero que «[…] solo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones».
En consecuencia, indicó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que
el acto legislativo tenía rango constitucional y, por ende, mayor prevalencia y
relevancia que la Ley 62 de 1985, razón por la que se debió aplicar el contenido
de la primera normativa a su caso concreto.
Aunado a ello, refirió que, de acuerdo con la certificación de factores salariados
devengados, la entidad había realizado descuentos salariales no solo de la
asignación básica, bonificación decreto y pedagógica, sino también sobre la prima
de vacaciones. Por lo tanto, debía incluirse dentro de la liquidación de la mesada
pensional.
Del mismo modo, explicó que el Consejo de Estado en la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 determinó que:
[…] las pensiones de jubilación reconocidas por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, para los docentes vinculados al magisterio oficial antes el
26 de junio de 2003, por remisión de la Ley 91 de 1989 se deben liquidar con un
ingreso base de liquidación (IBL) calculado de conformidad con la Ley 33 de 1985,
norma a su vez modificada por la Ley 62 de 1985, que determinó los factores
salariales a tener en cuenta para calcular el IBL de las pensiones de jubilación de
los servidores públicos. Precepto que también dispuso que las pensiones de los
empleados oficiales de cualquier orden serán liquidadas sobre los mismos factores
que sirvieron de base para calcular los aportes.
Por otro lado, expuso la vulneración de su derecho a la igualdad, al no aplicar en
debida forma el precedente del Consejo de Estado relacionado con la manera en
que se deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos en virtud de la
Ley 91 de 1989, sin pasar por alto el Acto Legislativo 01 de 2005. Al respecto, citó
apartes de las siguientes sentencias:
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
M.P. Beatriz Helena Escobar Rojas, Sentencia 11.07.23, Rad. 11001-33-
35-029-2021-00343-01.
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Demandante: Irma Stella Pardo Castro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07535-01
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, Sentencia 22.09.23, Rad. 11001-33-
35-030-2022-00086-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
M.P. Luis Alfredo Zamora Acosta, Sentencia 26.09.23, Rad. 11001-33-35-
021-2022-00042-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, M.P. Amparo Oviedo Pinto, Sentencia 04.10.23, Rad. 11001-33-35-013-
2021-00251-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, M.P. Samuel José Ramírez Poveda, Sentencia 11.10.23, Rad. 11001-
33-35-013-2021-00251-01.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, M.P. Samuel José Ramírez Poveda, Sentencia 15.11.23, Rad. 11001-
33-42-050-2022-00445-01.
Asimismo, indicó que en diversas oportunidades el Consejo de Estado se ha
pronunciado sobre el respeto a los derechos adquiridos antes de la vigencia de las
respectivas sentencias de unificación y los factores salariales que se deben incluir
en el Ingreso Base de Liquidación (IBL) para la pensión de jubilación de los
servidores públicos, a saber, mencionó:
• Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter,
Sentencia 07.11.19, Rad. 19001-23-31-000-2011-00144-01.
• Consejo De Estado, Sección Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter,
Sentencia 04.04.19, Rad. 76001-23-31-000-2011-01418-01.
• Consejo De Estado, Sección Segunda, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter,
Sentencia 20.02.19, Rad. 25000-23-42-000-2013-02705-01.
• Consejo De Estado, Sala Plena, M.P. César Palomino Cortes, Sentencia
28.08.18, Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 1º de diciembre de 2025, la Magistrada Ponente del Consejo
de Estado, Sección Cuarta admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte
demandante5 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A6.
5 Índice 7 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó a los correos electrónicos:
abogado20.colpen@gmail.com; colombiapensiones1@hotmail.com;
atencionalcliente1.colpen@gmail.com y depjudicial1.colpen@gmail.com.
6 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
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Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá7, al Ministerio de Educación Nacional8, al Fomag9, a la Fiduprevisora S.A.10
y a la Secretaría de Educación de Bogotá11.
Por último, le reconoció la personería para actuar como apoderado judicial de la
señora Pardo Castro al abogado Álvaro Daniel Reyes Arévalo de conformidad con
el poder allegado en los anexos de la demanda.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Por medio de informe rendido el 3 de diciembre de 2025, el Magistrado Ponente
de la decisión enjuiciada adujo que el caso concreto se había resuelto luego de un
análisis normativo, jurisprudencial y probatorio, en absoluto acatamiento de los
principios de legalidad, debido proceso y de tutela judicial efectiva.
Reiteró que si bien, en el proceso ordinario la señora Pardo Castro aseguró que
devengó la prima de vacaciones en el año anterior a la fecha del estatus pensional,
no logró demostrar con suficiencia que dicho factor hubiera sido objeto de
descuento y, que, por ello tuviera virtualidad salarial para efectos pensionales.
Por lo tanto, consideró que la accionante buscaba reabrir el debate jurídico y
probatorio para lograr una decisión favorable a sus intereses, pasando por alto que
fue precisamente la falta de evidencia la que condujo a que no se pudiese ordenar
7 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
admin28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y jadmin28bta@notificacionesrj.gov.co.
8 Índice 7 de Samai de primer instancia. Se notificó al correo:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
9 Índice 7 de Samai de primera instancia. Se notificó a: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co y
notjudicial@fiduprevisora.com.co.
10 Índice 7 de Samai de primera instanica. Notificación realizada a los buzones:
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co;
notjudicial@fiduprevisora.com.co y t_dbotero@fiduprevisora.com.co.
11 Índice 7 de Samai de primera instancia. Notificación a:
notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co; notificajuridicased@educacionbogota.edu.co;
notificacionestutelas@gobiernobogota.gov.co y notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co.
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la reliquidación de su pensión de jubilación, incluyendo la prima de vacaciones.
Así, indicó la improcedencia del mecanismo.
1.6.2. Ministerio de Educación Nacional
En documento allegado el 4 de diciembre de 2025, la profesional especializada de
la Oficina Asesora Jurídica de la entidad adujo que, la providencia judicial atacada
no podía ser excluida del ordenamiento jurídico por la vía de la tutela puesto que
pretender que un juez constitucional resuelva de fondo la cuestión ya zanjada por
el tribunal, desconocería la independencia y autonomía judicial de este último, así
como la presunción de acierto y legalidad de la decisión. Por lo tanto, indicó que
debía declararse la improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
Por otro lado, solicitó la desvinculación del ente ministerial, en atención a la falta
de legitimación en la causa por pasiva, ya que no tenía competencia para
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en la acción
constitucional.
1.6.3. Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El 4 de diciembre de 2025, el director del Despacho comentó las actuaciones
surtidas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para después señalar que no había desconocido garantía fundamental alguna. Por
lo tanto, solicitó que se negara la acción tutelar.
1.6.4. Secretaría de Educación de Bogotá
Por medio de memorial presentado el 5 de diciembre de 2025, la jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la entidad solicitó que se rechazara por improcedente el
presente mecanismo, al no cumplir con ninguno de los requisitos específicos
establecidos por la jurisprudencia constitucional.
Asimismo, solicitó la desvinculación ante la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
1.6.5. Pese a que el Fomag y la Fiduprevisora S.A. fueron notificados en debida
forma, guardaron silencio.
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1.7. Fallo impugnado
El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 29 de enero de 2026 negó
la solicitud de amparo, tras advertir que no se evidenció que la autoridad judicial
demandada hubiera adoptado una decisión arbitraria, ni transgresora de los
derechos fundamentales. Antes bien, indicó que el tribunal acogió el precedente
judicial vigente y aplicable al caso objeto de estudio. Por lo tanto, no encontró
acreditado la configuración de los defectos sustantivos y desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
Igualmente, negó la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C.
1.8. Impugnación
Con escrito allegado el 5 de febrero del año en curso12, la parte actora impugnó el
fallo de primer grado alegando que no se valoraron adecuadamente los
argumentos expuestos en el escrito inicial.
En consecuencia, reiteró los fundamentos señalados en el libelo introductorio,
referentes a la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019, el Acto Legislativo 01 de 2005 y las sentencias citadas como vulneración de
derecho a la igualdad.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por la señora Irma Stella Pardo Castro contra la sentencia del 29 de enero de 2026
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021
y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de
marzo de 201913.
12 La sentencia de primera instancia fue notificada el 3 de febrero de 2026.
13 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
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2.2. Solicitud de desvinculación
Si bien el a quo negó la solicitud de desvinculación efectuada por la Secretaría de
Educación de Bogotá, no se pronunció frente a la misma petición realizada por el
Ministerio de Educación Nacional.
No obstante, dicha petición tampoco será aceptada, dado que el ministerio fue
vinculado como tercero con interés en las resultas del mecanismo constitucional y
no, como parte accionada.
2.3. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 29
de enero de 2026 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala estudiará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A vulneró los derechos fundamentales de la señora Irma Stella
Pardo Castro con ocasión de la sentencia del 19 de agosto de 2025 dictada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 11001-33-35-028-2022-00451-01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia16.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215
de 202217, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal18 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional20.
[…]
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal21”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales22”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal24. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
La señora Irma Stella Pardo Castro presentó acción de tutela contra la sentencia
del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en la que revocó la decisión de
acceder a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, para en su lugar, negarlas. Estas versaban sobre la reliquidación de
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios, en especial, la prima de vacaciones.
Al respecto, la tutelante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo al no aplicar el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005, por
encima de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, según el cual, la pensión debe
liquidarse conforme con los factores salariales respecto de los cuales se realizaron
los aportes al sistema pensional.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-128 de 2021.
23 Sentencia SU-573 de 2019.
24 Ibid.
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Lo anterior, por cuanto no se tuvo en cuenta que devengó la prima de vacaciones
y en lo que atañe a esta prestación se surtieron los respectivos aportes.
Asimismo, refirió una vulneración de su derecho a la igualdad en atención a que la
autoridad judicial accionada no utilizó el mismo criterio plasmado en sentencias del
mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca en casos similares.
La Sala advierte que no se cumple el requisito de procedibilidad bajo análisis, pues
con los argumentos expuestos por la actora no se observa a primera vista alguna
actuación arbitraria del tribunal accionado que posiblemente atente contra sus
garantías iusfundamentales, sino que se evidencia una inconformidad respecto del
estudio abordado en su caso.
Esto es así, por cuanto el debate propuesto bajo el defecto sustantivo versa sobre
una cuestión de interpretación meramente legal, así como que los reproches de la
accionante están dirigidos a que se modifique el raciocinio del tribunal, más allá de
sugerir alguna discusión que justifique razonablemente una afectación
desproporcionada de sus derechos invocados, entre estos, el del debido
proceso25.
Nótese que la señora Pardo Castro se limitó a reiterar las consideraciones que
expuso dentro del medio de control ordinario, sobre las cuales la autoridad
enjuiciada se pronunció en su debido momento, aunque no fuera en el sentido que
ella esperaba, pues el tribunal concluyó que en la Resolución 4977 de 11 de mayo
de 2023 se incluyeron de forma correcta únicamente los factores aplicables
enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, que modifica el artículo 3° de la
Ley 33 de 1985, sin que dentro de estos se encuentre la prima de vacaciones
reclamada.
Para llegar a dicha conclusión, el tribunal accionado explicó la postura adoptada
en la sentencia de unificación del 25 de abril de 201926 acerca de los factores que
deben incluirse en la liquidación de la mesada pensional bajo la Ley 33 de 1985,
norma aplicable al personal docente vinculado con anterioridad a la entrada en
25 Al respecto, en la sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional señaló que el núcleo esencial
de este derecho radica en «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas,
mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”. Sin
embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen en la obtención
de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta
garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser
oído y pretender una decisión favorable”».
26 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. César
Palomino Cortés, Sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 de 25.04.19, Rad. 68001-23-33-000-2015-
00569-01.
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vigencia de la Ley 812 de 2003 por regla general. Sobre esta expuso la regla de
unificación aplicable al caso concreto, como se evidencia a continuación:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
La Sala se permite recordar que si bien el Acto Legislativo 01 de 2005, señaló que
la regla general según la cual, para efectos de la liquidación de las prestaciones
pensionales se tendrían en cuenta los factores sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones, esta disposición debía interpretarse en armonía con la
naturaleza del régimen exceptuado de los docentes oficiales.
Lo anterior, por cuanto de acuerdo con la jurisprudencia, en el caso de los docentes
afiliados al Fomag y sujetos al régimen anterior a la Ley 812 de 2003, se debían
respetar las particularidades y especificidades de su régimen pensional,
incluyendo las disposiciones sobre los factores salariales que integraban el ingreso
base de liquidación, conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de
1985 y demás normas aplicables.
El tribunal aseguró que «al revisar la certificación de haberes expedida en favor de
la parte demandante, se aprecia que, si bien tanto el sueldo básico como la prima
de vacaciones, aparecen secundadas con la digitación de tres asteriscos “***”, tal
información no permite concluir la referida prima fue gravada con descuento
alguno al FOMAG y que, por tener incidencia salarial, debía pasar a integrar la
base de liquidación de la mesada pensional de la demandante».
En consecuencia, advirtió que al margen de que en la Resolución 8479 de 27 de
agosto de 2018 la prima de vacaciones hubiera sido incorporada en la liquidación
de la pensión de jubilación de la demandante, su posterior exclusión armonizaba
con el hecho de que, en el artículo 1° de la Ley 62 de 1982, tal prima no estuviera
consagrada con incidencia salarial para efectos pensionales, de tal suerte que mal
se haría si se ordenase «[…] que sobre ella se practicaran deducciones a
posteriori, so pretexto de incluirla en el IBL de la prestación pensional y, como
consecuencia, un incremento cuantitativo en la mesada liquida final».
Como se evidencia, la accionante pretende retrotraer la discusión que gira en torno
a la inclusión de la prima de vacaciones para efectos de liquidar su pensión y poner
en tela de juicio la postura adoptada por el tribunal demandado. Sin embargo, la
controversia propuesta no podía limitarse a la discrepancia de criterios, dado que
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era necesario que se expusieran reparos que denotaran la existencia de una
transgresión desmedida a una garantía constitucional producto de una actuación
arbitraria de la corporación accionada.
Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados
por los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto
por la cosa juzgada.
Aunado a ello, es importante indicar que, si bien la señora Pardo Castro argumentó
una vulneración a su derecho a la igualdad, dicho cargo tampoco posee la
virtualidad de superar el requisito de la relevancia constitucional, puesto que no
fue sustentado en debida forma, al no señalar si los hechos que dieron origen a
las controversias dirimidas en las providencias eran análogos a su caso, o se
dirigían a personas que estaban en supuestos similares al suyo.
Adicionalmente, no se encontró con la respectiva carga argumentativa de
establecer la regla o subregla de derecho presuntamente desconocida respecto
de las sentencias del Consejo de Estado citadas, pues no bastaba simplemente
con indicar que se debió haber reliquidado su pensión con la inclusión de la prima
de vacaciones como sucedió en dichos casos.
En ese orden, la Sala se permite destacar que la solicitud de amparo contra
providencias judiciales no debe ser visto como una tercera instancia para traer a
colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso ordinario, sino
que es un mecanismo excepcionalísimo por medio del cual se revalúan decisiones
que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los principios rectores de la autoridad
judicial.
Por las razones expuestas, se revocará la negativa resuelta por el a quo, para en
su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela porque no se encontró
satisfecho el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación Nacional.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 29 de enero de 2026, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, para en su lugar, DECLARAR LA
IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la señora Irma Stella
Pardo Castro.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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